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En el Día Mundial del Agua, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades israelíes a poner fin a las prácticas discriminatorias contra la población palestina de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) que vulneran su derecho de acceso a un suministro de agua adecuado.

Gran parte de la población palestina que vive en Cisjordania y que aparecía en el informe de Amnistía Internacional publicado en octubre de 2009, Aguas Turbulentas. Negación del derecho de acceso al agua a la población palestina, sigue afrontando serias dificultades causadas por las autoridades israelíes para acceder al agua.

"Transcurridos casi seis meses desde la publicación de nuestro informe, el gobierno israelí aún mantiene el control sobre los recursos hídricos de los Territorios Palestinos Ocupados. A la población palestina sólo se le permite disponer de una mínima parte del casi ilimitado suministro que se procura a los asentamientos israelíes ilegales", ha señalado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio de Amnistía Internacional.

"En muchos de los casos que destacábamos en el informe, no se ha producido en la práctica ninguna mejora palpable para las personas corrientes."

En el informe Aguas Turbulentas se destacaba, entre otros casos, la difícil situación del pueblecito de Tuwani, situado en los montes del sur de Hebrón.

Este pueblo, al igual que otras comunidades palestinas de la zona, sigue sin estar conectado a la red de suministro de agua que abastece ampliamente a los cercanos asentamientos israelíes ilegales. 

La población palestina que vive en este pueblo depende, en cambio, de cisternas para recoger agua de lluvia y almacenar la que compran a camiones cisterna.

En diciembre de 2009, el ejército israelí emitió una orden de demolición de una cisterna de agua que habían construido los habitantes del pueblo.

Después, a comienzos de marzo de 2010, cuando los habitantes de Tuwani volvieron a solicitar permiso para conectarse a la red de suministro de agua que pasa cerca del pueblo, las autoridades militares israelíes que controlan la zona se lo denegaron.
 
Los habitantes del pueblo de Beit Ula continúan también teniendo dificultades para poder disponer de suficiente agua, después de que en 2008 el ejército israelí destruyera nueve cisternas de recogida de agua de lluvia.

Las cisternas se construyeron en 2006 en el marco de un proyecto agrícola de mejora de la seguridad alimentaria financiado por la Unión Europea, y cada una había pertenecido a una familia. 

Aunque los agricultores palestinos locales habían recuperado lo que habían podido tras la demolición, un año después la mayoría de los agricultores que se habrían podido beneficiar del proyecto siguen desempleados o trabajando esporádicamente como trabajadores manuales para sobrevivir.

El 15 de marzo contaron a Amnistía Internacional que estarían preparados para reanudar el proyecto tan pronto como les asegurasen que no lo volverán a demoler.

En el informe de Amnistía Internacional también se describe cómo en el pueblo de Daraj al Hathaleen, en Cisjordania, el ejército israelí emitió órdenes de demolición de nueve cisternas de agua que se habían construido sin permiso de las autoridades israelíes.

Israel impone un complejo sistema de permisos que la población palestina debe solicitar al ejército y a otras autoridades israelíes para emprender proyectos hídricos en los TPO –ya sea abrir un pozo, tratar las aguas residuales o simplemente reparar una tubería dañada–. Es habitual que las solicitudes de tales permisos sean rechazadas o tarden mucho en atenderse.

Aunque todavía no se han llevado a cabo las demoliciones en Daraj al Hathaleen, en marzo de 2010 los habitantes de este pueblo contaron a Amnistía Internacional que se ha prohibido a los pastores locales que utilicen las cisternas y siguen dependiendo del agua, que les sale muy cara, que traen los camiones cisterna.

Desde que en 2009 el ejército israelí cerrara la carretera que conduce a la zona, no se ha permitido el paso a los camiones cisterna, lo que ha obligado a los habitantes de Daraj al Hathaleen a recorrer grandes distancias para ir a recoger el agua de esos camiones.

Durante más de cuatro decenios de ocupación militar israelí, las restricciones impuestas por Israel al acceso de la población palestina al agua han impedido el desarrollo de infraestructuras e instalaciones hídricas en Cisjordania.

En el informe de Amnistía Internacional también se hacía hincapié en los problemas a los que se enfrenta la población palestina de Gaza, donde el 90 o el 95 por ciento del agua no es apta para el consumo humano. La situación allí desde el punto de vista del suministro de agua y el saneamiento sigue siendo "peligrosa", según un informe publicado el 17 de marzo por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

El bloqueo militar israelí de Gaza ha impedido la entrada de materiales necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras de suministro de agua y saneamiento.

"Se ha negado a cientos de miles de palestinos el derecho a llevar una vida normal, a tener una alimentación, una vivienda o una salud adecuadas, y al desarrollo económico", ha señalado Malcolm Smart.

"Israel debe asumir la responsabilidad de garantizar que la población palestina recibe la parte de los recursos hídricos comunes que le corresponde."