Índice AI: ASA 33/025/2002/s (Público)

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Pakistán: El sistema de justicia tribal debe ser abolido o reformado

Mientras prosigue ante un tribunal paquistaní la causa por violación de una mujer entre un grupo de hombres(1), que está teniendo gran repercusión, Amnistía Internacional teme que el sistema de justicia tribal que facilitó la comisión de tan grave abuso siga imponiendo castigos crueles si no se toman medidas para reformarlo o abolirlo.

Un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional demuestra claramente que el gobierno ha permitido que los consejos tribales o yirgasabusen de todo un conjunto de derechos humanos.

El informe pone de relieve casos que demuestran que las yirgasabusan del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona, a un juicio justo y a no ser torturado, maltratado o discriminado.

«Si el gobierno pretende afrontar con seriedad su obligación de proteger los derechos humanos, debe garantizar que las yirgasdejan de abusar de los derechos de las personas. Si ello no fuera posible, tendrían que ser abolidas» ha señalado Amnistía Internacional.

En las áreas rurales de Pakistán, las yirgasse convocan para resolver disputas sobre la tierra o el agua, afrentas al «honor», asesinatos y muertes por venganzas familiares. Su objetivo no es esclarecer la verdad, que en una comunidad unida suele ser de dominio público, sino el restablecimiento de la armonía social. En el caso de los asesinatos por venganzas familiares, las yirgasimponen al infractor el pago de sumas en concepto de indemnización. A menudo el resarcimiento incluye la entrega de niñas y mujeres a la parte ofendida.

En junio de 2001, una yirgadel distrito de Thatta «resolvió» una disputa por asesinato que duraba nueve meses entregando a niñas de la parte de los asesinos a la parte de la víctima: la hija de 11 años de uno de los acusados fue obligada a casarse con el padre de la víctima, de 46 años, y la hija del otro acusado, de 6 años, fue entregada en matrimonio al hermano de la víctima, de 8 años. El lote «compensatorio» fue aceptado por todas las partes, a las niñas no se les preguntó su opinión y no se abrió ningún proceso penal en relación con el asesinato. Aunque se informó sobre el «arreglo» en la prensa escrita en inglés, el gobierno no tomó medidas para impedir el abuso, rescatar a las niñas ni poner a los responsables en manos de la justicia.

En los casos en que una mujer ha «deshonrado» presuntamente a su familia por tener un amigo, casarse con un hombre de su elección o querer divorciarse, las yirgashan resuelto que todos los responsables debían morir o recibir otro castigo.

En julio de 2000, una yirgade Sanghar resolvió que una joven debía ser aprehendida por su familia y obligada a divorciarse del hombre con el que había decidido casarse contra la voluntad de su padre; se cree que posteriormente contrajo matrimonio con alguien elegido por éste.

En general, el Estado no toma medidas cuando las decisiones de las yirgasse traducen en asesinato, violación u otros abusos. Muchos jefes tribales son también parlamentarios o funcionarios de la administración pública o tienen vínculos familiares con el gobierno. En su calidad oficial hablan de derechos humanos para todos, pero en su circunscripción participan en tribunales tribales. Además, las autoridades recurren a los jefes tribales para resolver casos criminales que están pendientes ante los tribunales y poder restablecer enseguida el orden público.

Esto se debe en gran medida a que el sistema de justicia oficial se considera caro e ineficaz. La población rural es analfabeta en un elevado porcentaje y no sabe cómo dirigirse al sistema oficial. Por otra parte, la corrupción en el seno de la policía y del poder judicial también comprometen gravemente el sistema oficial.

«En este contexto, la persona agraviada tiene pocas alternativas. Con demasiada frecuencia se toma la justicia por su mano, lo que contribuye a que se alcancen unos índices de delincuencia escandalosos, o recurren al sistema de justicia tribal, que les promete soluciones rápidas, baratas y fácilmente comprensibles» ha señalado Amnistía Internacional.

«El gobierno de Pakistán debe abordar urgentemente la revisión y reforma del sistema oficial de justicia penal para aumentar su eficacia e independencia. Un sistema oficial competente permitiría recuperar la confianza de la opinión pública y los ciudadanos ya no tendrían que buscar justicia en organismos creados al efecto, como las yirgas, que no hacen sino conculcar todavía más sus derechos».

Un consejo tribal ordenó que un grupo de individuos violara a una mujer como castigo por una presunta afrenta de honor cometida por su hermano. Encontrarán más información sobre el caso en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/ASA330182002>, y sobre la violencia contra las mujeres en Pakistán en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/ASA330102002?OpenDocument>.

Encontrarán más información sobre la violencia contra las mujeres en Pakistán en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/recent/ASA330102002?OpenDocument>.

Documento público

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(1) Un consejo tribal ordenó que un grupo de individuos violara a una mujer como castigo por una presunta afrenta de honor cometida por su hermano. Encontrarán más información sobre el caso en <http://www.edai.org/centro/asa/pakistan/33301802.htm>.