Amnistía Internacional

REPÚBLICA DE GEORGIA

Preocupaciones sobre pena de muerte, tortura y juicios justos en el caso 7493810

MAYO DE 1995RESUMENÍNDICE AI: EUR 56/04/95/s

DISTR: SC/PO/CO/GR

El 6 de marzo de 1995 concluyó un importante juicio político en el Tribunal Supremo de Georgia. Dos de los acusados fueron condenados a muerte. Otros fueron condenados a penas de hasta 14 años de cárcel.

Los inculpados en el caso 7493810 estaban acusados de participar en crímenes violentos. Sin embargo, todos han denunciado que fueron torturados o maltratados durante los interrogatorios y que sus declaraciones fueron obtenidas mediante coacción. Permanecieron en detención preventiva durante 17 meses. Sus juicios duraron hasta 17 meses y a lo largo del proceso judicial denunciaron numerosas violaciones del procedimiento legal. Permanecieron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad en un centro de detención en el que la tuberculosis está muy extendida. Según los informes recibidos, varios de ellos se encontraban enfermos pero la asistencia médica que recibieron fue, al parecer, arbitraria e inadecuada, no habiendo medicamentos disponibles salvo los proporcionados por los familiares de los afectados.

La primera parte de este informe contiene la información general sobre el caso 749 3810, y sobre las preocupaciones que ha expresado reiteradamente Amnistía Internacional ante las autoridades. La segunda parte sitúa la preocupación de Amnistía Internacional sobre las sentencias de muerte dictadas en el caso 7493810 en el contexto de la reciente reintroducción de la pena de muerte en Georgia.

PALABRAS CLAVE: CONFESIONES / JUICIOS / TORTURA/MALOS TRATOS / PENA DE MUERTE / SENTENCIA DE MUERTE / CONDICIONES PENITENCIARIAS / MALA SALUD / DETENCIÓN ARBITRARIA / CONFIRMACIÓN MÉDICA / INGENIEROS / MÉDICOS / CIENTÍFICOS / ECONOMISTAS / AGRICULTORES / VÍCTIMAS MILITARES / PROFESORES / CONDUCTORES / ESTUDIANTES / POLICÍA / TESTIMONIOS DE PRESOS / FOTOGRAFÍAS /

Este informe es el resumen de un documento titulado República de Georgia: Preocupaciones de Amnistía Internacional relativas sobre pena de muerte, tortura y juicios justos en el caso 7493810 (Índice AI: EUR 56/04/95/s), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 1995. Si desean más información o emprender alguna acción al respecto deberán consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Dos tipos entraron en la celda donde estaba yo. Empezaron a amenazarme. Me golpearon con porras de goma. Otro método consiste en sentarte en el suelo con las rodillas hacia arriba. Te ponen esposas en las manos y debajo de las piernas y te golpean en las plantas de los pies. Perdí el conocimiento. Me rompieron la nariz. Luego vinieron a grabarme en video para enseñarme por la televisión. Incluso me maquillaron la cara para que no se notara que tenía la nariz rota.

Venían a interrogarme regularmente a las dos o las tres de la mañana. Vinieron muchas veces, unas 10 o 15 veces a lo largo de aproximadamente un mes y 20 días, o 2 meses. Me dieron tantas palizas que no las podría ni contar. En una ocasión me tuvieron dos semanas en una habitación. Pusieron música fúnebre. Fue indescriptible. Había excrementos en el suelo, de manera que no se podía pisar. Apestaba.

Hicieron entrar a mis hijos. El jefe de la División para la Lucha Antiterrorista me dijo: «Si quieres que vivan, firma». Para entonces mi madre ya estaba detenida. Yo ya sabía que si no admitía mi culpabilidad aniquilarían a toda mi familia.

Irakli Dokvadze, acusado en el caso 7493810 y en espera de ser ejecutado.

Vinieron a detenernos unos 20 o 30 hombres vestidos de paisano. Nos esposaron y nos vendaron los ojos. No nos enseñaron ninguna orden de detención. Nos golpearon sin parar. Nos siguieron golpeando en el avión. Yo tenía hematomas y la cara la tenía llena de sangre. Todavía tengo cicatrices en la cara.

Exigieron que confesara que había participado en el atentado con automóvil bomba contra Ioseliani y que lo había hecho bajo órdenes de Gamsakhurdia. Nos hicieron hablar por la televisión. Kviraia [el actual ministro del Interior] estuvo presente en todo momento.

Petre Gelbakhiani, acusado en el caso 7493810 y en espera de ser ejecutado.

Estos testimonios fueron relatados en junio de 1994 a una delegación de la organización de derechos humanos Human Rights Watch / Helsinki.

REPÚBLICA DE GEORGIA

Preocupaciones relativas sobre pena de muerte, tortura y juicios justos en el caso 7493810

Introducción

El 6 de marzo de 1995 concluyó un importante juicio político en el Tribunal Supremo de Georgia. Dos de los acusados, Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani, fueron sentenciados a muerte. Otros fueron condenados a penas de hasta 14 años de cárcel.

Los acusados en el caso 7493810 estaban acusados de participar en crímenes violentos. Sin embargo, todos afirman que fueron torturados o maltratados durante los interrogatorios y que sus declaraciones fueron obtenidas mediante la coacción. Permanecieron en detención preventiva hasta 17 meses. Sus juicios duraron otros 17 meses, y a lo largo del proceso judicial denunciaron numerosas violaciones del procedimiento legal establecido. Permanecieron detenidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad en un centro de detención en el que la tuberculosis estaba muy extendida. Según los informes, varios de ellos estaban enfermos pero la asistencia médica fue descrita como arbitraria e inadecuada, ya que prácticamente los únicos medicamentos que estaban disponibles eran los que proporcionaban los familiares de los afectados.

Durante el juicio Amnistía Internacional instó a las autoridades de Georgia a que investigaran todos los informes sobre tortura y malos tratos a estos acusados, a que tomaran medidas inmediatas para mejorar las condiciones en las que estaban detenidos, a que proporcionaran asistencia médica en caso de necesidad, y a que garantizaran que los acusados serían procesados conforme a las normas internacionales. La mayoría de estas recomendaciones fueron desatendidas.

Desde que terminó el juicio Amnistía Internacional ha pedido la conmutación de las condenas a muerte dictadas contra Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani. Ha pedido un completa revisión del caso 7493810, basándose en que las violaciones del procedimiento legal y las denuncias de que las confesiones fueron obtenidas mediante torturas planteaban serias dudas acerca de la equidad del proceso judicial. La organización sigue pidiendo que se realice sin demoras una investigación exhaustiva e imparcial de todas las denuncias de torturas y malos tratos, que se hagan públicos los resultados y que se lleve ante la justicia a los culpables.

La primera parte de este informe contiene información general sobre el caso 7493810. La segunda parte sitúa la preocupación de Amnistía Internacional sobre las sentencias de muerte dictadas en el caso 7493810 en el contexto de la reciente reintroducción en Georgia de la pena de muerte.

El proceso del caso 7493810

El juicio había comenzado en el Tribunal Supremo en Tbilisi, la capital, el 5 de octubre de 1993, con un total de 19 personas acusadas de distintos delitos, desde no denunciar un delito hasta asesinato y terrorismo¹. Los cargos estaban relacionados con una serie de incidentes separados, en los que habían coincidido algunos acusados [para la lista completa de acusados véase el cuadro que aparece más adelante]:

-La explosión de un automóvil bomba el 15 de junio de 1992 en la calle Chikovani de Tbilisi. Parecer ser que se pretendía matar a Jaba Ioseliani, personaje público. Sin embargo, las víctimas fueron cinco personas que pasaban por allí, una de ellas un niño.

-Una presunta conspiración por parte de un grupo de seguidores del depuesto presidente Zviad Gamsakhurdia para llevar a cabo actos violentos en el este de Georgia tras la infiltración en el distrito de Kvareli. Tras las detenciones de septiembre de 1992 en la localidad de Kvareli y en el bosque de alrededor, un grupo de 19 personas ya habían sido juzgadas y condenadas en noviembre de 1993 por los cargos de atentado terrorista y bandolerismo, entre otros, y habían sido condenadas a penas de hasta 13 años de cárcel.

-Un intento de interrumpir las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de octubre de 1992 distribuyendo propaganda contra el jefe del Estado Eduard Shevardnadze.

-Un presunto atentado contra la vida del Fiscal General en funciones, el general Vakhtang Razmadze.

-Un presunto atentado con bomba en la autopista Tbilisi-Sachkhere.

-Robo de 26 cajas de perfume francés del almacén de una fábrica.

Diecisiete de los acusados fueron detenidos entre mayo y octubre de 1992, la mayoría de ellos en Tbilisi. Petre Gelbakhiani y Viktor Domukhovsky fueron detenidos en abril de 1993 en el vecino país de Azerbayán por miembros de las fuerzas de seguridad de Georgia que trabajaron con la colaboración de las fuerzas de seguridad azerbaiyanas, y fueron devueltos a Georgia en avión.

Antes de comenzar el proceso judicial se unieron todos los casos en uno, el caso 7493810. En un principio, en este caso también se incluían los cargos de abuso del poder y delitos similares imputados al ex presidente Zviad Gamsakhurdia, que había sido elegido presidente por votación popular en mayo de 1991 pero había sido derrocado en enero de 1992. Zviad Gamsakhurdia murió en circunstancias sospechosas a fines de 1993. El caso también incluía al principio cargos contra tres acusados en relación con la ocupación armada de la emisora de televisión y de radio de Tbilisi el 24 de junio de 1992 pero, según una fuente oficial, estos cargos fueron retirados tras el decreto de amnistía del 3 de agosto de 1992.

Denuncias de tortura y malos tratos después de las detenciones

Todos los acusados en el Caso 7493810 denunciaron que habían sido golpeados tras su detención y durante los interrogatorios. Los testimonios de varios de los acusados coincidían en varias cosas. Normalmente, eran detenidos por hombres armados vestidos de paisano que no presentaban órdenes de detención. Se les golpeaba desde el principio, de camino al puesto de la milicia y una vez allí. Durante los interrogatorios se les seguía golpeando. Se les preguntó acerca de su relación con el ex presidente Gamsakhurdia. Se les seguía maltratando e intimidando hasta que firmaban una declaración.

Ninguna de las declaraciones firmadas por los acusados se excluyeron del proceso judicial, a pesar de las denuncias de que se habían obtenido mediante coacción.

Entre otros métodos de tortura descritos por los acusados figuraban la suspensión con la cabeza hacia abajo, las quemaduras con agua hirviendo, y las palizas sistemáticas que tenían como consecuencia huesos fracturados y dientes rotos. A los acusados también se les amenazaba con torturar o matar a sus familiares.

Los acusados y los cargos en el caso 7493810* Irakli Dokvadze, nacido en 1961. Casado con dos hijos. Electricista y técnico de televisión y radio. Detenido el 3 de septiembre de 1992. Gedevan Gelbakhiani, nacido en 1937. Casado con dos hijos. Médico. Detenido el 13 de septiembre de 1992. Petre Gelbakhiani, nacido en 1962. Casado con dos hijos. Médico. Detenido el 6 de abril de 1993. Ambos fueron acusados en virtud de los artículos 17/67, 17/69, 78 17/104 y 104 del código penal. Los cargos se referían al atentado con bomba de la calle Chikovani y al caso Kvareli. Viktor Domukhovsky, nacido en 1948. Casado y con 4 hijos. Físico; diputado del Consejo Supremo (el parlamento durante el mandato del presidente Gamsakhurdia). Detenido el 6 de abril de 1993. Acusado en virtud de los artículos 17/67, 17/69 y 78 en relación con el caso Kvareli. Tamaz Tsiklauri, nacido en 1954. Casado con hijos. Economista. Detenido el 5 de octubre de 1992. Acusado en virtud de los artículos 17/67, 17/69 y 78, al parecer en relación con el atentado con bomba de la calle Chikovani y con el atentado contra la vida del Fiscal General en funciones. Teimuraz Kapanadze, nacido en 1950. Casado con dos hijos. Ingeniero de construcción. Detenido a principios de octubre de 1992. Acusado en virtud de los artículos 17/67, 17/69 y 78 en relación con el atentado contra la vida del Fiscal General en funciones, con el atentado con bomba frustrado de la autopista Tbilisi-Sachkhere y con el intento de interrumpir las elecciones. Zurab Bardzimashvili, nacido en 1949. Casado con dos hijos. Geólogo. Detenido el 5 de octubre de 1992. Zurab Gogichashvili, nacido en 1956. Casado con dos hijos. Agricultor. Detenido a fines de septiembre de 1992. Ambos fueron acusados en virtud de los artículos 17/67, 17/69 y 78 en relación con el atentado contra la vida del Fiscal General en funciones. Mamuka Aptsiauri, nacido en 1971. Soltero. Ocupación desconocida. Detenido el 2 de septiembre de 1992. Acusado en virtud de los artículos 17/67 y 17/69, al parecer en relación con el caso Kvareli. * El caso 7493810 se ha caracterizado por lo difícil que ha sido para los observadores independientes obtener información exacta sobre los cargos imputados a los acusados. Por esta razón, algunos de los datos sobre los cargos no se pueden confirmar. Los cargos que figuran son aquellos sobre los que han coincidido varias fuentes, pero en algunos casos la lista de cargos contra un individuo puede estar incompleta. La información sobre los delitos a los que se refieren los cargos se ha obtenido principalmente de una carta que remitió un funcionario de la Fiscalía General de la República de Georgia a la organización de derechos humanos Human Rights Watch/Helsinki en septiembre de 1994.

Givil Kalmakhelidze, nacido en 1952. Casado con tres hijos. Miembro de las fuerzas armadas. Detenido a fines de septiembre o principios de octubre de 1992. Omari Kochlamazashvili, nacido en 1943. Casado con dos hijos. Agricultor y conductor. Ambos fueron acusados en virtud de los artículos 17/67 y 78, al parecer en relación con el atentado con bomba de la calle Chikovani y con el intento de interrumpir las elecciones. Sergo Khakhviashvili, nacido en 1966. Carpintero. Soltero. Detenido el 24 de junio de 1992. Acusado en virtud de los artículos 17/67 y 78, al parecer en relación con el atentado con bomba de la calle Chikovani. Gocha Makhviladze, nacido en 1958. Casado con dos hijos. Economista. Detenido el 24 de junio de 1992. Acusado en virtud de los artículos 17/67 y 78, al parecer en relación con el atentado contra la vida del Fiscal General en funciones y con el robo de los perfumes. Gela Mchedlishvili, nacido en 1968. Casado. Profesor de la escuela técnica (ex agente de policía). Detenido el 24 de junio de 1992. Acusado en virtud de los artículos 17/67 y 78, al parecer en relación con el atentado contra la vida del Fiscal General en funciones y con el robo de los perfumes. Ivane Lashkarashvili, nacido en 1960. Casado con dos hijos. Conductor. Detenido el 11 de julio de 1992. Ramazi Charigogdishvili, nacido en 1960. Casado con dos hijos. Conductor. Detenido el 10 o el 11 de julio de 1992. Ambos fueron acusados en virtud del artículo 78, al parecer en relación con el robo de los perfumes. Zaza Tsiklauri, nacido en 1961. Casado con dos hijos. Físico. Detenido el 7 de agosto de 1992. Acusado en virtud de las secciones 1 a 4 del artículo 238 («portar, guardar, adquirir, fabricar o comercializar armas de fuego, munición o explosivos ilegalmente»). Bessarion Bochoridze, nacido en 1961. Casado con dos hijos. Ocupación desconocida. Detenido el 11 de agosto de 1992. Acusado en virtud de los artículos 90-1 («encubrimiento de delitos contra el Estado») y 205 («encubrimiento de delitos»). Mamuka Daniela, nacido en 1959. Casado con un hijo. Estudiante. Detenido el 13 de agosto de 1992. Acusado en virtud de los artículos 90 («no denunciar delitos contra el Estado») y 206 («no denunciar delitos»). Los cargos formulados contra estos tres hombres parecían estar relacionados con el intento de asesinato del Fiscal General en funciones. Gedevan y Petre Gelbakhiani son padre e hijo. Tamaz y Zaza Tsiklauri son hermanos.

Parece ser que las autoridades incitaron a otros reclusos a torturar a los acusados. En una declaración enviada a Amnistía Internacional en octubre de 1994, las autoridades de Georgia confirmaron que un preso (identificado por ellos) había atacado a Gedevan Gelbakhiani, pero señalaron que la razón de este ataque fue la negativa de Gadevan Gelbakhiani de ayudar a este preso con un recurso. En su declaración, las autoridades afirmaban que el preso había sido condenado por este ataque, pero fuentes extraoficiales han puesto en tela de juicio esta afirmación. Zaza Tsiklauri [véase más adelante] también mencionó a este preso como una de las personas que lo torturó.

Las autoridades sólo han confirmado oficialmente una de las denuncias de torturas hechas por los acusados en el caso 7493810. Poco después de su detención, Zaza Tsiklauri fue hospitalizado tras sufrir fracturas en la pierna y el brazo izquierdos y numerosas quemaduras producidas por el agua hirviendo que se le echó encima durante el interrogatorio. Irakli Batiashvili, que en esos momentos era jefe del servicio de seguridad de Georgia, declaró poco después en un programa de televisión que Zaza Tsiklauri había sido torturado, y que él creía que los responsables eran agentes del servicio de seguridad. Según informes, también Eduard Shevardnadze confirmó en público que Zaza Tsiklauri había sido torturado.

Zaza Tsiklauri dio la siguiente versión a una delegación enviada a Tbilisi por la delegación británica del Grupo de Helsinki de Derechos Humanos en febrero de 1995:

Me llevaron al edificio de la KGB y me torturaron nada más llegar. Utilizaron distintos métodos de tortura. Uno de ellos eran las quemaduras con agua hirviendo. Aproximadamente al noventa por ciento de los presos se les tortura de la misma manera: Al preso se le atan las manos a la espalda y se le introduce un palo de madera debajo de los brazos; después se le suspende entre dos mesas, con la cabeza hacia abajo, y se le golpea en los pies con un palo de madera. Aunque te estén golpeando en los pies sientes como si te estuvieran dando golpes en la cabeza. Cuando uno de los hombres terminaba de golpear al preso otro de ellos tomaba el relevo.

Cuando parecía como si me hubiera desmayado me echaron agua encima y continuaron torturándose. El dolor es insoportable y, por supuesto, ellos saben que los presos fingen estar inconscientes con la esperanza de que termine la tortura. Desde el principio intentaron no hacerme daño en la cara pero me rompieron una pierna, un brazo y una costilla ...

Cuando lo pienso ahora me parece como si lo hubiera leído en un libro. Pero en esos momentos rogaba a Dios que me mataran.

Irakli Batiashvili, ex jefe del Servicio de Seguridad, describió a la delegación británica del Grupo de Helsinki de Derechos Humanos una visita a Zaza Tsiklauri en la cárcel, tras recibir información de que «le había pasado algo»:

Lo que vi no era humano. No podía hablar. No era más que un cuerpo con huesos rotos, cubierto de quemaduras. Lo habían torturado de diversas maneras.

Un médico de la delegación que examinó a Zaza Tsiklauri le encontró una quemadura grande en el cuello y varias quemaduras pequeñas en los brazos. En el hueso del antebrazo había señales de que había sufrido una fractura y que no se había quedado bien encajado.

Sólo se revisó uno de los cargos contra Zaza Tsiklauri a raíz de las denuncias de tortura. Una investigación criminal de sus denuncias de tortura fue suspendida porque, temiendo por la seguridad de su familia, Zaza Tsiklauri se negó a dar testimonio. Las autoridades de Georgia informaron a Amnistía Internacional en octubre de 1994 de que no se habían formulado cargos contra ninguna persona en relación con las heridas que había sufrido Zaza Tsiklauri. Afirmaron que Zaza Tsiklauri había sufrido sus heridas al saltar de un automóvil en movimiento, y que esto había sido confirmado por testigos. Kakha Koberidze, fiscal del juicio, hizo una declaración similar ante los observadores británicos del Grupo de Helsinki de Derechos Humanos, afirmando que Zaza Tsiklauri había caído de un automóvil en el momento de su detención.

A pesar de que los abogados de otros acusados en el caso 7493810 también denunciaron torturas y malos tratos durante el juicio, Amnistía Internacional sólo tiene información sobre investigaciones de tales denuncias en el caso de otro preso. Al parecer se ha iniciado una investigación de los informes sobre la paliza sufrida por Viktor Domukhovsky a manos de los agentes de la policía especial el 13 de agosto de 1994 en su celda, tras haberse negado a entregarles unas notas que había escrito sobre el juicio. Ha denunciado que los agentes de policía lo derribaron al suelo en la celda a porrazos y luego empezaron a darle patadas. Según informes, en una audiencia celebrada el 15 de agosto no pudo ponerse de pie debido a sus lesiones. Los informes indican también que se había iniciado una investigación de las denuncias según las cuales el 11 de diciembre Viktor Domukhovsky fue golpeado por reclusos borrachos a los que se les había dado las llaves de su celda. Amnistía Internacional desconoce cómo van estas investigaciones.

Georgia está legalmente obligada según la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (a la que se adhirió en octubre de 1994) a investigar todos los informes y denuncias sobre torturas y malos tratos, a llevar ante la justicia a los responsables de tales tratos, a compensar y rehabilitar en la medida de lo posible a las víctimas de torturas y a emprender medidas para prevenir la tortura y los malos tratos.

Condiciones en el centro de prisión preventiva

Durante la investigación y el juicio los acusados permanecieron detenidos en la prisión de Ortachala (prisión de investigación y aislamiento nº 1) en Tbilisi. Se dice que las condiciones de vida en este centro son horrorosas. En cada celda de la sección masculina permanecen detenidos una media de 45 a 50 hombres, cada uno de los cuales dispone de menos de dos metros cuadrados. La comida consiste en poco más que pan y agua; la calefacción en invierno es irregular, así como la luz. Se dice que la prisión está infestada de ratas, piojos y cucarachas.

Según informes, la tuberculosis está muy extendida entre los reclusos, pero no se hace ningún intento de controlar la propagación de las enfermedades contagiosas mediante tratamiento o aislamiento. No hay medicinas, por lo que las personas que deben tomar medicamentos dependen principalmente de los que les proporcionan sus familiares. En la mayoría de los casos la última decisión de facilitar asistencia médica la toma el juez o los fiscales en vez de los médicos. Aunque en principio los reclusos pueden ser tratados en el hospital de la prisión, en la práctica es difícil conseguir la autorización y se dice que casi siempre hay que recurrir al soborno.

Incluso después del traslado al hospital la continuación de la asistencia médica parece depender del juez. Zaza Tsiklauri, que fue hospitalizado para recibir tratamiento por los efectos de la tortura, la tuberculosis y la desnutrición que sufría tras una prolongada huelga de hambre, fue devuelto a la prisión a los pocos días de reunirse con un representante de la organización de derechos humanos Human Rights Watch / Helsinki en junio de 1994. Según informes, fue devuelto a la cárcel por orden del juez. También se interrumpió la administración de medicamentos, que no se reanudó hasta que no fue trasladado otra vez al hospital el 9 de septiembre.

Mala salud

Varios acusados sufrieron serios problemas de salud como consecuencia de las condiciones penitenciarias y, en algunos casos, de las huelgas de hambre que emprendieron para protestar contra el trato que estaban recibiendo.

Según informes, dos de los acusados, Viktor Domukhovsky y Mamuka Danelia, padecían fiebre leve pero persistente y se teme que hayan contraído tuberculosis. Mamuka Daniela también padecía una dolencia médica contraida anteriormente, como consecuencia de las lesiones que había sufrido en la cabeza a raíz de una caída. Esta dolencia empeoró, según informes, mientras se encontraba en detención preventiva. A Zaza Tsiklauri se le diagnosticó tuberculosis y úlceras pépticas, y ha dependido principalmente de los medicamentos que le ha comprado y enviado su esposa. Según informes, Zurab Bardzimashvili ha sido diagnosticado oficialmente declarado inválido: Sufre epilepsia y lleva clavos en el brazo y la pierna derechos debido a un accidente de automóvil. Padece una dolencia cardiaca y dependía de los medicamentos suministrados por sus familiares. Según informes, sufre además de problemas psíquicos: Intentó suicidarse en el momento de su detención y dos veces más después. Omari Kochlamazashvili, de 51 años de edad, sufrió, según informes, un «ataque cardíaco» en la sala el 13 de septiembre de 1994, pero no fue examinado por un médico hasta al menos una semana más tarde, y posiblemente mucho después.

Violaciones del procedimiento legal debido

Además de los malos tratos que al parecer se infligieron a todos los acusados, el proceso judicial estuvo marcado por las violaciones del debido procedimiento legal desde el momento de la detención hasta y durante el juicio en sí. Casi todos los detenidos afirmaron que cuando fueron arrestados no se les informó de los cargos de los que estaban acusados. A algunos se les negó el acceso a un abogado durante un tiempo después de la detención, en un caso hasta una semana, y se dice que muchos interrogatorios se llevaron a cabo sin la presencia de un abogado. El acceso a los abogados se interrumpió durante el juicio. En ocasiones el juez negó a los acusados el acceso a material relacionado con sus casos y, en al menos una ocasión, negó acceso a dicho material a un abogado defensor. En algunos casos no se permitió a los acusados elegir libremente a su abogado y se les obligó a aceptar ser representados por abogados elegidos por el tribunal.

Todos estos actos, si son verídicos los informes, violan las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se adhirió Georgia en mayo de 1994, y muchos de ellos están prohibidos según el Código de Enjuiciamiento Criminal de la República de Georgia.

No obstante, se debe señalar que en algunos momentos durante los juicios, tal y como observaron funcionarios y observadores independientes, algunos acusados se comportaron de manera que podría calificarse de desacato al tribunal, y que dio lugar a su exclusión del juicio. Por ejemplo, en señal de protesta contra el proceso judicial, los acusados a veces dieron la espalda al juez Mirza Dolidze cuando se dirigía a ellos, y se volvieron de espaldas y fumaron cigarrillos para demostrar su opinión ante algunos puntos expuestos por el fiscal.

Las sentencias

El fiscal concluyó su sumario el 31 de enero, pidiendo las penas máximas de cárcel para casi todos los acusados, y la pena de muerte para Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani.²

Las sentencias se dictaron el 6 de marzo. Tal y como pidió la fiscalía, Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani fueron condenados a muerte. Las sentencias dictadas contra el resto de los 15 acusados fueron un poco más cortas de lo que había pedido el fiscal. Se impusieron las siguientes penas de cárcel:

Viktor Domukhovsky14 añosSergo Khakhviashvili7 años

Gedevan Gelbakhiani13 añosMamuka Aptsiauri7 años

Gocha Makhviladze12 añosZaza Tsiklauri5 años

Tamaz Tsiklauri12 añosIvane Lashkarashvili5 años

Teimuraz Kapanadze12 añosRamazi Charigogdishvili4 años

Zurab Gogichashvili11 añosBessarion Bochoridze2½ años

Givi Kalmakhelidze10 añosMamuka Danelia2½ años

Gela Mchedlishvili10 años

Como el caso 7493810 fue juzgado en el Tribunal Supremo como tribunal de primera instancia, los acusados no tienen derecho a recurrir contra sus sentencias. Según las normas internacionales de derechos humanos, toda persona condenada a muerte tiene derecho a recurrir ante un tribunal superior. Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani han sido privados de este derecho, y todos los acusados han sido privados de la oportunidad de recurrir contra la desestimación por parte del tribunal de sus preocupaciones sobre la imparcialidad de sus juicios. En los casos de Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani, a no ser que se ordene una revisión judicial, su única esperanza de escapar a la ejecución es que Eduard Shevardnadze ejerza su derecho constitucional de otorgar clemencia y conmutar las sentencias.

Poco después de la conclusión del juicio, Eduard Shevardnadze declaró en la radio de Georgia que él se oponía personalmente a la pena de muerte pero que mientras la ley permitiera su aplicación ésta se cumpliría. Amnistía Internacional le ha pedido públicamente que actúe conforme a las convicciones personales que ha expresado y que conmute las sentencias de muerte dictadas contra Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani.

Llamamientos de Amnistía Internacional a las autoridades de Georgia en relación con el caso 7493810

Desde que terminó el juicio, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las autoridades pertinentes de la República de Georgia para que:

♦Conmuten las sentencias de muerte dictadas contra Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani.

♦Emprendan sin dilación una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias de malos tratos a detenidos, hagan públicos los resultados y lleven a los responsables ante la justicia.

♦Ordenen una revisión judicial del caso contra los 17 acusados que fueron declarados culpables y condenados el 6 de marzo de 1995.

UN FALSO AMANECER: GEORGIA PONE FIN A LA SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES

Después de dos años de suspensión, Georgia reanudó las ejecuciones en marzo de 1994. Desde entonces han sido ejecutados al menos 15 hombres. [Para información sobre la evolución de la aplicación de la pena de muerte en Georgia véase los informes de Amnistía Internacional titulados Georgia: Alleged human rights violations during the conflict in Abkhazia, Índice AI: EUR 56/07/93, y República de Georgia: Actualización sobre la pena de muerte, Índice AI: EUR 56/01/94/s].

Estadísticas oficiales sobre la aplicación de la pena de muerte

En noviembre de 1994 las autoridades de Georgia reaccionaron al informe de Amnistía Internacional de 1994 sobre la pena de muerte en Georgia enviando estadísticas detalladas sobre la aplicación de la pena de muerte desde 1991 hasta mediados de 1994³. Todos los presos que se encontraban en espera de ser ejecutados en febrero de 1992, cuando visitó la prisión de Ortachala en Tbilisi una delegación de Amnistía Internacional, y cuyos nombres figuraban en el informe de enero de 1994, habían sido indultados y sus condenas habían sido conmutadas por otras de 20 años de cárcel. La Comisión de Clemencia del Parlamento había fallado a favor de sus peticiones de clemencia en agosto de 1994.

Cinco hombres fueron condenados a muerte en 1991: las condenas de todos ellos fueron conmutadas por otras de 20 años de cárcel el 23 de agosto de 1994. Un hombre, Tamaz Tsatava, fue condenado a muerte por el Tribunal Supremo de Abjasia en 1992: Seguía esperando el resultado de su solicitud de indulto en el momento en que se compilaban las estadísticas, pero Amnistía Internacional desconoce la suerte que ha corrido.

Trece hombres fueron sentenciados a muerte en 1993: Tres de ellos seguían esperando los resultados de su solicitud de indulto en el momento en que se compilaban las estadísticas, pero no se sabe cuál ha sido su suerte; las condenas de cuatro de ellos fueron conmutadas por 20 años de cárcel a principios de agosto de 1994 y seis de ellos fueron ejecutados en mayo de 1994. Uno de los ejecutados fue Sergo Tidilov, sobre cuyo caso tenía información Amnistía Internacional, que había hecho un llamamiento en su favor cuando se supo definitivamente que el Parlamento de Georgia había puesto a fin a la suspensión de las ejecuciones.

Once hombres fueron sentenciados a muerte en los primeros siete meses de 1994. Uno de ellos, Suliko Chikhladze, fue ejecutado el 15 de agosto de 1994, sólo seis meses después de haber sido condenado a muerte por el Tribunal Supremo de Georgia. La condena a muerte de un hombre fue conmutada por otra de 20 años de cárcel el 5 de agosto de 1994.

Todas las sentencias de muerte mencionadas más arriba fueron impuestas por el cargo de homicidio premeditado con agravantes, regulado por el artículo 104 del Código Penal de Georgia, salvo una, que fue impuesta por el cargo de violación de un menor con agravantes, artículo 117-4, y otra, que fue impuesta por el cargo de atentado contra la vida de un agente de policía, artículo 209.

Desde que recibió estas estadísticas, Amnistía internacional ha tenido noticias de la imposición de una sentencia de muerte en 1995, además de las dictadas contra Irakli Dokvadze y Petre Gelbakhiani. Amnistía Internacional también ha recibido informes de fuentes extraoficiales según los cuales se han llevado a cabo al menos siete ejecuciones por ahora en 1995.

Privación del derecho automático a recurrir

Los once hombres condenados a muerte en los primeros seis meses de 1994 fueron condenados por el Tribunal Supremo de Georgia como tribunal de primera instancia. Cuando Georgia todavía formaba parte de la Unión Soviética, los acusados podían recurrir ante el Tribunal Supremo de la URSS pero desde su independencia, según la información de que dispone Amnistía Internacional, la ley ya no prevé el derecho a recurrir ante un tribunal superior. Los veredictos del Tribunal Supremo son definitivos y no se puede recurrir contra ellos, lo cual supone una violación de las normas internacionales.

Existen dos maneras de revocar una sentencia de muerte. Las autoridades judiciales pertinentes pueden solicitar una revisión judicial, pero este proceso no es automático. Todas las sentencias de muerte se llevan ante la comisión de indultos para ser estudiadas, pero por este procedimiento sólo se examinan las circunstancias atenuantes, lo cual no equivale a una revisión judicial del caso.

Medidas de ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte

El periódico ruso Izvestiya informó en febrero de 1995 sobre un proyecto de ley con el que se pretendía introducir la pena de muerte para castigar algunos delitos relacionados con la droga. Dicho proyecto de ley lo había presentado la Comisión Parlamentaria de Asuntos Jurídicos ante el Parlamento de Georgia para su consideración. Cuando se redactaba este informe no se habían recibido más noticias sobre este proyecto de ley.

La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte no sería coherente con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, grupo de expertos que vigila la aplicación de ese tratado, ha declarado en su Comentario General 6 que los Estados partes están obligados a limitar la aplicación de la pena de muerte y ha recomendado que estudien la posibilidad de revisar su legislación penal en este sentido. El Comité explicó que el artículo 6 «se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente (párrafos 2 y 6 del art. 6) que está es de desear». Concluyó que «todas las medidas encaminadas a la abolición [de la pena de muerte] deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida».

Asimismo, la Asamblea General de la ONU ha declarado que «el objetivo principal que se debe perseguir en cuanto a la pena capital es el de restringir progresivamente el número de delitos contra los que se pueda imponer en vista de la conveniencia de abolir esta pena». El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias ha hecho hincapié reiteradamente en el hecho de que «el ámbito de aplicación de la pena de muerte no se debe ampliar nunca» y ha instado a los Estados que lo han hecho a que reconsideren.

Recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno de la República de Georgia en relación con la pena de muerte

Amnistía Internacional lamenta profundamente que Georgia se haya apartado de la postura abolicionista y de que se hayan reanudado las ejecuciones. La organización ha seguido instando a las autoridades pertinentes a que:

●Commuten todas las condenas a muerte que quedan por ejecutar.

●Tomen sin dilación medidas para asegurarse de que todas las personas sentenciadas a muerte tienen derecho a recurrir a un tribunal superior, conforme a las normas internacionales.

●Creen una comisión oficial sobre la pena de muerte. La experiencia de otros países ha demostrado que cuando resulta difícil llegar a una decisión inmediata sobre la abolición, la creación de una comisión de investigación puede ser una manera útil de obtener los datos sobre los que basar una decisión. Una comisión oficial puede servir para apartar el tema de la pena de muerte del clima político y emocional que a menudo lo rodea. Las conclusiones de la comisión pueden proporcionar a los funcionarios, a los legisladores y al público una información objetiva que sirva de guía en este tema.

●No amplíen más el ámbito de aplicación de la pena de muerte.