Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - Russie. Il faut protéger les droits dans le Caucase du Nord. L'insurrection ne saurait excuser l'érosion de l'état de droit, affirment sept organisations

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Índice AI: EUR 46/015/2009
7 de julio de 2009


Rusia: Proteger los derechos en el Cáucaso septentrional. La insurgencia no es excusa para olvidar el Estado de derecho


La población de la región de la Federación Rusa del Cáucaso septentrional merece estabilidad real, basada en la ley y en el respeto de sus derechos humanos.

Siete organizaciones de derechos humanos –el Comité Sueco de Helsinki, el Comité Noruego del Helsinki, el Centro de Derechos Humanos Memorial, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, La Asociación Austriaca de Helsinki y Amnistía Internacional—piden a las autoridades rusas, en especial a las regionales, que respeten estrictamente el Estado de derecho en el Cáucaso septentrional para impedir que se intensifiquen aún más en la región la violencia y los abusos contra los derechos humanos.

Las autoridades están combatiendo la insurgencia en el Cáucaso septentrional, pero es esencial que se comprometan pública e inequívocamente a hacerlo de manera que no se genere ilegalidad, falta de rendición de cuentas y abusos contra los derechos humanos, lo cual no haría más que agravar el conflicto.

La insurgencia en el Cáucaso septentrional se ha extendido más allá de Chechenia y afecta ya a Ingushetia, Daguestán y Kabardino-Balkaria. El presidente de Ingushetia sobrevivió el mes pasado a un intento de asesinato, como consecuencia del cual sufre lesiones que le mantienen en estado crítico. En junio mataron al vicepresidente del Tribunal Supremo de Ingushetia y al ministro del Interior de Daguestán. Decenas de agentes de policía y de las fuerzas de seguridad han muerto o han resultado heridos. El gobierno debe abordar estos graves delitos, que parecen formar parte de una estrategia violenta de grupos armados. Sin embargo, la lucha contra estos grupos sólo tendrá éxito si se lleva a cabo por medios legales y respetando los derechos de todas las personas en el Cáucaso septentrional.

Un informe publicado por Amnistía Internacional el 1 de julio (Russian Federation: Rule without law. Human rights violations in North Caucaso,Índice: EUR 46/012/2009) documenta casos de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, y “confesión" forzada de los que han sido víctimas en el Cáucaso septentrional personas sospechosas de participar en la insurgencia y en otros delitos. Asimismo, en un informe publicado el 2 de julio, Human Rights Watch documenta incendios de casas de familiares de presuntos insurgentes llevados a cabo por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Chechenia con fines punitivos.

Nos preocupan los indicios, cada vez más numerosos según estos informes y otras fuentes, de que las autoridades utilizan de manera habitual tácticas ilegítimas para responder a los delitos que se comenten y para presionar a los familiares de presuntos insurgentes a fin de obligar a éstos a rendirse.

Los incendios de viviendas, la tortura y otros malos tratos y las desapariciones forzadas denunciados por numerosas fuentes fidedignas constituyen violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y están estrictamente prohibidos por diversos tratados internacionales en los que Rusia es Estado Parte.

Nos preocupa que recientes declaraciones de varias autoridades gubernamentales del Cáucaso septentrional en las que se piden medidas ilegítimas para abordar la violencia puedan dar lugar a más abusos contra los derechos humanos. Asimismo, consideramos motivo de gran preocupación que parezca haberse concedido a Ramzan Kadyrov autoridad para emprender operaciones conjuntas contra la insurgencia en Ingushetia, pues se ha llamado la atención de nuestras organizaciones sobre graves y creíbles denuncias de participación de sus fuerzas en violaciones generalizadas de derechos humanos.

Instamos al gobierno ruso y a las autoridades regionales a:

Explicar públicamente y de manera inequívoca que van a restablecer el Estado de derecho en el Cáucaso septentrional.
Poner fin a toda medida ilegítima tomada para combatir la insurgencia y abstenerse de volver a adoptarla en el futuro.
Iniciar investigaciones y enjuiciamientos por las violaciones de derechos humanos cometidas.
Aplicar plenamente las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la violencia en la región.

Información complementaria
El último conflicto armado de Chechenia, que comenzó hace 10 años, dio lugar a crímenes de guerra y a abusos generalizados, graves y sistemáticos contra los derechos humanos, cometidos por grupos armados, así como por las fuerza federales y regionales rusas. Aunque el conflicto ha disminuido en el territorio de Chechenia, en los últimos años se ha extendido a otras repúblicas, como Ingushetia, Kabardino-Balkaria y Daguestán, una insurgencia armada que pretende derrocar a las autoridades y establecer un gobierno islámico. Los ataques de grupos armados contra los organismos encargados de hacer cumplir la ley han matado a centenares de personas, incluidos civiles. Por otro lado, se reciben a menudo informes sobre desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos a manos de las autoridades.

En Chechenia se han reconstruido Grozni y otras ciudades, pero aún no ha vuelto a la normalidad la vida de millares de personas, que esperan justicia por la tortura y otros malos tratos que han soportado y por las desapasiones forzadas y los homicidios de sus familiares. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado ya sobre más de 100 casos de Chechenia. Las reparaciones dispuestas en estas decisiones tienen todavía que hacerse efectivas plenamente, sin que queden limitadas al pago de una indemnización. Es preciso realizar investigaciones imparciales y exhaustivas sobre estos delitos, con miras a procesar a sus autores. Los responsables de violaciones de derechos humanos deben ser sometidos a un juicio justo, conforme a las normas internacionales, para dejar claro que quienes las cometan deberán rendir cuentas y para establecer la verdad en el sistema judicial.

Documento público

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