PÚBLICOÍndice AI: EUR 45/39/00/s

9 de marzo del 2000

Más información sobre EXTRA 02/00 (EUR 45/10/00/s, del 14 de enero del 2000) y su actualización (EUR 41/02/00/s, del 11 de febrero del 2000) - Impunidad y preocupación jurídica

REINO UNIDOAugusto Pinochet, ex presidente de Chile

El 2 de marzo del 2000, el ministro del Interior británico, Jack Straw, resolvió que no ordenaría la extradición de Augusto Pinochet a España. Decidió, asimismo, no ordenar que continuaran las actuaciones judiciales relativas a las solicitudes de extradición cursadas por Suiza, Bélgica y Francia.

El gobierno español se negó a transmitir a las autoridades británicas la petición cursada por el juez Baltasar Garzón para que la Fiscalía General de la Corona interpusiera recurso de revisión judicial contra la decisión de Jack Straw. Las autoridades españolas manifestaron que respetarían la decisión de las autoridades británicas de cerrar el proceso de extradición y que no emprenderían más acciones al respecto. Suiza, Bélgica y Francia no apelaron contra la decisión del ministro.

El 2 de marzo, el mismo día en que Augusto Pinochet abandonó el Reino Unido, siete abogados de derechos humanos presentaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, en Chile, una solicitud de que se revocara la inmunidad parlamentaria de que goza Augusto Pinochet en su calidad de senador vitalicio. Según los informes recibidos, el 6 de marzo el juez chileno Juan Guzmán Tapia también solicitó el desafuero del senador. Se prevé que la Corte de Apelaciones anuncie su decisión dentro de dos meses. Conforme al artículo 58 de la constitución de Chile, esta decisión es recurrible ante la Corte Suprema de Justicia.

El 7 de marzo, según informes, el Consejo de Defensa del Estado, que representa los intereses legales del Estado chileno, anunció que se había personado en la querella contra Augusto Pinochet y otros generales chilenos en relación con su responsabilidald en el caso de la «Caravana de la Muerte», en el que se alega que durante una operación militar llevada a cabo en 1973 en el norte del país se cometieron 72 ejecuciones extrajudiciales.

Los informes indican que se han elevado a las autoridades judiciales de Chile 70 querellas penales contra Augusto Pinochet.

Amnistía Internacional continuará trabajando para conseguir el fin de la impunidad en Chile y apoyar a las organizaciones no gubernamentales chilenas en su lucha para que se conozca la verdad y se haga justicia.

Les agradecemos el trabajo que han realizado durante estos últimos meses. Los miembros de la Agrupación de Detenidos-Desaparecidos y otras organizaciones no gubernamentales chilenas han expresado su gratitud por la labor realizada por los miembros de Amnistía Internacional.

Por el momento, no se requieren más acciones por parte de los miembros de la Red de Acción Urgente.