AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: EUR 59/010/2009
30 de noviembre de 2009

Moldavia: Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno que actúe respecto a la tortura y la impunidad

Amnistía Internacional ha publicado hoy, 30 de noviembre, un informe en el que pide al nuevo gobierno de Moldavia que tome medidas decisivas para poner fin a la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial.

En el informe, titulado Police torture and other ill-treatment: it’s still ‘just normal’ in Moldova, de noviembre de 2009 (Índice AI: EUR 59/009/2009) se describen las violaciones de derechos humanos contra cientos de manifestantes detenidos por la policía tras los sucesos del 7 de abril de este año en la capital, Chisinau. Las manifestaciones se produjeron tras las acusaciones generalizadas de fraude en las elecciones parlamentarias del 5 de abril, que ganó el Partido Comunista, en el gobierno.

La noche del 6 de abril, unas 10.000 personas se reunieron en el centro de Chisinau y después se dispersaron pacíficamente. A la mañana siguiente, unas 15.000 personas marcharon desde la plaza mayor en dirección al edificio de la presidencia y del Parlamento. Aunque hasta entonces las manifestaciones habían sido pacíficas, la multitud comenzó a agitarse cada vez más hasta llegar a la violencia, asaltando los edificios, que disponían de poca protección policial y quedaron totalmente desguarnecidos.

La noche del 7 de abril, la policía comenzó a detener indiscriminadamente a cientos de personas, entre ellas menores. Muchas de estas personas informaron de que los habían detenido grupos de hombres sin uniformar que los habían transportado en vehículos sin identificación alguna. Las organizaciones no gubernamentales del país calculan que pueden haber sido detenidas unas 655 personas. Las organizaciones no gubernamentales internacionales y moldavas han recogido posteriormente testimonios de más de un centenar de detenidos, sus familiares o sus abogados, que afirman que los detenidos fueron golpeados o sometidos a tortura u otros malos tratos.

En el informe, Amnistía Internacional presenta el testimonio de víctimas de malos tratos policiales.

Hay personas que afirman que los policías les propinaron puñetazos, patadas y golpes con porras, culatas de rifle y otros objetos, incluido un calzador metálico. En varios testimonios se habla de grupos de detenidos obligados a atravesar “pasillos de la muerte” en las comisarías, donde los policías, alineados a cada lado de un corredor, los golpeaban a su paso. En otros casos las personas detenidas informan de que las obligaron a desnudarse y a hacer ejercicios físicos delante de grupos de agentes que los insultaban.

Otras personas detenidas afirman que no les informaron de sus derechos básicos y que los mantuvieron en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, sin acceso adecuado a agua ni alimentos. En varios casos no dejaron a los detenidos informar a nadie sobre su paradero ni contactar con un abogado de su elección. También hay informes según los cuales los abogados de oficio pidieron dinero por hacer su trabajo y dijeron que no trabajarían si no les pagaban por adelantado.

Las personas que prestaron testimonio y sus abogados dijeron a Amnistía Internacional que se llevó a jueces a las comisarías locales para que dictaran órdenes de prisión preventiva contra grupos de detenidos, utilizando plantillas en las que se cambiaba sólo el nombre, en ocasiones sin que los interesados pudieran defenderse. Según los informes, el 9 de abril tres jueces de la Jefatura General de Policía tramitaron al menos 60 órdenes de prisión preventiva en un solo día. Algunas de las personas afectadas ni siquiera supieron que estaban ante un juez.

Las violaciones de derechos humanos generalizadas perpetradas por la policía durante los sucesos de abril en Chisinau ponen de nuevo de manifiesto los problemas subyacentes al sistema que han creado un clima general de impunidad en Moldavia. Amnistía Internacional ya había expresado reiteradamente en ocasiones anteriores su preocupación por las numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, la falta de investigaciones inmediatas, imparciales y minuciosas sobre estas denuncias y las condiciones de la prisión preventiva.

Continúan sin denunciarse todos los casos de torturas y malos tratos y las autoridades no llevan a cabo investigaciones eficaces e imparciales sobre las denuncias de abuso. Además, el número de condenas de policías sigue siendo bajo. En julio de 2009, el fiscal general informó a Amnistía Internacional de que tras las manifestaciones del 7 de abril se habían recibido 96 denuncias de torturas y malos tratos, pero que actualmente sólo se siguen 10 causas penales contra policías, de las cuales 4 son por tortura, 3 por excederse en el cumplimiento de sus obligaciones oficiales y otras 3 por otros delitos, entre ellos atraco.

Las víctimas se encuentran con dificultades a la hora de presentar las denuncias, temen ser objeto de intimidación o represalia por parte de la policía o han perdido la fe en el sistema de justicia.

Además, Amnistía Internacional sigue documentando casos de uso indebido del sistema de justicia penal por motivos políticos en Moldavia. Tras las manifestaciones de abril de 2009 en Chisinau, varias personas fueron acusadas de delitos comunes, y a Amnistía Internacional le preocupa que el motivo de estas denuncias haya sido su activismo político o social.

A Amnistía Internacional le preocupa que persista en Moldavia un clima de impunidad para la tortura y otros malos tratos, y pide al nuevo gobierno que se asegure de que se llevan a cabo sin demora investigaciones minuciosas e imparciales sobre las denuncias de malos tratos, que se procesa a los perpetradores y que las víctimas reciben reparación, incluida una indemnización y una rehabilitación justas y adecuadas.

Desde que en 2007 se publicó el informe de Amnistía Internacional Moldova, Police torture and ill-treatment: ‘It’s just normal’ (Índice: EUR 59/002/2007), los esfuerzos de las autoridades moldavas no han hecho que la situación cambie, y el clima de impunidad para la tortura y los malos tratos exige una actuación decisiva por parte del nuevo gobierno moldavo.

Información complementaria

Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, visitó Moldavia entre el 25 y el 28 de abril e informó de que “gran número de personas, más de 300, algunas de ellas menores, detenidas durante las protestas o después de éstas, fueron sometidas a malos tratos –en algunos casos, graves– por parte de la policía”.

En noviembre, el Comité contra la Tortura publicó las observaciones finales de su examen del segundo informe periódico presentado por Moldavia en virtud de la Convención contra la Tortura. El Comité pedía a las autoridades que condenaran pública e inequívocamente la tortura en todas sus formas, dirigiendo esta condena especialmente al personal de la policía y de prisiones, que crearan un órgano independiente para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos y que se aseguraran de que los presuntos perpetradores de actos de tortura eran suspendidos de sus puestos o reasignados durante las investigaciones, para garantizar que no interferían con éstas ni continuaban cometiendo actos de tortura y otros malos tratos.

En relación con las violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios durante los sucesos de abril, el Comité pidió a las autoridades que investigaran sin demora y de manera eficaz e imparcial todas las denuncias y quejas de conducta indebida por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que se aseguraran de que los responsables fueran procesados y, de ser declarados culpables, condenados a penas adecuadas. El Comité también pidió una disculpa oficial para las víctimas y que todas ellas fueran indemnizadas.

También en noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico remitido por Moldavia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité expresó su preocupación por los informes fidedignos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra los manifestantes tras las manifestaciones después de las elecciones de abril. Señaló en particular las detenciones arbitrarias, las violentas tácticas de control de los manifestantes, a los que se golpeaba, y la tortura y los malos tratos de los detenidos.

El Comité expresó también su preocupación por el hecho de que con frecuencia las denuncias de tortura no son objeto de una investigación adecuada o son rechazadas por considerarse “manifiestamente infundadas”, y por la inexistencia de cauces adecuados para conseguir resarcimiento.

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Si desean más información, consulten:
Police Torture and other ill-treatment: it’s still ‘just normal’ in Moldova, de noviembre de 2009 (Índice AI: EUR 59/009/2009)
Moldova: Briefing to the Committee against Torture, de noviembre de 2009 (Índice AI: EUR 59/007/2009)