Este informe documenta varias de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 30 de mayo hasta el 18 de septiembre de 2018, y da cuenta de los diferentes elementos que conforman la estrategia represiva del Estado para sofocar la protesta. La organización considera que estas violaciones se llevaron a cabo no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control.
