No más violencia contra las mujeres: texto folleto España

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No más violencia contra las mujeres

España: Sin protección de la ley

Amnistía Internacional

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Mujeres asesinadas

tras pedir

en vano

que las protegieran

Alicia Arístregui fue golpeada y sometida a abusos por su esposo durante los 14 años de su matrimonio. Sufrió malos tratos psicológicos, además de físicos. Cuando lo dejó, él continuó amenazándola e incumplió reiteradamente la orden judicial de alejamiento. Alicia y su familia acudieron a la policía y a los tribunales en busca de protección, pero no les hicieron caso.

Un día, cuatro meses después de haber dejado a su esposo, éste la asaltó. Alicia acababa de dejar a sus hijos en la parada del autobús escolar. La mató a puñaladas.

Alicia había dejado a su esposo en enero del 2002 y había buscado refugio en un centro oficial de acogida. Al solicitar la orden judicial de alejamiento, reveló que había necesitado terapia debido a los abusos. Manifestó que su esposo amenazaba reiteradamente con quitarle la custodia de sus hijos y quedarse con la casa familiar, y que creía que cumpliría las amenazas.

Alicia y sus hermanos comunicaron con frecuencia al juez que el esposo incumplía la orden judicial de alejamiento. Esta información no se transmitió a la policía municipal de su localidad. Las autoridades hicieron caso omiso de las reiteradas solicitudes de protección hechas por la familia. En julio del 2003, el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del poder judicial en España, se mostró de acuerdo con la conducta del juez por considerar que los jueces no tenían obligación de garantizar la coordinación entre los distintos cuerpos de policía.

Desde la muerte de Alicia, uno de sus hermanos ha fundado una organización para que se proporcione protección policial a las víctimas de la violencia de género. En muchos casos, los tribunales no se han tomado en serio las denuncias de amenaza de muerte y agresión presentadas por las mujeres contra su pareja o no han hecho cumplir las órdenes de alejamiento, a veces con consecuencias fatales. Asimismo, se destinan muy pocos fondos públicos a la subvención de centros de urgencia, refugios y apartamentos de acogida, que se distribuyen de forma muy desigual por el país, dado que su existencia depende fundamentalmente de la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para abrirlos y hacerlos funcionar.

En un fallo de mayo del 2003, el Tribunal Supremo se negó a reconocer que el Estado sea responsable de proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Anuló una indemnización concedida por un tribunal inferior a la familia de Mar Herrero, una mujer asesinada por su ex pareja tras sufrir durante meses amenazas y actos de hostigamiento de los que había informado a las autoridades. El Tribunal determinó que el Estado sólo era responsable en el caso de que el delito fuera cometido por agentes estatales o con su conocimiento o aquiescencia.

Mar Herrero murió en octubre de 1999 a manos de un hombre que había sido condenado por intentar asesinar a otra mujer que había sido pareja suya. Lo habían puesto en libertad condicional siete meses antes, en contra de la opinión del psicólogo de la prisión. Siete días antes del homicidio, se rechazó una solicitud presentada por la Fiscalía General para que se revocara la orden de libertad condicional.

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Alicia Arístregui © Cortesía de Eugenio Arístregui

Foto de portada: Manifestación de mujeres en el centro de Madrid, España, para protestar contra la violencia doméstica. © Andrea Comas/Reuters

Amnistía Internacional

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Acción contra la violencia doméstica en España

Escriba al gobierno español, instándolo a:

· garantizar el cumplimiento riguroso de las órdenes de protección dictadas por los tribunales.

· ofrecer rápidamente la debida indemnización a las mujeres víctimas de violencia de género y equipararlas con otras categorías de víctimas de delitos violentos desde el punto de vista del acceso al apoyo y servicios pertinentes.

· llevar a cabo un estudio sobre el índice de condenas por delitos violentos contra mujeres a fin de determinar una posible discriminación de las mujeres que son víctimas de abusos.

Envíe su carta a: Presidente de Gobierno, Presidencia de Gobierno, Complejo de la Moncloa, 28071 Madrid, España. Fax Nº: +34 91 3900217.

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Puede también visitar el sitio web de Amnistía Internacional www.amnesty.org/actforwomen

Índice AI: EUR 41/001/2004

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