AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 20/019/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 207/07

26 de octubre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA200192007

India: Se pide para los 34 detenidos de etnia rajina y kayin un juicio justo y que no sean devueltos a

Myanmar

A Amnistía Internacional le preocupa que 34 ciudadanos myanmaros de etnia rajina (arakán) y kayin (karen), que llevan años detenidos sin cargos en la India y ahora están siendo juzgados en Kolkata (Bengala Occidental), corran peligro de que se les niegue el derecho a un juicio justo y sean devueltos después a Myanmar.

Según los informes, los 34 son miembros del Partido de la Unidad Nacional de Arakán y la Unión Nacional Karen, y fueron detenidos en la India en febrero de 1998. Ambas organizaciones participan en conflictos armados contra el régimen militar de Myanmar.

La Oficina Central de Investigaciones (CBI) de la India los procesa por posesión ilegal de armas. Según los informes, los acusados sostienen que fueron detenidos durante una reunión con agentes de los servicios de información indios que al parecer les habían prometido ayuda, y que otros seis detenidos en esa ocasión, que según los informes eran sus dirigentes, fueron entregados entonces a las autoridades myanmaras. El Ministerio de Defensa indio niega ambas acusaciones.

Según los informes, tras una campaña realizada por organizaciones locales de derechos humanos el gobierno de Bengala Occidental reconsideró su decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada en la cárcel y lo trasladó a un Tribunal Superior de Kolkata. Sin embargo, los informes indican que se impidió la asistencia de los medios de comunicación y el público cuando los agentes de los servicios de información indios presentaron pruebas a petición de la Oficina Central de Investigaciones.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que la India es Estado Parte, dispone: "Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley". Si bien el Pacto permite los juicios a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional, a Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales durante este tipo de juicios los derechos de los acusados a un juicio con garantías no se respetan plenamente.

A Amnistía Internacional le preocupa asimismo que, sean declarados culpables o no, los 34 hombres podrían ser expulsados a Myanmar, donde es probable que sean víctimas de tortura y otros malos tratos, así como de detención arbitraria, juicios injustos y trabajos forzados. Estas preocupaciones se han intensificado con la violenta represión de las protestas llevada a cabo por el gobierno en Myanmar.

Según el derecho internacional, los Estados tienen la obligación absoluta e incondicional de no devolver a ninguna persona a un país donde pueda correr peligro de ser torturada o sufrir otras graves violaciones de derechos humanos (principio de no devolución, non-refoulement).

Amnistía Internacional insta, por tanto, a las autoridades indias:

• a garantizar que el juicio de los 34 acusados cumple las normas internacionales sobre garantías procesales, en particular el derecho a examinar o haber examinado a todos los testigos en virtud del principio de igualdad procesal, y a tener una defensa eficaz;

• a investigar su detención arbitraria sin cargos ni juicio durante varios años, asegurar que obtienen completa reparación, incluidos recursos legales, y que se toman medidas para garantizar que en el futuro no se producen violaciones similares;

• a investigar el largo periodo transcurrido entre la presentación de cargos y el juicio, que viola su derecho a ser juzgados sin demoras indebidas, y asegurarse de que se toman medidas para garantizar que en el futuro no se producen violaciones similares;

• a no devolverlos a Myanmar una vez terminado el juicio y cumplidas sus condenas, de haberlas.

Información general

Tras ser detenidos en 1998, los 34 hombres permanecieron recluidos sin cargos ni juicio en las cárceles de Campbell Bay y Port Blair, en las Islas Andamán. En septiembre de 2004 presentaron una petición al Tribunal Supremo de la India para lograr que se presentaran formalmente cargos contra ellos en diciembre de 2004. Durante su detención en la cárcel de Port Blair, unos desconocidos mataron a una abogada que los representaba, incidente cuya investigación aún no ha terminado.

Tras denunciarse las condiciones inhumanas de su detención, el Tribunal Supremo los puso en libertad bajo fianza, pero las autoridades indias los confinaron durante unos meses a unos barracones de Port Blair, de los que, según los informes, huyeron otras dos personas detenidas. Tras otra petición para acelerar el juicio, los 34 hombres fueron trasladados a la cárcel de Kolkata en diciembre de 2005, aunque tuvieron que esperar otros 14 meses para que diera comienzo el juicio.

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