Resumen

En varios países hubo tímidos avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI; en Tailandia se aprobó una nueva ley que tipificaba como delitos la tortura y la desaparición forzada, y en Malasia fue abolida la pena de muerte prescriptiva. Sin embargo, en general el panorama de los derechos humanos de la región de Asia y Oceanía siguió siendo poco alentador.

En Myanmar, la intensificación del conflicto armado provocó aún más muertes de civiles y desplazamientos. En Afganistán, los talibanes intensificaron su represión, especialmente contra las mujeres y las niñas. En gran parte de la región se hizo patente una creciente intolerancia hacia la disidencia a medida que se endurecían las restricciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en múltiples países y territorios. Se arrestó y detuvo arbitrariamente a quienes criticaban las políticas y las acciones de los gobiernos, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la política y periodistas, y a menudo se respondió con fuerza ilegítima —a veces letal— a las protestas contra la injusticia.

Persistieron arraigados patrones de discriminación contra las minorías religiosas y étnicas, contra las llamadas castas inferiores y contra las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y los pueblos indígenas. Las personas que pertenecían a estos y otros grupos marginados se vieron especialmente perjudicadas en países con crisis económicas. También fueron las primeras en sufrir las consecuencias, a menudo letales, de los fenómenos meteorológicos ocasionados por el cambio climático, pero los gobiernos de la región siguieron sin emprender acciones efectivas para reducir las emisiones de carbono, y tampoco tomaron medidas eficaces de protección y adaptación.

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