AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
27 de noviembre de 2009
Índice AI: MDE 31/017/2009

Yemen: El gobierno debe comprometerse a abordar la “extendida” práctica de la tortura

Amnistía Internacional ha instado hoy, 27 de noviembre, al gobierno de Yemen a que anuncie públicamente su compromiso de aplicar las recomendaciones formuladas la pasada semana por el Comité contra la Tortura de la ONU. Lamentablemente, el gobierno no ha reaccionado hasta ahora al examen del Comité que, tras estudiar el informe periódico de Yemen, afirmó que en este país existía una “extendida práctica de tortura y malos tratos”.

El Comité publicó el 20 de noviembre sus conclusiones y recomendaciones provisionales sobre el segundo informe periódico de Yemen respecto a su aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la ONU. La Comisión había examinado el informe el 3 de noviembre, en una sesión a la que no asistió el gobierno yemení, cosa poco habitual.

Las autoridades de Yemen tienen oportunidad de responder a las conclusiones y recomendaciones antes de que el Comité vuelva a reunirse en abril y mayo de 2010. Amnistía Internacional les ha pedido que lo hagan, pero también que apliquen sin demora y como primer paso una recomendación clave del Comité: la de anunciar “una política de erradicación de la tortura y los malos tratos”. Esto contribuiría a indicar su voluntad –actualmente cuestionada– de ocuparse de uno de los principales motivos de preocupación respecto a los derechos humanos en el país.

La tortura y los malos tratos son prácticas extendidas en Yemen y perpetradas, por lo general impunemente, tanto contra personas detenidas por realizar actos o protestas de índole político como por delitos comunes. Entre los métodos de tortura figuran propinar a la persona detenida golpes por todo el cuerpo con palos y culatas de rifle, darle puñetazos y patadas, colgarla de las muñecas o los tobillos durante largo rato, quemarla con cigarrillos, desnudarla, negarle la comida y el acceso sin demora a tratamiento médico y amenazarla con abusos sexuales.

La tortura y otros malos tratos a menudo se aplican para conseguir “confesiones” durante el interrogatorio. Tales “confesiones” suelen ser aceptadas por los tribunales sin ser adecuadamente investigadas, si es que se investigan. Y esto sucede a pesar de las garantías constitucionales y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que prohíben admitirlas como prueba. La mayoría de las torturas y otros malos tratos se producen durante el periodo inicial de detención por las fuerzas de seguridad, cuando a los detenidos no se les suele permitir ver a un abogado ni a sus familiares.

Como señaló preocupado el Comité, en Yemen “siguen prescribiéndose por ley y aplicándose” penas que violan la prohibición absoluta de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, “como la flagelación, los golpes e incluso la amputación de extremidades”. Además, según los informes que recibe Amnistía Internacional, las autoridades penitenciarias recurren a la tortura y los malos tratos como forma de castigo no judicial contra presos políticos.

Según los informes, decenas de personas detenidas en mayo de 2009 tras una protesta pacífica en la que se pedía la liberación de los presos políticos recluidos por su relación con el Movimiento del Sur (coalición de grupos políticos que según el gobierno yemení pide la independencia de la zona meridional del país) han sido sometidas a tortura u otros malos tratos en la Prisión Central de al-Mukalla, en el sudeste de Yemen. A siete hombres de quienes se sospechaba que habían encabezado la protesta, entre ellos Salim ‘Ali Bashawayh, les ataron las muñecas y los tobillos a unas barras y los mantuvieron varias horas colgados de ellas. Según los informes, a otros les lanzaron gas lacrimógeno, les dieron golpes con palos y les propinaron patadas y puñetazos para obligarlos a dejar de corear consignas en favor de la independencia del sur del país y de su excarcelación.  

Contribuye a la tortura y los malos tratos lo que el Comité describió como “la extendida práctica de las detenciones masivas sin orden de detención y la detención arbitraria y prolongada sin cargos ni proceso judicial”. Según la experiencia de Amnistía Internacional, a los detenidos generalmente no se les permite comunicar a un familiar o abogado su lugar de detención, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal establece que deben poder ejercer este derecho “inmediatamente”.

En algunos casos, las autoridades niegan durante semanas que tengan bajo custodia a una persona ante las preguntas de sus familiares. Tales casos constituyen desapariciones forzadas. Amnistía Internacional ha registrado decenas de casos así en los últimos años, muchos de ellos de personas detenidas en relación con el conflicto entre el ejército y los seguidores del religioso chií zaidí Hussein al-Houthi en la región septentrional de Sa’da, que se desarrolla intermitentemente desde 2004, o con las recientes manifestaciones contra el gobierno en el sur del país, cuya población se considera discriminada.

Continúa desaparecido Muhammad al-Maqalih, periodista yemení y miembro del Partido Socialista de Yemen, que fue secuestrado en una calle de la capital, Saná, el 17 de septiembre por un grupo de hombres llegados en un minibús blanco particular. Desde entonces no se sabe nada de él. Se sospecha que fue detenido por criticar públicamente el homicidio de civiles a manos del ejército en Sa’da.

Al principio se creyó que Muhammad al-Maqalih había sido detenido por el Órgano Central de la Seguridad Política en Saná, pero en octubre el fiscal general dijo a su familia que este organismo había negado que el periodista estuviera bajo su custodia. Ahora se cree que está recluido en la cárcel de al-Qal’a, en Saná. Amnistía Internacional escribió al ministro de Defensa de Yemen el 21 de octubre preguntando el lugar de detención de Muhammad al-Maqalih y expresando su preocupación por el peligro de tortura u otros malos tratos que corre el periodista, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Para combatir tales prácticas, el gobierno yemení debe, tras anunciar “una política de erradicación de la tortura y los malos tratos”, aplicar sin demora una recomendación clave del Comité contra la Tortura: “tomar de inmediato medidas para evitar los actos de tortura y malos tratos en todo el país”.

Como recomienda el Comité, las autoridades deben en concreto “asegurarse de que a todos los detenidos se les aplican, en la práctica, todas las salvaguardias legales fundamentales desde el primer momento de su detención, en particular el derecho a acceder sin demora a un abogado y a un examen médico independiente, a avisar a un familiar y a ser informados de sus derechos en el momento de su detención, incluidos los cargos que se les imputan, y a comparecer ante un juez dentro de un plazo, tal como disponen las normas internacionales”. También deben “establecer un sistema nacional de vigilancia e inspección de todos los lugares de detención y efectuar el seguimiento de los resultados de esa vigilancia sistemática”.

Información complementaria
El Comité contra la Tortura de la ONU es el órgano de expertos creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruel, Inhumanos o Degradantes para vigilar el cumplimiento del tratado por parte de los países. Está compuesto por 10 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, que a su vez formula recomendaciones para favorecer el cumplimiento del tratado por el Estado Parte.

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