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Índice AI: EUR 39/09/95

RUMANÍA: INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

BUCAREST - Cinco años después del derrocamiento del presidente Nicolae Ceausescu, y pese a las garantías ofrecidas a la comunidad internacional, en Rumanía persisten graves violaciones de derechos humanos.

En la víspera de la celebración del Seminario Internacional sobre la Tolerancia, Amnistía Internacional ha publicado un informe que condena las restricciones al derecho a la libertad de expresión, el encarcelamiento únicamente por razones de homosexualidad, la tortura y los malos tratos a detenidos y una pauta a escala nacional de falta de protección policial a la minoría romaní frente a la violencia racista.

A pesar de las garantías del gobierno a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Europa, de que se compromete a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y pese a las mejoras en la situación de derechos humanos desde diciembre de 1989, Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de violaciones de derechos humanos en Rumanía.

La organización de derechos humanos ha documentado casos de presos de conciencia, tortura y malos tratos a detenidos y muerte bajo custodia en circunstancias sospechosas. Entre los presos de conciencia ha habido personas que ejercieron de modo pacífico el derecho a la libertad de expresión, personas que fueron encarceladas por realizar actos homosexuales entre adultos en privado con consentimiento mutuo, y miembros de la etnia romaní que fueron detenidos al parecer únicamente a causa de su origen étnico.

Aunque el número de presos de conciencia es menor que en los años anteriores al derrocamiento de Ceausescu, los informes indican que la tortura, las palizas y otras formas de malos tratos a detenidos continúan siendo generalizadas.

«El aumento del nacionalismo en Rumanía desde 1990 ha tenido especial impacto en los miembros de la etnia romaní», ha declarado Amnistía Internacional. «La impunidad de los agentes de policía y la existencia de una pauta a escala nacional de protección policial inadecuada de las vidas y los bienes de los miembros de la etnia romaní han alentado nuevos actos de violencia racista», ha añadido la organización.

Las autoridades rumanas no han tomado todas las medidas necesarias para garantizar que todos los ciudadanos sin distinción disfrutan de los derechos y libertades establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.

«El gobierno rumano ha garantizado a la comunidad internacional que se compromete a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, no ha reflejado este compromiso en sus instituciones políticas nacionales», ha declarado Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos considera esto como una medida esencial en relación con la reforma legislativa, y para garantizar que los funcionarios públicos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetan los derechos humanos.

«Tradicionalmente, los agentes de policía han antepuesto la protección de los intereses del Estado a los derechos de los ciudadanos universalmente reconocidos. Por ello, es fundamental la educación y la formación destinada a la promoción de una cultura de los derechos humanos entre los funcionarios públicos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», ha manifestado la organización.

El problema se complica por la existencia de una pauta de impunidad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley responsables de violaciones de derechos humanos. Raramente se cumplen las normas internacionales, que exigen investigaciones sin demora, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos. Las normas internacionales, que exigen investigaciones imparciales, exhaustivas y sin demora sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, se cumplen en raras ocasiones.

A menudo, las investigaciones en Rumanía se ven dificultades y se alargan innecesariamente por los métodos inadecuados utilizados para reunir pruebas. Los fiscales no ejercen suficiente control sobre los agentes de policía que participan en investigaciones que afectan a sus compañeros, y se suele dar mayor credibilidad a los indicios en favor de un agente de policía sospechoso que a los que apoyan las denuncias del demandante.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la colaboración e información que ha recibido de las autoridades rumanas, especialmente de la oficina del Fiscal General. Las autoridades nacionales y locales han entablado voluntariamente un diálogo abierto con la organización. Sin embargo, en determinados casos, el Servicio de Inteligencia de Rumanía ha considerado una amenaza a la seguridad nacional la vigilancia de los derechos humanos. Varias personas que se pusieron en contacto con Amnistía Internacional en relación con violaciones de derechos humanos posteriormente fueron hostigados e intimidados por agentes del Servicio de Inteligencia de Rumanía.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe, Amnistía Internacional pide al gobierno rumano que cree una comisión de investigación pública que cumpla las normas internacionales, y que ponga en marcha un revisión de las leyes y otras disposiciones que regulan la protección de los derechos humanos. «También instamos al Consejo de Europa a que garantice que Rumanía pone en práctica las reformas recomendadas por la Asamblea Parlamentaria a fin de adecuar la legislación y la práctica rumanas al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales», ha declarado Amnistía Internacional.