AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 35/002/2009
12 de marzo de 2009

Filipinas: Investigar los homicidios políticos y acabar con ellos

Amnistía Internacional ha instado al gobierno a tomar inmediatamente medidas para poner fin a los homicidios por motivos políticos en Filipinas tras la muerte de tres personas en las últimas tres semanas. Eliezer Billanes, activista medioambiental contrario a las explotaciones mineras, y Rebelyn Pitao, profesora e hija de un dirigente del Nuevo Ejército del Pueblo, murieron en dos incidentes distintos en los últimos siete días. Los periodistas también han sido blanco de ataques, especialmente en Mindanao. Ernesto Rollin, un popular presentador radiofónico de noticias, murió a tiros, mientras que otro periodista radiofónico, Nilo Labares, resultó herido de gravedad por disparos.

El gobierno debe establecer salvaguardas que protejan a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, que llevan a cabo actividades legítimas. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades que tomen más medidas para mejorar las investigaciones y las actuaciones judiciales relativas a los homicidios políticos, como el uso de peritos independientes y la creación de un órgano independiente para vigilar las investigaciones y garantizar la imparcialidad.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el compromiso expresado públicamente por el asesor de seguridad nacional Norberto Gonzales y el alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, de investigar el asesinato de Rebelyn Pitao. La organización efectuará el seguimiento de los avances de ésta y otras investigaciones, que deben llevarse a cabo sin demora y de forma eficaz, independiente e imparcial. Sólo mediante investigaciones de este tipo se pondrá fin a la impunidad de los homicidios políticos.

Información complementaria

En 2006, y debido a las presiones internacionales, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo creó la Fuerza Especial de Operaciones(TFU, por la sigla original), organismo policial especial de investigación de homicidios políticos. También se creó una comisión de investigación especial denominada Comisión Melo, cuyo mandato expiró en junio de 2007, para efectuar recomendaciones respecto a la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales.

En enero de 2008, la TFU había investigado 141 casos. Aunque en 80 de ellos se iniciaron actuaciones penales, dadas las deficiencias de las investigaciones pocos han dado como resultado una sentencia condenatoria. La TFU y la Comisión Melo han tenido un éxito limitado a la hora de garantizar justicia para los supervivientes y las familias de las víctimas. Éstas a menudo hablan de deficiencias en el proceso judicial, como retrasos en las investigaciones, exámenes inadecuados del lugar del crimen, con la consiguiente falta de pruebas periciales, y poca disposición a entrevistar a sospechosos pertenecientes al personal del ejército y la policía. Hasta la fecha, la mayoría de los responsables del homicidio de activistas o figuras políticas de izquierdas no han comparecido ante la justicia.

Los testigos de casos sometidos a investigación por las autoridades están especialmente expuestos a intimidaciones, represalias y, en ocasiones, hasta la muerte. Muchos se han quejado reiteradamente de que la policía no los ha protegido a ellos o a sus familias, y han afirmado haber perdido la confianza en la capacidad del Departamento de Justicia para protegerlos.

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