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ÍNDICE AI: EUR 39/13/98/s

DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

RUMANÍA

Resumen de preocupaciones respecto de los derechos humanos

Estrasburgo

21 de abril de 1998

Hace exactamente un año, en abril de 1997, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concedió a Rumanía un año para que atendiera varias peticiones concretas encaminadas a abordar las cuestiones pendientes relativas a los derechos humanos. Tanto las peticiones como el plazo se formularon en relación con la decisión del Parlamento de poner fin a su seguimiento formal del cumplimiento por Rumanía de las obligaciones y compromisos que este país adquirió al incorporarse al Consejo de Europa en octubre de 1993.

En los últimos 12 meses, el respeto de algunos derechos humanos fundamentales en Rumanía no ha mejorado de forma significativa, y Amnistía Internacional expresa su honda inquietud por esta ausencia de avances.

Sin duda, es demasiado pronto para que organismos como el Consejo de Europa relajen su seguimiento minucioso de la situación de los derechos humanos en Rumanía. De hecho, ahora es el momento de que el Consejo tome medidas efectivas para garantizar un auténtico respeto a los compromisos que asumió Rumanía cuando fue admitido como miembro de ese organismo. El Estado rumano ya ha dispuesto de cuatro años y medio para cumplir estos compromisos, y sin embargo no ha introducido mejoras en la protección de varios derechos humanos fundamentales.

Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de violaciones de derechos humanos como el encarcelamiento de presos de conciencia, detenidos en aplicación de una ley cuya abolición solicitó el Consejo de Europa a Rumanía.

El artículo 200 de esta ley contiene párrafos que tipifican como delito los actos homosexuales realizados entre adultos con consentimiento e imponen excesivas restricciones a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Desde 1993, Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al Parlamento rumano que revise dicho artículo 200.

Asimismo, la organización ha solicitado a menudo a las autoridades rumanas información sobre las personas encarceladas en aplicación del artículo 200, pero el Ministerio de Justicia no ha facilitado estadísticas precisas ni completas sobre las condenas impuestas en aplicación de esta norma legal. Una reciente carta de la Dirección General de Prisiones afirmaba que en 1997 no había nadie encarcelado en las prisiones rumanas en aplicación del párrafo 1 del artículo 200. No obstante, en septiembre de 1997, un funcionario del mismo organismo facilitó a Amnistía Internacional información sobre tres hombres recluidos en aplicación de dicha normativa, a dos de los cuales entrevistó posteriormente la organización en la penitenciaría de Poarta Albă.

Por otro lado, hace años que Amnistía Internacional viene pidiendo a Rumanía que modifique otras leyes y normas para que sean conformes con sus compromisos internacionales respecto de los derechos humanos, como las disposiciones contenidas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Criminal, la Ley número 46/1996, sobre Preparación de la Población para la Defensa, y la Ley número 26/1994, sobre Organización y Funciones de la Policía Rumana.

La tortura y los malos tratos a manos de la policía es otro problema grave de derechos humanos que las autoridades rumanas no han abordado de forma adecuada. Hace poco, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, que visitó Rumanía en septiembre y octubre de 1995, confirmó los informes que Amnistía Internacional viene publicado desde hace varios años. Una de las principales conclusiones de este organismo fue que «las personas detenidas como presuntos autores de un delito, en el momento de la detención y/o en el curso del interrogatorio, afrontan un riesgo no despreciable de ser sometidas por la policía a malos tratos, que a veces son graves y equivalen incluso a torturas».

Además, Amnistía Internacional ve con inquietud que las investigaciones sobre denuncias de tortura y malos tratos no se han realizado aparentemente con rapidez e imparcialidad, como exigen el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas, y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Rumanía es parte.

A principios de la década de 1990, decenas de comunidades gitanas de todo el país sufrieron incidentes de violencia racista. Amnistía Internacional ve con preocupación que, en la mayoría de estos incidentes, las autoridades no protegieron adecuadamente las vidas y las propiedades de las víctimas. Nunca se ha investigado de forma exhaustiva e imparcial la conducta de la policía en tales incidentes.

Hoy Amnistía publica un informe de 32 páginas que resume algunos de los motivos de preocupación más importantes de la organización respecto de Rumanía. Amnistía Internacional formula varias recomendaciones de generales sobre reformas legislativas y sobre la investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dos apéndices del informe documentan casos de tiroteos, muertes bajo custodia, tortura y malos tratos, cuya investigación inmediata y exhaustiva ha instado la organización a las autoridades rumanas.

La protección de los derechos humanos fundamentales en Rumanía no es sólo competencia de las autoridades nacionales. La comunidad internacional comparte la responsabilidad de garantizar que las leyes y prácticas rumanas con congruentes con los compromisos y obligaciones internacionales de Rumanía. Dada la pertenencia de Rumanía al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como sus aspiraciones de incorporarse a la Unión Europea, las organizaciones intergubernamentales regionales tienen un papel especialmente importante que desempeñar en la consecución del respeto de los derechos humanos en Rumanía.