Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: EUR 33/002/2005 (Público)

Servicio de Noticias 34605

22 de diciembre de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR330022005

Malta: La investigación sobre los sucesos del centro de detención de Hal-Safi determina que las fuerzas armadas hicieron uso excesivo de la fuerza y maltrataron a los detenidos

Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación que las autoridades maltesas hicieran uso excesivo de la fuerza y maltrataran a las personas recluidas en el centro de detencion del cuartel de

Hal-Safi el 13 de enero de 2005, como se indica en un informe del 12 de diciembre de 2005 en el que se exponen las conclusiones de la junta de investigación nombrada por el gobierno maltés para esclarecer lo ocurrido. Entre otras cosas, la junta de investigación ha determinado que los militares asignados al control del centro de detención no tenían formación suficiente para realizar este tipo de trabajo. A su juicio, ciertos miembros de las fuerzas armadas no comprendieron cuál era su función en la principal acción emprendida para obligar a los detenidos a entrar de nuevo en el centro. Asimismo, hubo una falta general de coordinación entre los soldados al ejecutar el plan trazado para someter a los detenidos. La investigación ha determinado que cada uno de estos factores hizo que varios miembros de las fuerzas armadas aplicaran fuerza “exagerada y desproporcionada en esas circunstancias” en su intento de obligar a los detenidos a regresar al centro de detención. En particular, en el informe de la junta de investigación se indica que al menos un soldado hizo uso excesivo de la fuerza, al golpear a uno de los detenidos con una porra cuando estaba ya en el suelo, bajo control de otros soldados. Los malos tratos constituyen claramente una violación de los tratados y normas internacionales ratificados por Malta, así como del derecho interno maltés.

Por otro lado, a Amnistía Internacional le preocupa también la crítica que se hace en el informe de la protesta de los detenidos. Se dice en él que la negativa de éstos a entrar de nuevo en el cuartel fue ilegal, y que sus acciones hacia los soldados no fueron pacíficas. Sin embargo, la información recibida por Amnistía Internacional, basada en relatos de testigos presenciales y fotografías realizadas durante los incidentes, revela algo muy distinto: al no acatar los detenidos la orden de entrar de nuevo en el cuartel, miembros de las fuerzas armadas vestidos con traje antidisturbios y armados con porras y escudos cargaron contra ellos, a pesar de su actitud pacífica, y los trataron con violencia, por lo que más de 26 personas sufrieron lesiones y una resultó herida de gravedad.

Aunque acoge con satisfacción que se haya realizado la investigación y se hayan publicado sus resultados, Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación las conclusiones expuestas en el informe, así como la duración excesiva de la investigación. La junta de investigación, designada por el primer ministro maltés, Lawrence Gonzi, ha estado dirigida por una sola persona, la única que ha determinado sus conclusiones, el juez Franco Depasquale, magistrado retirado que es también presidente de la Junta Directiva de la Policía del Ministerio de Justicia e Interior. Su cometido consistió en lo siguiente: 1) examinar las circunstancias que llevaron a las fuerzas armadas a utilizar la fuerza contra las personas recluidas en el centro de detencion de Hal-Safi, 2) determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado en esas circunstancias y 3) determinar si el grado de fuerza utilizado por las fuerzas armadas fue excesivo. También se pidió al magistrado que formulara las recomendaciones que considerara “apropiadas” basándose en los resultados de la investigación.

Amnistía Internacional lamenta que el juez Franco Depasquale afirme en sus recomendaciones que la política de detener a los migrantes a los que se ha negado la condición de refugiado es correcta y debe seguir aplicándose. El derecho y las normas internacionales protegen la libertad y la seguridad de la persona y admiten la detención de solicitantes de asilo rechazados sólo en circunstancias estrictamente limitadas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto en la causa Chahal v. United Kingdom que toda privación de libertad de solicitantes de asilo rechazados en espera de su expulsión está justificada sólo mientras se tramita la expulsión. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Consejo de Europa, en sus “20 Directrices sobre el Retorno Forzoso”, disponen que el Estado debe realizar en cada caso un detenido examen de la necesidad de privar a la persona de su libertad.

Amnistía Internacional considera también preocupantes las recomendaciones del juez Franco Depasquale en las que se sugiere que los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo recién llegados sean trasladados de inmediato a otros países europeos y que se continúe prohibiendo a los periodistas entrar en los centros de detención y entrevistar a los detenidos. Estas recomendaciones atañen a decisiones sobre la política aplicable que, desde el punto de vista de los derechos humanos, tienen consecuencias de gran alcance para las personas recluidas en los centros de detencion y para quienes soliciten asilo en Malta, por lo que el gobierno maltés y las autoridades judiciales competentes deben evaluarlas pública, exhaustiva y detenidamente para determinar si son legales, necesarias y proporcionadas.

Amnistía Internacional pide al gobierno maltés que se cerciore de que las actuales prácticas de reclusión de solicitantes de asilo y migrantes irregulares cumplen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las Directrices del ACNUR sobre los Criterios y Estándares Aplicables con Respecto a la Detención de Solicitantes de Asilo. Asimismo, la organización insta al gobierno maltés a garantizar que todas las personas cuya detención no pueda justificarse conforme al derecho internacional de derechos humanos y las normas sobre refugiados son puestas en libertad de inmediato y que todas las personas cuya detención pueda prolongarse por considerarse que está justificada por el derecho internacional de derechos humanos tienen acceso con prontitud a un examen judicial y sólo continúan detenidas durante el menor tiempo posible.

Amnistía Internacional continúa viendo con preocupación las graves demoras del proceso de toma de decisiones sobre las solicitudes de asilo, la falta de transparencia del proceso de apelación, el hecho de que no se tenga a los solicitantes de asilo debidamente informados de sus derechos y de la marcha de sus solicitudes, la falta de asistencia letrada adecuada, la existencia de condiciones de reclusión que no cumplen las normas internacionales pertinentes y la falta de formación adecuada y apropiada para los miembros de las fuerzas armadas y la policía que se ocupan del funcionamiento cotidiano de los centros de detención de extranjeros. La organización insta al gobierno y a las autoridades maltesas a que adapten su política sobre los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional insta al gobierno maltés a que ponga a los responsables de lo ocurrido a disposición judicial para que sean procesados de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y proporcione a las víctimas un recurso efectivo, que incluya indemnización. La organización acoge con satisfacción los comentarios del secretario parlamentario Tony Abela, quien ha asegurado que se tomarán medidas disciplinarias contra todo miembro de las fuerzas armadas implicado en lo ocurrido si se demuestra que obró de manera indebida, e insta al gobierno a que continúe investigando las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza.

Información complementaria

El 13 de enero de 2005 por la mañana, más de 90 personas recluidas en el centro de detención de Hal-Safi protagonizaron una protesta pacífica, negándose a entrar de nuevo en el centro al terminar el tiempo de ejercicio. Los detenidos, algunos de los cuales llevaban, al parecer, más de 18 meses privados de su libertad, protestaban por la duración de su reclusión, la falta de información sobre la marcha de sus solicitudes de la condición de refugiado o de protección humanitaria y, en el caso de algunos cuyas solicitudes de asilo se habían rechazado ya, la falta de información sobre su futuro.

Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo con prontitud una investigación efectiva, independiente e imparcial sobre lo ocurrido y ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares en Malta, así como por la política del gobierno de detención obligatoria de todos los solicitantes de asilo que llegan al país. (Índice AI: EUR 33/001/2005) http://web.amnesty.org/library/index/eslEUR330012005?open&of=esl-MLT