AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 35/002/2006 (Público)

Servicio de Noticias 057

8 de marzo de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA350022006

Filipinas: Es hora de reafirmar la necesidad de respetar los derechos humanos una vez levantado el estado de excepción

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio hecho por la presidenta Macapagal Arroyo el pasado viernes 3 de marzo de 2006, y que daba por levantado el estado de excepción declarado una semana antes, el 24 de febrero.

En una situación de auténtica emergencia pública que, en efecto, supone una amenaza para la “vida de la nación”, cualquier restricción de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión debe ser tan necesaria como estrictamente proporcional al peligro al que se enfrentan los derechos y las libertades de otros. Dichas salvaguardias están consagradas en el derecho internacional ratificado por Filipinas.

Por otra parte, Amnistía Internacional recuerda al gobierno que determinados derechos, entre ellos, el derecho a no verse privado de la vida arbitrariamente, el derecho a no sufrir torturas y el derecho a un juicio justo, han de ser plena e incondicionalmente respetados en todo momento, con o sin estado de excepción.

En este contexto, a Amnistía Internacional le siguen preocupando mucho los informes recibidos sobre reiterados homicidios políticos de miembros de organizaciones políticas legales de izquierda en diversas provincias del país.

En los últimos años, ha aumentado el número de denuncias de ataques a manos de hombres armados no identificados, perpetrados contra miembros de organizaciones políticas legales de izquierda, entre ellas El Pueblo Primero (Bayan Muna), Masas Trabajadoras (Anakpawis) y otras. Se teme que las reiteradas declaraciones formuladas por altos cargos del gobierno que establecen un vínculo directo entre estas organizaciones y grupos armados comunistas, sumadas a la reciente detención, o amenaza de detención, de muchos de los representantes en el congreso de dichas organizaciones, amenazan con crear un clima propicio a la comisión de otros homicidios políticos.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades para que cumplan su obligación de proteger el derecho a la vida, y para ello realicen investigaciones rápidas, minuciosas, imparciales y efectivas de dichos homicidios. Dichas investigaciones deben dar lugar al proceso y castigo de los responsables. Para combatir la impunidad, las autoridades también han de transmitir a todos los miembros de las fuerzas policiales, militares y de seguridad un mensaje claro e inequívoco de que jamás se tolerará ni consentirá la participación en tales homicidios ilegítimos.

La presunta intentona golpista que tuvo lugar recientemente provocó la detención, o amenaza de detención, de políticos de izquierdas y derechas, oficiales del ejército y otras personas acusadas de “rebelión” o participación en la presunta conspiración golpista. Amnistía Internacional teme que ello pueda favorecer las detenciones arbitrarias y la erosión del derecho que asiste a los sospechosos a un proceso debido y a un juicio justo.

En particular, a AI le sigue preocupando la aplicación del cargo de “rebelión”, que la jurisprudencia filipina tipifica como “delito continuado” y, en consecuencia, permite las detenciones sin mediar una orden del tribunal. Dichas disposiciones conllevan un peligro de uso indebido en las detenciones por motivos políticos. Las indagatorias que siguen a las detenciones realizadas sin mediar una orden pueden dar lugar a prolongados períodos de reclusión, antes de que el tribunal pueda examinar plena e independientemente la justificación de las alegaciones presentadas por la policía.

A Amnistía Internacional también le preocupan los motivos aparentemente políticos que hay detrás de las recientes detenciones selectivas y del inicio de acciones penales. Aunque, según informes, en la presunta intentona golpista que tuvo lugar recientemente participaron personas de todo el espectro político, hay informes según los cuales la izquierda política podría haber sido un objetivo especial en reiteradas detenciones por cargos falsos.

Esto vino sugerido por la publicación de una lista de detención de más de 48 destacados activistas de izquierdas, muchos de ellos miembros de partidos políticos autorizados, y por la manera en que se presentaron una serie de cargos, entre ellos uno de hace más de veinte años, para justificar la detención continuada de Crispín Beltrán, de 73 años y representante en el congreso del partido Masas Trabajadoras (Anakpawis), que fue detenido el 25 de febrero. El congresista Beltrán sufre del corazón e hipertensión y, tras el examen que le realizaron médicos de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional hace un llamamiento para que sea trasladado a un hospital de su elección para que esté bajo supervisión y reciba el tratamiento necesario.

Información complementaria

La presidenta Arroyo declaró el estado de excepción el 24 de febrero, alegando que miembros de los principales partidos de la oposición, activistas de derechas y comunistas, y "militares aventuristas” habrían organizado una conspiración para derrocar al gobierno.

En virtud de los poderes derivados del estado de excepción, la presidenta ordenó a las fuerzas armadas que “impidiesen y reprimiesen cualquier forma de violencia descontrolada”. La policía prohibió las reuniones públicas y se recibieron denuncias del uso excesivo de la fuerza empleado por la unidad de policía antidisturbios al enfrentarse y dispersar manifestaciones pacíficas. Además, tras el registro efectuado en la redacción de un periódico, la policía amenazó con clausurar aquellos puntos de distribución de prensa que no respetasen las normas que velan por una información “responsable”.

El estado de excepción se levantó una semana después, cuando las autoridades anunciaron que la presunta intentona golpista había cedido y se había restablecido nuevamente el “orden público”. Sin embargo, representantes del gobierno advirtieron que volverían a imponer la excepción si se consideraba necesaria, lo que renovó la preocupación por las restricciones continuadas de los derechos de expresión y reunión pacífica. Los representantes declararon que al menos siete periodistas se enfrentaban a una investigación por presunta incitación a la sedición y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la policía disolvió por la fuerza una marcha pacífica organizada por mujeres pertenecientes al partido de izquierdas Acción Ciudadana(Akbayan) y a la Alianza Obrera Progresista. Una mujer representante de Akbayan en el congreso y dirigente de la Alianza fue “invitada a ser interrogada” por la policía. La dirigente laborista fue detenida tras imputársele cargos de reunión ilegal.

Entretanto, varios oficiales del ejército sospechosos de apoyar la presunta conspiración han sido detenidos, y se han presentado cargos contra dirigentes de grupos de derechas sospechosos de haber participado en la planificación del golpe. Sin embargo, funcionarios del gobierno afirmaron públicamente su creencia de que la principal amenaza para la seguridad nacional se derivaba de la insurgencia comunista, al parecer con el apoyo de miembros de la izquierda autorizada.

Dentro del contexto general de las operaciones de contrainsurgencia que se realizan en todo el país contra unidades del Nuevo Ejército del Pueblo, brazo armado del autorizado Partido Comunista de Filipinas (CPP, por sus siglas en inglés), sigue habiendo informes periódicos de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura. También continúan recibiéndose informes de abusos a manos del Nuevo Ejército del Pueblo, que lucha contra el gobierno desde los años setenta.

Además de los presuntos miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, corren peligro de sufrir violaciones de derechos humanos los activistas comunitarios, los sacerdotes y los colaboradores de la iglesia, los abogados, los miembros de partidos políticos de izquierdas autorizados (como Anakpawis y Bayan Muna), que las autoridades consideran afines al movimiento comunista general, y los periodistas.

En 2005, el número de informes de presuntos simpatizantes del Partido Comunista de Filipinas-Nuevo Ejército del Pueblo agredidos o muertos experimentó un dráscito aumento. Durante el año, decenas de activistas identificados con grupos progresistas de izquierdas han muerto de disparos. Los informes sugieren que los autores de los homicidios a menudo eran hombres no identificados; observadores locales y de otros lugares sospechan que estaban vinculados con el ejército. Las autoridades nunca llevan a cabo investigaciones eficaces, rápidas e imparciales sobre estos crímenes ni ponen a disposición judicial a sus responsables, todo lo cual genera un clima de impunidad en Filipinas.