AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

15 de diciembre de 2010
Índice AI: AMR 51/108/2010

Documento: Estados Unidos. Amnistía Internacional pide que se amplíe hasta 2011 el plazo para el desahucio de los residentes de Villas del Sol (Puerto Rico)

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades federales estadounidenses que se amplíe el plazo para el desahucio de la comunidad de Villas del Sol, fijado para el 31 de diciembre de 2010, a fin de que la comunidad disponga de tiempo suficiente para construir viviendas alternativas adecuadas. Además, las autoridades municipales deben garantizar que el terreno al que se va a trasladar la comunidad dispone de servicios adecuados en materia de vivienda, como redes de alcantarillado y de suministro de agua y electricidad. De producirse el desahucio en la fecha prevista, las más de 200 familias de la comunidad se quedarían sin alojamiento.

En noviembre, la comunidad de Villas del Sol, de Toa Baja, firmó un acuerdo para crear una cooperativa en los terrenos que les concedió el municipio de Toa Baja a cambio de una parcela de tierra donada a los residentes por el doctor Eduardo Ibarra, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. El terreno no está urbanizado y hay que dar tiempo suficiente tanto a los residentes, para que puedan construir viviendas adecuadas, como al municipio, para que garantice la existencia de servicios para la comunidad antes de que ésta se traslade.

A Amnistía Internacional le preocupa que un intento anterior de desalojar a la comunidad fue acompañado del uso excesivo de la fuerza por la policía, que causó lesiones a varios residentes.

La organización ha escrito a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias para instarla a que prorrogue el plazo vigente para el desahucio y recordarle su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de abstenerse de realizar desalojos forzosos.

El derecho internacional prohíbe los desalojos forzosos, es decir, los efectuados sin un aviso adecuado y sin consultar con las personas afectadas, sin salvaguardias legales y sin garantías de un alojamiento alternativo adecuado. Los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, después de explorar otras alternativas tras consultar realmente con las comunidades afectadas. Las autoridades tienen después la obligación de cumplir las garantías procesales, que incluyen un aviso adecuado. Además, las autoridades deben garantizar un alojamiento alternativo adecuado y que ninguna persona se queda sin hogar ni es vulnerable a la violación de otros derechos humanos como consecuencia del desalojo. Las autoridades deben proporcionar a todas las víctimas de desalojo forzoso acceso a un recurso efectivo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, lo que incluye la vivienda. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Estados Unidos ha aceptado resoluciones que reconocen el derecho a una vivienda adecuada y ratifican que los desalojos forzados constituyen una violación grave de derechos humanos. El derecho a una vivienda adecuada está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como firmante del mismo, Estados Unidos tiene la obligación de abstenerse de realizar acciones contrarias a su objeto y propósito, como los desalojos forzados.  


Este trabajo forma parte de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, cuyo objetivo es poner fin a las violaciones de derechos humanos que provocan e intensifican la pobreza mundial. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para exigir que gobiernos, empresas y otras entidades que tienen poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Si desean más información, visiten http://www.amnesty.org/es/demand-dignity