Kenia

La situation des droits humains : República de Kenia

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado y del gobierno
Mwai Kibaki

Información general

Continuó durante todo el año la aplicación de las reformas constitucionales, con la aprobación de más de 27 proyectos de ley por el Parlamento. Sin embargo, la Comisión para la Aplicación de la Constitución criticó algunos proyectos de ley por entender que no se ajustaban a la norma constitucional. Se demoró la aplicación de algunas disposiciones legales aprobadas por el Parlamento, como la Ley del Servicio de Policía Nacional.

La situación en materia de seguridad se vio afectada por episodios de violencia en todo el país, especialmente en la provincia Nororiental, la provincia de la Costa y las ciudades de Kisumu y Nairobi.

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Impunidad: violencia postelectoral

No se tomaron medidas para poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables de los delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008, aunque el gobierno afirmó en varias ocasiones que las investigaciones continuaban.

En febrero, el fiscal general estableció un grupo de trabajo encargado de abordar la tramitación de 5.000 causas pendientes. Era la tercera vez que se creaba un grupo de esta índole para atender los casos acumulados. En agosto, el grupo reveló que la mayor parte de las pruebas no cumplían los criterios necesarios para su uso en juicios.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones finales, hechas públicas en julio, tras el examen del historial de Kenia relativo a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su preocupación por la falta de investigaciones y enjuiciamientos de los responsables de la violencia.

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Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía

Amnistía Internacional siguió recibiendo noticias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos a personas bajo custodia policial. Hubo también numerosos informes según los cuales la policía había actuado de forma selectiva contra miembros de comunidades concretas, en particular personas de origen somalí, en todo el país.

Continuó la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. La aplicación de leyes clave que establecían el marco de las reformas policiales sufría graves demoras. En junio comenzó sus actividades la Autoridad Independiente de Supervisión de la Función Policial. Su mandato era investigar las denuncias contra la policía y las faltas disciplinarias o los delitos cometidos por cualquier miembro del Servicio de Policía Nacional. Sin embargo, preocupaba que el presupuesto asignado a la Autoridad Independiente no fuera suficiente para cumplir su mandato.

  • En octubre, la policía detuvo a Omar Mwamnuadzi, líder del Consejo Republicano de Mombasa, y a más de 40 personas a las que se creía miembros de este grupo. Durante su detención, la policía mató a 2 personas y causó heridas a otras, entre ellas Omar Mwamnuadzi, que fue golpeado. Los detenidos fueron acusados formalmente de diversos delitos, incluidos pertenencia a un grupo ilegal, incitación a la violencia y posesión de armas de fuego. Sus causas seguían pendientes al terminar el año.
  • En octubre, la policía disparó balas de goma contra una multitud que se manifestaba ante una comisaría de policía por la inseguridad en el asentamiento informal de Mathare, en Nairobi. Tres manifestantes fueron detenidos y acusados formalmente de incitación a la violencia. Siete activistas, entre ellos un empleado y dos voluntarios de Amnistía Internacional, que habían intentado reunirse con la policía para dialogar sobre la protesta, fueron detenidos arbitrariamente, permanecieron recluidos durante toda la noche en régimen de incomunicación en la comisaría de policía de Pangani y fueron golpeados. Se los acusó formalmente de incitación a la violencia, obstrucción a un agente en acto de servicio y alteración del orden público. La causa seguía abierta al terminar el año.

En noviembre y diciembre, cientos de personas de etnia somalí fueron detenidas de forma arbitraria o discriminatoria por la policía y otras fuerzas de seguridad, sobre todo en la zona de Eastleigh, en Nairobi, después de unos ataques con granadas y otros atentados con explosivos. Se pensaba que los ataques estaban relacionados con Al Shabaab, grupo armado islamista que actuaba en Somalia pero que al parecer había llevado a cabo algunas operaciones en Kenia, aunque también existía una discriminación constante contra los refugiados somalíes en Kenia debido a la supuesta carga que representaba para el país acoger a gran número de ellos (véase el subapartado “Personas refugiadas y solicitantes de asilo”). Durante tres días de diciembre se detuvo a hasta 300 personas, según la información recibida, entre las que había refugiados y solicitantes de asilo somalíes y kenianos de origen somalí. La mayoría de los detenidos quedaron después en libertad sin cargos. Sin embargo, muchos denunciaron que las fuerzas de seguridad los habían maltratado en el momento de la detención o durante su reclusión y los habían extorsionado, o habían intentado extorsionarlos, para obtener dinero de ellos. La oleada de detenciones y la ausencia de cargos suscitaron una grave preocupación por la posibilidad de que la respuesta de las autoridades tuviera su origen en la discriminación de los ciudadanos somalíes.

  • En octubre, Shem Kwega, político del Movimiento Democrático Naranja, murió a manos de unos desconocidos en la ciudad de Kisumu. Su muerte dio lugar a una manifestación pública que degeneró en violencia y en la que se lanzaron piedras contra la policía. Para responder a la protesta, la policía usó fuego real, y cuatro personas resultaron heridas de muerte, según noticias. También murieron algunas personas al prenderse fuego un contenedor en el que se habían refugiado. Testigos afirmaron que el fuego había comenzado cuando la policía disparó gas lacrimógeno dentro del contenedor.
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Violencia entre comunidades

El conflicto entre las comunidades pokomo y orma por el agua y las tierras de pastoreo se intensificó en el condado de Río Tana. Se creía que al terminar el año habían muerto unas 200 personas en los enfrentamientos consiguientes y unas 30.000 se habían visto desplazadas por ellos.

A pesar del despliegue de más de 2.000 agentes de policía en el delta del Tana en septiembre, los enfrentamientos persistieron, lo que suscitó honda preocupación por la respuesta de las fuerzas de seguridad a la situación y por su capacidad para proteger los derechos humanos de la población de Tana. Los habitantes afirmaron que habían intentado reiteradamente plantear sus preocupaciones por la escalada de la situación a la policía y a las fuerzas de seguridad antes de agosto, pero no les habían tomado en serio.

Las autoridades kenianas establecieron una comisión para investigar tanto los homicidios como las denuncias de que la policía no había respondido de forma adecuada, pero al terminar el año la comisión no había presentado su informe.

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Justicia internacional

En enero, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional decidió llevar a juicio las causas abiertas contra William Ruto, Joshua arap Sang, Uhuru Kenyatta y Francis Muthaura por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la violencia postelectoral en Kenia en 2007-2008. Uhuru Kenyatta, viceprimer ministro, y William Ruto, ex ministro del gobierno, habían declarado su intención de ser candidatos en las elecciones previstas en Kenia para 2013. El gobierno keniano pareció tratar de socavar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los cuatro casos. En abril, la Asamblea Legislativa del África Oriental aprobó una resolución en la que instaba al Consejo de Ministros de la Comunidad del África Oriental a solicitar la transferencia de los casos de la Corte Penal Internacional a la Corte de Justicia del África Oriental, pese a no tener ésta jurisdicción sobre los delitos de derecho internacional. En julio, la Corte Penal Internacional anunció que los juicios comenzarían en abril de 2013.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Al terminar 2012, Kenia acogía a más de 600.000 refugiados y solicitantes de asilo, en su gran mayoría procedentes de Somalia. La mayor parte vivían en los campos de refugiados de Dadaab. El proceso de inscripción en registro de quienes llegaban allí continuaba suspendido, al igual que el transporte de solicitantes de asilo desde la frontera hasta Dadaab, por lo que estas personas tenían que caminar unos 100 kilómetros para presentar su solicitud. La policía siguió cometiendo abusos contra los refugiados de los campos de Dadaab. En mayo detuvo arbitrariamente, recluyó y golpeó a refugiados después del ataque sufrido por un vehículo policial en los campos. La policía supuestamente buscaba explosivos.

Altos cargos del gobierno amenazaron en repetidas ocasiones a lo largo del año con cerrar los campos de refugiados de Dadaab y devolver a todos los residentes al sur de Somalia; además, calificaron Dadaab de “amenaza para la seguridad” y afirmaron que algunas zonas del sur de Somalia eran seguras. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos rebatieron estas afirmaciones (véase el apartado sobre Somalia).

Además de las personas que vivían en los campos de refugiados, el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, tenía registrados a unos 55.000 refugiados y solicitantes de asilo en Nairobi y otros núcleos urbanos.

En diciembre, el gobierno de Kenia anunció que todos los refugiados y solicitantes de asilo de zonas urbanas debían ser reasentados en campos. El ACNUR expresó honda preocupación y pidió al gobierno que no aplicara esta política.

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Personas internamente desplazadas

En octubre, el Parlamento aprobó la Ley de Personas Internamente Desplazadas, que exigía al gobierno y a otros actores la protección de las personas frente a los factores que podían empujarlas a convertirse en desplazadas, y exigía asimismo al gobierno la implantación de estructuras destinadas a ayudar a quienes quedaban en situación de desplazamiento interno.

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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

  • El 28 de enero, la policía desalojó por la fuerza a decenas de personas de sus hogares en Mukuru Kwa N’jenga, en el este de Nairobi. Tres personas murieron en el proceso. Una mujer murió electrocutada por un cable de conducción eléctrica que cayó durante el desalojo, y otra, por el impacto de una bala perdida. La tercera persona, un menor de edad, murió durante una desbandada de manifestantes contra los desalojos que huían de la policía.
  • En agosto se desalojó por la fuerza a los moradores de 70 viviendas del asentamiento informal de Kiamaiko, en Nairobi, pese a estar abierta una causa judicial para determinar la propiedad de la tierra.
  • La comunidad de Deep Sea, en Nairobi, seguía corriendo el riesgo de sufrir desalojo forzoso para habilitar espacio para un proyecto de construcción de carreteras de la Autoridad de Carreteras de Kenia. Aunque este organismo estaba elaborando un plan de reasentamiento para los afectados, los miembros de la comunidad afirmaban que no se les había consultado de manera adecuada sobre el plan y que éste no reflejaba con exactitud el número de personas que se verían afectadas por el desalojo.

En octubre se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que incluía directrices para los desalojos y prohibía los desalojos forzosos. Sin embargo, al terminar el año aún no se había debatido. En octubre, el Ministerio de Tierras designó un nuevo grupo de trabajo encargado de examinar un proyecto de ley semejante que el Ministerio había redactado en 2011 pero no había presentado en el Parlamento.

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Pena de muerte

No se llevaron a cabo ejecuciones en el país, pero se impusieron al menos 21 condenas a muerte durante el año. La Ley de las Fuerzas de Defensa de Kenia, aprobada en 2012, preveía la condena a muerte de los miembros de las Fuerzas de Defensa de Kenia por diversos delitos, como traición, espionaje, ayuda al enemigo, asistencia al enemigo con información de inteligencia y propugnación ilegal de un cambio de gobierno.

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