Pese a las medidas de represión, queda espacio para el optimismo

En materia de derechos humanos, el año se caracterizó en la región de Asia Oriental por medidas preocupantes y de carácter represivo, como la reducción del espacio de la sociedad civil o la reanudación de los ataques contra profesionales de la abogacía y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, y por un ambiente de pesimismo en torno a la pena de muerte. Sin embargo, el activismo contra el acoso sexual y ciertos gestos positivos con respecto al reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo permiten albergar esperanzas en la región cuando nos acercamos a 2019.

Detenciones masivas

Entre los acontecimientos más inquietantes del año figuran las detenciones masivas de personas uigures, kazajas y de otras minorías mayoritariamente musulmanas en la región Autónoma Uigur del Sinkiang. Hasta un millón de personas han sido sometidas a “reeducación” política, lo que supone su reclusión indefinida, sin juicio ni acceso a abogados y sin derecho a impugnar su detención. Esta campaña gubernamental “contra el extremismo” combina actos intrusivos de vigilancia, detenciones arbitrarias y adoctrinamiento forzado, y está dirigida contra personas que hayan viajado o tengan contactos en el extranjero, que exhiban signos de filiación religiosa o cultural o que, por cualquier otra razón, sean consideradas “poco fiables”. Las familias de estas personas no son informadas sobre su suerte, lo que las deja en una situación de desesperación, necesitadas de respuestas pero sin atreverse a hablar por temor a ser, también ellas, atacadas.

La alarmante escalada de represión contra las minorías étnicas en China mereció la atención del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. En el examen al que sometió a China en agosto, el Comité incidió en la marginación que sufren los idiomas y las culturas de las etnias, y resaltó cómo se estaba recurriendo a definiciones jurídicas amplias e imprecisas de “terrorismo”, “extremismo” y “separatismo” para sofocar y castigar actos pacíficos de la población uigur o tibetana, entre otras. Por ejemplo, Tashi Wangchuk —activista en defensa de la lengua tibetana— fue condenado en mayo a cinco años de cárcel por cargos falsos de “incitación al separatismo”.

Conversaciones de paz

Otro acontecimiento importante en la región han sido las conversaciones de paz, aún en curso, entre Corea del Norte y Corea del Sur, cuyos resultados podrían tener importantes repercusiones para los derechos humanos en la península coreana. Durante decenios, los líderes de ambos lados han esgrimido la seguridad nacional como excusa para justificar restricciones arbitrarias de los derechos a la libertad de expresión y opinión, de pensamiento y de circulación. La distensión del conflicto podría facilitar contactos más frecuentes entre las familias que han sido separadas y permitir, en Corea del Norte, la relajación de las severas restricciones impuestas sobre el acceso a la información y las comunicaciones.

Resulta, sin embargo, profundamente preocupante que ninguno de los dos líderes —Moon Jae-in por Corea del Sur y Kim Jong-un por Corea del Norte— haya incluido los derechos humanos en la agenda de las conversaciones, pese a sus esfuerzos por reducir las tensiones y crear oportunidades positivas. A medida que vayan progresando las conversaciones, Kim Jong-un y otros líderes norcoreanos deberán rendir cuentas por la catastrófica situación de los derechos humanos en su país, donde pueden haberse cometido crímenes de lesa humanidad, según las conclusiones de una comisión de la ONU en 2014.

En China ha habido pocos cambios a lo largo del año en lo referente a la represión que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos. Cuando han pasado más de tres años desde que el gobierno lanzara su extensa operación de represión contra activistas y abogados de derechos humanos, sigue sin conocerse la suerte de los abogados Wang Quanzhang, Yu Wensheng y Gao Zhisheng. Asimismo, preocupa gravemente el bienestar del abogado encarcelado Jiang Tianyong y del activista Dong Guangping, mientras que los defensores de los derechos humanos Huang Qi y Zhen Jianghua se enfrentan a largas condenas de cárcel. Todos continúan expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos.

La lucha contra el acoso sexual

En China, pese a la reducción del espacio de la sociedad civil, también ha habido destellos de optimismo. Tanto en las universidades del país como en Internet, se ha expresado un fuerte apoyo al movimiento #MeToo contra el acoso sexual. Una de las más destacadas defensoras del movimiento, Yue Xin, ha liderado también una campaña estudiantil de apoyo al personal en huelga de una fábrica que pretende fundar un sindicato propio. Cuando el gobierno ha intentado silenciar o castigar a estas activistas, ha recibido una enérgica respuesta en Internet.

En Hong Kong se ha notado también cada vez más la reducción del espacio de la sociedad civil, y el gobierno ha continuado recurriendo a cargos imprecisos para incoar juicios políticos contra manifestantes de la “Revolución de los Paraguas” de 2014. Esto, unido a las recientes invocaciones a la “seguridad nacional” para prohibir un partido político a favor de la independencia y represaliar a quienes debaten sobre la independencia de Hong Kong, ha tenido un efecto inhibidor sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Para muchas personas, el miedo no cesa

En la región se han observado pocos gestos favorables a la abolición de la pena capital. China ha continuado ocultando el verdadero alcance de la pena de muerte en su territorio, alegando para ello “secretos de Estado”. En Mongolia, el presidente pretende proponer medidas legislativas para reinstaurar la pena de muerte, abolida en 2017 por el Parlamento del país. En Japón se produjo en julio una oleada de ejecuciones sin precedentes, con el ahorcamiento de 13 personas por su participación en el letal atentado con gas sarín perpetrado en 1995 en el metro de Tokio y por otras actividades ilegales. Se teme que algunas de ellas tuvieran aún recursos sin resolver en los que pedían la celebración de un nuevo juicio: de ser así se habría violado su derecho a un juicio justo. En agosto, Taiwán consumó su primera ejecución desde 2016,

a pesar de que la presidenta Tsai Ing-wen, al tomar posesión del cargo, había afirmado con claridad que su gobierno pensaba abolir la pena de muerte.

Este año, cientos de hombres, mujeres, niños y niñas yemeníes han huido de la devastadora guerra y de la crisis humanitaria que asolan su país y han llegado a la isla surcoreana de Jeju, lugar al que los turistas de la mayoría de los países pueden acceder sin visado. Sin embargo, en Corea del Sur muchas personas han reaccionado con temor y hostilidad. Se ha observado un marcado repunte de los discursos —e incluso de la violencia— xenófobos, dado el temor con el que parte de la opinión pública ha reaccionado ante las diferencias culturales y ante posibles repercusiones económicas. A diferencia de otros solicitantes de asilo que han llegado a otras partes del país, los yemeníes no han recibido autorización para salir de la isla durante meses (mientras el gobierno surcoreano procesaba sus solicitudes), con lo que han visto limitadas sus oportunidades de construir una nueva vida. En octubre se concedió a unas 300 personas yemeníes permiso de “residencia temporal por razones humanitarias”, con lo que podrán viajar a otras partes de Corea del Sur, pero tendrán que abandonar el país una vez que haya acabado la guerra en Yemen.

Señales de esperanza

En Asia Oriental se han dado otros pasos positivos hacia el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. En julio, el máximo tribunal de Hong Kong dictó una sentencia histórica, según la cual la denegación de los derechos de pareja a las parejas homosexuales puede ser discriminatoria, aunque el matrimonio igualitario no haya sido aún reconocido en Hong Kong. En Japón, algunos municipios están adoptando instrumentos que reconocen por escrito las uniones entre personas del mismo sexo, y un número cada vez mayor de empresas están equiparando en prestaciones a las parejas del mismo sexo con el resto. En la región, las conquistas de la población LGBTI no están exentas de obstáculos, y aún queda mucho por hacer para terminar con el estigma y la discriminación; sin embargo, la sociedad exhibe cada vez más signos de aceptación de la igualdad de derechos y de rechazo hacia quienes tratan de invalidar los logros alcanzados y de atizar la intolerancia. La atención se centró en los resultados de una serie de referendos que Taiwán iba a celebrar a finales de 2018, y que podrían determinar si el gobierno ofrece a las parejas homosexuales una somera protección jurídica o si se convierte en el primero de Asia en reconocer el matrimonio igualitario.