AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: EUR 55/001/2009
4 de marzo de 2009

 
AZERBAIYÁN: Amnistía Internacional expresa satisfacción por la retirada de una demanda contra destacada defensora de derechos humanos

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la decisión del ministro del Interior de Azerbaiyán de retirar la demanda civil iniciadas por su Ministerio contra la activista de derechos humanos Leila Yunus, directora del Instituto para la Paz y la Democracia, por presunta difamación. El 2 de marzo de 2009 se celebró una vista sobre el caso ante el Tribunal de Distrito de Yasamal de la capital, Bakú, en la que se anunció que se había retirado la demanda por difamación contra Leila Yunus.

Amnistía Internacional ha manifestado a las autoridades su preocupación porque, en este caso, el inicio de estas actuaciones por un organismo público, con la posibilidad de que se impusiera una cuantiosa multa, representaba un obstáculo inaceptable para la libertad de expresión y, en concreto, para la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. El temor a sufrir consecuencias similares podría disuadir a otros ciudadanos, incluidas víctimas de violaciones de estos derechos y sus familias, de denunciar las violaciones y hablar de ellas, siendo como son un asunto de legítimo interés público.

La demanda por difamación iniciada por el Ministerio del Interior se basaba en una entrevista con Leila Yunus publicada en el sitio web de noticias www.day.azel 3 de diciembre de 2008, sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos reveladas en un juicio penal público en curso en el que Leila Yunus actuaba como observadora. El juicio en cuestión se celebra contra Tavakkul, Elnur y Elchin Ismailov en el caso de la desaparición de tres niñas, Diliafruz Dashtieva y las hermanas Nailia y Reikhan Medzhidova, en el distrito de Devechi de Bakú. Se encontraron dos cuerpos que las autoridades identificaron como los de dos de las niñas desaparecidas; sin embargo, las familias de las niñas cuestionaron la identificación y han expresado el temor de que las niñas estén vivas y hayan sido secuestradas para ser objeto de trata.

En la entrevista del 3 de diciembre, las denuncias de violaciones de derechos humanos expuestas por Leila Yunus incluían el hecho de que el tribunal no hubiera investigado exhaustivamente hasta la fecha las denuncias de los acusados de que habían sido sometidos a torturas y otros malos tratos, según los informes para obtener confesiones de asesinato, así como las denuncias de que un jefe adjunto de la policía del distrito de Devechi había ordenado el secuestro de las niñas.

Tras la publicación de la entrevista el 3 de diciembre y después de una conferencia de prensa conjunta en la que intervinieron Leila Yunus, los padres de las niñas desaparecidas y los padres de los acusados, el 5 de diciembre, el tribunal citó al jefe adjunto de la policía del distrito de Devechi para que testificara el 11 de diciembre. Según los informes, el funcionario negó haber cometido ningún acto ilegítimo. No se sabe hasta la fecha de ninguna otra investigación sobre las denuncias de implicación del funcionario en la trata de seres humanos. En diciembre de 2008, los padres de las dos hermanas desaparecidas informaron de que habían recibido amenazas telefónicas anónimas y expresaron su temor por la seguridad de sus familias.

El 13 de diciembre de 2008, el ministro del Interior de Azerbaiyán, en nombre del Ministerio del Interior, formuló una demanda civil por difamación contra Leila Yunus en relación con la entrevista citada, alegando que Yunus había hecho alusiones sin fundamento, ficticias y difamatorias.  

En sus alegatos, el Ministerio había pedido que Leila Yunus se desdijera de sus declaraciones, pidiera disculpas e indemnizara al Ministerio del Interior por daños morales con el pago de 100.000 manats (96.858 euros).

Basándose en el análisis de la entrevista con Leila Yunus, Amnistía Internacional considera que el tema —denuncias de tortura y otros malos tratos y de la implicación de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley en un caso de presunta trata de seres humanos— constituye un asunto de interés público. La organización considera que al revelar denuncias de violaciones de derechos humanos, Leila Yunus no sólo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión como persona, sino también su derecho y su responsabilidad como defensora de derechos humanos. Como tal, tiene derecho a hablar y opinar sobre el respeto de los derechos humanos y a llamar la atención de la opinión pública hacia ellos, tal como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU.

En relación con las denuncias de tortura y otros malos tratos realizadas por los enjuiciados en el caso de las tres niñas, y de posible implicación de la policía en la trata de seres humanos, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que garanticen que un órgano que no esté subordinado en modo alguno al Ministerio del Interior y sea independiente de él las investigue de forma rápida, exhaustiva, imparcial e independiente.

FIN/