Érythrée

La situation des droits humains : Estado de Eritrea

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado y del gobierno
Isaias Afewerki

Información general

Según la información recibida, la situación humanitaria en el país era grave y la economía continuaba estancada. Sin embargo, continuó el desarrollo del sector minero, pues había gobiernos y empresas privadas extranjeros que estaban interesados en los importantes yacimientos de oro, potasa y cobre de Eritrea, pese al riesgo que corrían de convertirse en cómplices de violaciones de derechos humanos debido a la existencia de trabajo forzoso en las explotaciones mineras.

El ejército etíope llevó a cabo incursiones militares en Eritrea en dos ocasiones en marzo y anunció ataques con éxito contra campamentos en los que, según afirmó, recibían adiestramiento grupos rebeldes etíopes. Etiopía culpó a Eritrea de respaldar a un grupo rebelde que había atacado a un grupo de turistas europeos en Etiopía en enero (véase el apartado sobre Etiopía). El grupo que reivindicó la autoría del incidente afirmó que no tenía ningún campamento en Eritrea.

En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó una relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, como respuesta a “las violaciones de derechos humanos continuas, generalizadas y sistemáticas cometidas por las autoridades eritreas”. El gobierno eritreo rechazó el nombramiento por considerar que obedecía a motivos políticos.

En julio, el Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia y Eritrea informó de que el apoyo de Eritrea a Al Shabaab en Somalia había disminuido, pero que Eritrea seguía albergando a grupos armados de oposición de países vecinos, especialmente de Etiopía. En su informe concluyó también que había funcionarios eritreos implicados en el tráfico de armas y de personas.

Hacia mitad de año se tuvo noticia de que el gobierno distribuía armas a la población civil por razones desconocidas.

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Presos de conciencia y presos políticos

Miles de presos de conciencia y presos políticos continuaban recluidos arbitrariamente y en condiciones atroces. Entre ellos había políticos, periodistas y practicantes de determinadas religiones. También había personas capturadas cuando intentaban eludir el servicio militar, huir del país o desplazarse por el territorio nacional sin permiso. Algunos presos de conciencia llevaban más de 10 años recluidos sin cargos.

A algunos presos relevantes no se les permitían las visitas, y en la mayoría de los casos sus familias no conocían su paradero ni su estado de salud. El gobierno continuó negándose a confirmar o desmentir los informes según los cuales se habían producido muertes bajo custodia.

  • Se informó de que tres periodistas recluidos arbitrariamente desde su detención en 2001 –Dawit Habtemichael, Mattewos Habteab y Sahle Tsegazab– habían muerto bajo custodia en años anteriores. El gobierno no confirmó esta información.
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Libertad de religión o de creencias

Sólo estaban autorizados a practicar su religión los miembros de las confesiones religiosas permitidas: la Iglesia ortodoxa eritrea, la Iglesia católica, la Iglesia luterana y el islam. Los miembros de las que estaban prohibidas seguían sufriendo detención, reclusión arbitraria y malos tratos.

  • En abril, 10 testigos de Jehová fueron detenidos en la ciudad de Keren en relación con su asistencia a un funeral. Al terminar el año, 56 testigos de Jehová estaban encarcelados por practicar su religión, según los informes recibidos.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos a reclusos eran generalizados. Las víctimas recibían palizas, eran atadas en posturas dolorosas, permanecían expuestas a condiciones climáticas extremas y sufrían reclusión en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. Las condiciones de reclusión equivalían a trato cruel, inhumano o degradante. Muchos reclusos permanecían encerrados en contenedores de mercancías metálicos o en celdas subterráneas, a menudo en lugares desérticos donde estaban expuestos a temperaturas extremas. No recibían alimentos ni agua suficientes. Con frecuencia se les negaba la atención médica o sólo se les dispensaba una atención inadecuada.

  • La periodista Yirgalem Fisseha Mebrahtu, detenida en febrero de 2009, fue ingresada en un hospital en enero, bajo custodia permanente y sin poder recibir visitas, según la información recibida. No se informó a su familia de los motivos de su ingreso en el hospital.
  • Petros Solomon, ex ministro de Exteriores e integrante del G15 –grupo de 11 políticos relevantes recluidos arbitrariamente desde 2001– fue hospitalizado en julio, según los informes, debido a una grave enfermedad. Sin embargo, no se disponía en Eritrea de atención médica adecuada. No se conocía la suerte que había corrido.

Se tuvo noticia de algunas muertes bajo custodia.

  • En agosto, Yohannes Haile, testigo de Jehová recluido desde septiembre de 2008, murió en la prisión de Me’eter, según los informes, debido a los efectos del calor extremo, tras permanecer recluido en una celda subterránea desde octubre de 2011. Otros tres hombres que habían permanecido recluidos junto con él se encontraban en estado crítico. No se conocía la suerte que habían corrido.
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Reclutamiento militar

El servicio militar seguía siendo obligatorio para todos los hombres y mujeres adultos. Todos los estudiantes debían cursar su último año de enseñanza secundaria en el campamento de instrucción militar de Sawa, política que afectaba a niños y niñas de sólo 15 años. En Sawa, los menores de edad padecían unas condiciones deficientes, y se les imponían severos castigos por cometer infracciones.

El periodo inicial del servicio militar era de 18 meses, pero con frecuencia se prorrogaba indefinidamente, con salarios mínimos que eran insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de las familias. Continuó el uso generalizado de reclutas como mano de obra forzada en proyectos estatales, como la producción agrícola, o en empresas privadas pertenecientes a las élites del ejército o del partido gobernante. La evasión era castigada severamente, incluso con reclusión arbitraria y malos tratos.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Miles de eritreos huyeron del país durante el año, la mayoría para eludir el servicio militar indefinido. Continuó en vigor la política de “disparar a matar” a quienes se sorprendía intentando pasar a Etiopía. Las personas capturadas huyendo a Sudán eran sometidas a reclusión arbitraria y brutales palizas. Los familiares de quienes lograban salir del país se veían obligados a pagar multas o corrían el riesgo de ser encarcelados.

Los solicitantes de asilo eritreos devueltos al país corrían un grave riesgo de reclusión arbitraria y tortura. Pese a ello, varios países, como Egipto, Sudán, Suecia, Ucrania y Reino Unido, tenían previsto llevar a cabo devoluciones a Eritrea o llegaron a realizarlas.

  • El 24 de julio, Sudán devolvió a Eritrea a nueve solicitantes de asilo y a un refugiado. Un tribunal sudanés los había declarado culpables de entrar ilegalmente en el país.
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Tráfico de personas

Según el informe de julio del Grupo de Supervisión de la ONU para Somalia y Eritrea, funcionarios eritreos, incluidos altos mandos militares, eran responsables de contrabando de armas y tráfico de personas a través de redes delictivas de Sudán y el Sinaí (Egipto). Según el informe, la magnitud de esta actividad sugería la complicidad del gobierno eritreo.

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