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1 de septiembre de 1998

NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

República de Irlanda: Las medidas de emergencia podrían violar las normas de derechos humanos

Amnistía Internacional ha dado a conocer hoy su análisis de los proyectos de ley antiterroristas propuestos por el gobierno irlandés tras el atentado con explosivos de Omagh, que serán debatidos por el parlamento irlandés (el Dail) mañana (2 de septiembre). El análisis se ha basado en las declaraciones públicas realizadas sobre las propuestas, dado que el viernes 28 de agosto no se había hecho público el proyecto.

En su análisis, la organización afirma que «la historia demuestra que las medidas adoptadas con precipitación, inmediatamente después de que se hayan cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, rara vez son efectivas para hacer que los responsables comparezcan ante la justicia».

«En lugar de salvaguardar el respeto por los derechos humanos, estas medidas dan a menudo origen a nuevos abusos y a la pérdida de confianza en el respeto por el Estado de derecho.»

Las preocupaciones concretas de la organización son las siguientes:

1.La pertenencia a organizaciones prohibidas y el derecho a guardar silencio

Amnistía Internacional ve con preocupación el hecho de que, en la propuesta, la opinión de un alto cargo policial será considerada por sí sola suficiente para acusar a una persona de pertenencia a una organización prohibida. Además, la organización está consternada por la propuesta de permitir que los tribunales extraigan conclusiones negativas cuando un sospechoso no conteste a las preguntas que le formulen las autoridades. En esencia, permanecer en silencio en virtud de estas leyes será interpretado como una prueba que corrobora la culpabilidad.

Esto conculca el derecho fundamental a guardar silencio, el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a no ser obligado a declarar contra uno mismo. Estas dos propuestas representan un desplazamiento inaceptable de la carga de la prueba de la acusación al acusado y es probable que propicien los errores judiciales.

2.Detención sin cargos

La organización ha recibido con inquietud los informes según los cuales el gobierno propone ampliar el plazo en que una persona puede permanecer detenida sin ser acusada de un delito. Esta inquietud se ve agravada por el hecho de que la práctica vigente niega a las personas detenidas por «delitos contra el Estado» el acceso a un abogado durante su interrogatorio.

El derecho de toda persona a que se le comuniquen de inmediato los delitos de los que es acusada, así como el derecho afín a comparecer sin demora ante un juez, están destinados a prevenir los malos tratos, la detención arbitraria y la reclusión prolongada sin juicio.

«Las propuestas del gobierno nos parecen desconcertantes porque, hace tan sólo un mes, se unió a más de otros cien Estados para crear una corte penal internacional que juzgará a las personas acusadas de los crímenes más atroces conocidos en el mundo: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad», ha declarado la organización.

«El gobierno irlandés apoyó el derecho de toda persona a guardar silencio, el derecho a ser informada sin demora de los delitos de los que es acusada y el derecho a contar con la presencia de un abogado durante los interrogatorios en la corte penal internacional, no obstante lo cual va a negar a sus propios ciudadanos estos mismos derechos, de ser aprobadas estas propuestas y convertirse en leyes».

3.Dar instrucciones para cometer actos de terrorismo [directing terrorism] y confiscación de propiedades

La organización ve con preocupación los informes según los cuales el gobierno podría proponer que se tipifique el nuevo delito de dar instrucciones para cometer actos de terrorismo, así como la posibilidad de confiscar propiedades. Ante la ausencia de propuestas más detalladas, la organización ha expresado su inquietud por el hecho de que estas disposiciones tengan una definición genérica y poco precisa.

La organización ha instado a los legisladores a que estudien si el texto relativo a dar instrucciones para cometer actos de terrorismo define con claridad un delito identificable y si los actos que constituirían «terrorismo» y «dar instrucciones» están definidos con claridad.

Además, la organización ha pedido a los legisladores a que consideren si la propuesta sobre confiscación de propiedades como sanción penal es realmente una forma de castigar a una persona por una conducta delictiva o, por el contrario, un castigo colectivo, algo que prohíben el derecho y las normas internacionales.