PÚBLICO Índice AI: ASA 35/002/2004/s

AU 14/04 Ejecución inminente 13 de enero de 2004

FILIPINAS Roberto Lara

Roderick Licayan

Aumentan los temores de que Roberto Lara y Roderick Licayan sean ejecutados por inyección letal el 30 de enero de 2004. Serían las primeras ejecuciones que se produjeran desde que, en diciembre de 2003, la presidenta Gloria Arroyo anuló la suspensión de las ejecuciones de condenados por secuestro o tráfico de drogas.

El Tribunal Supremo confirmó en 2001 las penas de muerte impuestas a ambos hombres en 1999 por secuestro con petición de rescate. Según los informes, ya se han hecho los preparativos en la cámara destinada a ejecuciones mediante inyección letal de la cárcel nacional de Muntinlupa, cerca de Manila, que se usó por última vez en enero de 2000.

La Defensoría de Oficio ha pedido el aplazamiento de las ejecuciones hasta que se revise el caso. Esta petición se produjo tras la detención el 9 y el 12 de enero de dos sospechosos clave en el secuestro. La presidenta Arroyo aún no ha expresado su opinión sobre la posible reapertura del caso.

A pesar de haber afirmado públicamente que es la reforma institucional del sistema de justicia penal y no las ejecuciones lo que ofrece soluciones adecuadas y eficaces a la criminalidad, la presidenta Arroyo anunció la anulación de la suspensión de las ejecuciones en respuesta a la preocupación de la opinión pública por el aumento de los delitos violentos, especialmente el secuestro con petición de rescate. Este cambio de política se debió en parte a las presiones de la comunidad de empresarios chinofilipinos (uno de los principales objetivos de las bandas de secuestradores) en un momento en el que comenzaba a aumentar el ritmo de la campaña a las elecciones a la presidencia y al Congreso, que se celebrarán en mayo de 2004.

En respuesta a su decisión, la Unión Europea y el Vaticano han expresado públicamente su decepción. La Unión Europea insistió en que la pena de muerte no sirve para disuadir a los delincuentes, y los representantes del Vaticano subrayaron la postura pro-vida del Papa.

INFORMACIÓN GENERAL

En Filipinas ha estado en vigor una suspensión de hecho de las ejecuciones desde que el ex presidente Joseph Estrada la anunciara en 2000 con motivo del Año Jubilar cristiano. Cuando la presidenta Arroyo llegó al poder, en 2001, afirmó que no apoyaría la aplicación de penas de muerte y después firmó una serie de conmutaciones. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica y grupos de la sociedad civil presionaron al Congreso para que se revocara la ley sobre pena de muerte. En 2003, los proyectos de ley de abolición de la pena capital habían llegado a su segunda lectura en ambas cámaras legislativas. Pero el ritmo del avance disminuye significativamente a medida que se van acercando las elecciones.

Abolida en 1987, la pena de muerte fue reintroducida a finales de 1993 para 46 delitos, como violación, asesinato, secuestro, delitos relacionados con la droga, traición, piratería y soborno. Las ejecuciones se reanudaron en 1999 después de 23 años, y entre 1999 y 2000 han sido ejecutadas siete personas mediante inyección letal. Según los informes, desde 1994 han sido al menos 1.916 las personas condenadas a muerte en todo el país y trasladadas al pabellón de la muerte de la penitenciaría nacional. El Tribunal Supremo revisa automáticamente todas las penas de muerte y, según los informes, ha confirmado al menos las de 168 presos del pabellón de la muerte, que corren peligro de ser ejecutados en cualquier momento si la presidenta no les concede el indulto.

A Amnistía Internacional le preocupan mucho las graves deficiencias del sistema de justicia penal filipino. Es habitual que los acusados sean torturados y maltratados para obligarlos a confesar, lo cual incrementa el peligro de que se cometan errores judiciales. A los acusados de delitos comunes suele negárseles la posibilidad de ponerse en contacto con sus abogados, y los juicios distan mucho de cumplir las normas internacionales sobre garantías procesales.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ambos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pena capital es intrínsecamente injusta y arbitraria, no importa lo atroz que sea el delito por el que se aplica. Se ha demostrado que hay más probabilidades de que se imponga a personas más pobres, menos cultas y más vulnerables que la media. El riesgo de error al aplicarla es inevitable y, sin embargo, el castigo es irrevocable. Si bien Amnistía Internacional reconoce la necesidad de combatir los delitos violentos, no hay ninguna prueba convincente de que la pena capital sea más efectiva que otros castigos para combatir el delito.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:

- expresando su honda preocupación ante la posibilidad de que se reanuden las ejecuciones en Filipinas, y pidiendo a la presidenta Arroyo que conmute las penas de muerte de Roberto Lara y Roderick Licayan, cuya ejecución está prevista para el 30 de enero;

- expresando su esperanza en que la presidenta indulte al resto de los presos condenados a muerte;

- expresando su solidaridad con las víctimas de los recientes secuestros y otros delitos violentos, pero señalando que la pena de muerte nunca ha demostrado tener un especial efecto disuasorio y embrutece a todos los que participan en ella;

- expresando su preocupación por los graves defectos del sistema de justicia penal filipino, como la aplicación de torturas, la falta de acceso a los abogados y la falta de garantías en los juicios, que aumentan el peligro de ejecutar a un inocente;

- instando a la presidenta que reinstaure un aplazamiento oficial de todas las ejecuciones y que apoye los pasos que siguen dándose en el Congreso hacia la abolición de la pena capital.

LLAMAMIENTOS A:

Presidenta

President Gloria Macapagal-Arroyo

Malacanang Palace

J.P. Laurel St

San Miguel 1005, Manila

Filipinas

Telegramas: President Macapagal-Arroyo, Manila, Filipinas

Fax: +632 736 2495/ 733 2107/ 736 1010

Tratamiento: Dear President Macapagal-Arroyo/ Señora Presidenta

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Secretario de Justicia

Secretary Simeon A. Datumanong

Department of Justice

Padre Faura, Ermita, Manila,

Filipinas

Telegramas: Secretary Simeon A. Datumanong, Manila, Filipinas

Fax: +632 521 1614

Tratamiento: Dear Secretary of Justice / Señor Secretario de Justicia

y a los representantes diplomáticos de Filipinas acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Todos los llamamientos deben llegar antes del 30 dde enero.