Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

Communiqués de presse

12 février 2013

India: No a la nueva ordenanza sobre violencia sexual

Los legisladores indios deben enmendar sustancialmente o sustituir la nueva legislación penal sobre violencia contra las mujeres en la próxima sesión presupuestaria del Parlamento, han dicho hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El 3 de febrero de 2013, el presidente de India, Pranab Mukherjee, firmó la Ordenanza de 2013 de Enmienda de la Legislación Penal, que modifica las leyes penales vigentes, a raíz de las protestas generalizadas en todo el país por parte de grupos de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Los grupos en defensa de los derechos humanos han defendido que la legislación en materia de violencia sexual debe ajustarse al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, e incorporar las recomendaciones clave del recientemente creado Comité Verma.

“La nueva ordenanza por fin modifica las leyes indias de la época colonial en asuntos de violencia sexual, pero no ofrece una protección básica de los derechos humanos ni reparaciones a las víctimas -ha afirmado Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch en Asia meridional-. Los parlamentarios indios deben poner su empeño en que legislación que afronte estos asuntos fundamentales.”

La reforma de la legislación penal en materia de violencia sexual se ha convertido en objeto de debate nacional en India desde la violación en grupo y asesinato de una mujer de 23 años en Nueva Delhi en diciembre de 2012. El gobierno indio creó un comité de tres personas encabezado por el ex presidente del Tribunal Supremo de India, J.S. Verma, con el fin de estudiar reformas que endurezcan las leyes contra los delitos de violencia sexual. Desgraciadamente, la nueva ordenanza hace caso omiso de las recomendaciones clave del Comité, especialmente en lo referente a la rendición de cuentas por parte de la policía, y a la consideración de la violencia sexual como una violación del derecho de las mujeres a la integridad corporal.

“El Parlamento debe llevar a cabo un intenso debate antes de aprobar cualquier ley, y las modificaciones legislativas no deben ignorar las recomendaciones clave del Comité Verma ni las opiniones de los grupos indios en defensa de los derechos de las mujeres”, ha expresado G. Ananthapadmanabhan, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.

La ordenanza no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos en varios aspectos, han afirmado los grupos en defensa de los derechos humanos. No tipifica todos los tipos de violencia sexual que existen con penas adecuadas al derecho internacional de los derechos humanos. Incluye disposiciones vagas y discriminatorias, e introduce la pena capital para algunos casos de agresión sexual. La ordenanza también conserva un marco de inmunidad legal efectiva para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado acusados de violencia sexual; lejos de ayudar a los adolescentes, los perjudica, ya que aumenta la edad para mantener relaciones sexuales consentidas; y define el término “trata de personas” de un modo que puede confundirse con el trabajo adulto consentido en la industria del sexo.

Preocupación sobre definiciones

Algunas de las definiciones incorporadas en la nueva ordenanza no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas frente a la violencia sexual, han afirmado los grupos en defensa de los derechos humanos. La ordenanza conserva algunos conceptos arcaicos y discriminatorios utilizados para definir ciertos delitos como “insultos” o “ultrajes” al “pudor” de las mujeres en lugar de hablar de delitos contra el derecho a la integridad corporal, lo cual va en contra de las obligaciones legales internacionales contraídas por India de modificar todas las leyes que contengan disposiciones discriminatorias por cuestiones de género.

La ordenanza incluye los delitos sexuales con penetración dentro del término “agresión sexual”, sin establecer ninguna distinción entre el daño provocado por agresiones con penetración y agresiones sin penetración. Por ejemplo, tocar el pecho a una persona implicaría la misma pena que una agresión sexual con penetración.

Reconocimiento limitado de la violación conyugal

La ordenanza discrimina a las mujeres según su estado civil y les niega una protección igualitaria ante la ley. Según el artículo 375 del Código Penal enmendado, las mujeres casadas no pueden presentar cargos contra sus esposos por “agresión sexual” salvo en casos muy concretos: cuando la mujer “vive separada del marido por una sentencia de separación o cualesquiera usos y costumbres”.

India ha ratificado varios tratados y ha apoyado declaraciones que defienden el derecho a la autonomía sexual como una cuestión de igualdad para las mujeres, incluido el derecho a decidir libremente mantener relaciones sexuales sin coacción, discriminación o violencia. La legislación penal debe ofrecer protección frente a la violación conyugal en todas las circunstancias, han expresado los grupos en defensa de los derechos humanos.

Endurecimiento de las penas

La ordenanza introduce la pena de muerte para aquellas agresiones sexuales que deriven en muerte o “estado vegetativo permanente” para la víctima, y en casos de determinados agresores reincidentes.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena capital en todas las circunstancias, por considerarla la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, y una violación del derecho a la vida. Esta forma irreversible de pena se ha abolido en la mayoría de los países del mundo.

Los legisladores no deben centrarse tanto en las penas, sino en garantizar que las leyes modifican sustancialmente el sistema mediante el cual se denuncian, investigan y enjuician los casos de violencia sexual, han defendido los grupos de derechos humanos.

Inmunidad para la Policía y las Fuerzas Armadas

La ordenanza conserva procedimientos que sitúan a la policía y las fuerzas armadas por encima de la ley en los casos de violencia sexual. Según el procedimiento penal actual y otra legislación especial, los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad no pueden ser procesados, ni en casos de violencia sexual, a menos que el órgano gubernamental que supervisa los respectivos cuerpos apruebe dicho proceso. Esto ocurre en muy pocas ocasiones, lo que crea un marco de inmunidad efectiva para los agentes de policía y militares que cometen graves abusos. El Comité Verma incluyó entre sus recomendaciones que esta inmunidad legal, incluso la recogida en la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, se suprimiera. Los largos procedimientos legales para llevar ante los tribunales a miembros del cuerpo de policía o de las fuerzas armadas han derivado sistemáticamente en injusticias para las mujeres supervivientes de violaciones en el noreste de India, Jammu y Cachemira, así como en zonas afectadas por el movimiento maoísta, han afirmado los grupos en defensa de los derechos humanos.

“La legislación india no debe otorgar privilegios especiales a la policía y las fuerzas armadas para que cometan actos de violencia sexual y otros abusos de derechos humanos -ha dicho Ganguly-. El requisito del permiso del gobierno para llevar ante los tribunales a funcionarios del Estado es un obstáculo intolerable para que las mujeres supervivientes de violencia sexual obtengan justicia.”

Edad para mantener relaciones sexuales consentidas

La Ley de Protección del Menor contra Delitos Sexuales, aprobada en 2012, elevó la edad para mantener relaciones sexuales consentidas de 16 a 18 años. El Comité Verma ha recomendado que la edad de consentimiento sexual del Código Penal en India fuera reducida nuevamente a 16 años.

La legislación india debe seguir tipificando como delito el contacto sexual con un niño o niña, o con un adolescente que, hasta una cierta edad, no tiene capacidad para dar un consentimiento real a tales prácticas. Pero los grupos en defensa de los derechos humanos han manifestado que las leyes también deben tener en cuenta el desarrollo progresivo de la capacidad y la madurez de los adolescentes para tomar decisiones autónomas sobre cuándo mantener relaciones íntimas, la diferencia de edad entre quienes mantienen relaciones sexuales, y eliminar penas inadecuadas. El marco legal debe ayudar a los adolescentes a afrontar su sexualidad de un modo responsable e informado, y no castigar a ese mismo sector de la población al que debe proteger.

Potencial asociación entre trabajo adulto consentido en la industria del sexo y “trata de personas”

El artículo 370 del Código Penal reformado mezcla el delito de trata de personas con el trabajo adulto consentido en la industria del sexo, han expresado los grupos de derechos humanos.

La ordenanza introduce una nueva definición de “trata de personas” por la que una persona “capta, trasporta, esconde, traslada o recibe a otra persona o personas” mediante el uso de la fuerza, amenazas, engaño, secuestro, persuasión, o abuso de poder para su “explotación”. Pero la ordenanza establece que “la explotación incluirá prostitución y otras formas de explotación sexual” y añade que “el consentimiento de la víctima es irrelevante a la hora de determinar si existe delito de trata de personas”. Mientras que la prostitución forzada debe estar tipificada como delito, y el consentimiento ante un acto delitivo no debe ser motivo de defensa, la redacción de esta disposición puede dar lugar a asociar el trabajo adulto voluntario en la industria del sexo con la trata de personas para prostitución forzada.

Tipificación como delito de relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo

La ordenanza no revoca el artículo 377 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo. En 2009, el Tribunal Superior de Delhi falló que tipificar como delito las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo era una violación de los derechos constitucionales de igualdad, no discriminación, y del derecho a la intimidad y a una vida digna.

Teniendo en cuenta las graves imperfecciones de la nueva ordenanza, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido al Parlamento indio que la rechace en su forma actual y han instado al Consejo de Ministros a que presente un nuevo proyecto de ley revisado para enmendar la legislación penal.

“En lugar de aprobar una ordenanza horadada de imperfecciones, el Consejo de Ministros de India debe presentar en su próxima sesión presupuestaria un proyecto de ley bien redactado y completo que afronte cuestiones como la violencia de género, especialmente la violencia sexual -ha dicho Ananthapadmanabhan-. El Parlamento debe entrar en un serio debate con los grupos de la sociedad civil y debe garantizar que toda ley que venga a aprobarse se ajusta a las normas internacionales.”

Index AI : PRE01/072/2013
Région ou pays Asie - Pacifique
Pays Inde
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