EL DERECHO A NO SUFRIR DISCRIMINACIÓN RACIAL

Índice AI: IOR 41/003/2001/s

[Texto común a todos]

EL DERECHO A NO SUFRIR DISCRIMINACIÓN RACIAL

El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia atentan contra la noción más elemental de los derechos humanos: que todas las personas son iguales en dignidad y valía. Sin embargo, suceden en todos los países del mundo. La tortura y los malos tratos, así como la discriminación en el sistema judicial, forman parte de una extensa serie de abusos que se cometen sistemáticamente contra determinadas personas por su raza, su color, su ascendencia o su origen nacional o étnico. La discriminación racial suele ir acompañada de discriminación por otros motivos, como el género o la edad.

En 1965, las Naciones Unidas adoptaron la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que obliga a los Estados Partes en el tratado a garantizar el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y a recibir protección frente a todo daño, sin distinción de raza, color, ascendencia, nacionalidad u origen étnico. Los Estados deben tomar medidas para evitar toda forma de discriminación practicada no sólo por sus propios funcionarios, sino también por particulares.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial fue creado para verificar el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados. Sin embargo, menos de un tercio de los 157 Estados Partes de la Convención han aceptado permitir que el Comité reciba denuncias de individuos o grupos que afirmen ser víctimas de discriminación racial. Es importante que todos los Estados permitan la presentación de este tipo de denuncias, y para ello deben formular una declaración en virtud del artículo 14. Si lo hacen, habrán dado un paso importante en la dirección correcta para garantizar que los derechos amparados por la Convención se hacen realidad para las víctimas de la discriminación racial en todo el mundo.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial de activistas voluntarios en favor de los derechos humanos que trabaja para obtener la libertad de todos los presos de conciencia, lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos y conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura, las «desapariciones» y los homicidios políticos en todo el mundo. Amnistía Internacional trabaja con independencia e imparcialidad para promover el respeto de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales.

Si desean más información sobre Amnistía Internacional y nuestra labor de sensibilización respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas por motivos de racismo, xenofobia u odio étnico, pónganse en contacto con la Sección de Amnistía Internacional en su país o escriban a la siguiente dirección:

Amnesty International

International Secretariat

1 Easton Street, London WC1X 0DW

Reino Unido

<www.amnesty.org>

En la presente Convención la expresión «discriminación racial» denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

[Fin del texto común]

AUSTRIA

Al parecer, los agentes de policía mostraron una actitud despreciativa hacia los solicitantes de asilo, riéndose de los que se quejaban de dolor cuando los sometían a registros íntimos y empleando un lenguaje humillante.

LOS SOLICITANTES DE ASILO, BLANCO DE LOS ATAQUES DE LA POLICÍA

La noche del 17 de enero del 2000, unos 130 agentes de policía efectuaron un registro en busca de drogas en un edificio donde se alberga a solicitantes de asilo en Traiskirchen, en la Baja Austria. En el curso de la operación, unos 80 residentes del edificio fueron confinados por la policía en ciertas áreas, como dormitorios y cocinas. Según informes, a muchos les ataron las muñecas en posturas dolorosas con cierres de plástico mientras los registraban sistemáticamente en busca de drogas, y a varios los sometieron a humillantes registros corporales internos en presencia de otros habitantes de la casa y de policías. Al parecer, los agentes llevaron a cabo varios de estos registros sin cambiarse los guantes de látex y mostraron una actitud despreciativa, riéndose de los que se quejaban de dolor cuando los sometían a registros corporales y utilizando un lenguaje humillante.

Según la información recibida, el registro policial duró aproximadamente cuatro horas; durante ese tiempo, los agentes privaron temporalmente de libertad a 80 solicitantes de asilo, a muchos de los cuales desnudaron y sometieron a registros corporales. Finalmente fueron detenidas 15 personas, según informes por posesión de pequeñas cantidades de droga.

Amnistía Internacional ve con preocupación que, para detener a un reducido número de posibles consumidores y traficantes de drogas, se haya dirigido semejante operación policial contra todos los habitantes del bloque tres de la residencia. Si bien la organización reconoce el derecho de las autoridades austríacas a combatir el narcotráfico, considera que al hacerlo no deben emplear medios que vulneren los derechos humanos.

Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la incursión policial de Traiskirchen son un reflejo de una preocupación más general de la organización: que, en el curso de la campaña antidroga emprendida en Austria, la policía ha actuado en ocasiones contra personas sin motivos razonables y aparentemente movida por prejuicios étnicos y no por la sospecha razonable de que tales personas han cometido un delito.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido denuncias cada vez más frecuentes sobre malos tratos policiales en Austria. Un gran número de ellas tienen que ver con malos tratos infligidos a extranjeros o ciudadanos austríacos de raza distinta a la blanca, o con el uso de un vocabulario racista por parte de los agentes de policía. Se han documentado varios casos alarmantes.

En mayo de 1999, Markus Omofuma, solicitante de asilo nigeriano de 25 años, murió cuando estaba siendo expulsado por tres agentes de policía austríacos. Al parecer, lo amordazaron y envolvieron «como una momia» con cinta adhesiva. No está previsto que el proceso abierto contra los agentes de policía acusados en relación con esta muerte llegue a juicio hasta el 2001.

En noviembre de 1998, un ciudadano austríaco de raza negra fue abordado por la policía por haber dado marcha atrás en una calle de sentido único. Los agentes emplearon un lenguaje racista, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y reanudaron la paliza cuando recobró el conocimiento. Si bien los policías implicados fueron juzgados y, tras un recurso de apelación presentado en julio del 2000, fueron declarados culpables y condenados a penas condicionales de dos meses por agresión intencionada contra el detenido, de 39 años, la víctima también fue juzgada y condenada en agosto de 1999 a una pena condicional de cuatro meses por resistencia a la autoridad.

Amnistía Internacional también ha expresado preocupación porque las investigaciones sobre malos tratos policiales se han realizado con lentitud, no han sido exhaustivas y con frecuencia no han dado resultados concluyentes, y porque a menudo se han presentado denuncias —como resistencia a la autoridad, agresión o difamación— contra quienes han denunciado malos tratos policiales y quienes han sido testigos de ellos. En julio del 2000, Amnistía Internacional fue amenazada con acciones judiciales en su contra cuando pidió a las autoridades que investigaran los presuntos malos tratos infligidos por la policía a un muchacho de 13 años de origen turco.

A lo largo de 1999 y del 2000, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Austria en reiteradas ocasiones que aborde el problema del racismo en las fuerzas policiales, que investigue a fondo todos los casos de malos tratos, que transmita a la policía el mensaje inequívoco de que los malos tratos son inaceptables y que ponga a los autores en manos de la justicia.

En mayo del 2000, el Ministerio del Interior afirmó que se había emprendido una investigación sobre las denuncias de malos tratos cometidos por la policía en Traiskirchen. El 10 de julio del 2000, el Tribunal Administrativo Independiente de la Baja Austria, situado en Saint Pölten, escuchó el primero de una serie de testimonios sobre la incursión policial ofrecidos por algunos de los solicitantes de asilo que denunciaron a la policía. Aún no se han hecho públicas las conclusiones de las investigaciones.

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QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los solicitantes de asilo;

* informar a la opinión pública sobre las conclusiones de la investigación realizada acerca de la incursión policial en una residencia para solicitantes de asilo ubicada en Traiskirchen, y tomar las medidas oportunas contra los autores de prácticas crueles, inhumanas o degradantes;

* dar efectivo cumplimiento a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y formular una declaración en virtud de su artículo 14 para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

Herrn, Ernst Strasser, Bundesminister für Inneres

Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7

1014 Wien, Austria

Fax: + 43 1 531 26 39 10

Dieter Bönmdorfer, Bundesminister für Justiz

Museum Straße 7

1070 Wien, Austria

Fax: + 43 1 521 52 727

Fotografía de portada: Centro de Asilo de Traiskirchen. © Rudi Handl

BULGARIA

Tsvetalin Perov dijo que un agente de policía lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente. Lo siguiente que recordaba era haberse despertado por el dolor que le producía el fuego en el cuerpo.

UN MUCHACHO DE 16 AÑOS SUFRE GRAVES QUEMADURAS BAJO CUSTODIA DE LA POLICÍA

Tsvetalin Perov fue detenido en Vidin (Bulgaria) la tarde del 29 de abril del 2000. Lo llevaron a la comisaría de policía y lo encerraron en una celda. Hacia las nueve de la noche, Tsvetalin Perov fue trasladado de la comisaría al hospital de Sveta Petka. Tenía quemaduras de tercer grado en el 15 por ciento del cuerpo, algunas tan graves que requirieron injertos de piel.

Tsvetalin Perov es un muchacho romaní de 16 años. Es epiléptico y, según la información recibida, fue expulsado de una escuela para niños con dificultades de aprendizaje a causa de sus constantes robos. Los informes indican que la policía lo ha detenido y recluido con frecuencia, y que al parecer fue maltratado en varias ocasiones por agentes de policía en el curso de interrogatorios. Su hermana asegura haberlo visto regresar varias veces de esos interrogatorios cubierto de sangre.

El relato de los hechos del 29 de abril ofrecido por Tsvetalin Perov parece indicar que el causante de que su cuerpo ardiera en llamas fue un agente de policía. Al salir del hospital contó a la organización no gubernamental DROM que en la comisaría había estado encerrado en una sala con un policía que le había dado puñetazos y patadas hasta dejarlo inconsciente. Afirma que lo siguiente que recuerda es haberse despertado por el dolor que le producía el fuego en el cuerpo y que sus gritos atrajeron a otros agentes, que apagaron el fuego.

Según la información recibida, la policía no facilitó información alguna sobre los hechos, y tampoco se abrió una investigación hasta que DROM y un periodista local los dieron a conocer. Según informes, unos agentes de policía dijeron al investigador de la fiscalía militar que el agente de guardia, Lyudmil Ivanov, oyó gritar a Tsvetalin Perov en la sala en la que lo habían encerrado a solas. De acuerdo con la versión de la policía, el agente Ivanov llamó al sargento Vanyo Milkanichov para que lo ayudara. Encontraron a Tsvetalin Perov envuelto en llamas y lo sacaron al pasillo, donde sofocaron el fuego.

Los agentes de policía de Vidin que interrogaron a Tsvetalin Perov el 4 de mayo del 2000 declararon que éste aseguraba haberse quedado con un paquete de cigarrillos que contenía varios cigarrillos y un encendedor desechable durante su reclusión en la comisaría de policía. Dijeron que, con esos artículos, se prendió fuego él mismo. Sin embargo, es procedimiento obligatorio de la policía búlgara requisar hasta los cordones de los zapatos a los detenidos. Tras el suceso, la policía no pudo encontrar los cigarrillos y el encendedor o las cerillas que, según afirmaban, Tsvetalin Perov tenía en su poder.

En noviembre del 2000, el Ministerio del Interior confirmó que la policía había registrado a Tsvetalin Perov antes de dejarlo solo en la celda. Según el ministerio, el fiscal militar de Vidin ha abierto una investigación en torno a las circunstancias que desembocaron en las quemaduras de Tsvetalin Perov.

Amnistía Internacional ve con preocupación los numerosos informes sobre malos tratos a manos de agentes de policía búlgaros, unos malos tratos que parecen constituir un problema sistémico e institucional. En una encuesta realizada a principios de 1999 en nombre del Comité Búlgaro de Helsinki (ONG local de derechos humanos) entre cerca de un millar de presos convictos de Bulgaria, más de la mitad dijeron haber sido torturados o maltratados durante su detención o cuando estuvieron recluidos en una comisaría de policía. Separándolos por grupos étnicos, los resultados demostraban que las víctimas más frecuentes de presuntos malos tratos por parte de agentes de policía eran los encuestados romaníes. El 60 por ciento de los presos romaníes encuestados aseguraron haber sido maltratados bajo custodia de la policía.

QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los miembros de la comunidad romaní;

* garantizar que se realizan sin demora investigaciones imparciales y exhaustivas sobre todas las denuncias e informes de malos tratos infligidos por agentes de policía a miembros de la comunidad romaní, como cuando Tsvetalin Perov ardió en llamas, y que la policía presta toda la colaboración necesaria para que se pueda llevar a los autores ante los tribunales;

* poner en marcha programas eficaces de formación para agentes de policía a fin de garantizar que éstos comprenden y cumplen las normas nacionales e internacionales de derechos humanos;

* dar efectivo cumplimiento a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y formular una declaración en virtud de su artículo 14 para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

Mr Emanuil Yordanov, Minister of the Interior

6 Septemvri 29, 1000 Sofia, Bulgaria

Fax: + 3592 987 7967, + 3592 982 2047

Mr Nikola Filchev, Chief Prosecutor, 2 Vitosha Blvd.

1000 Sofia, Bulgaria

Fax: + 3592 986 2270

Izquierda y portada: Tsvetalin Perov en el hospital tres días después de haber sufrido quemaduras de tercer grado en una celda policial. © AI. Fotografía cedida por Vanya Stavre.

GUINEA ECUATORIAL

Uno de los pies se le infectó a causa de la tortura y se le gangrenó; él se volvió loco.

Descripción de Ireneo Barbosa Elobé, muerto bajo custodia, realizada por testigos.

ENCARCELAMIENTO, TORTURA Y MALOS TRATOS DE PERSONAS DE ETNIA BUBI

Ireneo Barbosa Elobé estaba entre las 500 personas que fueron detenidas en Guinea Ecuatorial entre enero y febrero de 1998 a raíz de los asaltos contra varios cuarteles militares de la isla de Bioko. La mayoría de los detenidos pertenecía al grupo étnico bubi, población indígena de la isla.

Tras los asaltos a los cuarteles, en los que perdieron la vida cuatro soldados y tres civiles, las autoridades pusieron en marcha un programa de represión y detenciones sistemáticas contra amplios sectores de la población bubi. Las fuerzas de seguridad golpearon, insultaron y acosaron a bubis en la calle y en sus domicilios. Miembros de las fuerzas de seguridad observaron sin intervenir cómo las multitudes golpeaban y violaban a bubis. Se tomó como rehenes a familiares de personas buscadas por las fuerzas de seguridad, entre ellos mujeres y ancianos, para obligar a entregarse a los que habían huido o se habían escondido. Se produjeron saqueos de poblados y varias personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Parece ser que a muchos de los detenidos los privaron de libertad exclusivamente por su origen étnico. Al menos seis detenidos, entre ellos Ireneo Barbosa Elobé, murieron tras ser torturados por las fuerzas de seguridad cuando estaban bajo custodia.

En mayo de 1998 fueron juzgadas más de 110 personas en relación con los asaltos a los cuarteles militares. El juicio militar sumario, que duró cinco días, no reunió las garantías procesales que exigen las normas internacionales. El consejo de guerra dictó 15 sentencias de muerte —que posteriormente fueron conmutadas por penas de prisión perpetua— y condenó a unas 70 personas a penas de entre 6 y 26 años de cárcel. Al parecer, todas las condenas se basaron en confesiones obtenidas mediante tortura. Los delegados de Amnistía Internacional que asistieron al juicio en calidad de observadores vieron indicios claros de que los acusados habían sido torturados. Algunos tenían huesos fracturados en pies y manos y al menos a una decena de ellos les habían cercenado parte de las orejas con cuchillas de afeitar.

Desde que se celebró el juicio y se pronunció la sentencia, los presos permanecen recluidos en condiciones sumamente duras, no reciben alimentación ni asistencia médica adecuadas y, al parecer, muchos están muy débiles. La mayoría dependen de los familiares que les llevan comida y medicamentos. Según informes, los malos tratos y la falta de asistencia causaron la muerte de un preso, Martin Puye, en julio de 1998, y de otro, Diego Sepa Tobachi, en octubre de 1999.

El 3 de marzo del 2000, unos 40 reclusos fueron trasladados de la prisión de la capital, Malabo, en la isla de Bioko, a Evinayong, unos 500 kilómetros al este de Malabo, por lo que sus familias tienen muchas dificultades para proveerles de medicamentos, comida y apoyo moral. En diciembre del 2000, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo promulgó un decreto por el cual se indultaba a 14 de estos presos, entre los que se encontraba Milagrosa Cheba, la única mujer del grupo.

Amnistía Internacional considera que la mayoría de las personas detenidas y condenadas en 1998 son presos de conciencia encarcelados únicamente por su origen étnico. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento público a las autoridades de Guinea Ecuatorial para que pongan en libertad a los presos de conciencia y mejoren las condiciones de reclusión de todos los presos.

En febrero de 1997, el presidente admitió públicamente por primera vez que en su país se habían conculcado sistemáticamente los derechos humanos, y anunció que se tomarían medidas para acabar con estos abusos. Sin embargo, las violaciones generalizadas de derechos humanos que sucedieron a los ataques de enero de 1998 demostraron que, para la comunidad bubi, esta declaración del presidente no era sino una promesa vacía.

QUÉ PUEDESHACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los miembros del grupo indígena bubi;

* poner en libertad incondicional a todos los bubis condenados injustamente en mayo de 1998 exclusivamente por su origen étnico o sus actividades políticas de carácter pacífico;

* tomar medidas para que todos los detenidos reciban alimentos y atención médica suficientes;

* permitir el acceso a los presos por parte de organizaciones humanitarias internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja;

* ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y formular una declaración en virtud de su artículo 14 para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

Presidente de la República

Gabinete del Presidente de la República

Malabo, República de Guinea Ecuatorial

Fax: + 240 9 3313/3334

Santiago Nsobeya Efuman

Ministro de Asuntos Exteriores

Ministerio de Asuntos Exteriores

Malabo, República de Guinea Ecuatorial

Fax: + 240 9 3132/2320

Arriba: Uno de los procesados con las orejas cortadas. © Gervasio Sanchez

Portada: El acusado Martin Puye en el juicio. © Gervasio Sánchez

HONDURAS

Su cuerpo apareció en el margen de la carretera, acribillado a balazos y cubierto de heridas de cuchillo o machete.

DIRIGENTE INDÍGENA ASESINADO

Cándido Amador Recinos fue asesinado la noche del 12 de abril de 1997 en Copán Ruinas (Honduras). Su cadáver apareció en el margen de la carretera, acribillado a balazos y cubierto de heridas de cuchillo o machete. Presentaba heridas profundas en el rostro, el cuello, los brazos y las manos; en la mano derecha la herida era tan profunda que tenía el dedo índice seccionado. La autopsia determinó que la causa de la muerte era una lesión cerebral, y consideró que las heridas en manos y brazos se habían producido al intentar defenderse Cándido Amador de la agresión. Hubo informes que señalaban la presencia de numerosas colillas de cigarrillo en el lugar donde lo habían matado, lo que apuntaba a que sus agresores llevaban un rato esperándolo.

Cándido Amador tenía 38 años y pertenecía al grupo chorti, una de las comunidades indígenas de Honduras. Secretario general del Consejo General de Evaluación para el Desarrollo de los Grupos Indígenas de Honduras, había dedicado muchos años a la lucha para conseguir tierras para los grupos indígenas y mejorar sus condiciones de vida.

Los indígenas son probablemente el sector más marginado de la sociedad hondureña. Muchas comunidades viven con el temor constante a perder las tierras donde viven, ya que, a pesar de las obligaciones establecidas por el derecho nacional e internacional, el gobierno no les ha proporcionado escrituras de propiedad que protejan su derecho a vivir en esas tierras y aprovechar sus recursos. Las disputas con terratenientes, empresas multinacionales madereras y negocios turísticos, por el reconocimiento de su derecho sobre la tierra han desembocado en abusos contra dirigentes indígenas tales como actos violentos, intimidaciones y amenazas de muerte. Las autoridades no han investigado debidamente estos abusos y no han ofrecido protección adecuada frente a ellos.

Las organizaciones indígenas aseguraron que los responsables de la muerte de Cándido Amador eran terratenientes. Unos días antes de su muerte, éste había dicho a sus compañeros que había recibido numerosas amenazas de muerte.

A finales de abril de 1997, una investigación oficial sobre el homicidio llevó a la detención de un hombre, que luego fue puesto en libertad por falta de pruebas. En mayo de ese mismo año, dos jornaleros fueron detenidos a raíz de las denuncias de un joven; más tarde éste se retractó y ambos quedaron en libertad.

No parece que se hayan hecho más intentos de localizar a los responsables —ya sean los autores materiales o los instigadores— de la muerte de Cándido Amador Recinos. El pueblo chorti y las comunidades indígenas de Honduras en general siguen pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre este homicidio y pongan a los responsables en manos de la justicia.

Los abusos contra comunidades indígenas de Honduras y el hecho de que estos abusos no se investiguen ni se procese a sus autores viene preocupando desde hace muchos años a Amnistía Internacional. En la última década han muerto en Honduras unos 25 indígenas a manos de individuos o grupos presuntamente vinculados a las autoridades locales o al ejército. Otros dirigentes indígenas han resultado heridos o han sufrido amenazas y acoso, según informes, por parte de terratenientes u otros particulares que cuentan con la complicidad, unas veces supuesta y otras evidente, de las autoridades locales.

En septiembre del 2000, el gobierno y los grupos indígenas firmaron un acuerdo por el que el gobierno se comprometía, entre otras cosas, a crear un programa de investigación especial para esclarecer los homicidios de dirigentes indígenas, incluido Cándido Amador Recinos. Sin embargo, no se han recibido informes que indiquen avance alguno en este sentido. Mientras en Honduras prevalezca la impunidad sobre la justicia, los indígenas continuarán sufriendo.

QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los grupos indígenas;

* llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio del dirigente indígena Cándido Amador Recinos, hacer públicas sus conclusiones y llevar a los responsables ante los tribunales;

* garantizar que, de acuerdo con las normas internacionales, todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos reciben una reparación, incluida una indemnización económica;

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* ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y formular una declaración en virtud de su artículo 14 para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

S.E. Carlos Roberto Flores Facussé

Presidente de la República de Honduras

Casa Presidencial

Boulevard Juan Pablo Segundo

Palacio José Cecilio del Valle

Tegucigalpa, Honduras

Fax: + 504 234 1484

Dr. Roy Edmundo Medina

Fiscal General de la República

Fiscalía General, Ministerio Público

Edificio Castillo Poujol

4 Avda, Colonia Palmira, Boulevard Morazán

Tegucigalpa, Honduras

Fax: + 504 239 4750 / 239 3698 / 393687

Izquierda y portada: Cándido Amador Recinos © Particular

INDIA

Lo dieron por muerto, y le dijeron a la policía que lo habían matado.

ATAQUES BRUTALES CONTRA MIEMBROS DE CASTAS CLASIFICADAS (DALIT)

La noche del 23 octubre del 2000, en el pueblo de Guthakar, en Rajastán (India), media docena de hombres atacaron a Laxman Singh. Lo golpearon en las piernas con piedras y con una pesada barra de hierro procedente de un tractor. Le metieron un trapo en la boca para que no gritara y le quitaron el dinero y la comida que llevaba. Dándolo por muerto, los hombres comunicaron a la policía que lo habían matado.

La policía llevó a Laxman Singh al hospital de Bharatpur, donde ni le dieron una cama ni atendieron de inmediato sus heridas. Al parecer, los agresores pagaron al médico para que falsificara los informes y le dijeron que no importaba si moría. Más tarde Laxman Singh fue trasladado a un hospital de Jaipur, donde los médicos le dijeron que, debido a la deficiente asistencia recibida en el hospital de Bharatpur, tenía gangrenadas ambas piernas y había que amputarlas.

Laxman Singh tiene 40 años y pertenece a una familia dalit, grupo social desfavorecido, anteriormente conocido como casta de los «intocables» que padece una fuerte discriminación en todo el país. En Guthakar, las 10 familias dalitviven apartadas de los demás habitantes, en su mayoría miembros de una casta superior, los gujjar. No se les permite sacar agua del pozo comunal ni tocar utensilios de cocina ajenos, y están obligados a trabajar para vecinos de castas superiores, a menudo sin recibir nada a cambio.

En junio del 2000, unos gujjar, habitantes de su mismo pueblo, comenzaron a presionar a Laxman Singh, a su hermano y a su hijo para que les construyeran una casa, pero éstos se negaron, ya que no habían obtenido remuneración alguna por un trabajo realizado anteriormente para ellos. A continuación tuvieron lugar varios enfrentamientos violentos, entre ellos una paliza propinada al hermano de Laxman Singh y a su esposa por varios gujjar. Los agentes de la policía local, pertenecientes a una casta de grado similar a la de los gujjar, hicieron caso omiso de las quejas de los hermanos e insultaron a los dalitpor atreverse a presentar denuncias contra los gujjar.

A pesar de que la denuncia fue presentada finalmente a principios de octubre gracias a la intervención de un representante dalitlocal, no se ofreció protección alguna a Laxman Singh ni a su familia ni se tomaron medidas contra los agentes de policía que se habían negado a cursar las denuncias.

Según informes, el agente de policía que se había negado a cursar las denuncias de Laxman Singh y su hermano dijo a los gujjarque si mataban a Laxman Singh la policía los protegería.

Varias semanas después, un grupo de gujjaratacó a Laxman Singh.

La policía redactó el informe inicial sobre los hechos antes de tomar declaración a Laxman Singh. Se han recibido denuncias que indican que la policía fue presionada para que no citara en dicho informe los nombres de todos los agresores; esas mismas denuncias aseguran que en el informe no se nombró a ninguno de los cabecillas del ataque y que no se ha emprendido ninguna investigación policial para identificarlos.

Tres gujjarfueron detenidos y acusados de varios delitos, entre ellos el de intento de asesinato. Al comparecer ante un juez, aprovecharon la ocasión para advertir a los habitantes del pueblo de que si Laxman Singh y su familia no transigían los matarían. Se decretó prisión preventiva bajo custodia judicial para los tres, pero en enero del 2001 quedaron en libertad bajo fianza.

Tras reiterados llamamientos de las organizaciones de derechos humanos, los informes indican que el 13 de diciembre del 2000 las autoridades de Rajastán prometieron pagar 35.000 rupias (756 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a Laxman Singh y a su familia. Esta familia continúa recibiendo amenazas y ha tenido que abandonar el pueblo.

QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los miembros de la comunidad dalit;

* garantizar que todos los responsables de los ataques perpetrados contra el dalitLaxman Singh y su hermano son procesados y que, si son declarados culpables, reciben condenas acordes con su delito;

* investigar todos los informes que señalan la connivencia de la policía y otros agentes del Estado en la discriminación de miembros de la casta dalit, tomar medidas contra los culpables y pagar indemnizaciones a las víctimas;

* formular una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

Mr A.B. Vajpayee

Prime Minister of India

Office of the Prime Minister

South Block

New Delhi 110 001, India

Fax: + 91 11 301 6857

Mr Jaswant Singh

Minister of External Affairs

Ministry of External Affairs

South Block

New Delhi 110 001, India

Fax: + 91 11 301 0700/301 0680

Arriba y portada: Laxman Singh en el hospital. © AI

ISRAEL

0 En circunstancias normales, la policía sirve a los ciudadanos, no los mata.

Declaraciones del padre de Asil Hassan 'Asleh, muerto de un disparo efectuado por la policía el 2 de octubre del 2000.

FUERZA EXCESIVA CONTRA MANIFESTANTES

El 2 de octubre del 2000, Asil Hassan 'Asleh, muchacho palestino de 17 años, se unió a una manifestación organizada en su pueblo de Arrabeh (Israel). Los manifestantes protestaban por la muerte de más de 20 palestinos a manos de los servicios de seguridad israelíes y por las lesiones causadas a más de un millar de personas en el curso de las manifestaciones y disturbios registrados en todo Israel y los territorios ocupados en los cuatro días anteriores.

Unos 200 manifestantes se congregaron en Arrabeh y salieron del pueblo en dirección a unos campos de olivos próximos a un vertedero de basura, lugar elegido como símbolo de las tierras pertenecientes al pueblo que habían sido confiscadas. Allí los manifestantes no representaban peligro alguno para la vida o la propiedad. A pesar de ello, la policía, el ejército y las fuerzas especiales cargaron contra ellos, y les dispararon balas metálicas forradas de goma y munición real cuando ya se dispersaban. Asil 'Asleh y otro joven, Ala Khaled Nassar, resultaron muertos.

Testigos presenciales afirman haber visto cómo los servicios de seguridad perseguían a Asil 'Asleh, lo abatían a golpes y le disparaban a bocajarro en el cuello.

El vehículo en el que el joven fue trasladado al hospital se demoró en varios controles policiales de carretera. Cuando llegó al hospital los médicos intentaron operar al muchacho, pero no pudieron salvar su vida.

Asil 'Asleh era miembro activo de «Semillas de Paz», grupo internacional que trabaja por la amistad entre judíos y árabes. La muerte de este joven es sólo un ejemplo de cómo los servicios de seguridad israelíes hicieron un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes palestinos los días que sucedieron al 29 de septiembre del 2000, fecha en que la policía cargó contra unos manifestantes en la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, y causó la muerte de cinco personas. En las manifestaciones que se celebraron en más de 30 pueblos y ciudades de todo Israel, 13 palestinos resultaron muertos y hubo centenares de heridos.

Aunque en los territorios ocupados (donde las fuerzas de seguridad israelíes han matado a más de 350 palestinos desde el 29 de septiembre del 2000) los palestinos emplearon armas de fuego, en Israel y en el este de Jerusalén los manifestantes sólo iban armados con piedras. Las manifestaciones a las que no hizo frente la policía transcurrieron pacíficamente, sin ninguna víctima mortal. Sin embargo, hubo otras en las que la policía cargó enérgicamente contra los manifestantes y enseguida comenzó a disparar balas metálicas forradas de goma y munición real, a menudo sin haber probado antes otros medios no letales para dispersar multitudes. Varios investigadores de Amnistía Internacional, entre los que se encontraba un ex alto cargo de la policía británica, especializado en técnicas antidisturbios, consideraron que los servicios de seguridad israelíes habían contravenido las normas de la ONU al abrir fuego contra los manifestantes cuando éstos no representaban un peligro inminente para la vida de nadie.

La capacidad de las fuerzas de seguridad israelíes para controlar manifestaciones violentas sin recurrir a las armas de fuego queda demostrada por su labor de vigilancia en las manifestaciones organizadas por grupos judíos. Tal Etlinger, de la unidad de patrulla de la Guardia de Fronteras, dijo al periódico israelí Yedioth Ahronoth: «Los disturbios protagonizados por judíos los manejamos de otra forma. Cuando se celebra una de sus manifestaciones, es evidente desde el principio que no portamos armas. Ésas son las instrucciones.»

Pese a que en el curso de las manifestaciones que tuvieron lugar al 29 de septiembre del 2000 murieron 13 ciudadanos palestinos de Israel, la policía israelí no emprendió investigaciones sobre las circunstancias de estos homicidios. Hicieron falta casi dos meses de protestas en todo el país, por parte de los ciudadanos palestinos de Israel y de los grupos de derechos civiles, para que el gobierno israelí estableciera finalmente una comisión judicial encargada de investigar los homicidios.

QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico;

* garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de Asil 'Asleh y que, si se demuestra que fue víctima de homicidio ilegítimo, los autores sean procesados;

* acabar con el carácter discriminatorio del control policial de las manifestaciones de palestinos;

* formular una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

Ariel Sharon

Prime Minister

Office of the Prime Minister

3 Kaplan Street, PO Box 187

Kiryat Ben-Gurion, Jerusalem 91919, Israel

Fax: + 972 2 651 2631

Moshe Katsav

President of the State of Israel

The Office of the President

Hanassi Street

Jerusalem 92188, Israel

Fax: + 972 2 561 0037

Portada: Asil 'Asleh con unas amigas en un campamento de «Semillas de Paz».

Arriba: La última fotografía de Asil, con la hija de su primo.

MÉXICO

Las fuerzas de seguridad saquearon viviendas, robaron bienes y crearon un clima de terror entre la población.

ATAQUE CONTRA ACTIVISTAS INDÍGENAS

El 5 de septiembre de 1999, en Oaxaca, sur de México, a Juan Cruz López le dispararon por la espalda. Su amigo Joel Díaz López presentó una denuncia ante la policía y, al regresar a su casa, se encontró con un grupo de hombres armados que efectuaron cuatro disparos, uno de los cuales lo alcanzó. Aunque heridos de gravedad, ambos sobrevivieron. En ambos casos los agresores fueron presuntos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó en México hasta diciembre del 2000.

Juan Cruz López y Joel Díaz López pertenecen al Comité por la Defensa de Usos y Costumbres, organización establecida en la comunidad de Santiago Xanica (estado de Oaxaca) para promover y proteger los derechos de los indígenas. Aunque en 1998 se aprobó en este estado la innovadora Ley de Usos y Costumbres, en la práctica es frecuente que los indígenas vean pisoteados sus derechos. Se han recibido informes continuados sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, principalmente contra miembros de la población indígena.

A lo largo de los dos últimos años, los habitantes de Santiago Xanica han alcanzado altas cotas de organización comunitaria y han establecido amplios vínculos con otros grupos indígenas para defender pacíficamente sus derechos. Según informes, el ejército, la policía y simpatizantes del PRI han intentado contrarrestar tal activismo con violencia e intimidaciones.

Juan Cruz López y Joel Díaz López se encuentran entre los seis miembros del Comité por la Defensa de Usos y Costumbres que entre abril de 1999 y enero del 2000 sufrieron ataques, según informes a manos de simpatizantes del PRI.

También los miembros de otro grupo indígena local, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, han sido víctimas de numerosos actos de hostigamiento y amenazas de muerte.

El 1 de diciembre del 2000 tomó posesión en México un nuevo gobierno presidido por Vicente Fox Quesada, del Partido de Acción Nacional, que desbancó al PRI tras más de 70 años en el poder. El nuevo presidente se ha comprometido a respetar plenamente los derechos de las comunidades indígenas de México. Sin embargo, la gobernación de Oaxaca continúa en manos del PRI. Según informes, en muchas partes del estado el PRI sigue desempeñando un importante papel en la protección de los responsables de violaciones de derechos humanos, permitiendo que los perpetradores sigan cometiendo crímenes con absoluta impunidad.

A comienzos de enero del 2001, el ejército y la policía aumentaron su presencia en la región de Santiago Xanica, apoyados, según informes, por un grupo civil armado aliado del PRI. El 3 de enero los soldados comenzaron a intimidar e interrogar a personas de la comunidad, reclamando información sobre miembros del Comité por la Defensa de Usos y Costumbres. También saquearon una serie de viviendas de la comunidad vecina de San Lovene: robaron bienes y crearon un clima de terror entre la población.

Las autoridades no han tomado medidas eficaces ante las numerosas denuncias oficiales y, en consecuencia, el grado de tensión es muy elevado, lo que favorece la comisión de nuevos abusos. Las comunidades vecinas temen ser el siguiente objetivo. Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la seguridad de todas ellas.

Esta forma de discriminación racial no se circunscribe al sur de México. Amnistía Internacional recibe de todo el país informes sobre violaciones de derechos humanos contra indígenas.

QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los miembros de grupos indígenas;

* llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre los disparos efectuados contra Juan Cruz López y Joel Díaz López, miembros de un grupo indígena local, y sobre los casos de hostigamiento por parte del ejército registrados en enero del 2001; hacer públicas las conclusiones de las investigaciones y llevar a los responsables ante los tribunales;

* garantizar la seguridad de los habitantes de Santiago Xanica y las comunidades vecinas, y en concreto de los miembros del Comité por la Defensa de Usos y Costumbres, para que puedan ejercer libremente sus derechos sin miedo a sufrir intimidación;

* formular una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

Lic. Vicente Fox Quesada

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Palacio Nacional, Patio de Honor, Primer piso

Col. Centro, México D.F. 06067 México

Fax: + 52 5 277 2376 /515 5729

Lic. José Murat Casab

Gobernador del Estado de Oaxaca

Palacio de Gobierno

Bustamante s/n

Oaxaca 68000 México

Fax: + 529 516 3737

Arriba y portada: Reunión sobre los derechos de los indígenas celebrada en Santiago Xanica en febrero del 2000, a la que asistieron miembros de comunidades vecinas. © Particular

MYANMAR

Creí que me había vuelto loca, no podía llorar, no podía hablar, no podía comer. Toda mi familia lloraba y se marchaba del pueblo.

EXPULSADOS DE SUS TIERRAS Y OBLIGADOS A REALIZAR TRABAJOS FORZADOS

«Se lo llevaron del pueblo y le dieron tal paliza que lo dejaron inconsciente. Los soldados lo decapitaron y abandonaron su cadáver allí mismo. Los vecinos no se atrevieron a levantarlo, sólo podían mirar. Los soldados habían colocado minas alrededor del cadáver. No pudieron rescatarlo. Yo me fui al día siguiente. Pensé que podía correr la misma suerte [...] Creí que me había vuelto loca, no podía llorar, no podía hablar, no podía comer. Toda mi familia lloraba y se marchaba del pueblo.»

Una refugiada karen en Tailandia describe la ejecución extrajudicial de su hermano, muerto por ser sospechoso de filtrar información a un grupo armado de oposición. Fue el último de una serie de episodios que llevaron a esta mujer a abandonar su casa, situada en el distrito de Papun, estado de Kayin (Myanmar).

La mujer, cuyo nombre se ha omitido para que no puedan tomarse represalias contra ella si regresa a Myanmar, contó a Amnistía Internacional que, un mes antes de la muerte de su hermano, llegó un grupo de soldados a su pueblo para reclutar 20 porteadores. Se trata de una forma de trabajo forzado muy extendida en la región: hombres, mujeres y hasta niños son obligados a trabajar para el ejército durante días, sin obtener a cambio remuneración alguna y viéndose obligados a dejar sus granjas desatendidas. A los que se niegan o no pueden soportar un trabajo tan arduo los golpean o los matan. La mujer dijo haber visto a los soldados disparar contra estudiantes que salían de la escuela bíblica del pueblo, causando la muerte de un muchacho de 16 años y de una joven de 18.

La mujer que describió estos hechos se encuentra entre los, aproximadamente, 110.000 refugiados karen presentes en Tailandia que han huido de los brutales métodos empleados por el ejército de Myanmar en sus campañas de contrainsurgencia contra grupos armados de oposición formados por minorías étnicas.

Algunos de estos refugiados fueron obligados por el ejército a abandonar su pueblo y estuvieron viviendo en el bosque, sin poder trabajar sus tierras, expuestos a sufrir desnutrición y a contraer enfermedades, y con el temor constante a ser blanco de los disparos del ejército porque ocupaban «puntos negros» donde se suponía que los insurgentes tenían grupos activos. Otros dejaron sus casas huyendo de la quema de pueblos, de la constante exigencia de trabajos forzados por parte del ejército, de los saqueos de alimentos y suministros y de las ejecuciones extrajudiciales. Han perdido sus tierras, sus casas y sus bienes. La mayoría cultivaban arroz para subsistir y vivían en pequeñas poblaciones; los eligieron como víctimas simplemente por su origen étnico o por sus supuestas ideas políticas.

Según el gobierno militar de Myanmar, en el país existen 135 «razas nacionales», entre ellas la comunidad karen. Las autoridades birmanas aseguran que están luchando para «preservar y comprender la cultura y las nobles tradiciones de las razas nacionales». Sin embargo, las minorías étnicas no birmanas como la karen están padeciendo violaciones generalizadas de derechos humanos tales como reasentamientos forzados, trabajos forzados, torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

QUÉ PUEDES HACER

Envíen cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los miembros de la minoría étnica karen;

* tomar todas las medidas necesarias para acabar con las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las minorías étnicas de Myanmar, y garantizar la protección y el respeto de sus derechos fundamentales;

* investigar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra minorías étnicas y llevar a los responsables ante los tribunales;

* ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y formular una declaración en virtud de su artículo 14 para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

Lieutenant General Khin Nyunt

Secretary 1, State Peace and Development Council

c/o Ministry of Defence

Signal Pagoda Road, Dagon Post Office

Yangon, Unión de Myanmar

Fax: + 95 1 222 950

Colonel Hla Min

Office of Strategic Studies, Department of International Affairs

c/o Ministry of Defence

Signal Pagoda Road, Dagon Post Office

Yangon, Unión de Myanmar

Fax: + 95 1 222 950

Arriba: Refugiada karen. © Ben Bohane

Portada: Refugiada de Myanmar en la frontera de Tailandia. © Aung Myo Min

ARABIA SAUDÍ

El agente me puso el zapato en la boca, me dio una paliza, me encerró en una celda y no me permitió recibir visitas. Me amenazó con darme un trato aún peor si me negaba a admitir la confesión ante el tribunal. Dadas las circunstancias, ratifiqué la confesión con la esperanza de que alguien me escuchara en la sala del tribunal.

Abdul Karim al Naqshabandi, sirio ejecutado en Arabia Saudí por «brujería».

TRABAJADORA MIGRATORIA EN PELIGRO DE EJECUCIÓN

Sit Zainab binti Duhri Rupa se encuentra encarcelada en algún lugar de Arabia Saudí. Parece ser que esta trabajadora migratoria indonesia de 32 años ha «confesado» el asesinato de su empleador al ser interrogada por la policía. El crimen comporta la pena de ejecución por decapitación. Según la información recibida, la policía sospecha que la mujer padece trastornos psicológicos.

Tras ser detenida en septiembre de 1999, Sit Zainab binti Duhri Rupa no tuvo acceso a ningún representante de la embajada indonesia durante, al menos, 11 meses. No se le ha permitido contactar con un abogado ni con familiares o amigos. No hay informes que indiquen que se ha celebrado un juicio. De haber tenido lugar, el juicio probablemente se habría celebrado en secreto tras un procedimiento sumario, y en él Sit Zainab binti Duhri Rupa no habría tenido asistencia letrada.

Sit Zainab binti Duhri Rupa se encuentra entre los millones de extranjeros que componen entre el 60 y el 80 por ciento de la mano de obra saudí. La mayoría, como ella, proceden de países en desarrollo de África o Asia. Trabajar en Arabia Saudí representa para estas personas la oportunidad de escapar de la pobreza y procurar un futuro mejor a sus familias. No obstante, esta oportunidad conlleva también enormes peligros.

Muchos trabajadores migratorios sufren abusos a manos de sus empleadores, de quienes dependen por completo. A unos no les remuneran su trabajo. A otros los golpean. A algunas las violan. Como tienen prohibido cambiar de trabajo o desplazarse del lugar donde están empleados, apenas tienen ocasión de escapar, y no pueden recurrir a nadie en busca de ayuda.

Pero no sólo padecen abusos y discriminación a manos de particulares. Los trabajadores migratorios que entran en contacto con el sistema de justicia penal saudí se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Muchos de los detenidos son víctimas de tortura y malos tratos bajo custodia, donde los pueden engañar o coaccionar físicamente para que firmen una declaración que no entienden.

Como no tienen acceso a un abogado y normalmente no les permiten entrevistarse con familiares, amigos o representantes de la embajada de su país de origen que puedan ayudarlos, suelen ser declarados culpables y condenados tras juicios secretos y sumarios. Prácticamente ninguno recibe apoyo para solicitar la conmutación o una reducción de la pena. Como consecuencia, tienen más posibilidades que los saudíes de ser víctimas de injusticias y de ser encarcelados o castigados con la flagelación, la amputación de miembros o la ejecución tras un juicio celebrado sin las debidas garantías.

Sit Zainab binti Duhri Rupa se encuentra en una situación peligrosa. El 19 de junio del 2000, otra empleada doméstica indonesia, Warni Samiran Awdi, fue ejecutada por el asesinato de su empleador. La suya fue una de las 123 ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional en Arabia Saudí en el año 2000; de ellas, 71 correspondían a ciudadanos extranjeros. Amnistía Internacional teme que, si no se presiona lo suficiente a las autoridades, Sit Zainab binti Duhri Rupa corra peligro de ejecución inminente.

QUÉ PUEDES HACER

Envía telegramas o cartas por correo o fax para instar al gobierno a:

* proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, incluidos los trabajadores extranjeros;

* garantizar que Sit Zainab binti Duhri Rupa no será condenada a muerte y ejecutada;

* permitir que esta mujer tenga acceso inmediato a abogados y familiares y reciba sin demora asistencia médica;

* garantizar que Sit Zainab binti Duhri Rupa es enjuiciada con las garantías procesales que exigen las normas internacionales;

* formular una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus telegramas o cartas a:

His Majesty King Fahd bin 'Abdul 'Aziz al-Saud

Office of His Majesty The King

Royal Court

Riyadh, Arabia Saudí

Telegramas: H.M. King Fahd, Riyadh, Arabia Saudí

His Excellency Dr Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh

Minister of Justice

Ministry of Justice

University Street

Riyadh 11137, Arabia Saudí

Fax: + 966 1 401 1741

Izquierda y portada: Sit Zainab binti Duhri Rupa. © Documentación de CIMW.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Entre los fiscales del condado de Clark, la práctica consistía en intentar excluir a todos los candidatos al jurado de raza negra en las causas en las que el acusado era negro.

EL RACISMO Y LA PENA DE MUERTE

Thomas Nevius, que cumplirá 45 años en abril del 2001, lleva casi 19 años condenado a muerte en el estado de Nevada. Fue declarado culpable de disparar y matar a David Kinnamon durante un robo en su apartamento de Las Vegas en julio de 1980.

Thomas Nevius es negro. David Kinnamon era blanco. En el juicio celebrado en 1982, tanto el juez como el abogado defensor y el fiscal eran blancos. También lo era el jurado, que quedó constituido exclusivamente por blancos cuando, durante el proceso de selección, el fiscal del condado de Clark excluyó a los cuatro candidatos negros y los dos hispanos utilizando su derecho de recusación sin causa (el derecho a excluir a un posible miembro del jurado sin dar un motivo para ello).

En una vista celebrada después del juicio, el fiscal trató de defender su actuación, pero pareció confirmar que él excluía sistemáticamente del jurado a los candidatos negros por «temor» a que simpatizaran con los acusados negros. Admitió lo siguiente: «Creo que me resulta imposible tomar los motivos para haberlos recusado y separarlos [...] del hecho de que esos candidatos fueran negros».

Un ex fiscal de la fiscalía de distrito del condado de Clark, que posteriormente fue miembro de la Junta de Rectores de la Universidad de Nevada, ha afirmado que, hasta 1986, «entre los fiscales del condado de Clark, la práctica consistía en intentar excluir a todos los candidatos al jurado de raza negra en las causas en las que el acusado era negro». Otros abogados han firmado declaraciones juradas en las que confirman estas palabras.

El abogado que defendió a Thomas Nevius ante los tribunales declaró bajo juramento que el fiscal le había dicho después del juicio: «No pensará que quería a todos esos negrazos en mi jurado, ¿verdad?» El fiscal ha declarado que no recuerda haber hecho ese comentario, y ha dicho que, si lo hizo, debió ser en respuesta a la utilización por parte del propio abogado defensor de términos despectivos para referirse a los negros en una pregunta sobre la utilización de las recusaciones sin causa por parte de la fiscalía. Sin celebrar un juicio oral, la Corte Suprema de Nevada resolvió que las acusaciones del abogado no eran verosímiles (dando a entender con ello que el abogado, que actualmente es juez de derecho administrativo, había cometido perjurio) y mantuvo la declaración de culpabilidad y la condena de muerte de Thomas Nevius.

En 1998, el presidente de la Corte Suprema de Nevada se desmarcó de la mayoría y emitió una opinión discrepante en la causa de Nevius: «Lo que hay que decidir realmente en este caso es si Nevius, de raza negra, debe ser ejecutado por la decisión de un jurado de cuya composición, según parece, fueron excluidos deliberadamente los miembros de su misma raza. [...] Creo que ya es hora de que este tribunal acabe con lo que algunos consideran una parcialidad racial descarada en el sistema de justicia penal de este estado».

Thomas Nevius, discapacitado mental con un cociente intelectual de 68 y criado en un entorno de extrema pobreza y privaciones, permanece en el pabellón de los condenados a muerte en espera de que se celebre la vista sobre su solicitud de indulto, fijada para el 11 de abril del 2001.

El sistema de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos está viciado por el racismo, y la raza sigue siendo un factor clave a la hora de decidir si se condena a muerte a una persona.

Los estudios realizados han demostrado una y otra vez que, una vez considerados todos los demás factores, es más probable que se resuelvan con una condena a muerte los delitos punibles con la pena capital en los que la víctima era blanca que aquellos en los que la víctima pertenecía a una minoría.

Unas 700 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos desde que se reanudaron las ejecuciones judiciales en 1977. En más del 80 por ciento de los casos, la víctima del crimen era blanca.

En 1994, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos dijo: «Hasta en los estatutos más perfeccionados de pena de muerte, la raza sigue influyendo de forma considerable en la decisión de quién vive y quién muere».

QUÉ PUEDES HACER

Envía cartas por correo o fax en las que, además de expresar solidaridad con la familia y los amigos de David Kinnamon, deberás:

* instar a las autoridades a proteger los derechos de todas las personas, sin distinción, exclusión, restricción o preferencia alguna por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico;

* en los llamamientos al gobernador, pedir que el estado de Nevada investigue las denuncias sobre discriminación racial en el juicio de Thomas Nevius y que a este hombre le sea conmutada la condena de muerte (consulten con la Sección de Amnistía Internacional en su país para obtener una actualización del caso antes de hacer esta petición);

* en los llamamientos al presidente, pedir al gobierno que formule una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial para que ciudadanos particulares puedan presentar denuncias ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Dirige tus cartas a:

The Honourable Kenny Guinn

Governor of Nevada

Capitol Building, Carson City

Nevada 89701, Estados Unidos

Fax: + 1 775 684 5683

President George W. Bush

The White House

1600 Pennsylvania Av NW

Washington DC 20500, Estados Unidos

Fax: + 1 202 456 2461

Arriba y portada: Thomas Nevius, condenado a muerte en la Prisión Estatal de Ely (Nevada), año 2000. © Particular