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8 de octubre de 1999

El caso Pinochet: «Una sola ley para un solo mundo»

Las palabras pronunciadas por el juez Ronal Bartle al dictar su decisión sobre la extradición de Pinochet a España no dejan lugar a dudas, ha manifestado Amnistía Internacional: «Habrá uan sola ley para un solo mundo».

Tras estudiar el texto de la decisión, la organización la ha calificado de «paso fundamental hacia el respeto universal de los derechos humanos en el nuevo siglo».

«Esta decisión servirá de claro recordatorio a los fiscales y los tribunales de todo el mundo —ha añadido Amnistía Internacional—. En virtud del derecho internacional tienen el deber de ejercer la jurisdicción universal sobre presuntos autores de tortura que se encuentren en su territorio o de extraditarlos a Estados que puedan y someterlos a un juicio justo y estén dispuestos a ello».

Según los expertos en asuntos jurídicos de Amnistía Internacional, la decisión sienta firmemente las bases de la consolidación de un sistema internacional de justicia en la larga lucha contra los crímenes de lesa humanidad y da nuevas esperanzas a la víctimas y a sus familiares en su larga búsqueda de la verdad y la justicia.

Un aspecto clave de esta decisión es que da vía libre a la extradición de Pinochet por todos los casos de tortura (35 en total) sometidos a la consideración del tribunal y, no menos importante, por los 1.198 casos de «desaparición».

«Amnistía Internacional ha sido siempre de la opinión de que el tribunal debía permitir la extradición de Pinochet por todos los cargos presentados en su contra y de que la «desaparición» constituye tortura a largo plazo. La decisión judicial de hoy da un enorme respaldo tanto a esta opinión como a los derechos de los millares de personas “desaparecidas” no sólo en Chile, sino también en todo el mundo», ha explicado la organización.

En relación con los pasos siguientes de este notable caso, Amnistía internacional recuerda una vez más a las autoridades británicas su obligación internacional (contraída en virtud del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura), de seguir adelante con la extradición de Pinochet o someter el caso a la consideración de las autoridades locales competentes a fin de iniciar el enjuiciamiento en el Reino Unido.

«La decisión de hoy refuerza la tranformación radical experimentada por el derecho internacional el año pasado —ha manifestado Amnistía Internacional—. Los casos de tortura no se consideran ya delitos políticos de los que han de ocuparse los políticos y los diplomáticos, sino crímenes por los que se debe iniciar un procesamiento en los tribunales de justicia».

Información adicional

El juez Bartle ha determinado que, basándose en sus averiguaciones, está convencido de que se cumplen todas las condiciones necesarias para obligarle, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Extradición de 1989 del Reino Unido, a dictar auto de procesamiento contra Augusto Pinochet en espera de la decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw.

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