Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 los asesinatos y amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo aquellas que ejercen algún liderazgo social en Colombia se han incrementado. Las escasas medidas implementadas por el Estado colombiano aún no logran mitigar los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, los derechos humanos vinculados a la tierra y los derechos colectivos. Este panorama desalentador responde en gran medida a los vacíos de poder dejados tras la salida de la guerrilla de las FARC-EP y a la inacción del Estado para hacerse presente en territorios históricamente olvidados y golpeados por el conflicto armado.
