África 2025
Los principales conflictos armados en la región continuaron prácticamente sin cambios, mientras que los esfuerzos diplomáticos para ponerles fin no lograron detener las violaciones de derechos asociadas, proteger a la población civil ni hacer rendir cuentas a los responsables. Los actores externos siguieron alimentando los conflictos, entre otras cosas suministrando munición y armas a las partes implicadas.
El objetivo expresado por la Unión Africana en 2014 de eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria para 2025 no se cumplió. Los frágiles sistemas de salud de la región se vieron sometidos a una mayor presión debido a los recortes de la ayuda del gobierno estadounidense, lo que provocó que se redujeran, suspendieran o cancelaran servicios de salud esenciales.
Los gobiernos trataron las protestas como una amenaza y las dispersaron con violencia, las restringieron de forma indebida o las prohibieron. La represión se intensificó en el contexto de las elecciones, y los regímenes dirigidos por militares, esgrimiendo como justificación la seguridad nacional, tomaron medidas drásticas contra las voces críticas.
Millones de personas siguieron desplazadas por los conflictos y los desastres provocados por el cambio climático, y Sudán siguió siendo el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo y la de más rápido crecimiento.
Los gobiernos y la comunidad internacional no protegieron a la población de la región de las sequías y las inundaciones agravadas por el cambio climático.
Las normas sociales y los actores contrarios a los derechos siguieron alimentando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Mientras tanto, los gobiernos utilizaron los sistemas jurídicos como arma para atacar y discriminar a las personas LGBTI.
Las autoridades socavaron los esfuerzos para combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas, lo que puso en peligro el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas y sobrevivientes de los delitos más graves.
Homicidios y ataques ilícitos
El conflicto de Sudán siguió intensificándose, y en enero y febrero las Fuerzas Armadas de Sudán recuperaron la capital, Jartum, y el estado de Gezira, hasta entonces en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Al recuperar el control, las Fuerzas Armadas de Sudán y sus aliados lanzaron ataques de represalia contra la población civil. En el estado de Gezira atacaron a miembros de la comunidad kanabi, acusándolos de colaborar con las Fuerzas de Apoyo Rápido: mataron a civiles, quemaron casas y saquearon bienes y ganado. En octubre, las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de El Fasher, Darfur Septentrional, tras un asedio de 18 meses. Tras hacerse con la ciudad, los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron matanzas masivas de civiles, violaron a mujeres y niñas y las sometieron a otros actos de otra violencia sexual y tomaron rehenes para pedir rescates. Las Fuerzas de Apoyo Rápido también intensificaron sus ataques en la región de Kordofán, incluida la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, donde llevaron a cabo ejecuciones sumarias. Mientras tanto, el conflicto seguía siendo alimentado por actores externos, que suministraban armas a las partes enfrentadas. Emiratos Árabes Unidos proporcionó armamento chino avanzado a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que el grupo utilizó en Darfur.
En República Democrática del Congo, el conflicto en el este se intensificó en enero y febrero, cuando el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado respaldado por Ruanda, capturó las ciudades de Goma y Bukavu, en las provincias de Kivu septentrional y Kivu meridional, respectivamente. El grupo ejecutó ilícitamente a civiles y sometió a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos y a condiciones inhumanas. Sus combatientes atacaron hospitales en Goma y secuestraron a pacientes, personal de atención y, en algunos casos, soldados congoleños que se ocultaban en los centros hospitalarios. Entre el 28 de enero y el 9 de abril, el M23 mató a más de 200 personas en Goma. También acabó con la vida de al menos otras 319 entre el 9 y el 21 de julio en el territorio de Rutshuru. Los grupos armados que operaban en la provincia de Ituri también actuaron con brutalidad; la Cooperativa para el Desarrollo del Congo/Unión de Revolucionarios para la Defensa del Pueblo Congoleño mató a más de 150 personas en enero y febrero. Entre julio y agosto, las Fuerzas Democráticas Aliadas (grupo armado ugandés) mataron a más de 250 civiles en Ituri y en Lubero, Kivu septentrional.
Continuaron las denuncias de ataques y homicidios ilícitos por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en otros conflictos de larga duración en la región, entre ellos los de Burkina Faso, Camerún, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur. En Burkina Faso, las fuerzas armadas y su milicia aliada, los Voluntarios para la Defensa de la Patria, mataron a al menos 58 civiles en Solenzo —localidad de la región de Bankui— y sus alrededores entre el 10 y el 11 de marzo. Las imágenes de vídeo de la masacre se difundieron ampliamente en redes sociales. En Malí, las fuerzas armadas, en algunos casos con la ayuda de miembros del grupo Wagner (grupo militar privado ruso), estuvieron implicadas en múltiples casos de ejecuciones sumarias de civiles. En abril, decenas de hombres fueron ejecutados por arma de fuego. Sus cadáveres se abandonaron cerca del campamento militar de Kwala, en la región de Koulikoró. En mayo, unos soldados degollaron a entre 23 y 27 hombres, cuyos cadáveres se enterraron en fosas comunes. Al mismo tiempo, la situación humanitaria en Malí empeoró cuando grupos armados impusieron bloqueos en varias poblaciones y ciudades, incluida la capital, Bamako. En febrero, alrededor de 34 civiles murieron en un ataque del Estado Islámico en el Sahel contra un convoy civil escoltado por las fuerzas de seguridad malienses cerca del poblado de Kobé, próximo a la ciudad de Gao. En noviembre, el conflicto de Mozambique entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Al Shabaab en la provincia de Cabo Delgado se extendió a la provincia de Nampula. El conflicto provocó decenas de muertes de civiles, principalmente en Cabo Delgado.
Las partes en los conflictos armados deben proteger a la población civil poniendo fin a los ataques selectivos e indiscriminados contra personas e infraestructuras civiles.
Violencia sexual y de género relacionada con los conflictos
Los incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos continuaron a un ritmo alarmante en lugares como República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. En República Centroafricana, donde esta práctica seguía siendo generalizada y poco denunciada, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana registró, en un período de nueve meses, 295 casos cuyos presuntos autores fueron, en primer lugar, miembros del grupo armado Retorno, Reclamación y Rehabilitación, seguidos de las fuerzas gubernamentales. En el este de República Democrática del Congo, los incidentes de violencia sexual, incluida la relacionada con los conflictos, alcanzaron cifras alarmantes. Según la ONU, entre enero y septiembre se produjeron más de 81.000 violaciones, lo que supuso un aumento del 31,5% respecto al mismo periodo de 2024. Entre las violaciones documentadas en esa zona se incluían violaciones colectivas de mujeres por parte del M23, el ejército congoleño y Wazalendo (coalición de grupos armados, algunos de ellos respaldados por el ejército congoleño). En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizaron la violencia sexual de manera generalizada y sistemática para humillar, castigar, ejercer control, infundir miedo y desplazar a mujeres y sus comunidades, en lugares como Jartum y ciudades y pueblos de los estados de Gezira y Darfur Septentrional y Meridional. Según la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Sudán, las Fuerzas Armadas de Sudán también cometieron actos de violencia sexual, como violaciones, acoso sexual y tortura sexualizada contra mujeres y hombres, especialmente durante su detención en los estados de Nilo Blanco, Nilo Azul, Jartum y Norte.
Las partes en los conflictos armados deben dar órdenes claras a sus miembros o fuerzas prohibiendo los actos de violencia sexual y de género; además, deben garantizar el apoyo a los mecanismos de protección, atención, tratamiento y apoyo psicosocial para las personas sobrevivientes en las zonas bajo su control.
Derechos económicos y sociales
Derecho a la alimentación
Las perturbaciones climáticas, económicas y relacionadas con los conflictos agravaron la crisis alimentaria de la región. En julio, el hambre afectaba a más de 307 millones de personas, es decir, a más del 20% de la población de la región. En varios países, la escasez de alimentos se vio agravada por los recortes en la ayuda, incluidos los aplicados por el gobierno de Estados Unidos. En Madagascar, los recortes en la ayuda del gobierno estadounidense agravaron la crisis alimentaria causada por graves sequías relacionadas con el cambio climático. En febrero, aproximadamente 8.000 niños y niñas de la región del Gran Sur tuvieron que ser ingresados en centros de salud especializados por sufrir desnutrición aguda grave. En Malawi, donde las malas cosechas contribuyeron a la inseguridad alimentaria, las tasas de desnutrición aumentaron de forma pronunciada, del 4,4 al 7,1%.
La población de los países devastados por los conflictos se enfrentó a condiciones especialmente duras: al menos el 50% de la de Sudán y Sudán del Sur sufría inseguridad alimentaria aguda. En Sudán del Sur, se estimaba que 28.000 personas sufrían hambre catastrófica. En Sudán se confirmaron condiciones de hambruna en varias zonas y había millones de personas en riesgo de morir de inanición. En Malí, los bloqueos impuestos por grupos armados en varias ciudades y pueblos, entre ellos Gossi, Léré, Diafarabé, Kayes y Nioro du Sahel, socavaron la seguridad alimentaria.
Derecho a la educación
A millones de niños y niñas de toda la región se les negó el acceso a la educación debido al conflicto y la inseguridad. En las regiones camerunesas del Noroeste y del Sudoeste se cerraron durante el año 14.829 escuelas, lo que interrumpió la educación de más de tres millones de escolares y aumentaba el riesgo de reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados no estatales. En Chad, UNICEF informó de que, a 31 de marzo, 849.000 niños y niñas de la región oriental no asistían a la escuela. En Malí había 2.036 escuelas inoperativas, lo que afectaba a 618.000 menores de edad. En Sudán del Sur, más del 70% de los niños y niñas no asistían a la escuela, según UNICEF.
Derecho a la salud
Debido a los recortes de la ayuda del gobierno estadounidense, se interrumpió o redujo la prestación de servicios de salud esenciales para el VIH, la malaria, la tuberculosis y la salud sexual y reproductiva en países como Camerún, Ghana, Lesoto, Malawi, Namibia, Nigeria, República Centroafricana, Sudáfrica, Sudán del Sur y Zambia. En mayo, el Fondo de Población de la ONU declaró que los recortes ponían en peligro los servicios de salud sexual y reproductiva de casi 70.000 mujeres y niñas, en un contexto con abundantes informes sobre violaciones, matrimonio infantil y mutilación genital femenina. En Lesoto, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica y Zambia, los recortes pusieron fin a la financiación de los servicios relacionados con la tuberculosis y el VIH, lo que provocó el cierre de centros de salud y reducciones de personal. Sólo en Lesoto, según informes, unas 1.500 personas que trabajan en el sector sanitario y cuyos empleos dependían de programas financiados por donantes perdieron sus puestos de trabajo.
Desalojos forzosos
Los gobiernos siguieron llevando a cabo desalojos forzosos, con los que dejaron a muchas personas sin hogar y en la indigencia. En Etiopía, miles de personas fueron desalojadas por la fuerza en 60 ciudades, incluida la capital, Addis Abeba, en el marco del Proyecto de Urbanización de Corredores, descrito por las autoridades como un proyecto de desarrollo urbano para “[mejorar] la infraestructura, la vivienda y los espacios públicos”. Las autoridades acosaron a quienes se opusieron a su desalojo e intimidaron a quienes informaban sobre el tema en los medios de comunicación. En Nigeria, al menos cuatro personas murieron en febrero durante un desalojo forzoso violento llevado a cabo por el gobierno del estado de Kano en Rimin Auzinawa, zona de gobierno local de Ungogo. En marzo, más de 10.000 personas se quedaron sin hogar cuando el gobierno del estado de Lagos efectuó un desalojo forzoso violento de la comunidad de Ilaje-Otumara.
Los gobiernos deben garantizar el acceso a los derechos económicos y sociales, lo que incluye adoptar medidas rápidas para prevenir el hambre, e identificar y abordar las causas de la inseguridad alimentaria; también deben respaldar y aplicar la Declaración sobre Escuelas Seguras, y redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso de los niños y las niñas a la educación en las zonas de conflicto. Deben destinar al menos el 15% de los presupuestos nacionales al sector de la salud pública, de conformidad con la Declaración de Abuya, y garantizar que las políticas no obstaculicen el acceso al derecho a la salud. Asimismo, deben poner fin a los desalojos forzosos y prohibirlos, y adoptar moratorias sobre los desalojos masivos, a la espera de que se establezcan garantías jurídicas y procesales adecuadas para asegurar el cumplimiento del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Represión de la disidencia
Libertad de reunión pacífica
Muchas personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad reprimieron protestas mediante el uso ilícito de la fuerza, incluida la fuerza letal. En Tanzania, la represión mortal contra quienes se manifestaron tras las elecciones causó cientos de muertes entre finales de octubre y principios de noviembre. En Kenia, al menos 19 personas murieron el 25 de junio cuando la policía hizo uso ilícito de la fuerza contra las protestas lideradas por jóvenes para conmemorar el aniversario de las protestas que se habían saldado con al menos 60 muertes en 2024. Al menos otras 38 personas fallecieron el 7 de julio durante las protestas nacionales que conmemoraban el 35 aniversario de las manifestaciones prodemocráticas del Día de Saba Saba. En Camerún, al menos 48 personas perdieron la vida en octubre durante las protestas contra la reelección del presidente para un octavo mandato, según un informe de Reuters que citaba fuentes de la ONU. En Madagascar, al menos 22 personas murieron en septiembre y octubre durante las protestas contra la mala gobernanza. En Togo, las organizaciones de la sociedad civil informaron de la muerte de siete personas tras la violenta represión de las protestas en la capital, Lomé, a finales de junio.
En otros países, como Angola, Botsuana, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Esuatini y Níger, las autoridades restringieron indebidamente, proscribieron o impusieron prohibiciones generales sobre las protestas o reuniones, especialmente las organizadas por la oposición o por personas críticas con el gobierno. La gente que, aun así, se atrevió a protestar fue sometida a palizas o a detención arbitraria. En Costa de Marfil se detuvo a más de 1.600 simpatizantes de la oposición durante las protestas de octubre, prohibidas ilícitamente por las autoridades. Incluso las manifestaciones en defensa de los derechos laborales se consideraron una amenaza, ya fueran de personal sanitario en Etiopía o de participantes en una sentada del Sindicato Nacional de Proveedores del Estado en Costa de Marfil. Las personas que se manifestaban también se enfrentaron a cargos penales por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Por ejemplo, en Kenia se acusó a más de 500 manifestantes de diversos delitos, incluidos algunos tipificados en la legislación antiterrorista.
Libertad de expresión
La libertad de expresión siguió estando amenazada en toda la región: las personas críticas con el gobierno se enfrentaban a arrestos, detenciones arbitrarias y acoso judicial. En Angola, António Frederico Gonçalves permaneció más de cinco meses detenido arbitrariamente sin cargos en relación con un vídeo que presuntamente había publicado en Internet y en el que pedía a la población angoleña que mostrara su solidaridad con Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso. En Guinea, Senegal, Sierra Leona y Zimbabue, varias personas fueron encarceladas por “insultar al presidente”.
En Kenia, Albert Ojwang murió bajo custodia policial en circunstancias sospechosas tras haber sido detenido en relación con una publicación en Internet en la que exigía al gobierno rendir cuentas. En Malí, el ex primer ministro Moussa Mara fue condenado a un año de prisión por una publicación en X en la que decía que “lucharía por todos los medios” por los derechos de las personas encarceladas por expresar su opinión. En Lesoto, el activista en redes sociales Tšolo Thakeli fue acusado de sedición por publicar un vídeo en el que criticaba la gestión económica del gobierno; su acusación tuvo un efecto disuasorio sobre otros activistas y usuarios de las redes sociales. En Tanzania, el enjuiciamiento por traición del líder opositor Tundu Lissu, procesado simplemente por instar a sus simpatizantes a boicotear las elecciones generales del 29 de octubre, reflejaba la represión más amplia de las voces disidentes en el país.
No cesó el acoso a periodistas, que fueron detenidos y recluidos arbitrariamente en muchos países, entre ellos Benín, Burkina Faso, Burundi, Etiopía, Níger, Nigeria, Mozambique, República Centroafricana, Somalia, Uganda y Zimbabue. En Burkina Faso, las autoridades fueron aún más lejos, al utilizar el reclutamiento selectivo para silenciar a periodistas y otras voces disidentes. En Etiopía, unos hombres enmascarados aprehendieron a numerosos periodistas y los retuvieron en régimen de incomunicación. En Uganda, las fuerzas de seguridad atacaron a decenas de periodistas que cubrían las elecciones parlamentarias en Kawempe, en la capital, Kampala.
En toda la región era habitual que las autoridades sancionaran a los medios de comunicación independientes; esto sucedió, por ejemplo, en Benín, Burkina Faso, Eritrea, Guinea, Kenia, Mozambique, Níger, Senegal, Togo y Uganda. Se tomaron medidas contra medios locales e internacionales, que iban desde la suspensión de 48 horas de las emisoras de radio Vida y Encontro en Mozambique hasta la suspensión del periódico Le Patriote en Benín durante unos cinco meses. En Kenia, los reguladores emitieron una directiva en la que ordenaban a las emisoras de radio y televisión que dejaran de transmitir en directo las protestas del 25 de junio, alegando que violaban la Constitución. En Nigeria, los organismos reguladores prohibieron la emisión de la canción del cantante Eedris Abdulkareem Tell your papa por criticar al gobierno. En Uganda se prohibió a periodistas de NTV Uganda y del periódico Daily Monitor informar de las actividades de la presidencia y los procedimientos parlamentarios en marzo y octubre, respectivamente.
También se impusieron con frecuencia restricciones al acceso a Internet. En Sudán del Sur, las autoridades emitieron una orden a los proveedores de servicios de Internet para que bloquearan las plataformas de redes sociales durante un periodo de entre 30 y 90 días. En Togo, el acceso a las plataformas de redes sociales —en particular Facebook y TikTok— se interrumpió entre finales de junio y septiembre. En Tanzania se bloqueó con frecuencia Internet para silenciar las voces disidentes; por ejemplo, ese bloqueo se impuso tras las elecciones de octubre.
En otros lugares, como Kenia, República Centroafricana y Sierra Leona, los gobiernos aprobaron leyes que amenazaban con restringir aún más el derecho a la libertad de expresión.
Libertad de asociación
En varios países se intensificaron las restricciones a la libertad de asociación. En Burkina Faso, Camerún, Níger y República Centroafricana se suspendieron o disolvieron ONG, sindicatos y otras asociaciones, o se prohibieron sus actividades. En Burkina Faso, la Organización Internacional para la Seguridad de las ONG fue suspendida durante tres meses. Ocho de sus miembros fueron acusados de traición y espionaje simplemente por ejercer su derecho a la libertad de asociación. En Camerún, las autoridades suspendieron arbitrariamente las actividades de la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en África Central y acusaron al presidente y al director ejecutivo de su junta de varios delitos, entre ellos, financiación del terrorismo.
La organización política se vio coartada en varios países. En Guinea, tres de los principales partidos de oposición fueron suspendidos durante tres meses, mientras que en Malí se disolvieron todos los partidos políticos. En Uganda, las fuerzas de seguridad acordonaron y registraron las instalaciones del Partido de la Unidad Nacional (partido de oposición) en Kampala en cuatro ocasiones entre febrero y junio. En otros lugares, como Burkina Faso, Etiopía y Zimbabue, los gobiernos aprobaron o propusieron nuevas leyes que suscitaban preocupación por la posibilidad de que se restringiera aún más el derecho a la libertad de asociación.
Desapariciones forzadas
Las desapariciones forzadas siguieron siendo endémicas en la región. En países como Burkina Faso, Burundi, Guinea, Kenia, Malí, Mozambique, Níger, República Democrática del Congo, Tanzania y Uganda, eran una práctica muy extendida. Se observó una tendencia creciente hacia las desapariciones forzadas de carácter transnacional, especialmente en África Oriental. En marzo, unos hombres enmascarados que viajaban en un vehículo sin distintivos secuestraron a la activista tanzana Maria Sarungi Tsehai en Nairobi (Kenia). Los secuestradores la retuvieron varias horas, durante las cuales la asfixiaron e intimidaron. Posteriormente la abandonaron en un lugar aislado. En mayo, unos agentes de seguridad detuvieron arbitrariamente al defensor de los derechos humanos ugandés Agather Atuhaire y al activista keniano Boniface Mwangi en Dar es Salaam (Tanzania), adonde se habían desplazado para observar el juicio de Tundu Lissu. Ambos fueron recluidos en régimen de incomunicación en un lugar desconocido y sometidos a tortura durante cuatro días, antes de ser deportados a sus respectivos países. El 1 de octubre, unos hombres armados, enmascarados y vestidos con uniforme militar secuestraron a los activistas de derechos humanos kenianos Bob Njagi y Nicholas Oyoo en Kampala (Uganda) tras asistir éstos a un acto de la campaña electoral del líder opositor Robert Kyagulanyi. La suerte y el paradero de los secuestrados no se revelaron hasta el 8 de noviembre, cuando el presidente ugandés Museveni confirmó que las fuerzas de seguridad los habían arrestado por ser “expertos en disturbios”. Ambos fueron puestos en libertad el día del anuncio del presidente y entregados a las autoridades kenianas.
Los gobiernos deben garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se atienen al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al uso de la fuerza; además, han de poner fin a toda forma de hostigamiento contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. También deben abstenerse de cerrar o interrumpir el acceso a Internet, las plataformas digitales o los servicios de telecomunicaciones y deben garantizar el respeto de la libertad de los medios de comunicación, entre otras cosas permitiendo que éstos operen de forma independiente. Asimismo, deben poner fin al uso de las desapariciones forzadas y revelar inmediatamente la suerte y/o el paradero de las personas desaparecidas, así como crear un entorno seguro y propicio para que los defensores y defensoras de los derechos humanos, la sociedad civil y los miembros de la oposición puedan desempeñar su labor.
Derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes
Los derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes siguieron vulnerándose en toda la región. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, más de 600 personas eritreas que habían buscado refugio en Etiopía fueron devueltas a su país, donde el gobierno consideró sus solicitudes de asilo como prueba de traición. En febrero, el M23 cerró varios campos de personas internamente desplazadas cerca de Goma (República Democrática del Congo), lo que provocó el nuevo desplazamiento de decenas de miles de personas. En abril, las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron el campo de personas internamente desplazadas de Zamzam, en Darfur Septentrional (Sudán), y, según informes, mataron a entre 300 y 1.500 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas. También en abril, varias personas camerunesas fueron expulsadas de Guinea Ecuatorial sin notificarlo previamente a la embajada de Camerún. En Sudáfrica, el grupo parapolicial xenófobo Operación Dudula acosó a personas migrantes y les negó la entrada a hospitales y clínicas, lo que provocó en julio la muerte de un bebé de un año en Johannesburgo.
En varios países, las pésimas condiciones de vida en los campos para personas internamente desplazadas y refugiadas se vieron agravadas por los recortes de la ayuda del gobierno estadounidense. Mientras tanto, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda, entre otros, consideraron o firmaron acuerdos bilaterales con Estados Unidos para aceptar a ciudadanos de terceros países deportados desde territorio estadounidense. En virtud de dichos acuerdos, Esuatini y Sudán del Sur recibieron a 15 y ocho ciudadanos de terceros países, respectivamente, la mayoría de los cuales permanecían detenidos arbitrariamente al terminar el año. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos expresó su preocupación por la falta de transparencia en torno a los acuerdos bilaterales y por la ausencia de protecciones adecuadas en los países receptores para las personas deportadas.
Los gobiernos deben proteger a las personas refugiadas y migrantes contra la devolución y las expulsiones masivas, revelar el paradero y la situación jurídica de los ciudadanos de terceros países acogidos en virtud de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, garantizar sus derechos y asegurar que cualquier retorno sea voluntario y cumpla con los debidos derechos.
Discriminación y marginación
La violencia de género, incluido el femicidio, persistió en toda la región. Una encuesta de Afrobarometer realizada en enero reveló que el 41% de la población de Esuatini consideraba que la violencia de género era el problema más importante del país en relación con los derechos de las mujeres. En Kenia se denunciaron 129 casos de femicidio entre enero y marzo. El gobierno creó un grupo de trabajo para coordinar las respuestas a estos delitos, aunque la visibilidad y el impacto de dicho grupo seguían siendo inciertos. En Costa de Marfil, Sudáfrica, Zambia y otros lugares, cientos de mujeres organizaron protestas para exigir medidas urgentes contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. En Sudáfrica, donde la protesta de noviembre coincidió con la Cumbre del G20 en Johannesburgo, el gobierno declaró los niveles de violencia de género una catástrofe nacional.
Entre las respuestas positivas registradas en otros lugares figuraba el nuevo Código de la Persona y la Familia de Burkina Faso, que armonizó la edad legal para contraer matrimonio en 18 años tanto para hombres como para mujeres, y reforzó el reconocimiento de los matrimonios consuetudinarios y religiosos. En Chad se aprobó una nueva ley sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. En Sierra Leona entró en vigor una nueva ley sobre los derechos de la infancia que prohibía el matrimonio precoz y forzado de menores. En febrero se aprobó la Convención de la Unión Africana para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que creó un marco jurídico continental, aunque algunos sectores de la sociedad civil criticaron la aparente debilidad de sus disposiciones.
Los gobiernos siguieron utilizando los sistemas jurídicos como arma para atacar y discriminar a las personas LGBTI. En Burkina Faso, el nuevo Código de la Persona y la Familia tipificó como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En Ghana se volvió a presentar en la cámara legislativa un proyecto de ley que criminalizaba aún más a las personas LGBTI. En Sudáfrica, el homicidio de Muhsin Hendricks —primer imán abiertamente gay y defensor de los derechos humanos de las personas LGBTI— cuando se dirigía a oficiar dos matrimonios puso de manifiesto los peligros a los que se enfrentaban las personas LGBTI en el país. El Tribunal Constitucional de Zambia desestimó una petición en la que se solicitaba que se declarase inconstitucional, por discriminar en razón de sexo, la sección 155.a.c del Código Penal, que tipificaba como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Los gobiernos deben combatir todas las formas de discriminación y violencia de género contra las mujeres y las niñas y las personas LGBTI, lo que incluye abordar sus causas fundamentales y redoblar los esfuerzos para eliminar las prácticas nocivas. Además, deben derogar la legislación contra las personas LGBTI y abstenerse de criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Derecho a un medioambiente saludable
Los gobiernos y la comunidad internacional no protegieron a la población de la región de las sequías y las inundaciones agravadas por el cambio climático. En Somalia, las sequías socavaron los derechos a la alimentación y al agua y contribuyeron a los desplazamientos internos y transfronterizos. Los esfuerzos del gobierno por destinar fondos a la adaptación al clima se vieron socavados por la insuficiente financiación climática de los países de altos ingresos y altas emisiones. En Madagascar, donde muchas personas seguían desplazadas por las severas sequías, las estrategias climáticas del gobierno carecían de evaluaciones eficaces para determinar las necesidades de las poblaciones desplazadas. Las graves sequías también siguieron afectando a extensas zonas de Namibia, lo que repercutió negativamente en la producción agrícola y los medios de vida rurales. A pesar de estos efectos duraderos, las autoridades namibias pusieron fin al programa de ayuda contra la sequía para aproximadamente 1,4 millones de personas. En Sudáfrica, algunas zonas de KwaZulu-Natal y las provincias del Cabo Oriental y Occidental sufrieron inundaciones extremas que causaron la pérdida de vidas y la destrucción de viviendas, especialmente en los asentamientos informales. Como paso positivo, el presidente de Togo promulgó una ley para regular mejor los efectos del cambio climático.
En otros lugares, la degradación ambiental prosiguió a un ritmo acelerado. En Congo, el gobierno aprobó la intensificación de las actividades de exploración petrolera en el Parque Nacional Conkouati-Douli, ignorando las advertencias de las ONG que indicaban que la aprobación ponía en peligro hábitats esenciales y amenazaba los medios de vida de miles de residentes del parque. En Zambia, 176 residentes de la localidad de Chambishi, provincia de Copperbelt, demandaron a la empresa minera Sino-Metals Leach Ltd. tras la rotura en febrero de su presa de materiales de desecho, alegando que había vertido residuos tóxicos en los ríos Mwambashi y Kafue, aunque la empresa matriz china aseguraba que esa afirmación era “claramente infundada”. La demanda sostenía que se habían visto afectadas aproximadamente 300.000 familias que vivían de la pesca, aunque el gobierno sólo reconocía 449.
Los gobiernos deben tomar de inmediato medidas para proteger a la población de los efectos del cambio climático y para reforzar su preparación frente a fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cosas solicitando ayuda internacional y financiación climática a los países de ingresos altos, especialmente a los que tienen la mayor responsabilidad en el cambio climático, y absteniéndose de construir nuevas infraestructuras de combustibles fósiles.
Derecho a verdad, justicia y reparación
A las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional se les siguió negando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En República Democrática del Congo, las víctimas de la guerra de los seis días, que tuvo lugar en Kisangani en junio de 2000, seguían esperando justicia. En Esuatini no hubo avances en la investigación del homicidio del abogado de derechos humanos Thulani Maseko, cometido en enero de 2023.
Las autoridades socavaron con frecuencia las iniciativas para obtener justicia y rendición de cuentas. En marzo, el exjefe del Estado guineano Moussa Dadis Camara, condenado por crímenes de lesa humanidad en 2024, recibió un indulto presidencial, lo que puso en peligro el acceso a la justicia de las víctimas de la masacre del estadio de Conakry, cometida en 2009. En septiembre, Burkina Faso, Malí y Níger anunciaron su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, el proceso para establecer el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, respaldado por la Unión Africana, seguía estancado.
Se registraron algunos avances positivos. En junio, el Tribunal Penal Especial de República Centroafricana declaró culpables a seis antiguos miembros del grupo armado Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, cuatro de ellos fueron juzgados in absentia. En julio, la Corte Penal Internacional condenó a Alfred Yékatom y Patrice-Edouard Ngaïssona, antiguos líderes antibalaka, a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en 2013 y 2014 en República Centroafricana. En septiembre, la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Sudán publicó su segundo informe. Poco después, en octubre, se publicó el primer informe de la Misión Conjunta de Investigación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la situación en Sudán. También en octubre, la Corte Penal Internacional declaró a Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman (también conocido como Ali Kushayb), uno de los principales líderes de la milicia yanyawid, culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Ese mismo mes, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos declaró a República Democrática del Congo responsable de actos generalizados de violencia sexual, incluida violación, cometidos en 2011 por miembros de las fuerzas gubernamentales contra más de 50 mujeres en el territorio de Fizi, en Kivu meridional.
Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para combatir la impunidad iniciando investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos, poniendo a las personas sospechosas de la comisión de esos actos a disposición de la justicia y garantizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo.