PÚBLICO Índice AI: AMR 51/073/2008

8 de julio de 2008

AU 195/08 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Alabama) Thomas Douglas Arthur, blanco, de 66 años de edad

Está previsto que Thomas Arthur sea ejecutado en Alabama el 31 de julio. El estado quiere ejecutarlo a pesar de que su condena se basó principalmente en el testimonio de una perjura confesa que tenía un incentivo para mentir en su juicio. Pese a la existencia de pruebas relacionadas con el crimen que se podrían someter a análisis de ADN que, según afirma Thomas Arthur, podrían ayudar a demostrar su inocencia, el estado de Alabama no ha accedido a su petición de que se realicen dichos análisis.

Thomas Arthur fue condenado a muerte por el asesinato, cometido en 1982, de Troy Wicker. La esposa de la víctima, Judy Wicker, también fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por el asesinato, pero quedó en libertad condicional tras declarar en el tercer juicio contra Thomas Arthur, celebrado en 1991 (véase la AU anterior sobre el caso de Thomas Arthur, AU 225/07, del 30 de agosto de 2007, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/137/2007/es).

En su propio juicio, Judy Wicker había declarado que Thomas Arthur no estaba implicado en el asesinato, y que un desconocido había matado a su esposo y también la había violado. Era la misma versión de los hechos que había dado a la policía en el momento del asesinato. Sin embargo, en el tercer juicio contra Arthur, en 1991, declaró que ella, Teresa Rowland y el novio de ésta, Theron McKinney, habían hablado de matar a Troy Wicker a principios de 1981. Dijo que sabía que el asesinato tendría lugar el 1 de febrero de 1982, que ella y Thomas Arthur habían ido juntos a la casa y que ella había accedido a contar a la policía que su esposo había sido asesinado por un ladrón de raza negra. Afirmó que había cobrado 90.000 dólares del seguro de vida de su esposo, y de ahí había pagado 10.000 a Arthur y 6.000 a Rowland y había regalado un automóvil y joyas a McKinney por su ayuda en el asesinato. Al parecer, Teresa Rowland y Theron McKinney no fueron investigados por su presunto papel en el crimen. Ninguno de los dos fue procesado.

Thomas Arthur mantiene que es inocente del asesinato. No hay pruebas materiales que lo relacionen con el delito. Se examinaron los restos de cabello y las huellas dactilares hallados en el lugar del crimen, pero no coincidían con los suyos. Fue declarado culpable por pruebas circunstanciales dudosas y por el testimonio de Judy Wicker, que ya había cometido perjurio antes en su juicio o en el de Arthur.

En la apelación de 2002 se presentaron dos declaraciones juradas que contradecían el testimonio de Judy Wicker respecto a que Thomas Arthur estaba con ella la mañana del asesinato. En esas declaraciones, firmadas por Alphonso High y Ray Melson, se decía que Arthur había visitado a los dos firmantes esa misma mañana. La fiscalía no rebatió el hecho de que estas declaraciones, de ser ciertas, establecían que Thomas Arthur estaba a aproximadamente una hora en auto de la casa de los Wicker en el momento del asesinato. En lugar de eso, obtuvo de High y Melson otras declaraciones juradas que contradecían las originales. Los abogados de Thomas Arthur plantearon preguntas críticas sobre las circunstancias en las que estos testigos se habían retractado de su declaración original y pidieron que se celebrara una vista para esclarecer las dudas; su petición fue denegada. En 2006, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, resolvió que, en virtud de la ley federal, las declaraciones en cuestión no constituían nueva prueba suficiente para justificar una nueva vista federal sobre el caso.

Para respaldar su argumento de que debe permitírsele defender ante los tribunales su inocencia, Thomas Arthur ha pedido que se realicen análisis modernos de ADN a algunas de las pruebas relacionadas con el delito, incluidas las ropas manchadas de sangre de Judy Wicker, las pruebas de la violación y los restos de cabello. Esos análisis, alega, podrían establecer que en la escena del crimen había alguien que no era él, y así desacreditar el testimonio de Judy Wicker en su contra.

El 5 de noviembre de 2007, el Proyecto Inocencia (Innocence Project), que representa a presos que piden análisis de ADN para demostrar su inocencia, escribió a la Oficina del Gobernador de Alabama en respuesta a su petición de asesoramiento sobre cómo enfocar la solicitud de análisis de ADN después de la condena en casos de pena capital. En su carta al director de Política de la Oficina del Gobernador, el Proyecto Inocencia expuso una orientación e instó al gobernador a permitir los análisis de ADN en el caso de Thomas Arthur. La carta decía: “Creemos que el caso de Arthur puede encajar fácilmente en la categoría de casos en los que se deben conceder los análisis de ADN [...] De hecho, los análisis de ADN pueden demostrar de forma concluyente que el Sr. Arthur no fue el autor de este crimen e identificar al autor real”.

Alabama ha fijado la fecha para la ejecución de Thomas Arthur a pesar de lo siguiente: que existen pruebas que se podrían someter a análisis de ADN que podrían ayudar a demostrar su inocencia; que sus abogados están dispuestos a costear dichos análisis; que los análisis podrían estar terminados antes de la fecha prevista para la ejecución, el 31 de julio. Entre quienes han pedido al gobernador Riley que ordene esos análisis se encuentra el diario de Alabama Birmingham Newsque, en un editorial fechado el 5 de julio, escribió que el gobernador “debería haber ordenado esos análisis hace mucho, cuando se le pidió por primera vez. Pero aún no es demasiado tarde”.

El 30 de junio de 2008, tras su visita oficial a Estados Unidos, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias emitió una declaración. Alabama fue uno de los estados que señaló como de especial preocupación respecto a la pena de muerte: “La situación en Alabama sigue siendo muy problemática. Las autoridades gubernamentales parecen sorprendentemente indiferentes al riesgo de ejecutar a inocentes, y tienen una serie de respuestas estándar que en su mayoría se caracterizan por una negativa a hacer frente a los hechos. La realidad es que el sistema sencillamente no está concebido para descubrir casos de inocencia, por acuciantes que sean. Es más que posible que Alabama ya haya ejecutado a inocentes, pero las autoridades prefieren negarlo a hacer frente a los defectos del sistema de justicia penal”.

En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.109 ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977; de esas ejecuciones, 38 han tenido lugar en Alabama. En lo que va de año se han llevado a cabo 10 ejecuciones en el país. A finales de 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución histórica en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. En ella se reconocía que “el uso de la pena de muerte menoscaba la dignidad humana”, que “una moratoria del uso de la pena de muerte contribuye a la mejora y al desarrollo progresivo de los derechos humanos” y que “todo error judicial o denegación de justicia en la ejecución de la pena de muerte es irreversible e irreparable”. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, de manera incondicional. No existe nada que pueda considerarse un sistema humano, justo, fiable o útil de pena capital.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen cuanto antes, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- explicando que no pretenden disculpar la manera en que murió Troy Wicker;

- señalando que Thomas Arthur fue declarado culpable sobre la base de pruebas circunstanciales y por el testimonio de Judy Wicker, quien ha cometido perjurio y prestaba su testimonio a cambio de que la ayudaran con la libertad condicional;

- señalando que Thomas Arthur no ha tenido una revisión judicial de las pruebas de su inocencia, y que ha pedido que se realicen análisis modernos de ADN a las pruebas halladas en el lugar del crimen;

- pidiendo al gobernador que ordene la realización de esos análisis, y señalando el número de errores que, gracias entre otras cosas a los análisis de ADN, se han descubierto en casos de pena capital en todo Estados Unidos;

- oponiéndose a la ejecución de Thomas Arthur y señalando que, en comparación con su condena de muerte, Judy Wicker cumplió 10 años de prisión tras haber sido declarada culpable del asesinato, y otras dos personas implicadas en el crimen no parecen haber sido siquiera investigadas.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador de Alabama

Governor Bob Riley, State Capitol, 600 Dexter Avenue, Montgomery, AL 36130, EE. UU.

Fax: +1 334 353 0004

Correo-e., a través del sitio web del gobernador: http://www.alabamainteractive.org/alabamainteractive_shell/Welcome.do?url=http://governor.alabama.gov

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A:la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.