Resumen
La sexualidad es una parte fundamental del ser humano. Tiene múltiples facetas y se refiere no sólo a nuestros cuerpos sino también a nuestra identidad de género, orientación sexual, experiencia del erotismo y la intimidad, y reproducción.
Poder tomar decisiones sobre cómo expresar nuestra sexualidad, incluida nuestra orientación sexual e identidad de género, y sobre nuestro cuerpo, nuestras relaciones personales, la forma y configuración de nuestra familia y el destino de nuestra trayectoria vital, entre otras cosas, es esencial para nuestra autonomía corporal y dignidad.
Sin embargo, millones de personas en todo el mundo no pueden tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, sobre todo si pertenecen a comunidades marginadas y estigmatizadas o viven en la pobreza. Esto ocurre en muchos países porque los gobiernos intentan dictar cómo establecer relaciones íntimas o expresar el deseo, así como si se tienen hijos y cuándo. Esto afecta especialmente a mujeres, niñas y personas LGBTI, pero no se trata sólo de individuos, sino que repercute en comunidades enteras.
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¿Qué es la salud sexual y reproductiva?
La salud sexual y reproductiva implica un estado de completo bienestar físico, mental y social. Requiere poder acceder a información, educación y servicios para tomar decisiones informadas sobre nuestra sexualidad, placer y reproducción a lo largo de nuestra vida.
Para disfrutar de nuestra salud y derechos sexuales y reproductivos debemos poder:
- decidir si tener relaciones sexuales, cuándo y con quién, y vivir sin sufrir violencia sexual, incluida la violación;
- decidir si tener hijos o contraer matrimonio, cuándo y con quién; si formar una familia de manera diferente, como la reproducción asistida; y si dar a luz y criar hijos en condiciones seguras, incluso en tiempos de conflicto y crisis humanitarias;
- acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyan anticoncepción, aborto y tratamientos para las infecciones de transmisión sexual (ITS), asistencia de afirmación de género y productos de higiene menstrual adecuados, sin discriminación ni coacción; y
- recibir información sobre experiencias sexuales placenteras y seguras sin tabúes, estereotipos, coacción, discriminación ni violencia.
¿Cuáles son las obligaciones jurídicas de los Estados para proteger nuestros derechos sexuales y reproductivos?
La salud sexual y reproductiva depende de nuestro acceso a múltiples derechos humanos interrelacionados, como la autonomía corporal y el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación.
Esto significa que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho a tener el control sobre las cuestiones relacionadas con la sexualidad y a decidir libre y responsablemente sobre ellas, y sin coacción, discriminación ni violencia. A fin de cumplir tales obligaciones, los Estados deben derogar o eliminar las leyes, políticas y prácticas que penalizan, obstruyen o socavan el acceso de personas o grupos concretos a los centros, servicios, artículos e información de salud sexual y reproductiva, y asimismo deben garantizar el acceso.
Los Estados tienen la obligación de garantizar que los servicios, artículos e información de salud sexual y reproductiva:
- están disponibles en cantidad suficiente y se distribuyen a la población de manera equitativa;
- son accesibles geográfica, física y socialmente, y asimismo asequibles;
- son culturalmente adecuados y se proporcionan sin discriminación y respetando los derechos humanos, la dignidad, la intimidad y la confidencialidad; y
- son de buena calidad.
Justicia reproductiva
Históricamente y en todo el mundo, los gobiernos han intentado controlar y explotar los cuerpos femeninos —en particular de mujeres pertenecientes a comunidades marginadas— para sus propios fines políticos en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, limitando gravemente su potencial. Esto se ha hecho en el contexto de otras opresiones múltiples, basadas en motivos de raza, clase social, capacidad, edad y situación migratoria, entre otros.
Reconociendo las limitaciones del marco normativo sobre los derechos reproductivos, un grupo de mujeres negras de Estados Unidos acuñó el concepto de “justicia reproductiva”. Con él se pretende reconocer que la salud reproductiva está profundamente entrelazada con todas las facetas de nuestra vida y es también una cuestión de justicia social. En palabras de Loretta J. Ross, una de las voces más decisivas del movimiento: “La justicia reproductiva se ocupa de cuestiones relativas al control de población, la libre determinación corporal, los derechos de las personas inmigrantes, la justicia económica y ambiental, la soberanía y el militarismo y las injusticias criminales que limitan los derechos humanos individuales a causa de opresiones grupales o comunitarias”.
Los fundamentalismos en alza, el aumento del militarismo y la segurización, la disminución del Estado de derecho, la desigualdad, la reducción del espacio de la sociedad civil y las prácticas autoritarias tienen graves consecuencias para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas LGBTI.
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La criminalización de la sexualidad y la reproducción
La criminalización de la sexualidad y la reproducción tiene lugar cuando los gobiernos intentan, mediante leyes y políticas punitivas, controlar las acciones y decisiones que tomamos en relación con nuestros cuerpos. En ocasiones se materializa a través de leyes y políticas como las que prohíben penalmente el aborto, las relaciones sexuales extramatrimoniales o la conducta homosexual. Otras veces, la regulación es indirecta y se hace uso de diversas leyes y políticas penales, civiles y religiosas relacionadas con el orden público o la “moralidad” para vigilar y sancionar determinadas opciones sexuales y reproductivas o determinada expresión de género.
Estas violaciones de derechos humanos van en aumento en todo el mundo y tienden a afectar de manera desproporcionada a las comunidades pobres y marginadas.
En gran parte de las Américas, por ejemplo, embarazadas y profesionales de la salud o sus asistentes pueden ser sancionados por solicitar, recibir, prestar o ayudar a prestar servicios de aborto. En ciertos Estados de África, políticos oportunistas han hecho resurgir anticuadas leyes o aprobado otras nuevas que castigan las relaciones homosexuales con duras penas. En los últimos años se ha observado también un aumento del número de mujeres encarceladas en Estados Unidos por realizar durante el embarazo actividades legales en otras circunstancias y, globalmente, todavía es posible que una persona sea procesada por su condición de seropositiva.
Criminalización del embarazo
En países como El Salvador, Noruega, Rusia, Ucrania y Estados Unidos existen políticas y prácticas punitivas que permiten actuar contra embarazadas por su conducta, real o supuesta . En Estados Unidos, por ejemplo, se ha utilizado la legislación sobre “agresión fetal” —que permite definir legalmente al feto como “víctima” de agresión— para procesar a mujeres que habían tenido un aborto espontáneo o eran sospechosas de causar daño al feto.
Cientos de mujeres han sufrido detención, interrogatorio, enjuiciamiento y reclusión en Estados Unidos después de haber revelado a un proveedor de servicios de salud información que creían que sería tratada como confidencial, o simplemente al solicitar asistencia médica, de urgencia o rutinaria. Muchos estados del país han incorporado una definición similar de “persona” a su Código Penal con el propósito de incluir a zigotos, embriones y fetos como posibles “víctimas” de delitos violentos. Tales disposiciones punitivas violan los derechos humanos de las mujeres, incluido su derecho a la autonomía corporal.
Criminalización de las relaciones sexuales extramatrimoniales
En países como Camerún, Irán, Jordania, Marruecos, Filipinas, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, partes de Estados Unidos y Taiwán, las relaciones sexuales fuera del matrimonio se consideran delito y, en algunos casos, acarrean duras penas. Las sanciones varían desde largas penas de prisión hasta azotes y, en un reducido número de países, la muerte por lapidación.
Criminalización de las relaciones homosexuales
Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se consideran delito en unos 60 países del mundo, según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
En Hungría, una ley antiLGBTI prohíbe toda educación y publicidad dirigidas a la infancia que se considere que “populariza” o incluso describe las relaciones homosexuales consentidas o la afirmación del propio género.
En China, quienes aspiran a someterse a tratamientos de afirmación de género y servicios de salud conexos o a modificar sus características sexuales para adecuarse a su identidad de género sentida se enfrentan a múltiples obstáculos.
Criminalización del trabajo sexual
En muchos países es ilegal el trabajo sexual y se aplican leyes que penalizan el acto de intercambiar sexo por dinero o bienes, y/o todo el conjunto de actividades relacionadas con la compraventa de servicios sexuales, incluidos el ofrecimiento de tales servicios y el alquiler de un establecimiento para destinarlo a trabajo sexual. Otros países, como Nueva Zelanda, Países Bajos, Dinamarca y partes de Australia, han despenalizado o legalizado el trabajo sexual, regulándolo mediante la emisión de licencias o la designación de zonas restringidas.
Las leyes y políticas que criminalizan el trabajo sexual vulneran varios derechos humanos, directa o indirectamente. Al definir a las personas dedicadas al trabajo sexual como delincuentes merecedores de desprecio o víctimas que no pueden dar su consentimiento a la venta de servicios sexuales, estas sanciones suelen negarles su dignidad y autonomía personal sobre su cuerpo y su vida.
Criminalización de las personas que viven con el VIH
Noventa y dos países informaron de que penalizan la no revelación, exposición y transmisión del VIH, según datos de 2020 de ONUSIDA. Estas leyes, que tienden a afectar de manera desproporcionada a las poblaciones marginadas, son contraproducentes ya que socavan las medidas de prevención de nuevas infecciones por VIH y violan el derecho a la igualdad y la no discriminación.
Caso práctico: El aborto en Polonia
En julio de 2023, Joanna, de 32 años, habló con los medios de comunicación sobre el angustioso y humillante trato que había recibido meses antes en un hospital de Cracovia. Según su testimonio, tras tomar medicación abortiva en abril, consultó a su psiquiatra sobre la persistente ansiedad que sufría.
Poco después, la policía se presentó en el piso de Joanna. Los agentes confiscaron su ordenador portátil y teléfono móvil y la llevaron a un hospital, donde agentes femeninas la obligaron a desvestirse, ponerse en cuclillas y toser, cuando todavía estaba sangrando.
La autogestión del aborto no es delito en Polonia, pero ayudar a otra persona a abortar fuera de los supuestos legales sí lo es. La policía estaba buscando pruebas sobre quién había ayudado a Joanna a abortar. Joanna presentó una denuncia por el trato recibido y un tribunal falló que éste había sido ilegítimo.
¿De qué modo pueden los Estados empoderar a la gente para que ejerza sus derechos sexuales y reproductivos?
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. También tienen el deber de abordar los factores sociales, económicos y políticos que impiden a mucha gente ejercer estos derechos. Son muchas las formas en que pueden hacerlo:
- Empoderar a la gente para que ejerza sus derechos y apoyar los movimientos sociales que promueven los derechos sexuales y reproductivos.
- Garantizar a las personas jóvenes el acceso a una educación sexual integral para que dispongan de todas las herramientas necesarias para ejercer su autonomía corporal.
- Llevar a cabo campañas de sensibilización pública sobre normas, estereotipos, prácticas y comportamientos sociales dañinos que afectan negativamente al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
- Abordar los problemas y obstáculos estructurales y sistémicos que influyen en la capacidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, especialmente la de los grupos marginados, como los que sufren discriminación basada en la raza o etnia, clase social, casta, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, situación migratoria, discapacidad o desequilibrio urbano y rural.
- Abstenerse de aprobar leyes y abolir leyes y prácticas que castiguen a las personas por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, dentro y fuera del país.
¿Qué hace Amnistía Internacional para promover los derechos sexuales y reproductivos?
Frente a los históricos esfuerzos para hacer retroceder nuestros derechos sexuales y reproductivos, Amnistía Internacional hace campaña junto con activistas de todo el mundo para garantizar que se protegen nuestros derechos humanos fundamentales.
Lo hacemos mediante investigación, campañas y trabajo de incidencia en asociación con organizaciones feministas para combatir el retroceso de los derechos.
¿Quieres saber más sobre estos asuntos? Consulta nuestro informe Políticas del cuerpo: Manual general sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción
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