NO PUBLICAR HASTA EL 5 DE MAYO DE 1995Comunicado de prensa 82/95

ÍNDICE AI: MDE 11/06/95

BAHREIN: AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE QUE SE DETENGAN LOS JUICIOS Y PODER VISITAR EL PAÍS

Amnistía Internacional ha manifestado hoy que los juicios ante los Tribunales de Seguridad del Estado de las personas detenidas durante las recientes protestas no reúnen las garantías necesarias y deberían detenerse.

«Nadie debería ser puesto a disposición judicial hasta que no se respete el derecho de los acusados a un juicio justo y público», ha dicho Amnistía Internacional. «Esto sólo ocurrirá cuando el tribunal cumpla con las normas internacionales sobre juicios justos».

El llamamiento de la organización se ha producido después de las primeras sentencias dictadas por el Tribunal de Seguridad del Estado en los últimos días: 16 acusados fueron condenados a penas de entre tres y diez años por cargos como sabotaje y pertenencia a la organización clandestina Hezbolá. En los próximas semanas está previsto el juicio de más personas por cargos similares.

Todas estas personas fueron juzgadas después de las protestas iniciadas a fines de diciembre del año pasado en favor de la restauración de los derechos democráticos.

Los acusados estuvieron detenidos en régimen de incomunicación y les impidieron el acceso a asistencia letrada hasta el inicio de los juicios. También carecieron de derecho de apelación contra sus condenas ante un tribunal superior. Además, la información facilitada a Amnistía Internacional por algunos ex detenidos indica que varios acusados, entre ellos Hussain Ali al Tattan y Salman Abdullah al Nashaba, fueron torturados para obtener de ellos «confesiones», que la organización teme que se utilicen para condenarlos.

Amnistía Internacional todavía no ha recibido respuesta a la petición que realizó al gobierno para poder enviar observadores a estos juicios, celebrados a puerta cerrada. En el pasado, este tribunal especial se ha basado en «confesiones» no corroboradas como fundamento de sus condenas.

«Hemos pedido al gobierno que nos facilite copias de todos los expedientes pertinentes relativos al juicio, como autos de acusación, historiales médicos, fichas de investigación de cualquier denuncia de tortura o malos tratos, transcripciones y sentencias», ha dicho Amnistía Internacional.

La represión gubernamental contra los manifestantes continuó el mes pasado, mientras que se ha seguido haciendo caso omiso de la petición de la organización de visitar el país para investigar las violaciones de derechos humanos.

Según la organización, «las recientes declaraciones de altos cargos públicos de que los manifestantes han sido tratados con "paciencia y autocontrol" contrastan con la realidad que se vive en Bahrein, donde las pruebas de violaciones de los derechos humanos sin precedentes en los últimos años han aumentado».

El gobierno se ha negado a considerar las peticiones de los manifestantes e incluso a recibirlas en su nombre, y se ha dedicado a emplear la fuerza. El gobierno manifestó que en los últimos tres meses los «elementos extremistas» fueron responsables de sabotear propiedades privadas y públicas y de la muerte de tres agentes de policía.

Aunque Amnistía Internacional reconoce el derecho del Estado a poner a disposición judicial a las personas responsable de cometer actos de violencia, esto no puede justificar la muerte de al menos 11 personas a manos de las fuerzas de seguridad mediante el empleo de munición real, en circunstancias que indican que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida para evitar nuevos homicidios de este tipo ni para investigar los ocurridos.

♦Entre la información recibida recientemente por Amnistía Internacional se incluye: en abril, las fuerzas de seguridad abatieron a tiros a tres civiles. La víctima más reciente es Hussain Abdullah Ali al Ashiri, de 18 años, al que, según testigos presenciales, dispararon en la cabeza durante las protestas producidas en al Dair el 11 de abril. Murió ocho días después de quedar en coma. Otras dos personas fueron muertas a tiros el 1 de abril en Bani Jamra cuando las fuerzas de seguridad pusieron a Shaikh Abd al Amir al Jamri, destacada personalidad musulmana chiita y miembro de la Asamblea Nacional, y a su familia bajo arresto domiciliario. Shaikh al Jamri fue trasladado posteriormente a un lugar desconocido. Su suerte y paradero continúan sin conocerse.

♦Cálculos sin confirmar indican que se ha detenido a varios millares de personas. El gobierno ha rechazado estas afirmaciones y las considera «exageradas», sin embargo, se niega a facilitar los nombres de los detenidos, su paradero y, salvo contadas excepciones, no ha permitido las visitas de los familiares. El gobierno incluso se ha negado a facilitar los nombres de los detenidos que según su información han sido liberados. Por ejemplo, el Ministerio de Interior anunció la liberación de 120 detenidos políticos el 17 de abril, pero no reveló sus nombres y datos.

Se cree que en las cárceles oficiales hay un gran hacinamiento y que en la actualidad se están empleando centros de detención provisionales para recluir a los detenidos, como el Madinat Issa, estadio deportivo en desuso.

♦Entre los detenidos hay niños y mujeres, a veces en sustitución de los familiares buscados por las autoridades. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de los nombres de al menos 43 menores de entre 10 y 16 años. Entre las mujeres recluidas están Nazi Karini, estudiante universitaria, que lleva en huelga de hambre desde su detención el 9 de abril. Está recluida en régimen de aislamiento en Madinat Issa y, según los informes, la están presionando para que «confiese» su presunta participación en las recientes protestas. Se ha informado que tanto ella como sus familiares están amenazados con el exilio forzado.