Document - Sri Lanka: La torture persiste malgré les réformes
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NO PUBLICAR HASTA LAS 00:01 HORAS GMT DEL 1º DE JUNIO DE 1999
Sri Lanka: La tortura prevalece a pesar de las reformas
A pesar de ciertas medidas positivas que se han tomado en años recientes, la tortura continúa emborronando el historial de derechos humanos de Sri Lanka, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
La tortura es una práctica de las fuerzas de seguridad que se denuncia casi a diario en el contexto del conflicto armado que éstas mantienen con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, organización que lucha por un Estado independiente, Eelam, en el norte y este del país. Los Tigres también han cometido torturas. Pero el problema se extiende al desempeño de las funciones diarias y rutinarias de la policía, en el que los agentes torturan de forma sistemática a presuntos delincuentes y a personas detenidas a causa de disputas locales.
«Sri Lanka ha demostrado parcialmente su compromiso de erradicar la tortura, un logro verdaderamente importante dada la situación de conflicto que vive el país», ha dicho Amnistía Internacional. «Sin embargo, el hecho de que sigan denunciándose con tanta frecuencia casos de tortura significa que aún le queda mucho camino por recorrer antes de que los cambios legislativos se materialicen en la práctica.»
Pese a las existentes salvaguardias legales, la tortura sigue practicándose con relativa impunidad. Sólo parecen estar pendientes en los tribunales un puñado de causas contra agentes de policía y, hasta la fecha, no se ha condenado aún a nadie por torturar.
«El reciente fallo judicial sin precedentes que condenó a miembros de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka a largas penas de prisión por cometer «desapariciones» y asesinatos políticos, ha dejado bien claro que ya nadie puede confiar en cometer estos delitos con impunidad», ha dicho Amnistía Internacional.
«Es hora de que Sri Lanka enjuicie a los torturadores. Mostrar que la tortura no va a tolerarse más podría tener un efecto considerable en la vida de muchas personas que hoy corren peligro de sufrir tratos espantosos bajo custodia.»
En mayo de 1998, Sri Lanka compareció por primera vez ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura. El gobierno admitió que la tortura constituía un problema en su país y se comprometió a «hacer cuanto pudiera» para poner en práctica las recomendaciones del Comité. Pero es un compromiso que aún tiene que hacerse realidad.
Los métodos de tortura que se describen en el informe incluyen semi-asfixia mediante «el submarino seco» —introducir la cabeza del detenido en una bolsa de plástico que contiene chiles o petróleo y atarla con cuerdas al cuello—, o «el submarino mojado» —sumergir a la persona en un pozo o una tina llena de agua—. Muchos detenidos afirman que los golpearon con bates de cricket, tubos de plástico llenos de arena o cemento, o los quemaron con cigarrillos y les aplicaron descargas eléctricas. Entre los métodos más brutales de tortura figuran producir quemaduras con polietileno derretido, taladrar los pies, insertar clavos en los pies o en otras partes del cuerpo, y violar a las mujeres detenidas.
En el norte de Sri Lanka se acusa al ejército de la mayoría de las torturas, aunque también se implica a la armada. En el este del país, el ejército, la Fuerza Especial de Operaciones (policía) y la policía parecen ser los principales responsables. También se acusa a miembros de los grupos armados que luchan junto a las fuerzas de seguridad contra los Tigres, entre ellos la Organización para la Liberación del Pueblo de Eelam Tamil (PLOTE), la Organización para la Liberación de Eelam Tamil (TELO), y el «grupo Razeek».
Los Tigres, por su parte, también han torturado a sus prisioneros, insertando agujas y clavos bajo las uñas y produciendo quemaduras con hierros candentes. Amnistía Internacional ha recibido informes de que los Tigres habían maltratado a niños, algunos incluso menores de 14 años, después de reclutarlos por la fuerza.
La detención y tortura de niños por las fuerzas de seguridad no es una práctica frecuente, aunque sí existen informes espeluznantes de tortura de niños tamiles detenidos como sospechosos de pertenecer a los Tigres o a fin de forzar a sus familiares a entregarse a las autoridades.
La violación sexual en un conflicto armado constituye un acto de tortura y está claramente prohibida por las leyes de la guerra y por la legislación internacional de derechos humanos. Sin embargo, pese a las disposiciones legales que Sri Lanka ha introducido para proteger a las mujeres detenidas, cada año se denuncian casos de violación por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en el norte y este del país. En el marco religioso y cultural en el que se producen estos abusos, se cree que son muchos los casos de violación no llegan a denunciarse.
Además de la impunidad de que gozan actualemente los torturadores, existen otras razones para que prevalezca la tortura, por ejemplo, los amplios poderes de las fuerzas de seguridad que les permiten mantener detenidas a las personas por mucho tiempo sin tener que presentarlas ante una autoridad judicial; la ausencia de normas legales que establezcan condiciones mínimas para los procedimientos de detención; el hecho de que no se hagan cumplir las salvaguardias legales existentes; la falta de un organismo independiente de la policía que se haga cargo de las investigaciones; y la práctica aún vigente de utilizar para la detención centros no autorizados.
La tortura de personas detenidas en un contexto no político se debe con frecuencia al vínculo que existe entre la policía y los políticos locales, al nivel general de corrupción policial y a la ausencia general de independencia del cuerpo policial.
En su informe, Amnistía Internacional renueva su satisfacción por la ratificación de la Convención contra la Tortura que ha hecho Sri Lanka y por su promulgación de la Ley de la Convención contra la Tortura. Lamentablemente, estos dos pasos son a todas luces insuficientes.
Así pues, la organización pide al gobierno de Sri Lanka que ponga en práctica en su totalidad las recomendaciones del Comité contra la Tortura, y propone un programa de acción para prevenir esta práctica. La organización invita a que individuos y organizaciones, incluidos los profesionales del derecho y la medicina, se unan a esta iniciativa y promuevan el programa propuesto.
El informe pide asimismo que los Tigres pongan fin de inmediato a los actos de tortura y se abstengan de violar el derecho internacional humanitario.
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Para recibir un ejemplar del informe, o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, teléf. +44 171 413 5566.