Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: EUR 49/006/2007 (Publico)

Servicio de Noticias: 104/07

7 de junio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR490062007

Bielorrusia: Orden de expulsión contra un pastor protestante por participar en un servicio religioso

Amnistía Internacional ha escrito hoy, 7 de junio de 2007, al ministro del Interior y al procurador general bielorrusos para protestar por la decisión de expulsar a Jaroslaw Lukasik, pastor protestante y miembro de la Unión de Cristianos de la Fe Evangélica. El 30 de mayo de 2007 fue declarado culpable de participar en “actividades religiosas ilegales”, tras lo cual se dictó una orden de expulsión contra él, en virtud de la cual tenía ocho días para abandonar el país. El plazo acaba hoy. También se le impuso una multa de valor equivalente a un mes de sueldo. Jaroslaw Lukasik es ciudadano polaco y reside en Bielorrusia desde 1999. Su esposa y sus tres hijos tienen nacionalidad bielorrusa.

Jaroslaw Lukasik fue detenido el 27 de mayo, cuando la policía irrumpió en casa del pastor Antoni Bokun, de la Iglesia Pentecostal de Juan el Bautista, en medio de un servicio religioso. Quedó en libertad el mismo día, tras acudir el cónsul polaco a la comisaría de policía. Se presentaron cargos contra él en aplicación del artículo 23.43 del Código de Infracciones Administrativas por celebrar una reunión no aprobada. Amnistía Internacional ha recibido también informes según los cuales, el 8 de mayo, las autoridades bielorrusas le retiraron el permiso de residencia, acusándolo de “actividades dirigidas a dañar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia en la esfera de las relaciones interconfesionales”. Según la información recibida, la policía le retiró el permiso de residencia a raíz de un informe del Comité de Seguridad del Estado (KGB) en el que se le acusaba de “dirigir actividades religiosas ilegales en comunidades protestantes, participar en actividades de grupos politizados y de tendencia radical y residir en una zona distinta de su lugar de residencia registrado oficialmente”.

Amnistía Internacional teme que Jaroslaw Lukasik haya sido declarado culpable de delitos que no representan más que el ejercicio pacífico de diversos derechos, como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. La organización teme también que el procedimiento de expulsión no se haya llevado a cabo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

En su carta, Amnistía Internacional pide al gobierno bielorruso que anule la orden de expulsión dictada contra Jaroslaw Lukasik y respete sus derechos, permitiéndole continuar realizando la labor pacífica de su ministerio junto con su familia en Bielorrusia. La organización recuerda asimismo al gobierno las obligaciones que debe cumplir Bielorrusia como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), cuyos artículos 18, 19, 20 y 21 garantizan el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de expresión, asociación y reunión.

Información complementaria

La expulsión de Jaroslaw Lukasik forma parte de una campaña general de represión de las comunidades religiosas de Bielorrusa. En virtud de la restrictiva Ley de Religiones de 2002, sólo las asociaciones religiosas de ámbito nacional registradas tienen derecho a establecer monasterios, misiones e instituciones educativas, así como a invitar a ciudadanos extranjeros a predicar o dirigir otras actividades religiosas en Bielorrusia. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Bielorrusia no había respetado las garantías de libertad religiosa del artículo 18 del PIDCP por haberse negado a legalizar una asociación de Hare Krishna de ámbito nacional. El gobierno bielorruso rechazó esta crítica señalando que su negativa se atenía al derecho interno del país.

Hace falta permiso oficial para celebrar servicios religiosos en edificios que no son de carácter religioso, pero a las comunidades que no tienen locales propios les resulta cada vez más difícil alquilarlos. Esta situación afecta en particular a grupos religiosos como los protestantes, que no tienen patrimonio religioso histórico. Es bastante habitual que los propietarios de los edificios rescindan los contratos de alquiler a los protestantes poco después de que las autoridades hayan sido informadas. En octubre de 2006, miembros de la carismática Iglesia de la Nueva Vida de Minsk iniciaron una notoria huelga de hambre para reivindicar su derecho a utilizar sus propios terrenos y edificios para el culto, pero hasta la fecha no se les ha concedido permiso. Debido a esta persecución constante, algunas comunidades religiosas han restringido e incluso dejado de realizar sus actividades religiosas.