Amnistía Internacional

REPÚBLICA POPULAR CHINA

La pena de muerte en China:

Batir récords abatiendo vidas

AGOSTO 1997 RESUMEN ÍNDICE AI: ASA 17/38/97/s

DISTR: SC/DP/CO/GR (34/97)

En los años transcurridos desde que comenzó la presente década, se ha ejecutado y condenado a muerte en China a más personas que en todo el resto del mundo. En 1996, Amnistía Internacional registró más de 6.100condenas a muerte y 4.367ejecuciones confirmadas en el país. Asimismo, tuvo constancia de un total de 424 condenas a muerte a las que se aplicó una suspensión de dos años de la pena. Estas cifras, que baten todos los récords desde 1983, se basan únicamente en informes públicos, por lo que es muy posible que no reflejen toda la realidad. En 1994 y 1995, Amnistía Internacional registró 6.108 condenas a la pena capital, incluidas 572 condenas suspendidas, lo que hace que las cifras de 1996 sean superiores a la suma de las de los dos años anteriores.

El pasado año se condenó en China aproximadamente a 17 personas a muerte al día, todos los días del año. Las estadísticas nacionales sobre la pena capital están clasificadas como secretos de Estado y nunca se han publicadoEl grado de hermetismo que rodea el uso de la pena de muerte ha sido cuestionado en la propia China. «¿Es que no pueden ser públicos? ¿No hay forma de que sean públicos? ¿O es que no se atreven a hacerlos públicos?...Si hiciéramos públicos los datos relativos a la pena de muerte, revelando lo bueno y lo malo, las ventajas y las desventajas para que todos las analicen, ¿no sería la mejor demostración de la democracia, ilustración y plena confianza en sí misma de la nación china?» (Zhou Zhenxiang ed. China’s New Criminal Law, Explanations and Cases(El nuevo Código Penal chino, explicaciones y casos), China Upright Publishing Co. Pekín 1997, Vol.1, p. 378). Otros especialistas chinos se quejan de que, como consecuencia de esta situación, no se haya realizado nunca ningún estudio completo y científico sobre el efecto de la pena de muerte en China.

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Pese a ello, las autoridades chinas siguen sosteniendo que la pena de muerte casi no se utiliza en China; que, según la ley, sólo se aplica a «delincuentes que han cometido los delitos más atroces», y que se aplica la suspensión de la pena siempre que «no hace falta ejecutar de inmediato». No obstante, ambas disposiciones tienen una redacción tan poco precisa y se aplican de forma tan arbitraria que no constituyen garantías convincentes, pues se han interpretado de forma muy distinta según la zona del país o en función de las medidas represivas dominantes. Las autoridades afirman también que la práctica judicial se rige por los principios de «pocas y prudentes muertes» y «matar a los menos posibles, nunca matar cuando haya una alternativa». Los casos de pena de muerte y las ejecuciones de las que ha tenido constancia Amnistía Internacional en 1996 demuestran, como en años anteriores, lo contrario.

Este informe confronta los datos de 1996 con la retórica, analizando la pena de muerte en la práctica durante la «Campaña de Mano Dura contra la Delincuencia», que pone de manifiesto las carencias legales y los abusos institucionalizados que critican desde hace tiempo los disidentes del país.

Amnistía Internacional ve con preocupación desde hace tiempo el amplio uso de la pena de muerte en China y la forma en que se aplica, así como el trato que reciben los presos condenados a ella. Los diplomáticos chinos en los foros internacionales rechazan la preocupación internacional al respecto como un prejuicio contra su país o una injerencia en sus asuntos internos. Al mismo tiempo, a lo largo de la presente década, han aumentado el debate y las críticas en los propios círculos jurídicos chinos sobre el uso creciente de la pena de muerte, la erosión de las garantías legales y las prácticas que propician posibles errores masivos de la justicia. Las críticas van acompañadas de detalladas propuestas de reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal y, según informes, en la reunión de la Asamblea Nacional Popular celebrada en marzo de 1997, en la que se finalizó la revisión del Código Penal, hubo acalorados debates sobre el tema. A pesar de que estos defensores de la reforma fueron considerados excesivamente liberales, se aprobaron ciertas modificaciones limitadas de algunos artículos importantes.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte sin reservas en todos los casos y en todos los países, por considerarla el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia, y estimar que conculca el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. La organización mantiene bajo observación el uso de la pena de muerte en todos los países, propugna su abolición en todo el mundo y considera que no hay pruebas de que la pena capital sea más efectiva que otras formas de castigo como factor disuasorio frente al delito. La organización cree que la mejor forma de servir a la justicia es la celebración de juicios públicos e imparciales y la imposición de penas de privación de libertad adecuadas, y no las ejecuciones.

PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1 / JUICIOS1 / NUEVOS JUICIOS / LEGISLACIÓN / RESTRICCIONES / DELINCUENTES COMUNES / AGRICULTORES / CAMPESINOS / MUJERES / MENORES / SALUD MENTAL / NARCOTRÁFICO / ONU /

Estas páginas resumen el documento República Popular China. La pena de muerte en China: batir récords abatiendo vidas(Índice AI: ASA 17/38/97/s), publicado por Amnistía Internacional en agosto de 1997. Las personas interesadas en obtener más detalles o en emprender acciones al respecto deben consultar la versión íntegra del documento.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Amnistía Internacional

REPÚBLICA POPULAR CHINA

La pena de muerte en China:

Batir récords abatiendo vidas

Agosto de 1997

Índice AI: ASA 17/38/97/s

Distr: SC/DP/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

REPÚBLICA POPULAR CHINA

La pena de muerte en China:

Batir récords abatiendo vidas

Mano dura -Yanda ( )

«Todo delito que la ley considera grave debe sin duda recibir penas graves, y todo delito que la ley castiga con la pena de muerte debe sin duda recibir la pena de muerte. Esto garantizará el progreso saludable de la campaña de mano dura».

Hu Jintao, secretario del Comité Permanente del Departamento Político Central del Partido Comunista Chino (Fazhi RibaoSDiario jurídicoS, 4 de mayo de 1996)

Gran parte de las encomiables reformas del año pasado en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal se adoptaron paralelamente a las medidas enérgicas contra la delincuencia más draconianas que se han adoptado en China desde 1983(1). Pocos ejemplos mejores cabe encontrar de la coexistencia de tendencias contradictorias y del marcado contraste entre la ley y la práctica, los principios y la realidad, en la China de hoy. La campaña de «Mano Dura» recuerda otra similar emprendida en 1983 que, en círculos jurídicos chinos, se ha convertido en paradigma de los peores abusos del sistema jurídico. Esta última campaña se ha realizado aplicando procedimientos de 1983 para juicios y ejecuciones sumarias que iban a abolirse una vez que las revisiones al Código Penal aprobadas en marzo de 1996 entraran en vigor en 1997. Las realidades de la campaña contrastan profundamente también con los principios de «igualdad ante la ley» y de «castigo adecuado al delito» que esgrimieron las autoridades chinas para promover las reformas legales durante 1996. Los casos concretos divulgados en todo el país durante la campaña resaltan defectos cruciales en el sistema judicial y desmienten la persistente afirmación de las autoridades de que la pena de muerte se utiliza de una forma controlada y limitada. La campaña de «Mano Dura» se caracterizó por las manifestaciones de arbitrariedad en el castigo; la rapidez de los procedimientos penales, lo que tuvo por consecuencia la no aplicación de las garantías procesales; y la demostración de que la pena máxima se imponía desproporcionadamente a personas de baja posición social.

La campaña antidelincuencia Sdenominada Yanda(«mano dura» o «medidas enérgicas severas»)Sse lanzó en un principio contra los delitos violentos de más envergadura y las bandas criminales, y comenzó el 28 de abril de 1996 para un periodo inicial de tres meses. Sin embargo, el contenido del informe judicial que el presidente del Tribunal Supremo del Pueblo, Ren Jianxin, presentó a la Asamblea Nacional Popular en marzo de 1997(2), revela claramente que la campaña tuvo un enfoque más amplio y que incluía: «infligir severos golpes a las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico», la corrupción, los delitos económicos y los que menoscabaran el orden social, como «robos habituales que causan daño al pueblo en muchos aspectos». Las presuntas actividades separatistas en Xinjiang y Tíbet fueron otro objetivo de la campaña. Esto refleja la utilización que hicieron las autoridades chinas de los instrumentos más draconianos del Estado para abordar los problemas emergentes derivados de la transformación social y económica de China.

Otros informes oficiales dejaron patente que los delitos cometidos durante el periodo de vigencia de la campaña se valoraron de forma más severa que los cometidos antes de ella, al considerarse que los delincuentes actuaban deliberadamente en contra de la campaña. «Debemos infligir golpes implacables contra quienes cometen delitos con desprecio de la campaña antidelincuencia en curso»(3).

Las directrices de la campaña eran «aplicar con firmeza la política de ocuparse con severidad y rapidez de los elementos criminales, tomando medidas enérgicas contra ellos con seguridad, precisión y de forma implacable (...) Tras lanzar ataques concentrados, los órganos de la seguridad pública y los tribunales fiscales y populares deberán acelerar las vistas preliminares, la labor de recogida de pruebas y el seguimiento de los historiales delictivos; y trabajar con empeño para alcanzar la meta de una aprobación rápida de la detención, un procesamiento rápido y un juicio rápido... todo el que merezca una pena severa conforme a ley deberá ser condenado resueltamente en consecuencia, y todo el que merezca la pena de muerte conforme a ley deberá ser condenado a muerte»(4).

Un aspecto importante de los motivos subyacentes al deseo de las autoridades de implantar la campaña de «Mano dura» era la necesidad de recabar el apoyo de la opinión pública para el gobierno y la policía. Una característica de las justificaciones de las autoridades para los severos castigos impuestos a los delincuentes era «satisfacer a las masas». En un caso, se dijo que «después de la detención de X, el pueblo se sintió muy feliz y pidió que lo ejecutaran de inmediato». En este caso concreto, el preso fue ejecutado de hecho a las dos semanas de cometer presuntamente el delito.

En círculos jurídicos chinos se ha criticado el uso frecuente por las autoridades de la afirmación subjetiva de que «era imposible calmar la indignación popular sin ejecutar a X» para justificar ejecuciones polémicas, y se ve con preocupación que la respuesta a la presunta opinión pública predomine sobre los hechos y la gravedad del delito concreto. Otro caso de 1996 ilustra cómo la búsqueda de la aprobación pública puede llevar a aplicar con excesivo celo la pena de muerte. Según informes llegados de Pekín, la fiscalía apeló contra la pena impuesta a Zhang Yu, acusado de lesiones intencionadas a un estudiante con el que tuvo una pelea. Zhang Yu fue condenado en un principio a muerte, con suspensión de dos años de la ejecución. «La [...] fiscalía municipal consideró leve la sentencia de primera instancia basándose en que las circunstancias de Zhang Yu en la causa penal eran especialmente graves y produjeron resultados especialmente graves que provocaron una gran indignación entre las masas. Era imposible calmar la indignación popular sin matarlo». El Tribunal Superior del Pueblo de Pekín revisó el caso y condenó a Zhang Yu a muerte el 12 de abril(5).

Presiones para imponer condenas

Amnistía Internacional no puede confirmar los extendidos informes según los cuales se fomentó un sistema de cuotas de detenciones y condenas, similar al presuntamente empleado durante la Campaña Antidelincuencia de 1983. Sin embargo, hay informes oficiales que sí evidencian una preocupación por el número de condenas y el enjuiciamiento de casos ejemplares: «En la aplicación de las severas medidas, hay que reprimir cierto número de casos penales importantes; hay que detener a cierto número de delincuentes en libertad; hay que castigar con severidad a cierto número de personas que hayan cometido delitos graves»(6).

La policía, los órganos judiciales y los dirigentes locales sufrieron presiones para lograr resultados con rapidez. Las declaraciones oficiales hacían hincapié en las penas que se impondrían a los dirigentes locales si no seguían la campaña con entusiasmo. Si los dirigentes no «infligían golpes al delito» se les consideraría «incompetentes en sus cargos». Ansiosos por mostrar sus credenciales, varias provincias comenzaron sus campañas volviendo a juzgar y condenando a muerte a delincuentes ya condenados a penas de prisión. Por ejemplo, el Tribunal Básico del Pueblo de la comarca de Huinong, provincia de Ningxia, condenó a Xiang Yi'an y a Fan Jing a 14 y 12 años de cárcel, respectivamente, por robo.Sin embargo, según informes, «las autoridades» decidieron que las condenas eran demasiado leves y ordenaron un nuevo proceso judicial: el Tribunal Municipal Intermedio del Pueblo de Shizuishan los condenó a muerte. Se informó de las condenas como el «primer caso importante» habido en la ciudad dentro de la campaña de «Mano Dura»(7).

Otros decidieron imponer la pena de muerte por delitos concretos por primera vez en su provincia. En septiembre de 1996, Tao Ronghua fue presuntamente la primera persona condenada a muerte en la provincia de Anhui por «inducción a la prostitución».

Preocupación nacional e internacional por la campaña de «Mano Dura»

La campaña de «Mano Dura» suscitó numerosas críticas en los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos internacionales. La preocupación por el creciente número de delitos punibles con la pena de muerte y la imposición de ésta se manifestó tanto en el ámbito internacional como en la propia China. En su informe anual para 1996 sobre China, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias reiteró su conclusión de que debía eliminarse la pena de muerte para los delitos económicos y relacionados con el narcotráfico. Asimismo, reiteró su inquietud por las informaciones sobre el aumento del número de ejecuciones en 1996, especialmente en relación con la campaña de «Mano Dura», y manifestó que consideraba que «la pena de muerte no es el instrumento adecuado para combatir el aumento del índice de delincuencia en China»(8).

Las autoridades respondieron a las críticas occidentales hacia la campaña con unas declaraciones de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, según el cual: «Las medidas enérgicas contra el delito puestas en marcha por el gobierno chino son para combatir a delincuentes importantes, como los narcotraficantes». Sin embargo, estas declaraciones se contradicen con las numerosas ejecuciones de pequeños delincuentes, incluidos infractores campesinos individuales, de las que ha tenido constancia Amnistía Internacional.

No sólo los analistas internacionales han cuestionado la eficacia, frente al aumento de la delincuencia, de la imposición periódica de medidas enérgicas y draconianas que utilizan procedimientos sumarios y condenas a muerte a escala masiva. Un número creciente de juristas de China vienen analizando ejemplos locales, y estadísticas sobre la delincuencia regionales y nacionales, para examinar si el uso de la pena de muerte ha tenido algún efecto disuasorio sobre el delito desde la campaña de «Mano Dura» de 1983-84. Y han demostrado que, pese a la extrema dureza de las medidas adoptadas en aquel periodo, el índice de criminalidad global aumentó de nuevo y de forma espectacular a mediados de 1985. Los asesinatos, las lesiones y otros delitos violentos punibles con la pena capital aumentan constantemente desde 1982, y los delitos económicos también han seguido aumentando de forma destacada. Los expertos citan también ejemplos locales de la ineficacia de las medidas disuasorias, como el de la Carretera 302, en la frontera de las comarcas de Leping y Wangnian, provincia de Jiangxi, en cuyos arcenes se ejecutó en los últimos años a los condenados por asalto en vías de transito. A los dos meses, se cometían idénticos delitos en el mismo lugar.

Dentro de la propia China se han producido llamamientos en favor de suavizar la actual campaña. Según un informe, las autoridades de ciertas provincias más pobres habían expresado el temor de que la mayoría de los delitos cometidos tuvieran relación con la supervivencia y que la campaña contra el delito pudiera provocar sentimientos «anti-Partido Comunista» en las capas sociales más bajas. También se ha informado de que los disturbios producidos en febrero de 1997 en Yining, en la región autónoma de Xinjinag, fueron presuntamente provocados por la indignación popular ante las ejecuciones locales de personas condenadas por actividades separatistas.

En junio, tres juristas chinos publicaron en la prensa un artículo firmado en el que pedían que se respetara la ley durante la campaña y se manifestaban en contra de las infracciones de la ley que se cometían al abordar la delincuencia con dureza y rapidez.

Sin embargo, incluso actualmente se producen llamamientos en favor de que continúe la campaña. Si prosigue de la misma forma que hasta ahora, las satisfactorias garantías adicionales para los procesados adoptadas en las reformas legales de 1996 tendrán pocas oportunidades de implantarse en la práctica. Y por otro lado, quedará en entredicho la sinceridad de las autoridades y su compromiso con la reforma.

Un ámbito cada vez mayor: ¿qué es un delito atroz?

«En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.»

Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte

Resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social de la ONU adoptada por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1994

El número actual de delitos punibles con la pena capital en China es más de tres veces superior al que existía cuando se promulgó el Código Penal en 1980. Muchas de las adiciones guardan relación con delitos no violentos o de índole económica; por ejemplo, en 1995 se añadieron a la lista el fraude fiscal grave y el fraude de seguros grave.

En muchos de estos delitos, la única aclaración sobre cuándo puede imponerse la pena de muerte se refiere a «cuando las circunstancias sean de especial gravedad» o el delito sea «atroz». Esta expresión sigue siendo muy genérica y se ha interpretado de forma muy diferente en diferentes localidades de todo el país, o para adecuarla a los requisitos de las medidas enérgicas contra el delito que se imponen periódicamente. Algunos jurisconsultos de China consideran asimismo un abuso de la pena capital la tendencia a imponerla por la reincidencia en delitos menores que por sí solos no llevan aparejada esta pena, y subrayan que este aspecto es especialmente problemático cuando la definición legal de «muchos», en relación con la reincidencia, es «tres o más». Sin embargo, precisamente este uso de la pena recibió el respaldo y el aliento oficiales durante la campaña de «Mano Dura», y son numerosos los ejemplos de penas de muerte impuestas por reincidencia en pequeños robos y otros delitos menores. En conjunto, es evidente que se impusieron penas especialmente severas a quienes ya tenían en su historial una condena penal o una sanción administrativa anterior.

«La historia del desarrollo de China y de las sociedades extranjeras, así como la historia del desarrollo de las penas judiciales, demuestra que tratar de utilizar el terror de la pena de muerte para prevenir y erradicar el delito es un espejismo... Mientras tanto, un hecho objetivo que no puede negarse es que China está a la cabeza del mundo en penas de muerte, mientras aumenta el índice de criminalidad».

«Nuestro país viene desarrollando la campaña de “Mano dura” desde hace diez años, pero pese a que el número de causas penales en las que se impone la pena de muerte se incrementa constantemente, no se ha producido ninguna mejora fundamental en el orden social, y el número de algunos delitos graves siempre va en aumento. Estos hechos son suficientes para demostrar que el incremento del uso de la pena de muerte tiene una utilidad limitada. Siendo éste el caso, ¿no deberíamos cambiar nuestro punto de vista y buscar otras formas más efectivas para prevenir el delito? Por otra parte, no deben subestimarse los efectos secundarios del uso excesivo de la pena de muerte».

El inicio de la reforma y el Código Penal. Editorial de la Fiscalía de China, 1993

Vandalismo y reincidencia(9)

Muchos pequeños delincuentes reincidentes condenados a muerte durante la campaña de «Mano Dura» fueron acusados de «vandalismo». El delito de vandalismo no está suficientemente definido en la ley china y se ha convertido en un cajón de sastre para una amplia gama de «alteraciones del orden social». Por su parte, las aclaraciones oficiales sobre cuáles son las «circunstancias de especial gravedad» en las que puede aplicarse la pena de muerte subrayaban las alteraciones públicas y otras actividades que «causen gran indignación pública», como el «uso de armas con resultado de lesiones leves a muchas personas»(10).

En un conocido caso de 1996, un hombre fue condenado a muerte por provocar en reiteradas ocasiones lo que aparentemente no era más que un daño menor a otros. El Tribunal Intermedio del Pueblo Núm. 1 de Pekín condenó a Lu Qigang a muerte por el delito de «vandalismo». Según informes, Lu, trabajador de una granja hortícola, pinchaba con espinas y palillos afilados o agujas las nalgas de las ciclistas de la zona. Lu fue ejecutado junto con otras seis personas, acusadas todas ellas de vandalismo y delitos afines. Al parecer, las siete tenían antecedentes penales o de sanciones administrativas. Según informes, se declaró que Lu había «actuado con indecencia hacia las mujeres a plena luz del día». El Beijing Ribao informó que, debido a las actividades de Lu Qigang, «las jóvenes no se atrevían a trabajar (...) dañaba gravemente la paz y causaba gran indignación de las masas».

En virtud de las recientes revisiones del Código Penal, que entrarán en vigor en octubre de 1997, la acusación genérica de «vandalismo» ha sido sustituida por otras infracciones definidas de forma más concreta.

Robo

Según el Código Penal, y en virtud de posteriores decisiones e interpretaciones legislativas y judiciales del delito de robo, se aclara que constituyen «circunstancias de especial gravedad» que llevan aparejada una pena de entre 10 años de prisión y la pena de muerte el robo de cantidades excepcionalmente elevadas de entre 20.000 y 30.000 yuans (2.409 - 3.614 dólares estadounidenses) y superiores, junto con otras circunstancias especialmente graves que elevan la gravedad del delito.

He aquí algunos ejemplos de imposición de la pena de muerte por robo durante la campaña de «Mano dura»:

Ocho personas fueron ejecutadas en Ningde, provincia de Fujian, el 13 de agosto de 1996, por robar cerdos por valor de 14.432 yuans (1.738 dólares estadounidenses);

Zhang Xizhong fue ejecutado en la provincia de Sichuan el 13 de mayo de 1996, tras ser declarado culpable de robar 14 cabezas de ganado vacuno;

El 9 de mayo de 1996, dos campesinos de Heilongjiang fueron condenados a muerte por el robo de 61 cabezas de ganado. El Tribunal Municipal Intermedio del Pueblo de Jiamusi los condenó tras decidir «acelerar la imposición de la pena a los infractores campesinos», como parte de la campaña nacional de «Mano Dura»(11).

Dos hombres, Zhang Sheng y Su Shihu, fueron condenados a muerte en Leshan, Sichuan, el 10 de diciembre, por robar un coche que vendieron por 10,000 yuans (1.204 dólares estadounidenses). Yuan Jinhai fue ejecutado en la provincia de Fujian el 17 de junio de 1996 por robar seis motocicletas.

Chen Zhong y otros dos hombres fueron ejecutados en la provincia de Sichuan el 26 de junio de 1996 por tratar de robar unos recibos del Impuesto sobre el Valor Añadido en una oficina de recaudación de impuestos;

Chen Guangru fue ejecutado el 31 de julio en la provincia de Guangxi por robar cable eléctrico en siete ocasiones; lo vendía por pequeñas sumas de dinero o lo desechaba. Según la información disponible, no sabía que sus actos constituían robo(12).

En muchos otros casos, los informes indican que los condenados a muerte no sabían que habían cometido un delito, o que habían cometido un delito grave. Por tanto, las autoridades chinas deben demostrar cómo, en tales circunstancias, se sirve al interés de la justicia, o cómo la pena capital actúa como factor disuasorio efectivo.

Por ejemplo, una Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de junio de 1991 convirtió el saqueo de «reliquias culturales antiguas calificadas de reliquias nacionales o provinciales protegidas» en un delito punible con penas de entre 10 años de prisión y la pena de muerte. En un caso ampliamente difundido, el 29 de marzo de 1996, el Tribunal Municipal Intermedio del Pueblo de Chongqing condenó a muerte a Wang Hongjun, campesino de la provincia de Chengdu, por robar un bien cultural: la cabeza seccionada de una estatua de Buda. La prensa informó de que el procesado no contó con un abogado defensor en el juicio y que creía que su delito era un robo sin importancia, ya que había vendido la cabeza por 300 yuans (aproximadamente 36 dólares USA). Tampoco tenía idea del valor de la cabeza hasta que se lo dijo el juez, momento en el que «sus manos esposadas no dejaron de temblar». Es previsible que se produzcan casos similares en el futuro, ya que el Código Penal revisado mantiene este delito y lo amplía hasta abarcar «el saqueo de fósiles humanos y de vertebrados con valor científico».

Por otra parte, no está claro hasta qué punto se tiene en cuenta el estado mental del procesado en la condena. Por ejemplo, según informes, un campesino del distrito de Ganluo, provincia de Sichuan, creía que estaba en comunicación con un «brujo» que le informó de que su hijo aún no nacido era un «hueso de dragón». Al parecer, una noche el «brujo» le dijo que esa noche iba a entrar en la aldea un «fantasma viviente» y que la familia de la primera persona que lo viera correría un grave peligro. El hombre lo creyó, y cuando vio llegar a un hombre en la oscuridad lo mató, lleno de temor. Fue ejecutado el 3 de julio de 1996(13).

En China los críticos han subrayado también la anomalía de que el hurto y el robo a mano armada o con violencia conlleven la misma pena, que muchos atribuyen al constante incremento de los robos con violencia. Así, los delincuentes resueltos no tienen nada que perder si utilizan armas y cometen actos de violencia.

Corrupción

En contraste con los criterios establecidos para los delitos de robo, se consideran «circunstancias de especial gravedad» en los casos de corrupción para los que es aplicable la pena de muerte, «cuando se refieren a cantidades superiores a 50.000 yuans o intervienen otras circunstancias de especial gravedad en el delito»(14).

Durante 1996, Amnistía Internacional tuvo constancia de la imposición de 58 penas de muerte por corrupción y malversación, de las que se confirmaron nueve ejecuciones y la aplicación de una suspensión de dos años en 19. Por otra parte, al menos 30 personas fueron condenadas a muerte por fraude, delitos fiscales y falsificación o contrabando de dinero, de las que se confirmó la ejecución de 14.

Dentro de China, las críticas al uso de la pena de muerte son especialmente enérgicas respecto a su aplicación por delitos económicos.

Por ejemplo, un especialista ha escrito: «La pena de muerte no es una cura milagrosa para los delitos económicos y financieros. Desde la introducción de la pena de muerte para ciertos delitos económicos, no se ha producido una inversión de la tendencia al aumento de los delitos económicos (...). Depender de la pena de muerte no sirve para frenar estos delitos... sobre todo porque los delitos económicos surgen debido a factores económicos, políticos, jurídicos y de otra índole. Intervienen elementos como la debilidad de la política del Estado, el caos en la gestión económica, la corrupción en los órganos políticos, la injerencia de las ''redes de contactos'' en la administración, la debilidad de la supervisión social y las insuficiencias de la ley penal»(15).

Otro opina que, si bien «el uso de la pena de muerte contra los delitos económicos tiene un efecto preventivo y aterrorizador limitado, la sociedad paga un alto precio por ella. Permitir al Estado que utilice la pena de muerte contra los delincuentes económicos crea el efecto secundario indeseado de establecer cara a la sociedad que el Estado puede matar por el beneficio económico, lo que menoscaba el valor de la vida y destruye las ideas sobre la primacía absoluta de la vida humana»(16).

Narcotráfico

Al menos 534 personas fueron condenadas a muerte por «contrabando, comercio, tráfico, transporte o fabricación» de drogas. De ellas, se confirmó la ejecución de 447, la mayoría llevadas a cabo en torno al 26 de junio de 1996, para conmemorar el Día Internacional contra las Drogas.

Pese al enorme número de presos ejecutados por delitos relacionados con el narcotráfico, no hay pruebas de que la pena de muerte tenga algún efecto perceptible en cuanto a la disminución de su tráfico y consumo. La drogadicción sigue aumentando en China, al igual que el descubrimiento de un número cada vez más elevado de centros de fabricación y rutas de contrabando. Las Naciones Unidas nunca han respaldado el uso de la pena de muerte contra los delitos relacionados con el narcotráfico, y el relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias ha pedido a China que ponga fin al uso de la pena capital para el narcotráfico. Sin embargo, las autoridades siguen celebrando el Día Internacional contra las Drogas con ejecuciones a gran escala, previa imposición de la pena capital en concentraciones públicas.

En China, los críticos también han indicado que, inevitablemente, la mayoría de los acusados de delitos relacionados con el narcotráfico no son más que actores secundarios, con frecuencia campesinas analfabetas de zonas económicamente marginales.

Como en muchos países, en realidad es la posesión de narcóticos y no la intención de traficar lo que se convierte en el factor decisivo para la condena en estos casos. En un caso ilustrativo de muchos otros, una joven que regresaba a la provincia de Guangzhou de su luna de miel en Kunming, en enero de 1996, accedió a llevar un paquete para un conocido a cambio de cierta suma de dinero, práctica muy común en China. Al parecer, durante el viaje en tren sospechó del contenido del paquete y trató de abrirlo. Al no conseguirlo, se dio cuenta de que eran drogas. Entonces, se puso tan nerviosa y agitada que el interventor del tren receló de ella y descubrió el paquete. El Tribunal Superior del Pueblo de Guangxi la condenó a muerte el 26 de junio de 1996.

Separatismo

A lo largo de la campaña de «Mano Dura» se hicieron declaraciones contra los que participaban en actividades «separatistas» en las regiones cada vez más revueltas de Tíbet y Xinjiang. El presidente del Tribunal Superior del Pueblo de Tíbet manifestó: «Debemos desarrollar la campaña de ''Mano Dura'' para poner fin al secesionismo en todas sus formas y las actividades terroristas de nuestros enemigos». Asimismo, pidió el «exterminio de los malos elementos»(17). En mayo se recibieron informes de que las autoridades chinas habían reconocido presuntamente la reciente detención de más d 1.700 personas, entre las que había «terroristas, separatistas y delincuentes». En total, durante 1996, se condenó a muerte a 42 personas en el Tíbet y a 160 en Xinjiang. Por ejemplo, en julio de 1996, 21 personas fueron condenadas a muerte durante una concentración pública celebrada en el distrito de Changdu, Tíbet. La mayoría de los procesados fueron acusados de delitos de «contrarrevolución»; pocos detalles más se hicieron públicos(18).

Procedimientos inadecuados en el sistema de justicia penal

Las garantías internacionales exigen, en términos generales, que en los casos de imposición de pena de muerte se garanticen los procedimientos legales más cuidadosos y todas las salvaguardias posibles para el acusado, como el derecho a un juicio imparcial y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a disponer de tiempo y medios suficientes para preparar la defensa Sincluido el derecho a disponer de asistencia jurídica adecuada en todas las fases del procedimientoS, y el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena. Hace tiempo que Amnistía Internacional viene denunciando que el sistema de justicia penal chino carece de estas salvaguardias o éstas no están suficientemente garantizadas. Algunos cambios positivos introducidos tras la revisión del Código de Procedimiento Penal no entraron en vigor hasta enero de 1997, pese a que se aprobaron durante el periodo de revisión.

Estas insuficiencias no sólo son evidentes durante las campañas de «Mano Dura». Durante la presente década, especialistas en leyes y juristas chinos en ejercicio han señalado defectos en la ley y la evitación de procedimientos que provocan errores judiciales y perturban el sistema jurídico.

Según informes, los casos en los que cabe la aplicación de la pena de muerte los juzgan en primera instancia los tribunales locales y no por los intermedios, como establece el Código de Procedimiento Penal. Los tribunales intermedios han instruido por su parte a los locales para que sean éstos los que decidan qué casos, de entre los que han empezado a tramitar, han de transferir a los tribunales intermedios cuando resulta que cabe aplicar la pena de muerte.

Tanto los tribunales locales como los intermedios, influidos a menudo por la cólera popular o por la presión de tener que aparentar dureza ante el delito, han impuesto penas de muerte por delitos que no llevan aparejada dicha pena.

Apelaciones y revisión de la pena de muerte

Los condenados a muerte tienen derecho a una sola apelación. Si no apelan, un tribunal superior al que impuso la condena revisa automáticamente la causa. Por lo general, la tramitación y resolución de las apelaciones en los casos de imposición de la pena capital corre a cargo de los tribunales superiores. La naturaleza del juicio de apelación y del de revisión han suscitado muchas críticas. El Código de Procedimiento Penal establece que deben celebrarse de la misma manera que el primer juicio «público». Sin embargo, los especialistas indican que en la práctica no es así, salvo en ciertos casos en contadas ciudades grandes de las zonas económicamente desarrolladas. Por el contrario, en la mayoría de los casos, el tribunal se limita a revisar la documentación del caso, examina un escrito de la defensa, y en ocasiones, interroga al procesado en una vista no pública.

En virtud del Código de Procedimiento Criminal, se aplica un mecanismo adicional en los casos de pena de muerte, que consiste en que todas las condenas han de ser aprobadas por el Tribunal Supremo del Pueblo. No obstante, en aplicación de una ley posterior y de una serie de resoluciones del Tribunal Supremo del Pueblo, esta facultad de aprobación se delega en los Tribunales Superiores en lo que, según los expertos, constituye la inmensa mayoría de los casos. Como consecuencia, existe una amplia variación y un uso arbitrario de la pena de muerte en función de las provincias. Por ejemplo, el Tribunal Supremo del Pueblo facultó al Tribunal Provincial Superior del Pueblo de Gansu para aprobar todaslas ejecuciones que no afectaran a extranjeros o compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán. Si los Tribunales Superiores revisan y después aprueban su propia decisión, las salvaguardias adicionales establecidas en el Código de Procedimiento Criminal quedan despojadas de significado. La aceleración de los procedimientos sólo aumenta las posibilidades de que se cometan errores judiciales.

Por ejemplo, en un caso ampliamente difundido, el Tribunal Provincial Superior de Jilin convocó una conferencia de prensa para informar de su campaña provincial de «Mano Dura». En ella citó un caso en el que tres personas forzaron un automóvil propiedad de un centro de producción estatal y saquearon su contenido el 21 de mayo. El caso se «resolvió» el 24 de mayo, y el 27 de mayo, el Tribunal Municipal Intermedio del Pueblo celebró una concentración pública para condenar a los tres a muerte. Los presos apelaron la condena. El Tribunal Superior del Pueblo abrió «inmediatamente» un segundo juicio y dictó su resolución definitiva el 28 de mayo, aprobando la pena de muerte. Los procesados fueron ejecutados el 31 de mayo. Los informes no mencionan ninguna revisión de la condena por el Tribunal Supremo y elogian específicamente la celeridad del proceso. El caso plantea también la interrogante de si el robo de vehículos constituye un delito de naturaleza «grave» que lleva aparejada la pena de muerte según la ley. Ha habido casos en los que, al parecer, se han dictado simultáneamente la condena y su aprobación por el Tribunal Superior.

En general, de los informes de estas concentraciones no se puede saber con claridad cuándo se juzgó exactamente a los procesados y cuándo se solicitó la aprobación del Tribunal Superior.

La celeridad de los procedimientos

Aunque las autoridades niegan que haya una excesiva celeridad entre la detención y la ejecución, hay muchos casos en los que el tiempo transcurrido desde que se cometió el presunto delito hasta la ejecución plantea graves interrogantes sobre la aplicación de los procedimientos debidos y el respeto a los derechos legales del procesado y la investigación adecuada del caso. Esto ha sido especialmente evidente durante la campaña de «Mano Dura», como ilustran los siguientes casos.

El Fazhi Ribaodio el siguiente ejemplo de la política de «Mano dura» de «tratar con rapidez los delitos graves»: Tian Xiaowei fue ejecutado el 19 de mayo de 1996 por el presunto asesinato de un policía el 13 de mayo en la ciudad de Siping, provincia de Jilin. Esto quiere decir que sólo pasaron seis días desde que cometió presuntamente el delito hasta que se ejecutó la sentencia, incluidos la detención, la investigación, el juicio en primera instancia, la apelación, la confirmación y la revisión(19).

El Tribunal Municipal Intermedio de Handan condenó a muerte a cuatro personas, como parte de la campaña de «Mano dura», el 22 de mayo de 1996. Según los informes, transcurrieron 16 días desde que se cometió el presunto delito (6 de mayo de 1996, robo y asesinato de un taxista) hasta la detención de los autores (13 de mayo) y su condena (22 de mayo).

En otro caso, Chen Zhihai fue condenado a muerte por robo seis días después de cometer el presunto delito. Acusado de un delito cometido el 16 de mayo de 1996, fue detenido el 18 de mayo. El caso se juzgó el 21 de mayo ante el Tribunal Municipal Intermedio de Shijiazhuang, que dictó condena el 22 de mayo.

En respuesta a la preocupación internacional manifestada en la ONU por la celeridad con que se tramitaban los casos de pena capital en 1996, sin dar oportunidad a una defensa adecuada, las autoridades chinas se limitaron a declarar: «El acusado tiene derecho a una defensa legal y [...] el auto de procesamiento se entregará al procesado como mínimo siete días antes de la apertura de la primera sesión judicial». Esta afirmación contradice los hechos en los casos antes citados.

Menores

También se ha expresado alarma en China por la proporción de jóvenes (menores de 25 años) condenados a muerte, que va contra el principio de «penas mitigadas o menores, educación, rehabilitación y reforma de los delincuentes jóvenes». También se manifiesta que muchos de ellos delinquen por primera vez, por lo que, según la ley, deberían incluirse en la categoría de aquellos para quienes «no es necesaria la ejecución inmediata».

Como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, el gobierno chino se ha comprometido a no imponer «... la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad» (artículo 37, a)).

El artículo 44 del Código Penal chino establece que la pena de muerte «no se aplicará a personas que no hayan alcanzado la edad de 18 años en el momento en que se cometió el delito». Sin embargo, el mismo artículo permite condenar a muerte a personas de entre 16 y 18 años, con suspensión de dos años de la ejecución, «cuando el delito cometido revista especial gravedad». Es esta disposición la que permite que se imponga la pena de muerte violando la Convención sobre los Derechos del Niño.

La interpretación jurídica adicional que hizo el Tribunal Supremo del Pueblo en 1983 para complementar este artículo refuerza explícitamente esta posibilidad, al establecer de forma inequívoca que para quienes «reciban una pena de muerte suspendida por ser menores de 18 años cuando cometieron el delito, una vez cumplidos los 18 años, y si se resisten a la reforma de una forma odiosa, y los hechos se verifican, podrá ejecutarse la pena de muerte conforme establece la ley». En las audiencias del Comité, el jefe de la misión diplomática de China ante la ONU, embajador Wu Jianmin, declaró que las penas de muerte suspendidas impuestas a menores se «conmutaban invariablemente», sin facilitar más información. Pero incluso dentro de la limitada muestra de Amnistía Internacional, hay indicios de que no siempre ha sido así. En mayo de 1996, en su Consideración sobre el Informe de China, el Comité de los Derechos del Niño determinó que las disposiciones contenidas en el Código Penal eran «incompatibles con las disposiciones de la Convención» y que «la imposición de penas de muerte suspendidas a niños constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante».

Entre los condenados a pena de muerte con suspensión de la misma en 1996 figuran: Luo Guan(menor de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito, en 1995), una mujer desempleada de la ciudad de Anshun, provincia de Guizhou, condenada en mayo de 1996 por asesinato. Fang Guolan (de 29 años), campesina de la provincia de Guizhou y procesada en el mismo juicio, fue ejecutada el 14 de mayo de 1996. Por su parte, el 28 de marzo de 1996, el Tribunal Intermedio de Zhulai condenó a muerte con suspensión de la pena a Xu Weichuan(que tenía 17 años en el momento de cometer presuntamente el delito, en 1992), y a la privación de por vida de los derechos políticos, por un asalto al banco Heng Sheng, de Macao, en el que murió un guarda de seguridad. Otro procesado, Xu Weizong, fue ejecutado.

En virtud de las encomiables revisiones del Código Penal que entrarán en vigor en octubre de 1997, no se seguirán imponiendo penas de muerte suspendidas a procesados menores de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito, aunque no está claro si las condenas impuestas durante 1996 se conmutarán, por tanto, inmediatamente. Las decisiones sobre conmutación o ejecución de las condenas a muerte suspendidas casi nunca se hacen públicas, y corresponde a las autoridades chinas facilitar la información para demostrar que los cambios legales se reflejan en la práctica.

Trato cruel, inhumano o degradante

Una práctica habitual con los presos condenados a muerte es mantenerlos con grilletes en pies y manos, al menos desde su primer juicio y hasta su ejecución. Amnistía Internacional ha recibido informes sobre presos condenados que han permanecido meses sujetos con grilletes a tablas, en espera de ser ejecutados. Los presos pendientes de ejecución están específicamente excluidos de las disposiciones de la ley china que limitan el uso de grilletes y de otros instrumentos de restricción.

La práctica de exhibir por ciudades y aldeas a los presos condenados a muerte en la parte trasera de un camión, camino del cadalso, sigue siendo general, a pesar de que durante la presente década se han promulgado varios reglamentos que la prohíben y de las abundantes críticas de los intelectuales. Los presos aparecen con las manos atadas a la espalda, los brazos atados al cuerpo, una soga al cuello y con un cartel colgado del cuello donde figura el delito cometido. Los guardias los obligan a mantener la cabeza o el tronco inclinados.

La campaña de «Mano Dura» se ha caracterizado también por el uso generalizado de la práctica de celebrar concentraciones públicas o televisadas donde se exhibe a un gran número de presos condenados y se anuncia a la multitud su ejecución.

Por ejemplo, el 10 de mayo de 1996, se celebraron en la provincia de Jiangxi varias concentraciones simultáneas de este tipo en apoyo de la campaña de «Mano Dura», contra 576 delincuentes implicados en 312 casos. En la provincia de Fujian, ocho tribunales superiores y 45 tribunales básicos celebraron asimismo varias concentraciones de imposición de penas entre el 8 y el 10 de mayo de 1996 en las que se condenó a 1.345 personas. Según informes, asistieron a las concentraciones más de 200.000 personas. Del mismo modo, un informe sobre el Día Internacional contra las Drogas decía que los tribunales del pueblo de diversos niveles de 27 provincias y regiones celebraron 262 actos públicos de imposición de penas en los que condenaron a 769 personas a cadena perpetua o a muerte. Se calcula que asistieron a los actos un total de 1.750.000 personas.

Amnistía Internacional considera que estas prácticas constituyen trato cruel, inhumano y degradante que agrava la aplicación de la pena de muerte.

No existe en la ley ninguna disposición que permita que los presos condenados a muerte vean a su familia antes de la ejecución. Por su parte, los familiares de varios hombres de Hong Kong ejecutados por narcotráfico el 15 de agosto de 1996 en Guangzhou informaron que no tuvieron ocasión de ver los cuerpos para rendirles el tradicional último homenaje: «Quemaron el cuerpo sin dejarme verlo por última vez»(20).

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(1) Para más información sobre las recientes reformas legales en China, véase el informe de Amnistía Internacional, República Popular China: Reforma legislativa y derechos humanos(ASA 17/14/97/s), marzo 1997.

(2) Agencia de noticias Xinhua, Pekín, 20 de marzo de 1997.

(3) Vicepresidente del Tribunal Supremo del Pueblo Liu Jiachen (agencia de noticias Xinhua, 2 de julio de 1997 - en SWBdel 10 de julio).

(4) Renmin Ribao, 16 de mayo de 1996.

(5) Beijing Qingnian Bao,19 de mayo de 1996.

(6) Xinjian Ribao, 29 de abril de 1997.

(7) Ningxia Ribao, 31 de julio de 1997.

(8) E/CN.4/1997/60/Add.1 p.23. La traducción de esta cita es de EDAI.

(9) Para más detalles de los casos que se citan en este informe, véase el documento de Amnistía Internacional, People´s Republic of China: Death Penalty Log, partes I a III, julio 1997 (ASA 17/35/97).

(10) Véanse el documento «Opiniones sobre cómo reconocer y tratar a los grupos de vándalos», Tribunal Supremo del Pueblo, Fiscalía Suprema del Pueblo, Ministerio de la Seguridad Pública, y el documento «Respuestas a ciertas preguntas sobre la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos actuales de vandalismo», Tribunal Supremo del Pueblo, Fiscalía Suprema del Pueblo, 1984. En estos informes se establece, asimismo, que los delitos de vandalismo cometidos con o contra extranjeros y que «tengan una mala repercusión política» también pueden llevar aparejada la pena de muerte.

(11) Heilongjiang Fazhi Ribao, 18 de julio de 1996.

(12) Renmin Gong’an Bao, 27 de agosto de 1996.

(13) Yangcheng Wanbao, 23 de septiembre de 1996

(14) Las modificaciones del Código Penal que entrarán en vigor en octubre de 1997 elevan la cifra a 100.000 yuans, mientras que los casos que afecten a menos de 2.000 yuans no se considerarán delito.

(15) Yang Dunxian, Chen Xingliang, «Mantenimiento o abolición de la pena de muerte y protección de los derechos humanos», en Chinese and Foreign Legal StudiesNúm. 6. 1991.

(16) Liang Genlin, Zhang Wen, «Ideas sobre los motivos de la utilización de la pena de muerte para los delitos económicos», Faxue Yanjiu, enero de 1997.

(17) Xizang Ribao, 26 de junio de 1996.

(18) Xizang Ribao, 12 de septiembre de 1996.

(19) Fazhi Ribao, 18 de junio de 1996.

(20) South China Morning Post,16 de agosto de 1996.