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Presidente de la República de China (Taiwán)
Ma Ying-jeou
Office of the President 
No. 122, Sec. 1, Chongqing S. Rd.
Zhongzheng District
Taipei City 100
Taiwán (República de China)

18 de marzo de 2010

Señor Presidente:

Amnistía Internacional está informada del reciente debate sobre la pena de muerte suscitado por el franco apoyo de la ex ministra de Justicia Wang Ching-feng al establecimiento de una suspensión de las ejecuciones y por su posterior dimisión. Le escribimos, Señor Presidente, para pedirle que garantice que Taiwán se mantiene firme en su objetivo declarado de abolir la pena de muerte.

Acogimos con satisfacción las garantías que nos dio a los diversos grupos que participamos en la reunión del 18 de junio de 2008 en el sentido de que se iba a mantener la suspensión de facto existente en Taiwán, así que le instamos a no cambiar de postura. La actual controversia política no debe poner en peligro la vida de las 44 personas que hay condenadas a muerte.

Vemos a Taiwán cómo líder de la región en los avances hacia la abolición. Esperamos que el apoyo taiwanés al establecimiento de una suspensión, junto con el de Mongolia, donde el presidente Elbegdorj anunció formalmente una suspensión en enero de 2010, influya en los gobiernos de Japón y la República Popular de China para que tomen medias similares.

Como afirmó durante nuestra reunión con la Asociación de Fiscales del 15 de marzo de 2010, Taiwán debe aumentar el debate y la información públicos sobre la pena de muerte. Consideramos que el interés público por la designación del nuevo ministro de Justicia es una oportunidad para hacer hincapié en que la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante; entraña de riesgo de cometer un error irreparable; no proporciona justicia restitutiva a las familias de las víctimas, y no tiene ningún efecto disuasorio especial demostrado. El debate público actual representa una oportunidad de promover la tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte –manifiesta en el hecho de que más de dos terceras partes de los países del mundo la hayan abolido ya en la legislación y en la práctica– y pedir el apoyo público a esta tendencia antes de la votación de la Asamblea General de la ONU sobre una suspensión mundial, prevista para diciembre de 2010.

En este momento de intenso debate político, le instamos a que dé muestras de liderazgo y continúe por el camino de la abolición.

Atentamente,
Claudio Cordone
Secretario General interino