ÍNDICE AI: AMR 53/11/96/sServicio de Noticias 194/96

24 DE OCTUBRE DE 1996

VENEZUELA: CRÓNICA DE UNA MATANZA ANUNCIADA

Amnistía Internacional ha pedido hoy urgentemente al gobierno venezolano que lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la matanza ocurrida ayer en la cárcel La Planta, en el Paraíso, Caracas, en la que murieron unos cuarenta reclusos.

«Una vez más, se ha producido una matanza en una cárcel indicando las espantosas condiciones penitenciarias y la violación sistemática de los derechos humanos de los reclusos imperantes en todo el país», ha declarado hoy Amnistía Internacional.

«El gobierno debe hacer algo más que limitarse a reconocer la situación; debe poner a los responsables a disposición judicial y mejorar notablemente las horrendas condiciones penitenciarias para indicar claramente que este tipo de violaciones no serán toleradas ni volverán a repetirse».

Miembros de la Guardia Nacional (guardias armados penitenciarios del ejército venezolano) dispararon bombas de gas lacrimógeno y armas con munición real contra las celdas de los reclusos del Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocido como «La Planta», a las seis y media de la mañana de ayer. El ataque indiscriminado pilló a las víctimas por sorpresa. Se inicio un incendio y el grave hacinamiento provocó una rápida propagación de las llamas, como consecuencia de lo cual murieron decenas de internos atrapados en sus celdas, aunque al menos tres murieron por las heridas de bala provocadas por las armas de fuego empleadas por los guardias.

A los familiares de los fallecidos les están negando la información solicitada y muchos han sufrido el hostigamiento de las autoridades al pedir noticias sobre sus seres queridos.

El Paraíso, con capacidad para 500 internos, contaba con unos 1.800 reclusos. Las autoridades venían haciendo la vista gorda en relación con las espantosas condiciones penitenciarias y las atrocidades cometidas por los guardias contra los reclusos.

Para Amnistía Internacional, «se estaba preparando un incidente grave y las autoridades no lo han impedido a pesar de que habían declarado su compromiso con los derechos humanos».

En julio de 1996, el ministro de Justicia Enrique Meyer denunció públicamente la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles venezolanas pero no logró mejorar la situación.

Como ocurre en la mayoría de las cárceles venezolanas, más del 95 por ciento de los reclusos de El Paraíso están sin sentencia a causa de las grandes demoras que sufre la administración de justicia en Venezuela.

Por lo general, no suele respetarse el periodo máximo de un año de prisión preventiva. Un gran porcentaje de los reclusos hacinados en las cárceles venezolanas son en realidad inocentes, pero nunca serán indemnizados por el error judicial sufrido. De hecho, corren un elevado riesgo de sufrir una grave lesión o de ser muertos mientras estén recluidos.

Por ejemplo, uno de las víctimas de la matanza en La Planta era un menor que, según la legislación venezolana, no debería haber estado en ningún caso en una cárcel para adultos. Unas semanas antes de la matanza se promulgó una orden para su puesta en libertad, pero las autoridades no la ejecutaron.

Las autoridades venezolanas afirman que las deficientes condiciones penitenciarias se deben a la falta de recursos, aunque la corrupción y la impunidad han socavado gravemente los intentos de mejorar la situación. Amnistía Internacional cree que el gobierno carece de la voluntad política para poner en práctica las obligaciones que ha contraído en virtud de la propia legislación nacional y de los tratados internacionales que ha suscrito, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que sea aplicable a las condiciones penitenciarias.

Desde 1990, las cárceles venezolanas han sido el escenario de muchas matanzas, como la matanza en noviembre de 1992 de más de 60 reclusos en la cárcel Retén de Catia, en Caracas y la matanza en enero de 1994 de más de un centenar de reclusos en la cárcel de Sabaneta, Maracaibo. En la mayoría de estos casos, los guardias penitenciarios han participado directamente, como en la ejecución de seis reclusos de la cárcel del estado de Aragua en enero de 1994. Un miembro de la Guardia Nacional disparó por la espalda a los seis desde cerca, mientras yacían indefensos tumbados en el suelo. Los responsables han quedado impunes procesalmente. Amnistía Internacional cree que esta es la raíz de las constantes violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela.

El secretario general de Amnistía Internacional, señor Pierre Sané, visitó el país en julio de 1996 y presentó un memorando al presidente Rafael Caldera, en el que pedía la puesta en práctica sin dilación de medidas eficaces para mejorar la terrrible situación de las cárceles. El memorando también expresaba grave preocupación por las graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y «desapariciones», que, según los informes recibidos, se producían en el país. El señor Sané no se reunió con el presidente, pero las autoridades, incluidos los ministros de Justicia y Defensa, despreciaron airadamente las preocupaciones y recomendaciones porque eran «tendenciosas e infundadas».

Además, el gobierno ha seguido sin poner en práctica más de setenta recomendaciones publicadas en el informe de 1993 de Amnistía Internacional para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.