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9 de julio de 2001 Documento público

Bosnia y Herzegovina: Srebrenica

¿Cuánto más habrá que esperar para que Karadzic y Mladic se sienten en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional?

En vísperas del sexto aniversario de las ejecuciones masivas de hombres y jóvenes musulmanes bosnios en Srebrenica, Amnistía Internacional vuelve a instar una vez más a las autoridades de la República Srpska y a la Fuerza de Estabilización (SFOR) bajo el mando de la OTAN a que procedan a la detención de dos ex dirigentes de la República Srpska buscados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en relación con esos crímenes. El Tribunal Internacional dictó en 1996 contra Radovan Karadzic y Ratko Mladic acta pública de acusación formal por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Srebrenica.

Amnistía Internacional ha declarado: «La detención de personas como Radovan Karadzic y Ratko Mladic para que hagan frente a estos cargos es de la máxima importancia, no sólo por lo que respecta a los miles de víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en Srebrenica y sus familiares, sino también para lograr el retorno de las minorías de forma segura y sostenida».

El gobierno de la República Srpska ha aprobado recientemente un proyecto de ley sobre cooperación con el Tribunal que se presentará al Parlamento a fines de mes. Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades de la República Srpska una copia de ese proyecto de ley pero, hasta la fecha, a la organización no le ha sido facilitada. Según los informes, esa futura ley establecerá la posibilidad de que el inculpado pueda presentar recurso ante el Tribunal Supremo de la República Srpska contra su entrega al Tribunal Penal Internacional. Además, parece ser que el actual proyecto de ley no detalla las obligaciones de los agentes encargados de hacer cumplir la ley de la República Srpska de buscar y detener a sospechosos contra quienes el Tribunal Internacional haya dictado acta de acusación. Asimismo, el primer ministro de la Republica Srpska, Mladen Ivanic, realizó unas ambiguas declaraciones a la prensa, tras visitar el Tribunal Penal Internacional el pasado 5 de julio, sobre la inmediatez y energía con que su gobierno iba a abordar estos asuntos.

Con respecto a este particular, Amnistía Internacional subraya, una vez más, que todos los Estados y Entidades están obligados a cumplir las disposiciones de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de la ONU, de mayo de 1993, según la cual deben poner a disposición de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional a toda persona contra quien éste haya formulado acta de acusación, ya sea residente transitorio o permanente en sus respectivos territorios. El traslado de sospechosos inculpados se realiza por el procedimiento de «entrega» (y no el de extradición), que no está sujeto a ninguna restricción en virtud de las leyes nacionales. Hasta la fecha, las autoridades de la República Srpska no han detenido ni trasladado a un sólo sospechoso a la custodia del Tribunal Internacional, si bien algunos se han entregado voluntariamente.

Amnistía Internacional observa también con preocupación que los efectivos de la Fuerza de Estabilización (SFOR) de la OTAN desplegados en Bosnia y Herzegovina sólo han detenido en lo que va de año a un sospechoso inculpado por el Tribunal Penal Internacional pese a los reiterados llamamientos que su fiscal le ha formulado para que aplique una política más enérgica de detenciones. Al parecer, la SFOR ha desatendido varios informes que se le habían suministrado sobre avistamientos de Radovan Karadzic en la zona oriental de la República Srpska. Amnistía Internacional no ha dejado de recordar en ningún momento a los gobiernos que aportan tropas a la SFOR que, entre otras cosas, su mandato incluye el deber de buscar y detener a sospechosos inculpados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Información general

Srebrenica, «zona segura» protegida por la ONU, cayó en poder del Ejército Serbio de Bosnia el 11 de julio de 1995. Se calcula que tras la toma de ese enclave se ejecutó sumariamente a más de 8.000 musulmanes bosnios. El Comité Internacional de la Cruz Roja sigue contabilizando hoy a más de 7.000 personas de Srebrenica como desaparecidas. La Comisión Bosnia sobre Personas Desaparecidas y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia han exhumado hasta la fecha más de 4.000 restos humanos en la zona, de los cuales sólo han podido ser identificados en torno al centenar.

El primer juicio de notoriedad por los crímenes cometidos en Srebrenica, el del general Radislav Krstic (acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), se encuentra en las últimas fases del proceso y se espera que a fines del mes de julio el tribunal dicte sentencia. Otro sospechoso, Dragan Obrenovic, detenido por la SFOR en abril de este año, se encuentra en espera de juicio por cargos de complicidad en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Srebrenica.

La Federación Croato-Musulmana de Bosnia y Herzegovina y la propia Croacia han promulgado leyes para la cooperación con el Tribunal Penal Internacional. El gobierno de la República Federativa de Yugoslavia promulgó también recientemente un decreto sobre cooperación gubernamental que posteriormente anuló el Tribunal Constitucional de la República. En cualquier caso, el 28 de junio las autoridades yugoslavas cumplieron con la obligación que tienen contraída en virtud de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad y entregaron al Tribunal Penal Internacional al ex presidente Slobodan Milosevic sin recurrir a ningún tipo de procedimiento de extradición ante un tribunal nacional.

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