Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

Communiqués de presse

6 février 2013

Somalia: Debe anularse la condena contra una presunta víctima de violación y un periodista

La condena dictada por un tribunal somalí contra una mujer presuntamente violada por las fuerzas de seguridad y contra un periodista que la entrevistó supone un serio revés en la lucha contra la violencia sexual y la protección de la libertad de prensa. Así lo han manifestado hoy cinco organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. El gobierno debe retirar su causa infundada contra el periodista y la mujer, y debe ordenar de inmediato la liberación del periodista, según han declarado las organizaciones.

Los motivos de la condena no están claros, pero al parecer el tribunal los declaró a ambos culpables en virtud del código penal de Somalia y de cargos nuevos añadidos en virtud de la sharia (ley islámica). El periodista, Abdiaziz Abdinur Ibrahim, fue condenado a un año por hacer una acusación falsa –pese a que no llegó a publicar las acusaciones en ningún sitio–, entrar en la casa de otro hombre sin permiso y acusar falsamente a un órgano gubernamental de cometer un delito que daña la seguridad del Estado. La mujer también fue condenada a un año de prisión por presentar una denuncia falsa de violación que daña la seguridad del Estado. La condena de la mujer se aplazó durante un año porque está amamantando. Abdiaziz Abdinur se encuentra recluido en la Prisión Central de Mogadiscio. El tribunal ordenó la liberación del esposo de la mujer y de otras dos personas por falta de pruebas. 

“Esta sentencia condenatoria significa que toda somalí que sea violada o sufra cualquier otro tipo de abuso a manos de las fuerzas de seguridad de Somalia se lo pensará dos veces antes de denunciarlo a la policía, y los periodistas se mostrarán cautelosos a la hora incluso de entrevistar a víctimas de violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Netsanet Belay, director del Programa para África de Amnistía Internacional. “El gobierno debe retirar la causa judicial y ordenar la excarcelación inmediata del periodista.”

Los grupos que piden la anulación de las condenas y la liberación del periodista son la Unión Nacional de Periodistas Somalíes, Hermana Somalia, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas.

Las sentencias condenatorias se derivan de una entrevista que Abdiaziz Abdinur realizó a la mujer el 8 de enero de 2013 sobre su presunta violación, en agosto de 2012, por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales. 

Abdiaziz Abdinur no publicó la historia en ningún medio de comunicación. El 10 de enero fue citado para que se presentara ante el Departamento Central de Investigaciones de la policía y, cuando lo hizo, fue detenido sin cargos. Fue interrogado repetidamente y su casa fue registrada dos veces. 

La mujer inicialmente se retractó de su denuncia tras ser interrogada durante dos días por la policía sin la presencia de un abogado. Más tarde, se negó a retractarse de sus denuncias en sus reuniones con la fiscalía general. Quedó en libertad, pero le dijeron que debía presentarse ante la policía a diario, y su esposo fue detenido en su lugar. Según fuentes locales dignas de crédito, el esposo ha apoyado firmemente las denuncias de la mujer. El hombre y la mujer que, al parecer, los ayudaron a entrevistarse con el periodista fueron detenidos también más o menos al mismo tiempo. 

El director de la policía y los fiscales estatales afirmaron que Abdiaziz Abdinur había participado en un reportaje informativo emitido por Al Yazira el 6 de enero sobre la violación de mujeres en los campos de desplazados de Mogadiscio, una afirmación que Al Yazira ha negado públicamente varias veces. E, incluso aunque el periodista hubiera participado, eso no constituiría un delito ni un motivo para detenerlo. 

Tanto el juicio como sus fases preliminares se caracterizaron por las flagrantes violaciones del derecho de los acusados al proceso debido.

Antes del juicio, la policía mantuvo a Abdiaziz Abdinur detenido sin cargos durante 19 días y le negó el acceso a un abogado, un médico y los medicamentos que el periodista pidió en varias ocasiones. 

Algunos altos cargos del gobierno declararon públicamente antes del juicio que los acusados eran culpables, lo cual socavó su presunción de inocencia. Por ejemplo, el 18 de enero, el ministro del Interior dijo a los medios de comunicación que “el gobierno no tolerará informaciones que inciten a la opinión pública o creen una situación en la que la seguridad nacional pueda verse amenazada”. También afirmó específicamente que Abdiaziz Abdinur había sobornado a la mujer. 

El fiscal no presentó prueba alguna que justificara una condena por los cargos formulados, según afirman las organizaciones. La fiscalía citó a tres testigos, dos de los cuales declararon haber ayudado a la mujer tras la violación; el tercero era una enfermera que no había examinado a la mujer. Una comadrona declaró el primer día del juicio, el 2 de febrero, que su conclusión era que la mujer no había sido violada. Dicha conclusión se basaba en la denominada “prueba del dedo”, una práctica degradante y nada científica desacreditada hace mucho por no constituir una prueba creíble de si una mujer ha sido violada. 

El juez no permitió que el abogado defensor citara testigos durante el juicio, ni tampoco le permitió presentar testimonios médicos que rebatieran las afirmaciones de la acusación. Los acusados recurrirán contra las condenas, según han afirmado sus abogados.

“Este caso se ha visto enturbiado desde el principio por graves violaciones del proceso debido”, ha manifestado Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “La prolongada detención preventiva sin cargos, la difamación oficial contra los acusados en los medios de comunicación y los abusivos intentos policiales por desacreditar e intimidar a una mujer que denuncia una violación señalan a un gobierno más preocupado por desviar las críticas que por proteger a los ciudadanos comunes.”

Las sentencias condenatorias tendrán un impacto negativo en la libertad de los medios de comunicación y en los esfuerzos por combatir la violencia sexual en Somalia, según han declarado las organizaciones.

Somalia sigue siendo uno de los países más mortales del mundo para los periodistas, y 2012 ha sido el peor año hasta el momento. Pese al elevado número de periodistas muertos en 2012, ninguno de esos homicidios se ha investigado. El establecimiento de una relación de confianza entre las nuevas autoridades y los medios de comunicación somalíes será crucial, pero este caso ha suscitado importantes dudas entre los medios de comunicación del país sobre el compromiso del gobierno para con una prensa libre.

“La condena del periodista contradice los compromisos del gobierno para con la libertad de expresión y de prensa”, ha manifestado Mohammed Ibrahim, de la Unión Nacional de Periodistas Somalíes. “El gobierno debe dedicar atención y recursos a investigar la oleada de homicidios de periodistas en Somalia.”

La violencia sexual y de género ha supuesto un serio problema durante el conflicto somalí. Las mujeres y niñas desplazadas internamente, como la víctima de este caso, están especialmente expuestas a esos abusos. Sin embargo, a menudo se muestran reacias a denunciar la violación a las autoridades porque temen sufrir represalias, no confían en las autoridades y tienen poco acceso a servicios médicos, psicosociales y jurídicos. Este caso entraña el peligro de hacer aumentar aun más la desconfianza, según han manifestado las organizaciones. 

“Este caso está obligando a las mujeres de Somalia a preguntarse: ¿en quién podemos confiar ahora?”, ha declarado Fartuun Abdisalaan Adan, de Hermana Somalia, un refugio para sobrevivientes de violación en Mogadiscio gestionado por el Centro Elman para la Paz y los Derechos Humanos. “El gobierno debe centrarse en fomentar la confianza y garantizar la rendición de cuentas por los abusos, no intimidar a personas vulnerables.”

La comunidad internacional, incluidos donantes claves de Somalia como Reino Unido, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, debe pedir públicamente que se anulen las condenas y se ponga al periodista en libertad inmediata. Los donantes que respalden directamente a la policía deben revisar sus programas para garantizar que no contribuyen a acciones policiales que silencien a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

“Los periodistas somalíes deben sentirse seguros para entrevistar a cualquiera que denuncie una violación de derechos humanos”, ha manifestado Tom Rhodes, asesor sobre África oriental del Comité para la Protección de los Periodistas. “El actual clima de censura y recriminación supone que es peligroso tomar cualquier medida para pedir rendición de cuentas y justicia.”

Index AI : PRE01/059/2013
Région ou pays Afrique
Pays Somalie
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