Amnistía Internacional - Boletín Enero de 1994

Noticias

REINO UNIDO

"Insuficiencia de pruebas"

Funcionarios de la cárcel de Pentonville, en Londres, dieron muerte ilegalmente a Omasese Lumumba, solicitante de asilo zaireño, cuando emplearon «métodos indebidos y fuerza excesiva en el proceso de control y restricción de movimientos» de la víctima, según las conclusiones a que llegó en julio de 1993 el jurado de la investigación judicial. En diciembre, la Fiscalía de la Corona no formuló cargos por insuficiencia de pruebas.

Omasese Lumumba era sobrino de Patrice Lumumba, ex-primer ministro de lo que hoy es Zaire, asesinado en 1961. Omasese solicitó asilo en el Reino Unido en septiembre de 1991 y fue detenido de inmediato. Del 19 de septiembre hasta su muerte, el 8 de octubre de 1991, permaneció encerrado en una celda más de 20 horas al día, en estado de depresión y ansiedad. Murió cuando se resistió a que lo desnudaran por la fuerza; según el médico de la cárcel, los guardias continuaron inmovilizándolo después de que su cuerpo dejara de ofrecer resistencia.

AI ha pedido al gobierno una investigación pública de la muerte de Omasese Lumumba, y que ajuste sus procedimientos para la solicitud de asilo a las normas internacionales. (Véase EUR 45/13/93/s)q

ESPAÑA

ETA libera a rehén

Julio Iglesias Zamora, de 42 años, ingeniero electrónico y sobrino de un industrial vasco, fue puesto en libertad el 29 de octubre de 1993 por el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) después de 117 días de cautiverio. El 5 de julio de 1993 lo habían tomado como rehén en San Sebastián, en el norte de España, para exigir rescate.

AI había pedido públicamente su libertad inmediata e incondicional, y reiterado su terminante oposición a los abusos de los grupos políticos armados, que contravienen las normas humanitarias internacionales.

Los árabes de las marismas, en peligro: AI ha pedido al gobierno de Iraq que ponga fin a la persecución de la población de las zonas pantanosas del sur del país. Una su voz a la nuestra: Llamada Internacional, pág. 2.

GUATEMALA

Soldados encarcelados retractan sus declaraciones

Un grupo de presos, ex soldados del ejército guatemalteco, que prometieron delatar la participación de altos rangos castrenses en las operaciones de los “escuadrones de la muerte”, temen por su vida.

El 11 de octubre de 1993, durante una conferencia de prensa extraordinaria en la cárcel de Pavoncito, Ciudad de Guatemala, dos ex soldados, Francisco Solbal Santay y Tiburcio Hernández Hernández —condenados a penas de prisión mayor por el homicidio del ciudadano estadounidense Michael Devine en 1990— declararon que sus superiores les habían ordenado llevar a cabo este homicidio y unos 50 más, lo que formaba parte de su tarea en un “escuadrón de la muerte” militar.

Los dos hombres describieron cómo se torturaba con electricidad a las personas a quienes el ejército consideraba “subversivas” durante los interrogatorios realizados por agentes de la G-2 (inteligencia militar); después los acuchillaban o estrangulaban, y los victimarios se deshacían de los cuerpos en cementerios clandestinos. También prometieron nombrar a las personas involucradas en dichas actividades.

Pero ahora argumentan que “mintieron” y se han retractado de sus declaraciones, aparentemente después de recibir amenazas de la comandancia del ejército.

Se cree que los dos hombres corren peligro, y que también está en juego la seguridad de otros cuatro ex soldados condenados —quienes formularon acusaciones similares para luego retractarse (algunos, según informes, fueron sobornados)— y la del preso común Jorge Lemus, el organizador de la conferencia de prensa en la que los dos ex soldados presentaron sus acusaciones.

Uno de estos presos, Noel Jesús de Beteta, que había revistado como sargento del Estado Mayor Presidencial, fue condenado en 1993 por el homicidio de la antropóloga Myrna Mack Chang en 1990. Ha trascendido que teme especialmente por su vida después de que otro preso, amigo suyo, fuera encontrado ahorcado en su celda en el Centro Preventivo de la Zona 18. Posteriormente, otros tres reclusos fueron encontrados muertos en la misma cárcel. Dos guardias y un subdirector del establecimiento han sido encarcelados en relación con estas muertes.

Las condenas por violaciones de derechos humanos son raras en Guatemala, y éste es el primer caso llegado a oídos de AI desde 1975 en que soldados encarcelados por abusos hayan amenazado con implicar en dichos actos a sus superiores. En 1975, dos agentes de policía condenados a muerte por el homicidio de una destacada figura guatemalteca amenazaron con revelar la participación de altos rangos militares en asesinatos cometidos por “escuadrones de la muerte”, pero fueron ejecutados antes de poder hacerlo.

AI ha pedido a las autoridades de Guatemala que se proteja a los soldados presos y que se les tome declaración a fin de poder identificar y llevar ante la justicia a los que violan los derechos humanos.

HAITÍ

Un sacerdote

Testigo describe asesinato

La siguiente carta le fue enviada a AI por un sacerdote que presenció el asesinato de Antoine Izméry —simpatizante del derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide— ocurrido el 11 de septiembre de 1993, durante una misa que marcaba el frustrado ataque lanzado contra el presidente cinco años antes.

«En la iglesia del Sagrado Corazón ... se oyen amenazas: “¡Toda la sangre que se va a derramar hoy será por culpa vuestra, comunistas!”... Por la puerta ... vemos pasar un camión militar ... varias personas irrumpen en la iglesia.

»Uno viste camisa roja, revólver en mano. Se coloca el arma en el cinturón y marcha rápidamente por la nave central, acompañado de tres o cuatro hombres. La congregación se dispersa, escapando en todas direcciones. Nosotros permanecemos allí, paralizados...

»Saca el revólver y pregunta: “¿Quién es Izméry?...” El attaché (auxiliar armado de las fuerzas de seguridad) que está de pie a su derecha señala a Izméry. El attaché ... entonces apunta su revólver a la sien de Izméry, obligándolo a salir...

»Por la puerta lateral, veo cómo los attachés, armados de porras, asestan golpes a las personas que huyen ... Después oímos disparos ... el párroco viene a anunciar que Antoine Izméry yace muerto en la calle. Salimos ... y encontramos el cadáver junto a la iglesia. A unos 40 metros yace otro hombre, asesinado de la misma manera, con un disparo detrás de la oreja ... Los cuerpos aún están calientes, bañados en un mar de sangre. Permanezco allí, junto con otro sacerdote, rezando por los dos muertos. Nadie creyó que los attachés se atreverían a matar a Antoine Izméry tan abiertamente. Pensamos que habían venido a detenerlo, como ya había ocurrido tantas veces.

»Ese mismo día se encuentran doce cadáveres en la ciudad de Puerto Príncipe. Los attachés son dueños y señores.

»Esperamos que la comunidad internacional no tarde mucho en ayudarnos a poner término a esta inseguridad generalizada, porque todos los días se encuentran cadáveres en todas partes del país.»

AI ha pedido que se ponga freno de inmediato a las violaciones de derechos humanos en Haití, y que se someta a juicio a los responsables.

BURUNDI

Una delegación de AI, testigo de un cruento intento de golpe de Estado

Godfrey Byaruhanga, investigador de AI, y Franca Sciuto, ex presidenta del Comité Ejecutivo Internacional de AI, se hallaban en Burundi de visita oficial durante el cruento intento de golpe de Estado lanzado recientemente, y presenciaron los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar en Burundi, en la madrugada del 21 de octubre. El hotel donde se hospedaban está situado en el centro de la ciudad, próximo al Palacio Presidencial.

Byaruhanga dijo: «Hacia las 2 de la mañana me despertaron estallidos de disparos y explosiones. Una vez despierto, me di cuenta de que se trataba de un golpe de Estado violento —aunque desconocía el motivo».

Desde la ventana de su habitación, Byaruhanga observó a las tropas en la calle. Entre las 2:30 y las 3 de la madrugada vio cómo soldados con boinas rojas bloqueaban el Boulevard de l’Uprona, que conduce al Palacio Presidencial. A las 3, vehículos blindados de transporte de personal se desplazaban por el bulevar en ambas direcciones. Estos vehículos no abrieron fuego, pero hasta después de las 5 de la mañana se siguieron oyendo disparos en otras partes, especialmente alrededor del Palacio Presidencial.

A las 6 ó 7 de la mañana, las tropas estaban apostadas en lugares estratégicos de la ciudad. Al caer la noche, Byaruhanga escuchó en Radio Burundi que se había creado un Consejo de Salvación Nacional, encabezado por un ministro del gobierno anterior. Al día siguiente se enteró de que el presidente Melchior Ndadaye —cuyo gobierno había sido elegido en junio por abrumadora mayoría— y varios ministros, así como el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, habían sido asesinados a sangre fría en el cuartel del Batallón Núm. 11.

Dijo Byaruhanga: «Estas ejecuciones extrajudiciales nos afectaron mucho, especialmente porque apenas uno o dos días antes nos habíamos entrevistado con las personas asesinadas».

Como represalia por el golpe y por la ejecución del presidente Ndadaye y otros altos cargos del gobierno, grupos hutus —la etnia mayoritaria a la que pertenecía el presidente— atacaron y dieron muerte a campesinos tutsis. Durante los días siguientes, el ejército, dominado por la etnia tutsi, asesinó o ayudó a civiles tutsis a asesinar a numerosos hutus, ya en defensa propia, ya como venganza. Los asesinatos de hutus ocurrieron tanto en Buyumbura como en las provincias. El día siguiente al golpe, al menos 10 hutus fueron abatidos a tiros cuando se intentaba dispersar una manifestación pacífica en Buyumbura.

El nuevo gobierno está constituido por los supervivientes del gobierno anterior, quienes han hecho hincapié en que los responsables del golpe y del asesinato del presidente y otros altos cargos no serán objeto de una amnistía —como habían exigido los cabecillas del golpe— y que se los pondrá en manos de la justicia.

En noviembre proseguían los asesinatos de civiles, principalmente hutus, a manos de las fuerzas de seguridad. AI ha pedido al gobierno que haga todo lo posible para poner fin a la violencia, inicie una investigación independiente de las recientes violaciones de derechos humanos y someta a juicio a los perpetradores.

El ex presidente de Burundi, Melchior Ndadaye, asesinado a sangre fría.

SOMALIA

Detenidos por tropas de la ONU, en libertad

Hacia mediados de noviembre habían quedado en libertad la mayoría de los 70 somalíes detenidos por motivos políticos por la fuerza multinacional de las Naciones Unidas en Somalia desde el comienzo de la operación UNOSOM II en mayo de 1993. Entre ellos había líderes políticos de la Alianza Nacional Somalí (ANS), encabezada por el general Mohamed Farah Aideed, capturados por tropas estadounidenses.

Según informes, se les negó todo contacto con sus familiares, no se los acusó formalmente de delito alguno, no se los hizo comparecer ante ningún tribunal y no se les permitió consultar a un abogado.

Un portavoz de la ONU dijo que se les mantenía bajo “custodia preventiva” por razones de seguridad. AI observó que la ONU sentaba un peligroso precedente al permitir que su propio personal practicara detenciones arbitrarias y retuviera a los detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio.

Desde mayo de 1993, varios centenares de somalíes, niños inclusive, han perdido la vida durante batallas en la capital, Mogadiscio; también han muerto más de 60 soldados de la ONU y 18 militares de los EE UU.

AI ha pedido una investigación independiente para determinar si algunos de los civiles muertos por tropas de la ONU o de los EE UU fueron víctimas del empleo de la fuerza mortal, en contravención de los derechos humanos y de las obligaciones que impone el derecho humanitario.

Varios de los grupos armados somalíes han cometido abusos graves y generalizados. Las fuerzas del general Aideed, en especial, han sido autoras de abusos atroces contra miembros de clanes o subclanes rivales, homicidios deliberados y arbitrarios de presuntos informantes somalíes de la ONU, y malos tratos de prisioneros militares. En julio, turbas de simpatizantes de Aideed asesinaron a cuatro periodistas, y el 3 de octubre profanaron los cadáveres de unos soldados estadounidenses asesinados.

AI ha pedido a UNOSOM II y a los grupos armados somalíes que den prioridad a la cuestión de los derechos humanos y, en especial, que velen por que sus fuerzas muestren el debido respeto por los derechos humanos y el derecho humanitario.

JAMAICA

Nuevas esperanzas para los condenados a muerte

En noviembre, el Comité Jurídico del Privy Council de la Reina (JCPC), con sede en Londres, tomó una decisión trascendental que podrá salvar la vida de muchos condenados a muerte en la región del Caribe.

El Comité Jurídico, última instancia de apelación para varios países del Caribe, conmutó por cadena perpetua la condena de muerte de dos presos jamaicanos y dictaminó que la prolongada detención (más de cinco años) de presos condenados a muerte en Jamaica constituía trato cruel, inhumano o degradante. Los dos habían pasado 14 años en el pabellón de la muerte.

A finales de octubre, cuatro condenados a muerte jamaicanos, incluyendo dos cuyas sentencias habrían sido conmutadas de conformidad con el dictamen del Comité Jurídico, fueron asesinados a tiros por guardias penitenciarios en la Cárcel de Distrito de St. Catherine, vecina a Kingston. Dos de los cuatro habían figurado entre los 26 presos, nombrados en una reciente comunicación enviada a AI por fuentes jamaicanas, que temían las represalias de los guardias por haberlos acusado de maltratar a los presos.

AI ha solicitado al gobierno de Jamaica que emprenda una investigación exhaustiva e imparcial de estos asesinatos, y que investigue las denuncias de malos tratos y presuntas amenazas contra otros reclusos de este establecimiento durante los últimos meses.

Actores del grupo de teatro infantil SAD, de Filipinas. La obra “¿Dónde está mi padre?”, que representaron por toda Europa y en la sede del Secretariado Internacional de AI en Londres, es la pérdida de un familiar “desaparecido”. Se han documentado 1.594 casos de desaparición forzada en el país.

RUSIA

Estado de excepción: palizas y deportaciones

Según organizaciones de derechos humanos con sede en Moscú, en octubre, bajo un estado de excepción que permaneció en vigor dos semanas, unidades de la policía y el ejército detuvieron y sometieron a palizas a decenas de personas y deportaron a refugiados provenientes de zonas de la antigua Unión Soviética asoladas por la guerra.

El estado de excepción fue declarado después de enfrentamientos armados en Moscú, entre fuerzas del gobierno y de la oposición, que tuvieron lugar a principios de octubre y se cobraron más de 100 vidas. A continuación, millares de personas fueron sometidas a detenciones breves. Al parecer, a decenas de ellas les dieron palizas tan brutales que tuvieron que ser hospitalizadas. Hace bastante tiempo que AI ve con preocupación las numerosas denuncias de actos similares que indican que los malos tratos de detenidos a disposición de la policía son sistemáticos y generalizados en Rusia.

El estado de excepción vino acompañado de una enérgica campaña contra la infracción de los permisos de residencia en Moscú, y casi 10.000 personas que no disponían de dichos permisos fueron expulsadas de la ciudad. Entre ellas, parece, se contaban refugiados que corrían el riesgo de ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos en sus países de origen. Otros refugiados afirmaron que los agentes de la policía les exigieron abultadas sumas de dinero para no deportarlos por carecer de permisos de residencia. (Los refugiados no habían recibido los permisos debido a retrasos en los trámites para solicitar asilo político.)

AI expresó reiteradamente su inquietud ante las denuncias de malos tratos, exhortando a que se investigasen todas de forma rápida e imparcial y a que se hiciesen públicos los resultados y se enjuiciase a los responsables. La organización también instó a las autoridades a que no devolviesen a los solicitantes de asilo a países donde pudieran convertirse en víctimas de abusos, y a que les otorgasen el derecho a que sus casos fuesen considerados de forma pronta y exhaustiva, como disponen las normas internacionales para la protección de los refugiados.

ARGELIA

Dramático aumento de la violencia política en 1993

Tras la renovación indefinida del estado de excepción, en febrero de 1993, los asesinatos políticos en Argelia experimentaron un incremento espectacular.

A lo largo del año, fueron prácticamente diarios los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos de oposición. Al menos 550 presuntos militantes musulmanes armados perdieron la vida: en algunos casos, posiblemente fueran ejecuciones extrajudiciales. También murieron más de 140 agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, aumentaron de manera drástica los secuestros y asesinatos de civiles a manos, según parece, de militantes musulmanes armados. El 10 de octubre fue abatido a tiros Djilali Belkhenchir, de 52 años, pediatra y activista de derechos humanos. Pasó a engrosar las filas de los civiles —unos 140, entre ellos periodistas y miembros de la judicatura y consejeros municipales— asesinados, se cree, por oponerse públicamente al fundamentalismo musulmán o apoyar al gobierno (los líderes de los grupos musulmanes ilegales han impugnado vehementemente la legitimidad de las autoridades).

En septiembre se extendieron los ataques a residentes y trabajadores extranjeros. En dos incidentes distintos, cinco extranjeros —todos ellos civiles— fueron secuestrados y asesinados. Otros tres, secuestrados en octubre, salieron ilesos.

La violencia política en Argelia se ha cobrado más de 1.600 vidas desde la cancelación de la segunda ronda de las elecciones generales en enero de 1992.

AI ha instado a las autoridades argelinas a que tomen medidas para impedir que las fuerzas de seguridad cometan más violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La organización también ha condenado la toma de rehenes y el asesinato deliberado de civiles por parte de grupos de la oposición.

Amnistía Internacional - Boletín Enero de 1994

Llamada

MYANMAR

Ma Thida: médica de 27 años y conocida escritora de cuentos, fue detenida el 7 de agosto de 1993 y hoy cumple una pena de 20 años de cárcel impuesta el 15 de octubre.

Ma Thida es una figura destacada de la oposición política en Myanmar, y se había desempeñado como ayudante de campañas de la presa de conciencia Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y co-fundadora de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el principal partido de oposición de Myanmar.

Ma Thida fue detenida junto con otras diez personas y permaneció incomunicada hasta su juicio, celebrado el 27 de septiembre, acusada de «poner en peligro la tranquilidad pública», establecer contactos con asociaciones ilegales y distribuir literatura ilegal.

Los 11 fueron juzgados en aplicación de leyes que han empleado las autoridades para reprimir la actividad política pacífica de la oposición desde 1988, año en que los militares recobraron el control del país, tras meses de manifestaciones democráticas en todo Myanmar, mediante un golpe de Estado. Los otros diez encausados recibieron penas de 20 años de cárcel.

AI considera que Ma Thida fue detenida y encarcelada únicamente debido a sus actividades pacíficas en nombre de la LND, partido que ha gozado de gran popularidad desde su fundación durante el movimiento democrático de 1988.

Por favor escriban al jefe de Estado, de ser posible en inglés, pidiendo se ponga en libertad inmediata e incondicionalmente a Ma Thida: Senior General Than Shwe/ Chairman/ State Law and Order Restoration Council/ c/o Ministry of Defence/ Signal Pagoda Road/ Yangon/ Unión de Myanmar.

IRAQ

Millares de hombres, mujeres y niños residentes en la región pantanosa del sur del país se han visto obligados a abandonar sus hogares al intensificar las fuerzas del gobierno iraquí sus ataques contra civiles.

Durante los últimos dos años, centenares de personas han perdido la vida durante una ofensiva deliberada contra civiles indefensos. Los ataques parecieron redoblarse en 1993, aumentando de manera alarmante después del mes de agosto.

El gobierno iraquí pretende obtener un control férreo de las zonas pantanosas situadas entre las ciudades de Basora, al- ‘Amara y al-Nasiriyya, tradicional escondite para los opositores del gobierno y desertores del ejército. Las autoridades han drenado grandes extensiones de marismas, han destruido los medios de subsistencia de sus habitantes y han atacado deliberadamente a civiles no combatientes, desencadenando un éxodo personas hacia el sur de Irán que, en octubre de 1993, superaba ya 6.000.

En un incidente, en mayo de 1992, una flota de helicópteros con ametralladoras atacó una ceremonia nupcial en el pueblo de al-Agir, en las marismas de al-‘Amara, dando muerte al novio, y a niños. Un testigo, que ahora reside en el sur de Irán, dijo: «los aviones vinieron y nos dispararon... la celebración se convirtió en duelo». Más recientemente, en septiembre de 1993, se denunció que decenas de civiles desarmados murieron y otros resultaron heridos durante un bombardeo contra las marismas de Abu Zargi y ‘Elwi, al nordeste de Basora. Otros han “desaparecido” después de ser detenidos, o fueron torturados y después ejecutados.

En marzo de 1993, la Comisión de Derechos Humanos solicitó al secretario general de la ONU que tomase las medidas necesarias para establecer una operación de vigilancia de los derechos humanos en Iraq. AI ve con suma preocupación que no se hayan tomado medidas concretas en este sentido. En noviembre de 1993, la organización pidió a la Asamblea General de la ONU que solicitara al secretario general que «concediese, sin pérdida de tiempo, los recursos humanos y económicos necesarios» para tal operación.

Debido a las sanciones decretadas por la ONU contra Iraq, por favor escriban al representante diplomático de Iraq en su país, pidiendo al gobierno iraquí que ponga fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de la población civil de las marismas del sur.

TOGO

El 10 de septiembre, Attiogbé Stéphane Koudossou y Gérard Akoumey fueron condenados a tres años de cárcel en base a “confesiones” obtenidas con torturas.

Los detuvieron el 26 de julio de 1993 y los llevaron al cuartel general de la Gendarmería Nacional —fuerza policial paramilitar—, donde los torturaron. Posteriormente aparecieron en un programa de televisión, durante el cual se autoincriminaron en relación con recientes ataques con explosivos en Lomé, la capital.

En agosto los sometieron a juicio por cargos de «asociación para delinquir, destrucción de la propiedad pública y destrucción de edificios».

En base a sus confesiones, el fiscal afirmó que Attiogbé Stéphane Koudossou y Gérard Akoumey —presuntos miembros de un partido de oposición, la Convención Democrática de los Pueblos Africanos (CDPA)— estaban encargados de colocar una bomba en la sede central del partido de oposición Comité de Acción para la Renovación (CAR), el 24 de julio.

Los abogados defensores alegaron que los dos acusados habían sido torturados durante los interrogatorios en prisión preventiva, y que los habían obligado a escribir confesiones dictadas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo las confesiones se aceptaron como prueba, en contravención de las normas internacionales. Los abogados defensores se negaron a seguir participando en el juicio. AI ha pedido una investigación de las denuncias de tortura de estos dos presos y un nuevo juicio.

Por favor escriban pidiendo que se revisen las condenas y se investiguen las denuncias de tortura; pidan garantías de que los tribunales no desafiarán, admitiendo como prueba declaraciones arrancadas con torturas, la Convención de la ONU contra la Tortura, que ha sido firmada por Togo: Son Excellence M. le Général Gnassingbé Eyadéma/ Président de la République/ Palais présidentiel/ Avenue de la Marina/ Lomé/Togo.

Amnistía Internacional - Boletín Enero de 1994

Enfoque

Niños en Bogotá, ante un cartel que invita a los “delincuentes” a sus propios funerales. Tan sólo en 1991, 2.800 niños fueron asesinados en Colombia.

La hermana de Bilal Ahmed (derecha) llora la muerte de éste y de sus padres, después de que las fuerzas de seguridad los abatieran a tiros en Cachemira el 2 de agosto de 1993.

«Aquí estoy, pues, viviendo al día... Cariños. Fred» decía la nota que Frederick Lashley escribió a su familia y amigos desde la cárcel de Missouri. En julio de 1993 lo ejecutaron por un delito que cometió a los 17 años, cuando era menor de edad.

La guerra en el sur de Sudán ha desplazado a unos 3 millones de personas. Tanto el gobierno como las fuerzas rebeldes han atacado a civiles como una táctica más de la guerra. Entre los refugiados hay decenas de miles de niños, de los que 16.000 han viajado hasta el norte de Kenia, al campo de refugiados de Kakuma.

Niños bajo el terror

Menores sometidos a todo tipo de abusos

En el verano de 1992, este cartel se volvió tristemente célebre en las calles de Bogotá: en él se “invita” a los niños callejeros y a otros “delincuentes” a asistir a sus propios funerales. Confeccionado en una imprenta profesional, es obra, al parecer, de empresarios industriales, propietarios de tiendas y grupos comerciales locales. Decenas de estos carteles aparecieron en el centro de la ciudad de la noche a la mañana. Estos niños que trabajan en la prostitución callejera —aferrados a las bolsas de cola que inhalan— parecen permanecer impertérritos ante tan macabro mensaje, pero muchos otros saben que no se trata de una amenaza hueca: su país posee una de las tasas de homicidio más elevadas del mundo. Sólo en 1991, 2.800 niños fueron asesinados en Colombia.

Los niños de la calle que frecuentemente recurren a los pequeños delitos para asegurarse la subsistencia son considerados “indeseables sociales”. Es común que los comerciantes y empresarios locales, estimando que los niños ahuyentan a sus clientes, apoyen a “escuadrones de la muerte” embarcados en “operaciones de limpieza social”. Las pruebas indican que estos “escuadrones de la muerte” están compuestos por agentes de la Policía Nacional.

Se ha llegado a atacar hasta a quienes intentan mejorar la calidad de vida de estos niños. El “Plan Pandillas”, que atrajo a más de doscientos menores, se inició en Cali, Valle del Cauca, bajo los auspicios del municipio de Cali y de la Consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (DESEPAZ), con la finalidad de rehabilitar a los miembros de pandillas callejeras que entregaran sus armas. Más tarde, entre mayo y septiembre de 1993, 12 de los menores que participaban en el proyecto fueron asesinados a tiros. El Consejero de Paz de Cali fue amenazado de muerte tras imputar los asesinatos a la policía. Ahora peligra el futuro del plan, y se teme por la integridad física de los funcionarios que lo administran y de los doscientos jóvenes participantes.

Son continuas las denuncias de hostigamiento, amenazas, palizas, tortura y homicidios de niños a manos de las autoridades de países como Brasil y Guatemala, donde las condiciones sociales han empujado a los niños a la calle.

En Brasil, centenares de menores siguen siendo abatidos a tiros en la calle. Sólo en el primer semestre de 1993, más de 300 niños y adolescentes fueron asesinados en el estado de Río de Janeiro. En un incidente ocurrido en julio de 1933, unos pistoleros —al parecer, agentes de la policía— abrieron fuego al amanecer contra un grupo de 50 menores que dormían al descubierto en la vecindad de la iglesia de Candelária, en la ciudad de Río de Janeiro. Cinco murieron instantáneamente; a otros dos los mataron en las cercanías, y una octava víctima murió cuatro días después como consecuencia de las heridas recibidas. Dando un paso poco común, las autoridades han acusado formalmente de la matanza a cuatro personas, tres de ellas agentes de la policía. Pero, en la mayoría de los casos registrados hasta la fecha, las autoridades brasileñas no han llevado a término las investigaciones, o no han sometido a juicio a los culpables.

En Guatemala, como en Colombia y Brasil, no son sólo los niños de la calle los que corren peligro: las fuerzas de seguridad han recurrido a las amenazas y la violencia para intimidar a los que trabajan con estos niños. El personal de Casa Alianza, no obstante, ha continuado exigiendo que se ponga en manos de la justicia a los que cometen violaciones de derechos humanos contra los menores.

AI sigue trabajando para conseguir que se investiguen exhaustivamente todos los asesinatos de niños de la calle y que se enjuicie a sus autores. La organización también ha exhortado a las autoridades a velar por que los niños de la calle y las demás víctimas de la violencia policial y sus testigos reciban la protección oficial que les es vital.

El ejército secuestra a 68 niños en Sri Lanka

Con frecuencia, los niños sufren cuando sus padres u otros familiares se convierten en víctimas de violaciones de derechos humanos. Pero en este incidente ocurrido en Sri Lanka, 68 niños, algunos de muy corta edad, fueron los “desaparecidos”.

El 9 de septiembre de 1990, grupos de soldados armados penetraron en Sarurukondan, Pannichaiyadi, Pillayaradi y Kokkuvil, cuatro pueblos del distrito de Batticaloa, en Sri Lanka. Ordenaron a todos los residentes que salieran de sus casas y se congregaran en la calle, amenazándolos con matarlos si no les obedecían. Una vez reunidos, los obligaron a marchar hasta un campamento del ejército. Después se oyeron gritos provenientes de allí. Sesenta y ocho niños (incluso de 11 meses, y de uno o dos años de edad) y unos 100 adultos —muchos sexagenarios— han desaparecido sin dejar rastro. AI conoce los nombres de todos los niños a quienes se cree secuestrados por el ejército.

Desde 1983, año en que se intensificó el conflicto entre las fuerzas del gobierno y los separatistas tamiles, decenas de miles de personas han “desaparecido” bajo custodia en Sri Lanka.

El grupo secesionista Tigres de Liberación de Eelam Tamil también ha sido responsable de graves abusos, incluyendo el homicidio deliberado y arbitrario de centenares de civiles —sin perdonar a los niños—; la tortura y el asesinato de prisioneros; y el secuestro para pedir rescate.

Lo que vd. puede hacer:

Escriba al presidente de Sri Lanka diciendo que se ha enterado de la “desaparición” de 68 niños en varias localidades del distrito de Batticaloa; pida que se investiguen los hechos y que se lleve a los autores ante la justicia. Escriba al: President D.B. Wijetunga/ Presidential Secretariat/ Republic Square/ Colombo/ Sri Lanka.

Los derechos humanos de los niños se violan en todo el mundo

El 12 de septiembre de 1993, dos niños dormían en la casa de su abuela, donde también residía su tía. Abelardo Junior, de seis años de edad, y su hermana Manilyn, de 10 años, residían en Bitan-agen, ciudad de Butuan, Filipinas. A las dos y media de la madrugada se produjo un tumulto frente a la vivienda, y varias voces, a gritos, les ordenaron abrir la puerta. Cuando la abuela, aterrorizada, se negó, más de una docena de hombres armados irrumpieron en la casa y agarraron a los dos niños y a su tía, una joven de 20 años. La abuela, en el paroxismo de la angustia, les rogó que dejaran en paz a su hija y a sus nietos, pero uno de los hombres le dio a entender que actuaban bajo órdenes. Después metieron a las tres víctimas en un automóvil que se perdió a toda velocidad en medio de la noche. Habían “desaparecido”.

Sus familiares creen que los secuestradores actuaban en nombre del ejército para obligar a sus padres —presuntos miembros de un grupo de oposición armado— a entregarse a las autoridades.

Estos niños, sin embargo, se cuentan entre los “afortunados”: tras pasar tres semanas recluidos, separados en distintos centros de detención, fueron puestos en libertad; también lo fue su tía. A la inmensa mayoría de los que “desaparecen” —en cualquier parte del mundo— rara vez se los vuelve a encontrar con vida.

En todos los rincones del mundo, agentes del Estado torturan, hacen “desaparecer”, matan o encarcelan injustamente a los niños. A algunos los escogen como blanco para obligar a sus padres a confesar o a entregarse a las autoridades; a otros, porque los consideran una amenaza social o política.

Durante la ofensiva que lanzó el gobierno de Guatemala en 1982 contra los grupos armados de oposición, un agente de las fuerzas de seguridad le confesó a un periodista extranjero: «Tenemos que eliminarlos casa por casa, porque los padres pasan el veneno [de la subversión] a los niños. Se tiene que matar a los padres y a los niños de diez, ocho y cinco años debido a que ellos ya han escuchado las cosas que dice su padre y los niños lo harán».

ENTRE

DOS FUEGOS

En los países donde las fuerzas del gobierno libran una guerra interna contra grupos de oposición armados, es frecuente que los niños de las zonas en conflicto se vean atrapados entre dos fuegos, o sean víctimas de “desapariciones”, secuestros, homicidios deliberados y represalias colectivas. Este cuadro se repite en todo el mundo, de Angola a Bosnia, de Perú a Irlanda del Norte, de Sri Lanka a Israel y los Territorios Ocupados.

A menudo, escogen a los niños simplemente porque viven en determinada zona o pertenecen a un grupo étnico al que se cree simpatizante con una de las partes en pugna. La terrible secuela del intento de golpe de Estado de octubre de 1993 en Burundi es apenas el ejemplo más reciente de niños atrapados en cruentos conflictos étnicos. Entre los millares de civiles asesinados o heridos por soldados y pandillas de civiles había también niños.

En algunos países, la pobreza extrema empuja a los niños a la calle para procurar lo necesario para su subsistencia y la de sus familias. Muchos agentes del orden automáticamente sospechan de los niños de la calle, y a menudo los hostigan, amenazan o agreden. Los asesinos de niños callejeros en países como Colombia y Brasil han sido identificados frecuentemente como agentes de las fuerzas de seguridad.

Los efectos a largo plazo de las violaciones de derechos humanos contra los niños pueden llegar a ser devastadores. Los niños torturados o maltratados en prisión, u obligados a presenciar el trato brutal o humillante dado a sus padres o familiares, experimentan un trauma que puede desencadenar problemas psicológicos persistentes y debilitantes.

Son muy pocos los países que siguen imponiendo a los niños la forma más extrema de castigo cruel e inhumano. Se sabe de siete países que, durante los últimos diez años, han ejecutado a personas condenadas por delitos cometidos cuando aún eran menores de edad: el mayor número confirmado corresponde a ejecuciones en los EE UU. En 1993, tres delincuentes juveniles (dos de raza negra y uno de origen latinoamericano) fueron ejecutados en este país, en contravención de los principios internacionales que prohíben la ejecución de personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Durante una conferencia nacional sobre la infancia organizada en noviembre por la Sección británica de AI, Pierre Sané, secretario general de la organización, manifestó que AI se proponía continuar llamando la atención del mundo sobre los casos de los niños sometidos a torturas, ejecuciones u otras violaciones de derechos humanos. Dijo: «Sólo en lo que va del año, AI ha emitido 50 o más llamamientos urgentes en casos de peligro inminente para niños o jóvenes.»

CAMPAÑA

Los niños ocupan un lugar destacado en la campaña internacional que está realizando AI contra los homicidios políticos y las desapariciones forzadas. Entre los casos prominentes en la campaña figura el de un adolescente iraquí de 15 años, uno de los cientos de menores kurdos “desaparecidos”, encarcelados sin juicio, capturados como rehenes, torturados o ejecutados, a veces, arrancados sin más de las aulas.

Otro caso es el de Mirsada, una adolescente detenida, junto con su hermana y una amiga, por fuerzas paramilitares serbias en Bosnia- Herzegovina. Sus captores las encerraron en un antiguo hotel y las violaron, y después dejaron en libertad a las otras dos jóvenes. A Mirsada no se la ha vuelto a ver.

Algunos casos que se presentan en la campaña ponen de relieve el peligro más generalizado que corren los niños de determinados países, como los niños de la calle de Brasil, y el elevado número de niños abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza. Otros casos —como el número indignante de “desapariciones” ocurridas en los últimos años en países como Sri Lanka y Guatemala— se centran en la suerte del progenitor asesinado o “desaparecido”, pero también nos recuerdan el sufrimiento de los niños que quedan atrás. En Guatemala, algunos de estos niños se ven empujados a la calle para valerse por sí mismos.

En su discurso, Pierre Sané mencionó cuatro de estos casos, manifestando que «ilustran con claridad la necesidad de la labor de Amnistía Internacional en esta área». Dijo el secretario general:

EL CASO DE

RAÚL VÁZQUEZ

HERNÁNDEZ

«El 8 de diciembre de 1991, Raúl Vázquez Hernández, de 15 años, fue llevado a una comisaría de policía en Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco. Allí le propinaron golpes y puntapiés, y lo estrangularon hasta hacerle perder el conocimiento. Su único “delito” había sido caminar por la calle cerca de una manifestación contra el gobierno, en la que afirmó no haber siquiera participado. La policía lo acusó de atacar a un agente, imputación que nunca fue probada: el caso no pasó a tribunales. Además del padecimiento físico que le infligieron, su bienestar emocional quedó profundamente afectado.

EL CASO DE

TENZIN DEKYONG

»En el Tíbet, Tenzin Dekyong, de 16 años de edad, dejó su hogar y su familia en una zona rural para incorporarse como novicia al convento budista de Michungri. El 13 de marzo de 1993, mientras participaba en una manifestación en Lhasa contra la dominación china, agentes de la policía la detuvieron junto con otras dos jóvenes monjas y, al parecer, le dieron una paliza. Las tres fueron llevadas al Centro de Detención de Gutsa, en Lhasa, donde, según se ha podido saber, se ha practicado la tortura. La reclusión de Tenzin en una cárcel para adultos viola las normas internacionales y no se ajusta a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que China es Estado Parte. AI la considera presa de conciencia.

EL CASO DE

Bilal Ahmed

»El domingo 1 de agosto de 1993, Bilal Ahmed, de 10 años, se hallaba en su hogar de Srinagar, en Cachemira, cuando un grupo de soldados de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras irrumpieron en la vivienda. Buscaban a militantes, pero ello no les impidió disparar y matar a Bilal; también mataron a sus padres cuando, horrorizados, entraron en la habitación. Durante los dos días siguientes, la indignación suscitada por la matanza de esta familia empujó a la gente a manifestarse en las calles; las fuerzas de seguridad abatieron a tiros a tres personas más.

EL CASO DE

FREDERICK LASHLEY

»En julio de 1993, Frederick Lashley fue ejecutado en Missouri, el primer menor ejecutado en este estado en 63 años. Frederick era de raza negra y, en el momento de cometer el delito, contaba apenas 17 años y no tenía hogar; su madre lo había abandonado y su padre lo había sometido a frecuentes palizas. El jurado —compuesto exclusivamente por personas de raza blanca— le impuso la pena de muerte por el homicidio de su prima, quien también era su madre adoptiva.

En una carta escrita a Amnistía Internacional después de la muerte de Frederick, un abogado empleado en el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Missouri decía: “La campaña de cartas realizada por Amnistía Internacional tuvo una fuerza arrolladora. La oficina del gobernador indicó que recibía cientos de cartas diarias pidiendo clemencia para Frederick. Lamento tener que decir que, en mi opinión, el gobernador cedió a sus propias ambiciones políticas y al temor a merecer una prensa desfavorable, ignorando el torrente de la opinión sincera que le llegaba de todas partes del mundo...”

»Casos de tortura, un preso de conciencia, ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte... Estos casos ejemplifican la gama de violaciones de derechos humanos de los que el movimiento de Amnistía Internacional debe ocuparse, según estipula el mandato de la organización», concluyó el secretario general.

PUEDE

AYUDARNOS

Los niños siguen ocupando un lugar prominente en los informes de AI sobre violaciones de derechos humanos y en sus campañas contra dichos abusos. Usted puede ayudarnos manteniéndose al tanto del desarrollo de “Vidas Silenciadas”, la campaña internacional de AI contra las desapariciones forzadas y los homicidios políticos, y enviando llamamientos cuando sea el caso. También puede actuar sobre algunos de los casos que presentamos:

Filipinas: envíe un llamamiento al presidente, aplaudiendo la puesta en libertad de los dos niños y su tía, secuestrados en su hogar de Bitan-agen, Butuan, y exhorte a las autoridades a investigar exhaustivamente su secuestro y “desaparición”: Presidente Fidel V. Ramos/ Palacio de Malacañang/Manila/ Filipinas.

India: escriba al gobernador, expresando preocupación ante las continuas denuncias de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad de Cachemira, incluyendo los casos recientes de Bilal Ahmed y sus padres, y pidiendo una investigación exhaustiva: V. Krishna Rao/ Governor of Jammu and Kashmir/Office of the Governor/Srinagar/ Jammu and Kashmir/ India.

China: envíe un llamamiento a las autoridades pidiendo liberen a Tenzin Dekyong y otros encarcelados sólo por ejercitar pacíficamente sus derechos humanos, a: Tibet Autonomous Region President Gyancain Norbu Zhuxi/ Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu/ Lasashi/ Xizang Zangzu Zizhiqu/ Rep. Popular de China.

Los derechos del niño: un nuevo enfoque

En 1993, a Amnistía Internacional le llegaron de todas partes del mundo informes sobre violaciones de los derechos humanos de los niños. En 35 países se denunciaron “desapariciones”, torturas o ejecuciones extrajudiciales de menores. Estas cifras únicamente incluyen los casos de que tiene conocimiento la organización. El número real es, casi sin lugar a dudas, mucho más elevado.

En un esfuerzo internacional de gran magnitud para impedir tales abusos y proteger los derechos de los niños, en 1989 las Naciones Unidas redactaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Thomas Hammarberg ha sido secretario general de Amnistía Internacional y, hasta hace poco, secretario general de Radda Barnen —la organización sueca para la protección de la infancia. Desde 1991 ha sido miembro del Comité de los Derechos del Niño (de las Naciones Unidas), y actualmente ocupa su vicepresidencia.

En su artículo, Thomas Hammarberg estudia los criterios que informan a la Convención y evalúa sus repercusiones

Ningún tratado de derechos humanos ha merecido una respuesta más positiva que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Este instrumento fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 1989, y se abrió a la ratificación de los Estados a principios de 1990. Hoy en día, 149 países son Parte de la Convención y otros 20 la han firmado, indicando con ese acto su intención de ratificarla. La ratificación universal está al alcance. La Convención no distingue ni jerarquiza los derechos económicos, sociales y culturales por un lado y los derechos civiles y políticos por el otro.

La Convención entró en vigor menos de un año después de ser aprobada por la Asamblea General. El Comité de diez personas encargado de vigilar su cumplimiento ha sido elegido y acaba de finalizar su cuarto periodo de sesiones; ya ha comenzado a recibir y estudiar informes de los Estados Parte.

La Convención no tendrá el efecto deseado mientras no se transforme la realidad. Pero ese día no se ha vislumbrado aún.

El inmenso sufrimiento de los niños sigue sin mitigarse: víctimas de la guerra y la violencia; blanco de la discriminación racial y la xenofobia; refugiados y sin hogar; incapacitados; objeto de abandono, crueldad y explotación —a veces, incluso, a manos de aquellos encargados de protegerlos—. Millones de niños sufren el flagelo de la pobreza y las crisis económicas, el hambre y la falta de techo, las epidemias, el analfabetismo y la expoliación del medio ambiente.

Estos hechos fueron mencionados hace tres años, cuando los líderes de los Estados se reunieron en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en favor de la Infancia. Nada ha cambiado desde entonces.

Pero la Convención sigue inspirando ánimo y esperanza. Un primer paso importante ha sido su ratificación casi universal. La estrecha cooperación entre el Comité encargado de vigilar su observancia, las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF, y organizaciones no gubernamentales, hace más difícil que los gobiernos descuiden sus obligaciones. Se está construyendo un movimiento mundial.

Por otra parte, en varios países se están introduciendo reformas. Se están enmendando las leyes para garantizar la protección de los niños. Se están creando instituciones que ofrecen representación letrada a los niños. En los parlamentos nacionales, se pone en tela de juicio la sensatez de reducciones presupuestarias que afecten a los niños.

Un día estas acciones comenzarán a transformar la realidad.

El carácter de la Convención no es puramente legal. Formula también una visión del futuro. La línea divisoria entre visiones y quimeras suele ser frágil, pero los principios expuestos en la Convención tienen un sentido muy real. El tratado define los derechos de los niños:

LOS PRINCIPIOS

m El principio de que todos los niños tienen derechos, sin discriminación alguna;

m El principio del interés superior del niño: en todos los actos que afecten a los niños, el principio rector debe ser el interés superior del niño.

m El derecho de los niños a ser respetados: a expresar libremente sus opiniones, y a que se las tome debidamente en consideración.

m El deber del Estado de velar por el desarrollo de los niños.

m Estas cuatro ideas fundamentales constituyen la filosofía de la Convención. Todos los demás derechos se derivan de ellas. En conjunto, encarnan una nueva actitud hacia los niños.

Una vez que el Comité encargado de vigilar la observancia de la Convención haya estudiado por primera vez la situación en determinado país, se extenderá, por lo general, un plazo de cinco años para que ese país presente su siguiente informe. Por ello, la continua vigilancia local es de fundamental importancia. Este aspecto se ve reflejado en la propia Conven-ción, y ha sido puesto de relieve por el Comité. El tratado estipula que los gobiernos deben difundir información sobre la Convención y distribuir ampliamente sus propios informes.

El Comité tiene la firme convicción de que se debe fomentar en todos los países el debate público sobre los derechos de los niños, y se ocupa de averiguar si así ocurre. Mientras tanto, gran parte de la vigilancia concreta debe hacerse a nivel local.

Y, lo que es tal vez principal, el Comité procura establecer una cooperación constructiva con grupos no gubernamentales nacionales e internacionales.