España tiene uno de los regímenes de detención más rigurosos de la Unión Europea.

La legislación española permite que las personas detenidas por cargos relacionados con el terrorismo estén recluidas en régimen de incomunicación durante un máximo de 13 días. Estas personas no tienen acceso efectivo a un abogado ni a un médico de su elección. No se informa a sus familiares de que han sido detenidas.

Más de tres años más tarde, Mohammed Fahsi continúa recluido en espera de juicio. Sus denuncias de tortura nunca se investigaron.