Índice AI: ASA 43/13/00/s Servicio de Noticias 239/00

19 de diciembre del 2000 Documento público

Islas Salomón: Un día negro para los derechos humanos

La aprobación hoy en el Parlamento de una ley general de amnistía para prácticamente todos los delitos y los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los dos años de conflicto étnico puede dar lugar a que, en el futuro, los autores de torturas y homicidios confíen en salir impunes de sus atrocidades, según ha advertido Amnistía Internacional.

Un portavoz de la organización de derechos humanos ha declarado desde su Secretariado Internacional en Londres: «La impunidad por la tortura, la violación y el homicidio de civiles, incluidos niños, constituye una afrenta y no contribuye en absoluto a una paz o reconciliación duraderas. Las amnistías generales no han traído la paz en otros conflictos, y es probable que arrojen una densa sombra sobre el futuro de los derechos humanos en las Islas Salomón».

La ley de amnistía, aprobada a toda prisa por el Parlamento en tan sólo 48 horas, proporciona, según los informes, inmunidad procesal tanto penal como civil a todos los miembros de grupos políticos armados y a sus «asesores» civiles. El carácter general de la ley y la rapidez de su aprobación suscitan dudas sobre si el Parlamento ha tenido realmente oportunidad de debatir sus posibles consecuencias.

Aunque, al parecer, la ley todavía puede estar sujeta a futuras enmiendas constitucionales, su cláusula más controvertida (la cláusula de amnistía) se ha incorporado al Acuerdo de Paz de Townsville, firmado en octubre en Australia por el Movimiento de Liberación Isatabu (Guadalcanal) y la Fuerza Águila de Malaita.

Teniendo en cuenta las graves implicaciones de la ley y su amplio alcance, Amnistía Internacional insta al gobierno de las Islas Salomón a reconsiderar el ámbito de aplicación de esta ley y a tener en cuenta la necesidad de verdad, justicia y reparación en todas las leyes que se refieran a abusos contra los derechos humanos.

Información general

Tanto el Movimiento de Liberación Isatabu como la Fuerza Águila de Malaita son responsables de miles de violaciones graves de derechos humanos de las que nadie ha respondido ante la justicia. El conflicto comenzó en 1998 cuando varios grupos, que más tarde pasarían a llamarse Movimiento de Liberación Isatabu, empezaron a aterrorizar a los colonos de etnia malaita asentados en la isla principal, Guadalcanal. Desde entonces, más de 100 personas han muerto y se calcula que 30.000 se han convertido en desplazados internos. El año pasado, los grupos paramilitares malaitos, respaldados por algunos agentes de policía, tomaron represalias, y en junio del 2000 la Fuerza Águila de Malaita derrocó al gobierno mediante un golpe de Estado. A continuación, obligó al Parlamento, bajo la amenaza de una «guerra total», a elegir un nuevo primer ministro; desde entonces, muchos parlamentarios parecen haber tenido miedo de asistir a los debates parlamentarios u oponerse a las demandas de la Fuerza Águila.

La violencia cada vez más intensa de que fueron objeto los civiles después del golpe de Estado se suavizó cuando Australia y Nueva Zelanda facilitaron unas negociaciones que dieron lugar al Acuerdo de Paz de Townsville. Celebrado en la capital, Honiara, como un hito decisivo en el conflicto, el acuerdo establece recompensas a cambio de la entrega de miembros y simpatizantes de grupos armados, pero no incluye ninguna disposición para que se investiguen y se procesen los delitos, entre los que se incluyen crímenes contra la humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos. Varios grupos de la sociedad civil se han quejado de haber sido excluidos del proceso de paz. Los estrictos plazos de las negociaciones de paz de Townsville hicieron que algunas delegaciones aprobaran la cláusula de amnistía, el escollo más importante, tan sólo unas horas antes de la ceremonia de firma del acuerdo.

La puesta en práctica de las disposiciones prioritarias del acuerdo de paz ha sido lenta, debido sobre todo a que los grupos armados se han mostrado reacios a entregar al menos 1.000 armas de fuego robadas de los arsenales de la policía. Según la policía, más de 100 agentes que se unieron a la Fuerza Águila de Malaita después del golpe de Estado se han reincorporado al servicio policial sin haber rendido cuentas de los aparentes abusos contra los derechos humanos que pueden haber cometido como miembros del grupo armado.

****************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.