Sudán del Sur

La situation des droits humains : República de Sudán del Sur

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado y del gobierno
Salva Kiir Mayardit

Información general

El 9 de enero, el presidente dictó un decreto por el que nombraba a los miembros de la Comisión Nacional de Reforma Constitucional, encargada de redactar una Constitución permanente. La Comisión empezó a funcionar en agosto, tras la promulgación de la Ley Electoral Nacional el 6 de julio.

Los acuerdos alcanzados entre Sudán del Sur y Sudán tras la independencia seguían sin aplicarse al terminar el año. Sudán del Sur cerró su producción petrolífera en febrero debido a desacuerdos con Sudán por las tasas aplicadas al tránsito del petróleo, y ese cierre le supuso una pérdida del 98 por ciento de sus ingresos. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana aprobó el 24 de abril una hoja de ruta con calendarios de aplicación para resolver asuntos pendientes. Esa hoja de ruta fue respaldada el 2 de mayo por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la adopción de la Resolución 2046, en la que pedía a ambos países que alcanzaran un acuerdo general sobre sus disputas en el plazo de tres meses. Debido a la paralización continuada de la producción petrolífera, la Asamblea Legislativa Nacional aprobó en julio un presupuesto de austeridad encaminado a reducir el gasto en un 34 por ciento para el ejercicio fiscal 2012-2013. El 27 de septiembre, Sudán del Sur y Sudán firmaron diversos acuerdos económicos, comerciales y de seguridad en Addis Abeba (Etiopía), que disponían la reanudación de las exportaciones de petróleo, el establecimiento de una zona fronteriza desmilitarizada y el cese de todas las hostilidades. Se alcanzó un acuerdo sobre el principio de las “cuatro libertades”, que concedía tanto a los ciudadanos sursudaneses como a los sudaneses libertad para residir, trasladarse, adquirir propiedades o disponer de ellas y ejercer actividades económicas en ambos países. Quedaron pendientes más negociaciones para resolver la disputa sobre Abyei y acordar el trazado exacto de la frontera entre Sudán del Sur y Sudán.

En marzo y abril, el gobierno presentó un plan multidimensional para abordar los problemas de inseguridad registrados en 2011 y principios de 2012 en el estado de Yonglei debido a la violencia entre comunidades. El plan incluía la Operación Restablecer la Paz, una campaña de desarme civil en todo el estado que se puso en marcha en marzo por un periodo indefinido. En el condado de Pibor, el desarme civil se paralizó en septiembre debido a los ataques de una milicia dirigida por David Yau Yau, quien había desertado por segunda vez del Ejército de Liberación Popular de Sudán en abril de 2012.

También en marzo, el presidente estableció un Comité de Investigación sobre la Crisis del Estado de Yonglei, cuyo cometido era investigar a los responsables de la violencia entre comunidades. No obstante, al final del año sus miembros aún no habían jurado el cargo ni se habían asignado fondos al Comité para que pudiera funcionar. En abril se relanzó el Proceso de Paz de Yonglei.

En marzo, el gobierno firmó un acuerdo con Peter Kuol Chol, dirigente del grupo armado de oposición Movimiento/Ejército Democrático de Sudán del Sur, para poner en marcha el proceso de incorporar a 1.800 de los miembros del grupo al Ejército de Liberación Popular de Sudán.

En junio, el presidente firmó la entrada en vigor de una Orden Provisional sobre Refugiados y, en julio, Sudán del Sur se adhirió a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. Sin embargo, no se convirtió en parte de otros tratados internacionales clave de derechos humanos a pesar de que se consideraba que, en virtud del derecho internacional, Sudán del Sur estaba obligado a cumplir los tratados en los que Sudán era Estado Parte en el momento de la declaración de independencia. Importantes lagunas en la legislación nacional debilitaban la protección de los derechos humanos, como la ausencia de un marco jurídico que regulara debidamente el Servicio de Seguridad Nacional.

En noviembre se ordenó abandonar el país a uno de los encargados de derechos humanos que integraba la Misión de Asistencia de la ONU en la República de Sudán del Sur (UNMISS), en incumplimiento de las obligaciones contraídas por el país con arreglo a la Carta de la ONU.

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Conflicto armado

En marzo estallaron combates entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y las Fuerzas Armadas de Sudán en torno a Heglig/Panthou, zona productora de petróleo en disputa, ya que se consideraba parte del estado sudanés de Kordofán del Sur y a la vez era reclamada por el estado de Unidad, de Sudán del Sur. El 10 de abril, Sudán del Sur asaltó y ocupó Heglig/Panthou y, el 15 de abril, los combates se extendieron a lo largo de la frontera entre ambos países, por la zona de Kiir Adem, en el estado de Bahr el Ghazal Septentrional. Sudán del Sur ordenó la retirada incondicional de las tropas del Ejército de Liberación Popular de Sudán del yacimiento petrolífero de Heglig/Panthou el 20 de abril, para crear un entorno favorable a las conversaciones con Sudán. En abril y mayo hubo bombardeos aéreos indiscriminados lanzados –según la información disponible– por las Fuerzas Armadas de Sudán, en el estado de Unidad y en el de Bahr el Ghazal Septentrional, donde también los hubo en noviembre.

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Violencia entre comunidades

En el estado de Yonglei continuaron sucediéndose los ataques, principalmente entre los grupos étnicos lou nuer y murle. La ONU calculó que en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2011 y febrero de 2012 se había dado muerte a 888 personas. Hubo más de 170.000 desplazados internos entre finales de diciembre de 2011 y abril de 2012, y se cometieron secuestros de mujeres y niños, saqueos de propiedades y robos de grandes cantidades de ganado. El 22 de agosto, según la información recibida, se registraron enfrentamientos en el condado de Pibor entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y una milicia dirigida por uno de sus antiguos generales, David Yau Yau. Al menos 24 soldados murieron el 27 de agosto en una emboscada que, al parecer, les había tendido la misma milicia. Debido al peligro de ataques del grupo de Yau Yau, el Ejército de Liberación Popular de Sudán desplegó efectivos adicionales y la UNMISS envió más tropas de mantenimiento de la paz al condado de Pibor. En agosto y septiembre, dos de las tres clínicas de Médicos Sin Fronteras fueron saqueadas; como consecuencia, la población del condado de Pibor quedó privada de acceso a asistencia médica.

Continuaron los robos de ganado intermitentes en el triángulo formado por los estados de Lagos, Unidad y Warrap, a través de las fronteras interestatales. A finales de enero y principios de febrero se registraron combates en la frontera entre Unidad y Warrap, según trascendió, debido a que las autoridades gubernamentales no habían respetado su compromiso de devolver el ganado saqueado durante un ataque en septiembre de 2011. Según informes, más de 70 personas murieron en los ataques. En julio estallaron enfrentamientos entre dos subclanes de la etnia dinka, en el estado de Lagos, con el resultado de 20 muertos y 20 heridos. En noviembre volvieron a registrarse combates en el estado de Lagos; en esa ocasión se documentaron 12 muertos y 20 heridos.

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Libertad de expresión

El entorno en el que operaban las personas que trabajaban para medios de comunicación nacionales e internacionales siguió cargado de dificultades. Las fuerzas de seguridad hostigaron a trabajadores de medios de comunicación nacionales e internacionales, detuvieron arbitrariamente a periodistas y presentadores de radio y confiscaron material. Además, las autoridades amenazaron con cerrar programas radiofónicos que consideraban críticos con el gobierno, y el único diario de Sudán del Sur se enfrentaba a numerosos obstáculos para publicar de manera continuada.

  • El 14 de mayo, la policía detuvo y recluyó sin cargos durante cinco días a Ayak Dhieu Apar, periodista en una emisora estatal de radio de Rumbek (estado de Lagos), por presentar un programa de debate que planteaba la pregunta: “¿Cómo podría el público respetar a la policía?”. Según se supo, al programa llamaron oyentes que criticaban a la policía por su defectuosa prestación del servicio y su desprecio por el Estado de derecho. Ayak Dhieu Apar quedó en libertad bajo fianza, a pesar de que no estaba acusada de ningún delito, y la policía amenazó con llevarla ante los tribunales por “difamar y empañar la imagen de la policía”. A principios de junio, el general Saed Abdulatif Chawul Lom, director general de la policía del estado de Lagos que se creía estaba detrás de la detención de Ayak Dhieu Apar, fue destituido de su cargo, según trascendió, por su implicación en la detención y reclusión de la presentadora.
  • El 30 de mayo, Bonifacio Taban Kuich, periodista autónomo que ejercía en Bentiu (estado de Unidad), fue detenido por el Ejército de Liberación Popular de Sudán y permaneció recluido durante seis horas en un cuartel militar por escribir un artículo para el diario en línea Sudan Tribune. Según la información recibida, también fue amenazado de muerte por autoridades gubernamentales. En el artículo se afirmaba que más de 500 mujeres cuyos esposos habían pertenecido al Ejército de Liberación Popular de Sudán y habían muerto en combate no habían recibido íntegra del gobierno la indemnización a la que tenían derecho.
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Falta de rendición de cuentas

Al final del año seguía abierta una investigación sobre las denuncias contra el ex director de Seguridad Pública e Investigación Criminal iniciada en agosto de 2011. Se lo investigaba por tortura, corrupción, creación de centros de detención ilegales y la desaparición forzada de John Louis Silvino, arquitecto del Ministerio de la Vivienda a quien se vio por última vez el 25 de marzo de 2011.

El gobierno siguió sin abordar en gran medida las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército de Liberación Popular de Sudán y la Fuerza Auxiliar del Servicio de Policía de Sudán del Sur durante la Operación Restablecer la Paz, campaña de desarme civil emprendida en el estado de Yonglei en marzo. Las violaciones incluían ejecuciones extrajudiciales, palizas a hombres, mujeres y niños, simulacros de ahogamiento, violencia sexual contra mujeres y saqueos en ciudades y pueblos. Se documentaron 7 detenciones directamente relacionadas con los presuntos abusos cometidos durante la campaña de desarme civil. De los 7 detenidos, antes de terminar el año se había procesado a 2 soldados.

Seguían incompletas las investigaciones sobre el secuestro y los malos tratos infligidos a dos activistas de la sociedad civil pertenecientes a la Alianza de la Sociedad Civil de Sudán del Sur.

  • Deng Athuai Mawiir, presidente de la Alianza, fue secuestrado el 4 de julio de su hotel en Yuba. Según se tuvo noticia, durante tres días permaneció recluido y fue golpeado e interrogado sobre su trabajo relacionado con asuntos de corrupción en Sudán del Sur.
  • A Ring Bulabuk lo secuestraron el 22 de octubre y posteriormente lo abandonaron en un antiguo cementerio de Yuba. Antes de su secuestro había recibido amenazas para que dejara de trabajar en un pleito contra un general del ejército por acaparamiento de tierras en Yuba.

Durante el año se tuvo noticia de otros casos de falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

  • El 9 de diciembre, las fuerzas de seguridad de Wau (estado de Bahr el Ghazal Occidental), mataron a tiros a 8 manifestantes pacíficos e hirieron a 20 cuando protestaban pacíficamente por la muerte de un activista juvenil y por la decisión del gobierno de trasladar su sede del condado de Wau a Bagari. El gobernador anunció una investigación inmediata, pero no se tuvo noticia de que se hubiera llevado a cabo investigación alguna. Los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en los disparos ilegítimos no comparecieron ante la justicia, y sin embargo se detuvo a decenas de presuntos opositores al gobierno, entre ellos miembros de la Asamblea Legislativa.
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Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército de Liberación Popular de Sudán, el Servicio de Seguridad Nacional y el Servicio de Policía de Sudán del Sur, acosaron, detuvieron y sometieron a tortura y otros malos tratos a personal de la ONU y de ONG, entre otras personas. También creció el número de ataques en Sudán del Sur contra trabajadores procedentes de África Oriental.

  • El 13 de abril, Tabitha Musangi, maestra keniana que ejercía su profesión en la Escuela Internacional John Garang, murió por disparos de las fuerzas de seguridad porque su taxi no paró mientras los guardias arriaban la bandera nacional en Yuba.
  • En agosto, el farmacéutico keniano Joseph Matu murió tras sufrir tortura bajo custodia policial en Torit, en el estado de Ecuatoria Oriental, al parecer por carecer de licencia para ejercer.
  • El 31 de octubre, un profesor y una estudiante de 17 años resultaron heridos por disparos de las fuerzas de seguridad en la Escuela Diurna de Enseñanza Secundaria de Yuba, tras las protestas en la escuela por la adquisición de propiedad escolar por parte de un inversor privado. Según informes, personal policial y de seguridad vestido de civil irrumpió en el recinto escolar y disparó ráfagas de munición real contra los manifestantes. Alumnos y profesores fueron detenidos arbitrariamente por participar en las manifestaciones y liberados el mismo día.
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Personas detenidas por motivos políticos

Algunos miembros de grupos armados de oposición continuaron bajo custodia sin acceso a la justicia.

  • El líder de la oposición armada Gabriel Tanginye y sus dos lugartenientes seguían bajo arresto domiciliario en la capital, Yuba; llevaban sometidos a ese régimen desde abril de 2011, tras los combates entre sus fuerzas y el Ejército de Liberación Popular de Sudán en Alto Nilo y Yonglei. Al terminar el año no se habían presentado cargos contra ellos.
  • Peter Abdul Rahaman Sule, líder del grupo opositor Frente Democrático Unido, llevaba más de un año recluido sin cargos. Había sido detenido en noviembre de 2011 en el estado de Ecuatoria Occidental por presunto reclutamiento de jóvenes.
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Personas refugiadas y desplazadas internamente

Continuaba el retorno al país de personas originarias de Sudán del Sur que vivían en Sudán antes de la independencia; según cálculos, más de 120.000 ya habían regresado al terminar el año.

Continuó la afluencia al país de refugiados procedentes de los estados sudaneses de Kordofán del Sur y Nilo Azul, debido al conflicto en curso entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupo armado de oposición Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte. De abril a junio, el número de refugiados creció en más de 50.000 personas en los estados de Alto Nilo y Unidad debido al recrudecimiento de los combates y a la escasez de alimentos en las zonas afectadas por el conflicto. Hubo mayor afluencia de refugiados a partir de noviembre, con la entrada de la estación seca. Al término del año más de 180.000 sudaneses habían buscado refugio en Sudán del Sur.

La mayoría de las 110.000 personas que habían huido de la disputada zona de Abyei en mayo de 2011, cuando las Fuerzas Armadas de Sudán invadieron la ciudad, continuaban desplazadas en Sudán del Sur y dependían de la ayuda humanitaria. El estado de Yonglei fue el más afectado por las inundaciones estacionales, y más de 259.000 personas tuvieron que desplazarse.

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Pena de muerte

Había más de 200 presos en espera de ejecución. Al menos 2 hombres fueron ejecutados el 28 de agosto en la prisión de Yuba, y otros 3, en la prisión de Wau el 6 de septiembre.

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