La publicación se relaciona con la falla del Estado mexicano de ofrecer efectiva protección a las personas defensoras de la tierra, territorio y ambiente en la Sierra Tarahumara, en específico a los miembros de la comunidad indígena rarámuri Coloradas de la Virgen. Amnistía Internacional documentó el caso del defensor rarámuri Julián Carrillo, asesinado en octubre de 2018, pese a que tenía medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
