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22 DE JUNIO DE 1999

Sri Lanka: Exhumaciones de Chemmani -- un primer paso hacia la verdad y la justicia

COLOMBO -- Ahora que se están analizando los restos óseos, exhumados la semana pasada, de dos personas «desaparecidas» a mediados de 1996 en la zona de Chemmani, en Jaffna, Amnistía Internacional ha declarado que esta exhumación es un primer paso muy importante hacia la plena rendición de cuentas por las «desapariciones» generalizadas que tuvieron lugar en esa zona en aquella época.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Colombo, los observadores de Amnistía Internacional que asistieron a la exhumación elogiaron al gobierno de Sri Lanka por llevar a cabo esta investigación de uno de los numerosos enterramientos que se cree que hay en la zona. También manifestaron su esperanza de que las nuevas fases del proceso de investigación se lleven a cabo respetando plenamente las normas internacionales relativas a la investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El 16 y 17 de junio, dos observadores de Amnistía Internacional y dos expertos forenses de Physicians for Human Rights (una organización estadounidense) presenciaron cómo los expertos locales extraían dos cadáveres de una fosa poco profunda identificada por Somaratne Rajapakse.

Rajapakse es un ex soldado de primera del ejército de Sri Lanka declarado culpable de secuestrar, violar y asesinar a una estudiante de escuela y de matar a su madre, su hermano menor y un vecino en septiembre de 1996 en Chemmani. Al concluir su juicio, en julio de 1998, este soldado reveló que en ese mismo lugar se habían enterrado muchos más cadáveres.

Una de las víctimas halladas la semana pasada en la fosa tenía los ojos vendados con una camisa; a la otra le habían atado las manos a la espalda con una camiseta. Sus familiares los han identificado como dos trabajadores de un garaje que «desaparecieron» tras ser detenidos por soldados el 19 de agosto de 1996.

Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la decisión de las autoridades de Sri Lanka de permitir que las organizaciones internacionales de derechos humanos observen el proceso. También ha instado a que esta política de transparencia se mantenga y a que las organizaciones no gubernamentales locales puedan asistir también como observadoras, si lo solicitan.

A la organización le preocupa que los familiares de las presuntas víctimas reciban información sobre el progreso y los resultados provisionales de las investigaciones, y que puedan celebrar los ritos funerarios en cuanto sea posible.

Uno de los observadores de Amnistía Internacional ha declarado: «Es necesario conseguir que se establezca una relación de confianza entre los familiares y los investigadores. Esto aumentaría las probabilidades de éxito de esta operación, ya que los familiares disponen de abundante información sobre la manera en la que "desaparecieron" sus seres queridos y sobre los lugares en los que se han enterrado sus restos. Hasta el momento, muchos no han divulgado esta información por falta de confianza».

Amnistía Internacional también ha instado al gobierno a proporcionar una indemnización adecuada a los familiares de las víctimas identificadas y a determinar cuándo se pagará dicha indemnización.

El 16 de junio, Somaratne Rajapakse realizó ante el magistrado a cargo de la investigación una declaración detallada en la que afirmó que podía identificar al menos diez lugares en los que se habían enterrado cadáveres en la zona de Chemmani. Otros individuos que fueron declarados culpables junto con él dijeron también que tenían información sobre emplazamientos de fosas comunes.

Amnistía Internacional ha instado a que estos testigos clave reciban la protección necesaria para garantizar que no sufrirán daño ni intimidaciones. También ha instado a que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas y de sus abogados, y para asegurar que el emplazamiento de la fosa es sometido a una estrecha vigilancia.

El magistrado ha ordenado que Somaratne Rajapakse localice los otros nueve enterramientos, y que todos ellos sean excavados antes de que comience la temporada de lluvias en Jaffna (que suele ser en octubre). Esta orden plantea un desafío al gobierno de Sri Lanka.

Los observadores de Amnistía Internacional han declarado: «Es importante que el equipo de investigación alcance un equilibrio entre llevar a cabo esta exhumación a un ritmo razonable para satisfacer al magistrado, los familiares y las comunidades local e internacional, que han hecho campaña para que se iniciara esta investigación, y al mismo tiempo garantizar que se cumplen las normas internacionales relativas a este tipo de investigaciones».

«Por ello, es necesario que se elaboren planes detallados para las siguientes fases de la investigación, y que dichos planes se hagan públicos.»

«Nuestra impresión es que para el equipo de expertos local, al menos en algunos momentos de las próximas fases de la investigación, podría ser beneficiosa la ayuda de forenses extranjeros que tengan experiencia en exhumar cadáveres enterrados en lugares reducidos, como por ejemplo pozos.» Amnistía Internacional se ha ofrecido a ayudar al gobierno a seleccionar arqueólogos, patólogos y antropólogos forenses de renombre internacional.

La exhumación de Chemmani pone aún más de manifiesto la necesidad de investigar las pruebas halladas en otras fosas comunes, como las citadas por las tres comisiones presidenciales encargadas de investigar las «desapariciones» cometidas en el pasado, así como las fosas en las que, según los informes, fueron enterrados los cadáveres de personas asesinadas deliberadamente mientras permanecían cautivas en poder de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil hacia el año 1990 en la península de Jaffna.

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Si desean más información, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número 44 171 413 5566.