ACCIÓN URGENTE

suspendida ejecución de ciudadano iraquí

El gobierno saudí ha suspendido la ejecución del ciudadano iraquí Mohammad Abdul Amir para que su familia pueda negociar su suerte con los familiares del hombre al que presuntamente asesinó. Sin embargo, no se sabe por cuánto tiempo se ha suspendido la ejecución; podría llevarse a cabo en cualquier momento si se rompen las negociaciones.

Mohammad Abdul Amir, de 35 años, fue detenido en 1995, acusado del asesinato de un ciudadano saudí. Confesó el delito tras tres meses de interrogatorio en los que, al parecer, fue torturado. Un tribunal penal de Arar, localidad próxima a la frontera de Arabia Saudí con Irak, lo condenó a muerte en un juicio sumario y secreto. No se le ha permitido el acceso a abogados.

En virtud de la legislación saudí, las personas declaradas culpables de asesinato suelen ser condenadas a qisas (castigo equivalente al delito). Los familiares de la víctima pueden entonces insistir en la ejecución, solicitar una indemnización (diya) o conceder un indulto sin recibir nada a cambio; pero deben ser adultos para decidir la suerte del condenado. Mohammad Abdul Amir ha pasado todo este tiempo condenado a muerte porque los hijos de la víctima eran demasiado pequeños para consultarles si debía ser indultado o ejecutado. Ahora son ya mayores de edad y, según informes, han informado al tribunal que lo juzgó de que quieren que sea ejecutado. La ejecución estaba prevista para 13 de marzo. Se ignora por cuánto tiempo se ha suspendido. Los condenados a muerte pueden ser ejecutados sin necesidad de comunicar la fecha de la ejecución ni a sus familias ni a ellos.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en árabe, en inglés o en su propio idioma:

• pidiendo al rey a que conmute con carácter urgente la pena a Mohammad Abdul Amir y a todas las demás personas condenadas a muerte en Arabia Saudí, con miras a abolir la pena capital;

• instando a las autoridades a que remitan el caso a un nuevo tribunal para que celebre un nuevo juicio que cumpla las normas internacionales de justicia procesal;

• pidiendo a las autoridades que realicen de inmediato una investigación imparcial sobre la presunta tortura de Mohammad Abdul Amir y pongan a los responsables a disposición de la justicia;

• recordando a las autoridades que deben respetar las normas internacionales sobre juicios justos, incluidas las Salvaguardias de la ONU para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, según las cuales, sólo debe imponerse la pena capital en un juicio justo, en el que el acusado reciba “asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso”.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE ABRIL DE 2010 A: