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11 de agosto de 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

Amnistía Internacional pide la conmutación de las penas de muerte

y que cese el uso de la pena capital en la India

La ejecución de cuatro personas cuyas condenas a muerte confirmó el Tribunal Supremo indio el 11 de mayo de 1999 sería un paso atrás para los derechos humanos en la India, ha declarado Amnistía Internacional en un informe de siete páginas que ha dado a conocer hoy.

La organización de derechos humanos pide la conmutación de las penas de muerte impuestas a Nalini (mujer), Murugan, Perarivalan y Santhan, sobre la base de su oposición universal a la pena capital. Estas cuatro personas fueron declaradas culpables en enero de 1998 de conspiración para asesinar al ex primer ministro de la India, y condenadas a muerte.

El 17 de agosto, el Tribunal Supremo estudiará una petición de revisión. De ser desestimada, los cuatro condenados pueden pedir el indulto al presidente de la India.

En su llamamiento, Amnistía Internacional alega que en un momento en que se están dando pasos hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, y en el mismo año en que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha instado a los gobiernos a que promulguen un aplazamiento de las ejecuciones, la India debería avanzar hacia la abolición.

El informe habla de la reacción visceral del tribunal que en enero de 1998 condenó a muerte a veintiséis personas, basándose en la errónea idea de que la pena capital es un medio adecuado para disuadir del delito o como castigo.

«Aunque el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de muerte sólo para cuatro de los condenados en un principio, Amnistía Internacional sigue sintiendo inquietud ante este hecho. Son numerosos los estudios que han concluido que la pena de muerte no sirve para disuadir de que se cometan delitos y que el concepto de castigo falla por su base debido a la injusticia y arbitrariedad de la aplicación de la pena en la práctica», añadió la organización.

En el informe también se expresa preocupación ante el hecho de que el Tribunal Supremo, pese a absolver a Nalini, Murugan, Perarivalam y Santhan de delitos tipificados en la Ley sobre Prevención de Actividades Terroristas y Subversivas, no tuvo en cuenta la incompatibilidad de ciertas disposiciones de esta ley con las normas internacionales sobre imparcialidad al resolver que no debía cuestionarse el juicio celebrado en aplicación de dichas disposiciones.

«Es manifiestamente erroneo confirmar unas condenas a muerte impuestas en un juicio celebrado en virtud de unas disposiciones legales que han dejado de aplicarse tras las numerosas críticas formuladas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque denegaban el derecho a un juicio justo», ha declarado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todos los países, por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La organización trabaja contra la pena de muerte en países de todo el mundo, desde los Estados Unidos de América hasta Filipinas, y desde el Caribe hasta Pakistán.

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