Document - EE. UU. Pena de muerte / preocupación jurídica
PÚBLICO Índice AI: AMR 51/106/2008 24 de septiembre de 2008
Más información (actualización núm. 2) sobre AU 250/08 (AMR 51/099/2008, del 9 de septiembre de 2008) y su actualización (AMR 51/103/2008, del 15 de septiembre de 2008) – Pena de muerte / preocupación jurídica
EE. UU. (Georgia) Troy Anthony Davis, negro, de 40 años de edad

El 23 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una suspensión de la ejecución de Troy Davis, cuando faltaban menos de dos horas para que se llevara a cabo en Georgia. Troy Davis lleva 17 años condenado a muerte por un asesinato que, según sostiene, no cometió.
Troy Davis fue declarado culpable en 1991 del asesinato del agente Mark Allen MacPhail, blanco y de 27 años de edad, que murió por disparos en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Burger King de Savannah, Georgia, la madrugada del 19 de agosto de 1989. Davis también fue declarado culpable de agredir a Larry Young, un sin techo que fue abordado inmediatamente antes de que fuera tiroteado el agente MacPhail. En el juicio, Troy Davis reconoció que había estado en el lugar del suceso, pero afirmó que ni había agredido a Larry Young ni había disparado contra el agente MacPhail. No hay pruebas materiales contra Troy Davis, y nunca se encontró el arma empleada en el crimen. La acusación se basaba íntegramente en las declaraciones de los testigos. En declaraciones juradas firmadas en los años posteriores al juicio, la mayoría de los testigos de cargo se han retractado de sus declaraciones o han hecho declaraciones contradictorias. Además, hay testimonios posteriores al juicio que implican a otro hombre como el autor de los disparos.
Está previsto que la Corte Suprema de Estados Unidos se reúna el 29 de septiembre para decidir si examina la apelación presentada por Troy Davis contra una resolución dictada en marzo por la Corte Suprema de Georgia. En dicha resolución se denegaba a Troy Davis un nuevo juicio o una vista judicial en la que poder presentar pruebas aparecidas después de la condena. La presidenta de la Corte Suprema de Georgia, en una opinión a la que se adhirieron otros dos miembros de la Corte, discrepó de aquella decisión, y escribió: “En este caso, casi todos los testigos que identificaron en el juicio a Davis como autor de los disparos han puesto en duda su propia fiabilidad. Tres personas han declarado que Sylvester Coles confesó ser el autor de los disparos. Dos testigos han manifestado que Sylvester Coles, en contra de lo que él mismo testificó en el juicio, poseía un arma de fuego inmediatamente después del asesinato. Otro testigo ha dado una descripción de los delitos que podría indicar que Sylvester Coles fue el autor de los disparos”. La presidenta de la Corte Suprema escribió también: “el efecto colectivo de todos los nuevos testimonios del caso Davis, si el tribunal de primera instancia los considerara dignos de crédito en una vista, mostrarían la probabilidad de que un nuevo jurado encontrase una duda razonable respecto a la culpabilidad de Davis, o al menos la suficiente duda residual como para no imponer la pena de muerte”.
La suspensión de la ejecución dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos permanecerá en vigor mientras la Corte decide si acepta o no el caso. Si decide no aceptarlo, la suspensión “cesará automáticamente”, y el estado de Georgia podrá fijar una nueva fecha para la ejecución de Troy Davis. Si la Corte Suprema accede a estudiar la apelación, la suspensión permanecerá vigente hasta que la Corte dicte su resolución final sobre la petición de Troy Davis.
Antes de esta suspensión judicial de última hora, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia había rechazado reconsiderar su decisión del 12 de septiembre de denegar el indulto a Troy Davis. En una declaración realizada el 22 de septiembre, la Junta dijo: “el caso de Troy Davis ha recibido una publicidad tan amplia que la Junta ha decidido hacer una excepción” a su norma general de no comentar sus decisiones sobre el indulto. La Junta explicó que “[t]ras una revisión exhaustiva de toda la información disponible sobre el caso de Troy Davis, y tras considerar todos los posibles motivos para conceder el indulto, la Junta ha determinado que el indulto no está justificado”.
Decenas de miles de personas de Estados Unidos y de todo el mundo habían pedido el indulto para Troy Davis. Entre esas personas se encontraban el ex presidente Jimmy Carter, el arzobispo Desmond Tutu y el Papa Benedicto XVI; también se encontraban la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el secretario general del Consejo de Europa; el ex director del FBI William Sessions, y los congresistas y ex congresistas Bob Barr, Carol Moseley Braun y John Lewis.
Las normas internacionales prohíben ejecutar a cualquier persona sobre cuya culpabilidad existan dudas. Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la condena de muerte de Troy Davis, independientemente de su culpabilidad o inocencia, al igual que se opone a todo uso de la pena capital.
Desde que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos en 1977, han sido ejecutadas 1.122 personas, 43 de ellas en Georgia. En ese mismo periodo, más de un centenar de condenados a muerte han sido puestos en libertad en todo el país por su inocencia, muchos de ellos en casos en los que se demostró que los testimonios de los testigos no eran fiables. Varios presos han sido ejecutados a pesar de que existían dudas sobre su culpabilidad.
Encontrarán una descripción completa del caso en USA: ‘Where is the justice for me?’ The case of Troy Davis, facing execution in Georgia, febrero de 2007,
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/023/2007.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente por el momento. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.