AMNISTÍA INTERNACIONAL

Información para los medios de comunicación

Índice AI: EUR 62/023/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 250/05

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR620232005

Embargado hasta las 00:01 horas GMT del 20 de septiembre de 2005

Uzbekistán: Levantar el cerco a la verdad sobre Andiyán

Resumen

"En Uzbekistán no disparamos contra las mujeres y los niños."

El presidente Karimov en conferencia de prensa, 14 de mayo de 2005

Son palabras pronunciadas por Islam Karimov, presidente de Uzbekistán, durante una conferencia de prensa celebrada el 14 de mayo de 2005, al día siguiente de que las fuerzas de seguridad dispararan de forma indiscriminada contra una multitud de manifestantes reunidos en una plaza del centro de la ciudad de Andiyán, en el este del país, y continuaran disparando mientras los manifestantes huían, dando muerte, según los informes recibidos, a cientos de civiles. Hasta la fecha ha resultado imposible establecer con exactitud qué ocurrió en Andiyán los días 12 y 13 de marzo de 2005. El gobierno ha rechazado los llamamientos de numerosos organismos intergubernamentales y mecanismos internacionales de derechos humanos para que se realice una investigación internacional de carácter independiente sobre las circunstancias que rodearon los hechos del 12 y 13 de mayo.

En su reciente informe titulado Uzbekistan: Lifting the siege on the truth about Andizhan, Amnistía Internacional examina una amplia gama de cuestiones que deben ser motivo de preocupación para la comunidad internacional y que exigen que ésta entre en acción, especialmente debido a que el gobierno uzbeko ha hecho todo lo posible para impedir que el mundo exterior reciba información –incluidos informes independientes– sobre los hechos, ya que esta información difiere considerablemente de la versión oficial. Según informes, entre otras medidas las autoridades han destruido archivos y documentos pertinentes; han intimidado a los testigos para que no hablen de lo que han visto; han vedado el acceso a la ciudad a defensores de los derechos humanos y periodistas de los medios internacionales; y han hostigado y detenido a defensores de los derechos humanos y periodistas independientes locales para impedir que informen de los acontecimientos de Andiyán. Algunos han sufrido brutales palizas a manos de individuos o grupos. Algunos defensores de los derechos humanos han sido acusados formalmente –en ciertos casos, de delitos graves– por ejercitar el derecho a la libertad de expresión, y Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.

Algunas personas no han conseguido descubrir la suerte corrida por sus familiares desaparecidos debido a que no se han hecho públicos los nombres de los muertos y a que no han podido establecer si sus parientes estaban detenidos o internados en un hospital. Según informes sin confirmar, los cadáveres de las víctimas fueron llevados de la ciudad y enterrados en secreto en lugares que se desconocen. La situación de las personas desaparecidas se vio agravada por la negativa del gobierno a permitir el acceso inmediato del Comité Internacional de la Cruz Roja a hospitales y centros de detención.

El informe de Amnistía Internacional recoge toda la información que obra en poder de la organización en relación con los hechos ocurridos los días 12 y 13 de mayo en Andiyán. No constituye de ningún modo un informe exhaustivo ni definitivo, sino que se ha escrito con el propósito de contribuir a los esfuerzos por establecer la verdad sobre estos hechos objeto de controversia y asegurar la reparación, incluido el resarcimiento, para las víctimas de los abusos perpetrados contra los derechos humanos en este contexto. El documento ofrece información basada en una amplia gama de informes, así como en testimonios sobre los hechos ocurridos los días 12 y 13 de mayo en Andiyán, entre ellos los de personas con las que se entrevistaron representantes de Amnistía Internacional durante dos visitas a Kirguistán, la primera de ellas entre el 30 de mayo y el 9 de junio, y la segunda, del 21 al 30 de julio. También documenta las medidas represivas desatadas contra la sociedad civil, que no se han limitan a Andiyán sino que han afectado a todo el país.

Los sucesos de Andiyán

Los días 12 y 13 de mayo de 2005 unos hombres armados atacaron una serie de cuarteles militares y edificios gubernamentales en la ciudad de Andiyán. Los hombres penetraron por la fuerza en la prisión de la ciudad, donde liberaron a cientos de presos preventivos y convictos, y posteriormente ocuparon un edificio del gobierno regional conocido como Hokimiat, en la plaza principal. En la madrugada del 13 de mayo, millares de civiles –en su gran mayoría desarmados y, entre ellos, algunos que se habían fugado de la cárcel– comenzaron a congregarse en la plaza, donde muchos se dirigieron a la multitud para exigir justicia y medidas contra la pobreza. Según testigos presenciales, a lo largo del día se produjeron incidentes aislados en los que las fuerzas de seguridad dispararon de forma indiscriminada contra la multitud, causando muertes y heridas. Los civiles tomaron algunos rehenes. Según se dijo, algunos rehenes fueron maltratados y posteriormente utilizados como escudos humanos. A última hora de la tarde, las fuerzas de seguridad rodearon a los manifestantes y comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la multitud reunida y continuaron disparando contra los manifestantes que huían. Cientos de personas resultaron muertas. Durante los días siguientes, centenares de hombres, mujeres y niños se dirigieron a Kirguistán, donde buscaron refugio. Entre ellos había un grupo de refugiados que el 14 de mayo fueron alojados en un campo provisional situado junto a la frontera de Kirguistán y Uzbekistán.

Una persona refugiada dijo a Amnistía Internacional: “Cuando empezaron a disparar, nos echamos al suelo. Por la calle corría un torrente de sangre y lluvia. Nos empapamos de sangre y de lluvia. Estábamos horrorizados”. Otra persona refugiada dijo a Amnistía Internacional que un niño y una mujer embarazada cayeron muertos a tiros a su lado.

La versión oficial de los hechos difiere notablemente de los testimonios de los refugiados que huyeron a Kirguistán tras los sucesos de Andiyán y de otros testigos presenciales. El gobierno uzbeko sostiene que las fuerzas de seguridad no dieron muerte a ningún civil y que todas las víctimas civiles perdieron la vida a manos de “terroristas” armados. De acuerdo con los informes, el presidente Karimov ha dicho: “¿Cómo podría yo haber dado la orden de disparar contra mi amado pueblo?”. Según las cifras oficiales, 187 personas murieron a consecuencia de la violencia. Esta cifra es considerablemente menor que la que indican los cálculos de organizaciones internacionales, basados en entrevistas con los refugiados que huyeron a Kirguistán, que estiman que murieron entre 300 y 500 personas. El 5 de septiembre de 2005 el gobierno todavía no había hecho públicos los nombres de los muertos.

Akramia

Se cree que los acontecimientos de Andiyán fueron desencadenados, en parte, por el juicio iniciado contra 23 empresarios locales detenidos entre junio y agosto de 2004. Los 23 fueron acusados formalmente, en aplicación de distintos artículos del Código Penal de Uzbekistán, por su presunta vinculación con una organización conocida como Akramia. El gobierno, basándose en un folleto escrito en 1992 por Akram Yuldashev, titulado Yimonga Yul (El camino de la fe), sostiene que Akramia fue fundada por Yuldashev. Éste se encuentra en prisión, tras haber sido declarado culpable de organizar una serie de explosiones en Tashkent en 1999. También lo declararon culpable de fundar una organización religiosa extremista a la que el tribunal se refirió como “Akramia” basándose en el nombre de Akram Yuldashev. Los 23 hombres negaron cualquier vinculación con el extremismo religioso. Creen que fueron seleccionados debido a que sus empresas eran prósperas y, según los informes, gozaban de popularidad entre los miembros de la comunidad local por haber creado miles de puestos de trabajo en la zona, tenían buena reputación por tratar bien a sus empleados y hacían donaciones periódicas a buenas causas.

Los informes indican que, mientras estaban recluidos en detención preventiva, los 23 empresarios detenidos en Andiyán fueron objeto de graves violaciones de derechos humanos como ser recluidos en régimen de incomunicación, ser privados de contacto periódico con sus familiares y abogados y ser sometidos a tortura o malos tratos para que hicieran una “confesión”. El juicio dio comienzo el 11 de febrero y se prolongó hasta el 11 de mayo. Durante las vistas, los simpatizantes de los 23 hombres se manifestaron frente al edificio de los tribunales. El 12 de mayo, cuando el tribunal anunció el aplazamiento del fallo, algunos de los simpatizantes decidieron organizar un acto de protesta al día siguiente en la plaza principal de Andiyán.

Uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad uzbekas

Amnistía Internacional ve con preocupación que el uso de armas de fuego con intención letal por miembros de las fuerzas de seguridad de Uzbekistán violó la obligación de proteger y respetar el derecho a la vida e impedir la privación arbitraria del derecho a la vida, contraída por este país en virtud del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este uso indiscriminado y desproporcionado de medios letales también contravino otras normas internacionales de derechos humanos, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de la ONU. Amnistía Internacional también siente preocupación porque, según se ha afirmado, al dar muerte intencionalmente a personas heridas las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, y sus vehículos blindados para transporte de personal arrollaron los cuerpos de personas muertas y heridas que yacían en las calles.

Ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y activistas de la oposición política

En virtud del artículo 19 del PIDCP, Uzbekistán está obligado a garantizar el respeto al derecho a la libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información, incluida la relativa a presuntas violaciones de derechos humanos.

Periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política de Uzbekistán han tratado, con gran riesgo personal, de documentar y hacer públicos los hechos ocurridos en Andiyán. Sus informes contradicen la versión oficial de los acontecimientos y apuntan al uso indiscriminado de la fuerza contra civiles. Amnistía Internacional siente preocupación ante los informes que indican que se ha intimidado y detenido a defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y miembros de la oposición política para tratar de impedir que hagan llegar sus informes al mundo exterior o participen en actividades de protesta. En algunos casos hasta se ha acusado a defensores de los derechos humanos de delitos comunes graves en relación con los sucesos de Andiyán. Entre tales delitos figura el de “terrorismo”, que en Uzbekistán es punible con la pena de muerte.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por la seguridad de Saidzhakhon Zainabitdinov, presidente del grupo independiente de derechos humanos Apelliatsia (Llamamiento), de Andiyán. Saidzhakhon Zainabitdinov presenció los sucesos del 13 de mayo en Andiyán y su relato de los hechos a los medios de comunicación internacionales difirió notablemente de la versión oficial. Según informes, fue detenido arbitrariamente el 21 de mayo por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y recluido bajo custodia policial en Andiyán. En julio lo transfirieron a Tashkent, donde ha permanecido recluido en régimen de incomunicación y corre grave peligro de ser sometido a tortura y malos tratos. Se ha afirmado que lo han acusado formalmente de “diseminar información con el propósito de sembrar el pánico” y “terrorismo”. Este último delito es punible con la pena de muerte.

Las autoridades han bloqueado el acceso desde Uzbekistán a sitios web en los que se proporciona una versión diferente de los hechos, así como el acceso a sitios web afiliados a la oposición uzbeka en el exilio y sitios considerados críticos con las autoridades.

Violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional

De acuerdo con los informes, varios miles de personas han sido detenidas en relación con los hechos de Andiyán. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que los agentes del orden no sólo han detenido a personas de las que había motivos razonables para sospechar que habían cometido delitos comunes sino también a testigos, personas que presuntamente habían hablado con periodistas, familiares de personas desaparecidas y familiares de personas refugiadas en Kirguistán.

Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de todas las personas que han sido detenidas en relación con los hechos de Andiyán. Esta preocupación se basa en la trayectoria, profusamente documentada, de Uzbekistán en materia de comisión de violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. La organización considera que todas estas personas corren grave peligro de ser sometidas a tortura o malos tratos.

La tortura es objeto de una prohibición absoluta en el derecho internacional, incluido el artículo 7 del PIDCP. Tras una visita al país en 2002, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura manifestó que en Uzbekistán la tortura y los malos tratos son “sistemáticos”.

Amnistía Internacional también considera que las personas acusadas de delitos comunes corren peligro de ser procesadas en actuaciones que violen las normas internacionales de imparcialidad procesal. En abril de 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que la judicatura uzbeka no es completamente independiente y se refirió al elevado número de condenas basadas en “confesiones” hechas durante la detención preventiva y obtenidas, según se ha afirmado, mediante tortura o malos tratos. El Comité también manifestó su preocupación por el hecho de que con frecuencia no se respeta en la práctica el derecho a contar con la asistencia de un abogado desde el momento de la aprehensión.

El 1 de agosto de 2005, el gobierno anunció que la pena de muerte quedaría abolida a partir del 1 de enero de 2008. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta noticia, pero teme que pueda llegar demasiado tarde para proteger a las personas acusadas de delitos punibles con la muerte –terrorismo y asesinato con premeditación con agravantes– en relación con los hechos de Andiyán. La organización considera que estas personas corren grave peligro de ser víctimas de la violación de su derecho a la vida como resultado de la probable imposición de la pena de muerte tras un juicio probablemente injusto. La pena capital ha desempeñado un importante papel en la represión del “extremismo religioso” en Uzbekistán; decenas de presuntos “extremistas islámicos” han sido condenados a muerte y ejecutados sin que se les acordara el derecho a disfrutar de una asistencia letrada efectiva.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades uzbekas a conmutar con prontitud todas las condenas de muerte pendientes de ejecución por penas de prisión y a decretar la suspensión de la pena de muerte, con efecto inmediato, hasta su abolición, prevista para enero de 2008.

La necesidad perentoria de una investigación internacional independiente

Amnistía Internacional considera que la verdad sobre los sucesos del 12 y 13 de mayo sólo podrá establecerse en el curso de una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, de ámbito internacional, realizada conforme a las normas internacionales de derechos humanos. La investigación deberá tratar de establecer el número de personas muertas como consecuencia de la violencia y su identidad. Deberá asimismo examinar las circunstancias en las cuales las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de la fuerza y en qué grado lo hicieron. En especial, deberá establecer si el uso de la fuerza y de armas de fuego por miembros de las fuerzas de seguridad se ajustó, en cada uno de los casos, a la legislación nacional y a las normas internacionales de derechos humanos.

También deberá tratar de establecer las circunstancias que rodearon el uso de armas de fuego por civiles armados y la medida de su uso. Deberá examinar los ataques contra la prisión y otros edificios gubernamentales durante la noche del 12 al 13 de mayo y tratar de identificar a los presuntos perpetradores de los atentados y a cualquier persona que haya perdido la vida como consecuencia de ellos. Deberá tratar de esclarecer la identidad, y la conducta, de los civiles armados que ocuparon edificios gubernamentales, e investigar las circunstancias y el alcance de la participación de civiles en la toma de rehenes y en el presunto maltrato u homicidio de los mismos.

Como resultado de la investigación, las personas –incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad– de las cuales haya motivos razonables para sospechar que hayan cometido actos delictivos y en cuyos casos se cuente con suficientes pruebas admisibles deberán ser enjuiciadas mediante actuaciones justas y completas que se ajusten al derecho internacional y a las normas internacionales sobre garantías procesales y en las que no quepa la posibilidad de que se les imponga la pena de muerte.

El gobierno debe garantizar reparación para las víctimas y los familiares de los muertos, así como para todas aquellas personas cuyos bienes hayan sido destruidos o dañados durante los sucesos.

Recomendaciones

En su informe, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Uzbekistán a llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de ámbito internacional sobre los hechos ocurridos en Andiyán; a hacer públicos la identidad y el paradero de las personas muertas y heridas el 12 y 13 de mayo de 2005; a garantizar que se permitirá el acceso, sin obstáculos, de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja a todas las personas hospitalizadas o detenidas como consecuencia de los sucesos de Andiyán; y a asegurar que todos los procesos judiciales observarán escrupulosamente todas las normas internacionales que protegen el derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional también formula una serie de recomendaciones concretas a los Estados miembros de la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos o su órgano sucesor, a la Unión Europea y sus Estados miembros, y a las instituciones y los Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pidiéndoles que sigan instando a que se realice una investigación internacional de carácter exhaustivo, independiente e imparcial sobre los hechos ocurridos los días 12 y 13 de mayo en Andiyán y que transmitan al gobierno de Uzbekistán su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese país.

Véase: Uzbekistan: Lifting the siege on the truth about Andizhan (Índice AI: EUR 62/021/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur620212005

Uzbekistán: Cerco a la verdad (Índice AI: EUR 62/022/2005) http://web.amnesty.org/library/index/esleur620222005

Kyrgyzstan: Uzbekistan in Pursuit of Refugees in Kyrgyzstan: A Follow-up Report (Índice AI: EUR 58/016/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur580162005

Kyrgyzstan: Refugees in need of a safe haven (AI Index: EUR 58/008/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur580082005