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Uzbekistán: El embajador del Reino Unido hizo bien en hablar

por Carlos Reyes-Manzo

Fecha: 8 de noviembre de 2004

Índice AI: EUR 62/026/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR620262004

La noticia de que Craig Murray, embajador del Reino Unido en Uzbekistán, ha sido separado de su cargo tras denunciar públicamente la tortura en Uzbekistán es aplastante. Yo me había permitido una pequeña ovación personal cuando el Sr. Murray comenzó a denunciar los atroces abusos contra los derechos humanos que se cometen en ese país. Aquí teníamos a un diplomático que estaba dispuesto a romper con la habitual reticencia que imponen las reglas protocolares.

Según Amnistía Internacional, bajo el régimen autoritario del presidente Karimov la tortura es cosa de rutina en Uzbekistán. El Sr. Murray fue enviado a Tashkent para representar los intereses del Reino Unido. ¿Tenía derecho a denunciar el hecho de que sus anfitriones permitían que se matara a la gente hirviéndola en agua? ¿Tenía derecho a quejarse de que a los detenidos uzbekos se los tortura para que hagan confesiones falsas y después se los ejecuta en secreto? ¿O debería haber hecho la vista gorda y permanecido en silencio?

Sospecho que la mayoría de los diplomáticos de carrera habrían encontrado una tercera vía conveniente. Informar de ello a Londres, pero guardar silencio en público. Sus superiores probablemente le dirían que ahora Uzbekistán es un socio de gran importancia estratégica en la "guerra contra el terror". Y que tenemos que aceptar que Karimov está enfrentado a una amenaza terrorista insurgente. Los interrogatorios serán duros, pero necesarios.

Pero el Sr. Murray parece estar hecho de otra madera. Sus recientes denuncias se han centrado en la cuestión de si el Ministerio de Asuntos Exteriores y el servicio secreto de inteligencia MI6 están recibiendo información obtenida mediante tortura en Uzbekistán y filtrada a través del FBI. Y, si fuera así, ¿qué harían con ella? Esto parece haber irritado a sus superiores del Ministerio y causado su remoción. Él se considera una "víctima de conciencia". ¿Cuál de las dos partes es la que tiene principios?

El derecho internacional establece que toda información extraída mediante tortura es inadmisible ante un tribunal. La Convención de la ONU contra la Tortura prohíbe expresamente el uso de "pruebas" obtenidas mediante tortura. Se trata, de hecho, de información "sucia", y no debe ser tenida en cuenta. No obstante, en una decisión adoptada en agosto sin mayor repercusión pública, el Tribunal de Apelación resolvió que, aunque la información obtenida mediante tortura no era admisible en los tribunales británicos, este principio sólo regía cuando la información había sido obtenida directamente por agentes del Reino Unido o cuando éstos habían actuado en connivencia a los efectos de su obtención.

Amnistía Internacional denunció esta alarmante opinión, calificándola de una manera de "dar la luz verde a los torturadores" de todo el mundo. Estoy de acuerdo. Pero tal parece ser la postura actual del Ministerio de Asuntos Exteriores: la información arrancada en cámaras de tortura extranjeras es aceptable siempre que no la arranquemos nosotros mismos.

Cuando fui torturado durante la dictadura militar de Pinochet en los años setenta, me volví hacia países cono el Reino Unido para resistir la barbarie de los métodos de Pinochet. El Reino Unido fue para mí un refugio seguro frente a la tortura y ha sido mi hogar desde hace muchos años. No obstante, me siento cada vez más consternado ante la "flexibilidad" de la que últimamente parece hacer gala este país ante el hecho de la tortura.

Seamos claros. La tortura es abominable. Nadie puede describir el sufrimiento que causa. Nadie puede describir adecuadamente el horror real de la tortura.

A mí me detuvieron en presencia de mi esposa y mis dos hijos pequeños, en Santiago, en 1974, unos miembros del SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros). Me vendaron los ojos y me llevaron a un centro de detención secreto situado debajo de un estacionamiento en los sótanos del palacio presidencial, La Moneda. Allí me torturaron durante tres meses antes de transferirme a otro centro de tortura conocido como "La Casa del Terror", en el número 33 de la calle Londres, donde se repitieron otros tres meses de tortura.

Para mí, hubo dos fases mentales. La primera fue el shock: estaba en estado de shock y mi cerebro trabajaba frenéticamente, preparándose para lo que se venía. La segunda fue la aceptación: la aceptación de que iba a morir, pero que iba a morir con dignidad.

Suponiendo que hubiera proporcionado información a mis verdugos, e incluso que esa información hubiera sido correcta, no podría aceptarse que ese material se sacara a la luz en un tribunal de justicia. De hecho, la mayoría de los datos que le arrancan a golpes a la gente en las celdas policiales son pura basura. Cuando a una persona la empujas más allá de los límites que puede soportar, confesará cualquier cosa y denunciará a cualquiera.

En mi experiencia, el temor de Craig Murray de que el FBI esté proporcionando a las autoridades británicas información obtenida de víctimas de tortura tiene muchas probabilidades de verse confirmado. Tras sobrevivir la tortura y la reclusión en un campo de concentración chileno, me exilié en Panamá. Pero después me detuvieron agentes de la policía panameña y la policía chilena y me volvieron a golpear e interrogar. En los interrogatorios participaba un agente de la CIA. En esa época, los servicios de inteligencia colaboraban entre ellos contra la "amenaza comunista". Ahora lo siguen haciendo en nombre de la "guerra contra el terror".

No hay duda de que los enormes fracasos en la obtención de inteligencia sobre Irak nos han alertado a las graves dudas que despierta la "inteligencia" secreta. ¿Cuánto más cuestionable es, pues, este tipo de información cuando proviene de víctimas de tortura bañadas en sangre?

Cuando Pinochet fue detenido en Londres en 1998, abrigué la esperanza de que se tratara de un hito histórico en la lucha contra la tortura. Era esencial que se enjuiciara a Pinochet, no sólo para mí sino para los miles de supervivientes de la tortura que siguen vivos en Chile y en todo el mundo. Parecía que, al permitir su aprehensión y reclusión, el Reino Unido había dado un paso valeroso. Parecía que la promesa era: se acabó la inmunidad para los torturadores.

Pinochet eludió a la justicia aquí, pero todavía es posible que sea procesado en Chile. Su detención en Londres fue un mensaje enviado a todos los que actúan como el presidente Karimov.

El 9 de octubre dio comienzo en el Old Bailey[el tribunal penal central] el juicio contra un caudillo militar afgano del que se sospecha que ha sido responsable de la organización de actos de tortura en Afganistán. Es un juicio sin precedentes, ya que se lo acusa de cometer actos de tortura en otro país. Es un auténtico paso adelante.

La tortura ha sido reconocida como un delito de carácter internacional y sus perpetradores pueden y deben ser procesados en tribunales que no pertenezcan al país en el que se cometió el crimen.

Pero contrastemos este procesamiento con el hecho de que hoy en día en el Reino Unido se puede detener indefinidamente a la gente en aplicación de medidas "antiterroristas", sobre la base, en parte, de información empapada en sangre. Hoy, en prisiones de máxima seguridad como Belmarsh, en el sur de Londres, y Woodhill, en el condado de Buckinghamshire, se recluye a ciudadanos extranjeros indefinidamente. David Blunkett, ministro del Interior, ha "certificado" que son sospechosos de terrorismo, y los procedimientos especiales que justifican estas medidas son los mismos de los que se ha servido el Tribunal de Apelación para dar la luz verde al uso de información obtenida mediante tortura por "terceras partes".

La espantosa simetría consiste, pues, en que en este país podríamos estar encerrando a la gente sobre la base de información arrancada mediante torturas a ciudadanos británicos en lugares como Guantánamo.

Estamos en un cruce de caminos. O acompañamos a Craig Murray en el rechazo de todas las formas de tortura o usamos subterfugios, buscamos justificaciones y decidimos que Donald Rumsfeld tiene razón cuando distingue entre "abuso" y "tortura".

En este año de Abu Graib y de los fracasos de la inteligencia internacional, es imperioso que rompamos para siempre con la tortura. Debemos resistirnos a permitir la entrada del virus de las "pruebas" obtenidas mediante tortura en el torrente sanguíneo de nuestro sistema judicial. De otro modo habrán triunfado los torturadores.

Carlos Reyes-Manzo reside con su familia en Londres. Es un galardonado periodista gráfico dedicado a los derechos humanos.

Este artículo ha sido escrito por un colaborador externo y no refleja necesariamente la política de Amnistía Internacional.********