amnistía internacional

AFGANISTÁN

Nuevas formas de penas

crueles, inhumanas o degradantes

A F G A N I S T Á N

Nuevas formas de penas

crueles, inhumanas o degradantes

Introducción

Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales, el 7 de septiembre de 1992, tres hombres, Sayed Sakander, Mohammad Gul y Mohammad Rafit fueron ahorcados en público en Kabul tras haber sido declarados culpables de robo, saqueo y asesinato por un tribunal islámico que los condenó a la pena capital. Según los informes aparecidos en la prensa internacional, el público no pudo asistir a los juicios. Además, parece que los encausados tampoco pudieron apelar contra sus sentencias ni solicitar el indulto. Un portavoz gubernamental ha declarado que podrían producirse más ejecuciones debido a que había casos similares pendientes en los tribunales.

El portavoz del ministro de Defensa, Yanus Qanuny, declaró que sus muertes servían como ejemplo a otros y que eran necesarias para restaurar la ley y el orden en la capital. Otro funcionario manifestó ante los millares de espectadores: «los hombres van a ser ejecutados para que la gente pueda sentirse segura y vivir una vida normal. Que esto sirva de ejemplo a los demás». Yunus Qanuny declaró que otras personas habían sido detenidas por delitos similares y tenían sus casos pendientes en los tribunales. No concretó el número.

Según los informes, cuatro miembros de la milicia fueron ahorcados públicamente el 7 de junio en la localidad de Kandahar, en el sur del país, tras ser declarados culpables por un tribunal islámico de irrumpir en un domicilio privado, violar a una joven y dar muerte a dos muyahidines que intentaron detenerlos después de la comisión del delito. Por lo que a Amnistía Internacional le consta, se trata de los primeros casos de penas de muerte impuestas por un tribunal islámico y de ejecución judicial en Afganistán tras el cambio de gobierno de fines de abril de 1992.

Amnistía Internacional teme que, con las nuevas directrices del gobierno, la pena de muerte se extienda a delitos para los que en el pasado se imponían penas menos severas. Amnistía Internacional también teme que se impongan penas, como amputaciones de manos y pies, lapidaciones públicas y flagelaciones, que las normas internacionales sobre derechos humanos consideran crueles, inhumanas y degradantes.

Amnistía Internacional también teme que en el contexto del programa de reforma del nuevo gobierno, varios derechos fundamentales como la libertad de asociación y de expresión hayan quedado gravemente restringidos. A la organización le preocupa que las personas que insistan en ejercer de forma pacífica sus derechos puedan ser detenidas o sancionadas.

Asimismo, la organización teme que las minorías religiosas no estén suficientemente protegidas y que puedan haber quedado expuestas a hostigamientos y agresiones.

En julio y agosto de 1992, estalló una violenta lucha entre diferentes grupos muyahidines y entre el gobierno y el Partido de la Unidad Islámica (Hesb-e-Islami). Los informes indican que varios centenares de personas han perdido sus vidas en el curso de los reiterados e intensos bombardeos contra Kabul. A Amnistía Internacional le inquieta que la población civil haya sido escogida como objetivo del fuego y de los bombardeos.

Introducción de la ley islámica

Aunque la Constitución de la entonces República de Afganistán aprobada por la Asamblea Suprema Nacional Tribal (Loya Jirga) en 1987 declaró que el Islam era la religión del país y que «ninguna ley podía ir contra los principios del Islam», en la práctica los juicios se celebraban según el Código Penal laico afgano. Sin embargo, es sabido que varios grupos muyahidines establecieron tribunales islámicos en los territorios bajo su control, los cuales eran presididos por miembros del clero islámico y a veces por ancianos de las tribus y comandantes muyahidines. Por ejemplo, en enero de 1990, cuatro miembros del Partido de la Unidad Islámica (Hesb-e-Islami) fueron ahorcados en público, dicen los informes, tras haber sido declarados culpables, por un tribunal islámico de Taloqan, de estar implicados en el asesinato de más de 30 jefes del grupo rival Sociedad Islámica (Jamiat e Islami) en julio de 1989.

Tras la renuncia del gobierno comunista del presidente Najibullah el 16 de abril de 1992, los principales grupos muyahidines firmaron un acuerdo en Peshawar, Paquistán, en virtud del cual se formó un Consejo de la Jehad (Guerra Santa). Su presidente, profesor Sibghatollah Mojaddedi, dirigente del moderado Frente de Liberación Nacional de Afganistán (Jabha-i-Milli Najat-i-Afghanistan) y ex presidente del gobierno provisional en el exilio constituido en Paquistán, asumió el poder el 28 de abril. El 28 de junio, tal y como establecía el acuerdo de Peshawar, fue sustituido por el gobierno provisional del profesor de Burhanuddin Rabbani, dirigente de Sociedad Islámica. El nuevo gobierno celebrará elecciones en un plazo de cuatro meses, momento a partir del cual será sustituido por el gobierno elegido en las urnas.

El gobierno provisional del presidente Mojaddedi cambió el nombre del Estado por el de Estado Islámico de Afganistán, para reflejar su nueva orientación. Cuando asumió el cargo, el profesor Mojaddedi mencionó planes para introducir la ley islámica y el 30 de abril, en medio de las luchas entre grupos muyahidines rivales y de los saqueos en Kabul, Radio Kabul, emisora controlada por el Estado, advirtió que los delincuentes serían castigados de acuerdo con la ley islámica. Sin embargo, según informes, a fines de mayo el profesor Mojaddedi aconsejó en contra de una islamización precipitada y el Consejo de la Jehad, un organismo ampliamente representativo compuesto por 51 miembros, y cuyas funciones y potestad no están claramente definidas, no adoptó más que medidas moderadas encaminadas a la introducción de la ley islámica.

Sin embargo el nuevo presidente, profesor Burhanuddin Rabbani, es conocido por ser partidario de un programa de reforma más decidido, que incluya la introducción más rápida de la ley islámica. El órgano de diez miembros conocido como Consejo Dirigente, integrado por los dirigentes muyahidines que suscribieron el acuerdo de Peshawar y presidido por Burhanuddin Rabbani, empezó, ya durante el mandato del gobierno provisional del presidente Mojaddedi, a poner en práctica un programa de reforma. Amnistía Internacional no tiene constancia de un mandato formal del Consejo Dirigente para introducir una amplia variedad de cambios legales.

En una de sus primeras sesiones el 6 de mayo, el Consejo Dirigente decidió crear un tribunal especial para juzgar "a los traidores y violadores" y salvaguardar la seguridad pública. El Consejo Dirigente también declaró que todas las leyes que no fueran conformes con el mandato del Islam quedarían abolidas, según parece, a partir de esa fecha. Por lo que a Amnistía Internacional le consta, el Consejo Dirigente no especificó qué leyes debían ser abolidas, ni qué organismo o procedimiento establecería cuáles eran esas leyes. A principios de julio, coincidiendo con el gobierno provisional del presidente Rabbani, el Consejo Judicial Superior del Tribunal Supremo designó una comisión para que evaluara las leyes y las directrices sobre procedimientos del sistema judicial. Cuando la comisión emprendió su tarea el 7 de julio, el Presidente del Tribunal Supremo Mawlawi Abdollah Fayzolbari aconsejó a todos los miembros de la judicatura que valoraran todas las leyes a la luz de los principios islámicos.

El Consejo Dirigente también confirmó la amnistía general declarada por el presidente Mojaddedi tras la caída del gobierno del presidente Najibullah, la cual había beneficiado a numerosos presos políticos. Aclaró que la amnistía, que era de aplicación a todos los miembros del anterior gobierno, afectaba sólo al procesamiento por el Estado y no al derecho de los individuos a iniciar procedimientos contra los delitos incluidos en la amnistía.

La actual estructura y situación de los tribunales afganos permanece incierta. El 11 de mayo, el presidente Mojaddedi anunció la creación de un nuevo tribunal con "autoridad plena", aunque su jurisdicción quizá se limitaba a Kabul. Por los informes de que dispone Amnistía Internacional no queda claro si el tribunal islámico de Kandahar que condenó a muerte a los cuatro miembros de la milicia ya existía anteriormente y había continuado con el nuevo gobierno, o si era de nueva creación.

Aunque los muyahidines que capturaron a los presuntos saqueadores y los mostraron por las calles de Kabul amenazaron con que a los delincuentes «les quitarían quirúrgicamente las manos», el ministro de Asuntos Islámicos del gobierno provisional del presidente Mojaddedi, Maulawi al-Salah Rakhmani, manifestó al parecer a primeros de mayo: «En cuanto a los ladrones, no tenemos intención de cortarles las manos. Quizá esto cambie en el futuro, pero por ahora esperamos encontrar otras formas de castigar a los ladrones». Algunos días más tarde, el 27 de mayo, el viceministro de Justicia del gobierno muyahidín, Abdul Rahin, manifestó en una entrevista con una agencia de noticias que en virtud de la ley islámica, que ya había sustituido a todas las demás leyes, el adulterio se castigaría con la pena de muerte por lapidación y que a los acusados de robo declarados culpables les cortarían una mano o un pie. El consumo de alcohol se castigaría con 80 latigazos, mientras que el comercio de bebidas alcohólicas podría penalizarse con la pena de muerte. El Consejo Dirigente ya había prohibido, el 7 de mayo, la compra, venta y consumo de alcohol y otras sustancias narcóticas.

El cambio, anunciado públicamente, a un sistema de leyes islámicas parece haber creado un clima en el que algunos individuos se han tomado la justicia por su mano de una forma que creen de acuerdo con los preceptos islámicos. Así por ejemplo, el 24 de mayo se informó que grupos de vigilantes habían ejecutado a 66 personas de las 120 capturadas mientras saqueaban Kabul. La ley islámica no prescribe la pena de muerte para el hurto, ni siquiera para el robo, que diferencia del hurto. Tampoco está claro bajo qué autoridad actuaron los vigilantes.

Restricciones a las libertades fundamentales

El Consejo Dirigente ha impuesto graves restricciones a varias libertades fundamentales en el contexto de la aplicación de las leyes y normas de comportamiento islámicos.

Parece ser que la libertad de expresión ha quedado gravemente restringida. El 10 de mayo, el Consejo Dirigente aprobó una resolución que entre otras cosas afirmaba: «El Ministerio de Cultura e Información está encargado de quitar todas las consignas comunistas y del gobierno anterior de las paredes y demás lugares y sustituirlas por consignas islámicas». El 12 de mayo, el Consejo anunció que todos los libros marxistas y demás presuntos libros "anti-religiosos" serían retirados y mantenidos en un lugar específico.

El 1 de junio, el Consejo Dirigente decidió crear un organismo de control de radio y televisión con vistas a eliminar los "elementos no islámicos". En virtud de la decisión tomada el 27 de mayo por el Consejo, la transmisión de música por Radio Kabul "ya no es admisible". El 28 de julio fueron suprimidas las locutoras de la televisión nacional. El 7 de mayo, ese órgano había declarado: «Todas las hermanas musulmanas deben observar estrictamente la vestimenta islámica (sharia'Hejab)».

El 9 de mayo, el ministro interino de Cultura e Información del gobierno de Mojaddedi, Mohammad Siddique Chakari, advirtió a los propietarios de cines de Kabul que «los cines, que desempeñan una importante función en la sociedad, deberían mostrar películas que siguieran el espíritu del Islam. La enseñanza y la educación artística deben estar de acuerdo con la ley de Mahoma... Debe evitarse el mostrar películas opuestas al espíritu del Islam, que sean obscenas y que estén realizadas por afán de lucro». Según informes, el 2 de mayo, varias salas de cine que proyectaban películas consideradas ofensivas fueron destruidas por los muyahidines, mientras que el 9 del mismo mes, varios cines sufrieron la incursión de muyahidines armados, que ordenaron a todos los presentes que salieran de la sala y acudieran a la oración del viernes en la mezquita.

También ha sufrido una restricción similar la libertad de formar una asociación política. El 1 de junio, el Consejo Dirigente aprobó una resolución que prohibía todos los partidos no islámicos; con anterioridad, el Partido de la Patria (Watan) había sido disuelto aunque no proscrito formalmente por el gobierno.

El Consejo Dirigente también impuso ciertas obligaciones religiosas islámicas. Por ejemplo, el 12 de mayo declaró: «Todos los funcionarios civiles y empleados del Estado y de empresas privadas deben realizar oraciones colectivas en sus lugares de trabajo.»

Ni el gobierno provisional del presidente Mojaddedi ni el actual del presidente Rabbani han emitido ninguna declaración oficial sobre cómo se castigará la vulneración de las normas de vestimenta para las mujeres, la prohibición de escritos no islámicos, la prohibición de formar partidos no islámicos o la orden de realizar oraciones colectivas.

El gobierno afgano hasta ahora no ha realizado ninguna declaración sobre cómo se preservarán los derechos fundamentales de las minorías no islámicas. Amnistía Internacional formuló su preocupación ante el nuevo gobierno tras haber recibido informes que indicaban que el 2 de mayo algunos hogares hindúes y sijs habían sido asaltados. Según informes, el 18 de junio unos muyahidines no identificados ataron a tres miembros de una familia hindú de Kabul y los electrocutaron. Aunque funcionarios afganos atribuyeron esta agresión a la situación general de desorden imperante en Afganistán, se ha informado que el presidente Mojaddedi se disculpó ante la minoría no islámica residente en el país. Amnistía Internacional teme que el programa de reforma del gobierno haya propiciado una atmósfera en la que los miembros de las minorías no musulmanas sean especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos.

Preocupaciones y recomendaciones de Amnistía Internacional

En mayo de 1992, Amnistía Internacional expresó su preocupación al gobierno provisional por los informes sobre tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Afganistán entre abril y principios de mayo de 1992 (véase: Afghanistan: Reports of torture, ill-treatment and extrajudicial execution of prisoners, late April - early May 1992, Índice AI: ASA 11/01/92). El gobierno del presidente Mojaddedi respondió a Amnistía Internacional reiterando su firme compromiso de respetar los derechos civiles y políticos de todos los afganos. Sin embargo, la organización teme que las reformas legales emprendidas por el Consejo Dirigente y el gobierno actual puedan dar lugar a la imposición de penas que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante según las normas internacionales de derechos humanos.

Si bien Amnistía Internacional no se pronuncia en relación con los valores culturales, religiosos o políticos que constituyen la base de un sistema legal determinado, Amnistía Internacional insiste en que las leyes y los procedimientos judiciales se atengan a las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente. Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Afganistán está obligada legalmente a respetar las disposiciones de estos instrumentos y a garantizar que se reflejen totalmente en la protección que se brinda en el país a los derechos humanos. El presidente Rabbani en su primer discurso oficial a la televisión nacional después de asumir el cargo declaró: «El Estado Islámico de Afganistán valora y respeta la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros principios y normas aceptados del derecho internacional, que no contradicen los principios islámicos.»

Amnistía Internacional también teme que las personas condenadas por los tribunales islámicos de Kandahar y Kabul y que posteriormente fueron ejecutadas no contaran con la defensa adecuada, conforme establece el artículo 14(3)(d) del PIDCP que afirma que toda persona tiene derecho «a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo ...» El artículo 14(5) establece que «Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescito por ley». El artículo 6(4) del PIDCP estable explícitamente que «Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena». Amnistía Internacional teme que las cuatro personas de Kandahar y las tres de Kabul declaradas culpables y ejecutadas no tuvieran la posibilidad de apelar contra la sentencia ante una instancia superior. Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán a que garantice que todos los juicios, en especial aquéllos por delitos punibles con la pena de muerte, se atengan estrictamente a las disposiciones sobre juicios con las debidas garantías y sobre apelaciones que estipula el PIDCP.

Aunque reconoce la gravedad de los delitos de los que fueron acusadas las cuatro personas de Kandahar y las tres de Kabul, Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte por constituir ésta el trato más cruel, inhumano y degradante y ser una violación del derecho a la vida. La organización ha instado al gobierno afgano a que garantice que no tendrán lugar más

ejecuciones. Amnistía Internacional también considera que las ejecuciones en público ejercen un efecto embrutecedor sobre quienes las presencian.

Penas como la amputación de manos o pies violan el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». También prohíben este tipo de penas el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura. Amnistía Internacional exhorta al gobierno de Afganistán a que garantice que en el proceso de reformas legales que tiene lugar en el país, se adopten todas las medidas posibles para evitar la imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes.

Amnistía Internacional también ve con preocupación que varias libertades fundamentales, como son la libertad de asociación (artículo 22 del PIDCP) y la libertad de expresión (artículo 19), puedan verse gravemente restringidas por las disposiciones del programa de reformas del gobierno. La organización también teme que se encarcele a las personas que insistan en ejercitar de forma pacífica sus derechos; la organización considerará a estas personas presos de conciencia.

El artículo 27 del PIDCP establece el derecho de las minorías religiosas a poder «profesar y practicar su propia religión», un derecho que el gobierno debe protejer. Amnistía Internacional considera que el gobierno de Afganistán debería realizar una enérgica declaración en apoyo de los derechos de las minorías religiosas a fin de evitar que los miembros de grupos muyahidines, el ejército y la milicia sigan violándolos. El gobierno de Afganistán también debe garantizar que las violaciones de los derechos humanos de las minorías religiosas, que según informes han tenido lugar en los últimos meses, sean investigadas por una comisión independiente e imparcial y que se procese a los responsables. Asimismo, Amnistía Internacional insta al gobierno de Afganistán a que disponga lo necesario para proteger los derechos humanos de las minorías religiosas en la nueva Constitución del país.